El Ministerio de Minas y Energía publicó un borrador de resolución que contempla un incremento temporal en el costo de la energía eléctrica en Colombia. La medida busca mitigar el riesgo financiero del sistema ante las deudas acumuladas por empresas del sector eléctrico intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y garantizar el abastecimiento de energía en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
De acuerdo con el documento, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tendrá un plazo máximo de seis meses para diseñar e implementar un nuevo esquema de confiabilidad que permita enfrentar eventuales riesgos sistémicos en el mercado eléctrico, con especial atención a la situación de la empresa AIRE.
Mientras se expide esa reglamentación, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) recaudará de manera transitoria un valor adicional de 8 pesos por kilovatio-hora (kWh), incluido en la componente de restricciones del mercado.
¿Cuánto aumentará la factura de energía?
Según el Ministerio, el impacto será moderado pero generalizado. Para un hogar promedio con un consumo mensual de entre 120 y 150 kWh, el incremento oscilaría entre $960 y $1.200 mensuales. En viviendas que consumen alrededor de 200 kWh, el alza alcanzaría los $1.600.
En el caso de los comercios, el efecto será mayor: un negocio pequeño con un consumo de 500 kWh al mes pagaría cerca de $4.000 adicionales, mientras que las industrias con altos consumos enfrentarían incrementos proporcionales a su demanda.
Críticas desde el ámbito académico
La propuesta ha suscitado críticas entre expertos en derecho energético. Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Energético de la Universidad Externado de Colombia, calificó la medida como un “impuesto encubierto” que, a su juicio, carece de sustento legal.
“La inclusión de 8 pesos por kWh es básicamente un tributo impuesto por vía administrativa, lo cual vulnera el principio de legalidad tributaria. Esta medida debió ser definida mediante una ley de la República y podría ser demandada ante las cortes”, señaló Montoya.
El jurista advirtió que, aunque el monto individual del cobro parezca bajo, su aplicación a todos los usuarios del sistema la convierte en un mecanismo de recaudo obligatorio, susceptible de acciones de inconstitucionalidad.