La Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró que las herramientas de inteligencia artificial pueden servir como apoyo en las labores jurídicas, pero no reemplazan el criterio de jueces, abogados ni la obligación de verificar la información utilizada dentro de los procesos judiciales.
El pronunciamiento surgió tras rechazar un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en el que se citaron varias sentencias que, aunque incluían números de radicado, fechas, magistrados ponentes y aparentes fundamentos jurídicos, no existían en las bases oficiales de la corporación.
Para el alto tribunal, la presentación de decisiones judiciales inexistentes o inexactas no constituye un error menor, pues afecta la seriedad de las actuaciones, la confianza en la administración de justicia y los deberes profesionales de quienes participan en los litigios.
No obstante, el Consejo de Estado reconoció que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta útil para la elaboración de escritos, investigaciones y consultas jurídicas, siempre que la información obtenida sea sometida a procesos de verificación y contraste con fuentes oficiales.
La corporación enfatizó que el problema no radica en el uso de la inteligencia artificial, sino en presentar como cierta información que no ha sido comprobada. Por ello, hizo un llamado a abogados y demás actores del sistema judicial para que mantengan la responsabilidad de validar la autenticidad y exactitud de los datos que aportan en los procesos.