En el marco de la mesa pública realizada en la Corte Constitucional sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el fiscal delegado Jorge Alberto Giraldo advirtió sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del sistema de salud en Colombia, que podrían comprometer su transparencia y sostenibilidad.
Según explicó el funcionario, en la última década se han detectado inversiones con dineros de la salud que no tendrían relación directa con la prestación de servicios. Además, señaló posibles alteraciones en la información contable con el fin de evitar sanciones o mantener indicadores de solvencia que permitan a algunas entidades seguir operando dentro del sistema.
El fiscal también alertó sobre la eventual existencia de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) utilizadas como fachada dentro de esquemas irregulares de contratación, conocidos como “carrusel”, mediante los cuales se gestionarían reclamaciones de recursos ante aseguradoras.
A estas prácticas se sumarían, según indicó, la manipulación de información clínica para acceder a pagos por servicios no incluidos en el plan de beneficios, así como adjudicación de contratos sin contar con la capacidad técnica ni financiera necesaria para su ejecución.
Ante este panorama, Giraldo hizo un llamado a las entidades del sector a fortalecer la verificación y calidad de la información reportada, más allá del simple registro de datos. Aseguró que este análisis es clave para determinar si los recursos asignados a través de la UPC son suficientes para garantizar la atención en salud.
La intervención del fiscal se da en medio del debate nacional sobre la sostenibilidad del sistema y los controles requeridos para asegurar el uso adecuado de los recursos públicos en salud.