Luego de varios meses de aplazamientos y suspensiones por falta de quórum, las comisiones primeras de Senado y Cámara retomaron este 13 de mayo el debate sobre el proyecto de ley relacionado con el Ministerio de Igualdad y Equidad, iniciativa que contempla más de 194 proposiciones distribuidas en 17 artículos de la Ley 2281 de 2023.
Durante la sesión, el Congreso rechazó mayoritariamente las propuestas que buscaban eliminar o liquidar la cartera, y aprobó los tres primeros artículos que le otorgan sustento jurídico a la existencia del ministerio. Con ello, se espera que en la próxima jornada legislativa continúe la discusión del resto del articulado, especialmente el relacionado con la estructura de la entidad.
El ministro de Igualdad y Equidad, Carlos Rosero Acosta, conocido como ‘Lucho Acosta’, aseguró que el avance del proyecto representa un paso importante “no para un gobierno, sino para los colombianos”. El funcionario reconoció que la construcción del ministerio ha enfrentado retos administrativos, presupuestales y territoriales, aunque defendió la importancia de consolidar políticas públicas y mecanismos de atención que, según explicó, antes estaban dispersos entre distintas entidades del Estado.
La creación del ministerio respondió a la necesidad de articular programas dirigidos a mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad, jóvenes vulnerables y otros sectores históricamente excluidos. Entre los resultados destacados por la cartera se encuentran la vinculación de más de 30.000 jóvenes al programa Jóvenes en Paz, inversiones cercanas a los 37.000 millones de pesos para proyectos de autonomía económica de más de 5.200 mujeres y el fortalecimiento de más de 220 organizaciones comunitarias a través del Sistema Nacional del Cuidado.
La entidad también resaltó la implementación de mecanismos de atención a violencias de género, como la línea Salvia 155, además del desarrollo de políticas públicas enfocadas en campesinado, eliminación del racismo, derechos LGBTIQ+ y seguridad alimentaria.
La Corte Constitucional de Colombia fijó el próximo 20 de junio como fecha límite para definir el futuro del ministerio. Tras el trámite en las comisiones primeras, el proyecto deberá pasar a discusión en plenaria, donde el Congreso tomará la decisión definitiva sobre la continuidad de la entidad.
Desde el ministerio advirtieron que una eventual eliminación pondría en riesgo programas sociales y procesos territoriales, además de devolver varias funciones a esquemas dispersos entre distintas entidades estatales. Según la cartera, esto afectaría especialmente a comunidades históricamente marginadas y debilitaría los procesos de articulación regional construidos durante los últimos tres años.
Finalmente, el ministro Acosta sostuvo que el debate trasciende la permanencia de una entidad específica y representa una discusión sobre el compromiso del Estado con la reducción de la pobreza, la desigualdad y la garantía de derechos para las poblaciones más vulnerables del país.