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Luego de semanas de tensión por la imposición de aranceles entre Colombia y Ecuador —que incluyó un aumento del 900 % en el transporte de crudo colombiano—, los gobiernos de ambos países retomaron el diálogo para aliviar la crisis diplomática.

El encuentro se produjo durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, realizado en Panamá, donde las cancilleres Rosa Villavicencio (Colombia) y Gabriela Sommerfeld (Ecuador) sostuvieron una reunión para buscar caminos de entendimiento entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Durante la conversación, ambas delegaciones acordaron crear mesas técnicas para trabajar de manera conjunta en la lucha contra el narcotráfico, tema que originó las recientes medidas comerciales. Según se conoció, el Gobierno colombiano adoptó los aranceles tras considerar una falta de colaboración militar ecuatoriana en zonas de frontera.

Además, las cancilleres acordaron mantener un diálogo permanente sobre temas de interés común, con el objetivo de fortalecer la cooperación y evitar una mayor afectación en las relaciones bilaterales.

La tensión entre ambos países se agravó luego de que Colombia impusiera aranceles del 30 % a nuevos productos ecuatorianos, sumados a los decretos anteriores que iniciaron el conflicto comercial. Con este nuevo acercamiento, se espera avanzar hacia una solución diplomática que restaure la confianza entre Quito y Bogotá.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que cinco equipos forenses fueron asignados para realizar los análisis técnico-científicos que permitirán identificar los 15 cuerpos de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado 28 de enero en zona rural de La Playa de Belén, Norte de Santander.

Según el comunicado oficial, los cuerpos ya se encuentran en la sede de la Dirección Seccional Norte de Santander, en Cúcuta. “Se dispusieron cinco equipos forenses para el análisis integral de los quince cuerpos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos”, señaló la entidad.

El proceso contará con el apoyo de personal forense de Pamplona, Ocaña y Bucaramanga, además de equipos especializados desde la Dirección Regional Bogotá, con el objetivo de agilizar la identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares.

El avión HK 4709, operado por la empresa Searca y en servicio para Satena, cubría la ruta Cúcuta–Ocaña cuando desapareció al mediodía del lunes 28 de enero. Horas después fue hallado en el sector de Curasica, donde se confirmó que no hubo sobrevivientes.

Entre las víctimas se encuentran el representante a la Cámara por la curul de paz Diógenes Quintero, su asistente Natalia Cristina Acosta, el aspirante Carlos Salcedo, el neurocirujano Rolando Peñaloza y su esposa María Alejandra Sánchez, así como otras reconocidas figuras de Ocaña y el Catatumbo. Las autoridades investigan si condiciones meteorológicas adversas influyeron en el siniestro.

El registrador nacional, Hernán Penagos, lanzó una seria advertencia sobre el panorama de seguridad de cara a las elecciones de 2026. Durante la primera sesión de la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, realizada este 29 de enero, el funcionario alertó sobre la presencia de grupos armados ilegales en más de 300 municipios del país.

Según Penagos, se ha identificado influencia de estas estructuras en 312 municipios, y en el 40 % de ellos se evidenciaría un interés político o electoral por parte de dichos grupos. “Hemos revisado dónde hay presencia de estructuras armadas ilegales; en el 40 % de esos territorios parece existir un interés político-electoral”, señaló.

El registrador explicó que esta situación se relaciona con la atomización de los grupos ilegales en todo el territorio nacional, fenómeno que —dijo— representa un “elemento de alerta” para las autoridades de cara al proceso electoral.

Penagos también advirtió sobre posibles casos de instrumentalización del voto y coacción a los electores, hechos que deberán ser vigilados por las entidades competentes. “De eso se trata esta comisión, de advertir circunstancias de esa naturaleza y prevenir que afecten la transparencia de las elecciones”, puntualizó.

El llamado del registrador se suma a las recientes alertas lanzadas desde el Tolima, donde también se reportó un aumento atípico en las inscripciones para las curules de paz, otro fenómeno que preocupa a las autoridades electorales.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, calificó como un “triste buen resultado” los hallazgos obtenidos durante una intervención masiva en el sistema penitenciario colombiano, que dejó en evidencia las profundas fallas de seguridad y posibles casos de corrupción dentro de las cárceles del país.

La operación, realizada en 124 centros penitenciarios con el apoyo de 3.900 funcionarios del Inpec, permitió la incautación de 1.320 celulares, más de 1.700 tarjetas SIM, tres millones de pesos en efectivo, 470 litros de licor, 27 kilogramos de estupefacientes y 480 armas cortopunzantes.

Idárraga destacó que, aunque la magnitud del operativo representa un logro importante, los resultados son preocupantes: “Es un triste buen resultado, porque demuestra lo fácil que sigue siendo ingresar objetos prohibidos a los penales”, afirmó. El ministro solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir investigaciones para determinar quiénes facilitan el ingreso de estos elementos, advirtiendo que los métodos de contrabando incluyen el uso de palomas, drones y posibles irregularidades en las visitas conyugales. También pidió revisar las cuentas bancarias de funcionarios penitenciarios ante sospechas de movimientos financieros irregulares.

Uno de los problemas estructurales identificados es el abandono de las líneas telefónicas fijas en las cárceles desde 2012. Según Idárraga, esta situación ha “naturalizado” el uso ilegal de celulares, alimentando redes criminales dedicadas a la extorsión y el robo de identidad desde los centros de reclusión.

El plan del Gobierno contempla restablecer los teléfonos fijos en un plazo de 15 días y avanzar en el bloqueo efectivo de las señales de celular, comenzando por los penales de Cómbita, La Dorada y Valledupar. Sin embargo, el ministro reconoció que en lugares como La Picota el proceso ha enfrentado dificultades por la cercanía de zonas residenciales y por las tutelas interpuestas por ciudadanos que se han visto afectados por la pérdida de señal.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el Gobierno Nacional avanza en la fase final de pruebas del fusil de fabricación colombiana, un arma que está llamada a reemplazar al histórico fusil Galil, utilizado durante décadas por las Fuerzas Militares.

Según el ministro, el proceso busca garantizar que el nuevo equipo cumpla con los más altos estándares técnicos y operativos antes de su adopción definitiva. “Debe garantizarse que funcione al cien por ciento, y eso implica una serie de pruebas en campo para asegurar su desempeño, no solo en manos de nuestros soldados y policías, sino también cuando se proyecte a otros países”, explicó Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa indicó que las evaluaciones se encuentran en su etapa final y que el Gobierno espera culminarlas en el primer semestre de 2026. Además, subrayó que este desarrollo representa un paso clave para fortalecer la industria nacional de defensa.

Sánchez también confirmó que Colombia avanza en la articulación con otras naciones, entre ellas Turquía, con el fin de establecer alianzas estratégicas que impulsen la producción de tecnología militar en el país. “Buscamos elevar la capacidad de producción nacional, no solo en armamento, sino también en otras áreas del sector defensa”, agregó.

El anuncio se da en medio de la polémica por el fusil Galil, cuya fabricación está asociada a Israel, país con el que Colombia no mantiene actualmente relaciones diplomáticas. Desde el Gobierno se ha reiterado que el desarrollo de un fusil propio permitirá reducir la dependencia tecnológica extranjera, reforzar la soberanía industrial y garantizar la autonomía operativa de las Fuerzas Militares.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció nuevas medidas para fortalecer la prevención, el control y la mitigación de riesgos relacionados con el uso ilícito de drones por parte de estructuras criminales. El objetivo —dijo— es proteger los derechos de la población civil y garantizar la seguridad de la Fuerza Pública ante la utilización de estos dispositivos con fines terroristas.

En ese sentido, el Ministerio de Defensa Nacional, junto con las Fuerzas Militares, la Aeronáutica Civil y la DIAN, identificaron la necesidad de establecer controles más estrictos para el ingreso de drones, sus partes y repuestos al país.

Sánchez explicó que, mediante la Resolución 000242 de 2025, ya en vigor, se exige la presentación anticipada de la declaración de importación para las partidas arancelarias 88.06 y 88.07, que corresponden a aeronaves no tripuladas y sus componentes.

Además, el Gobierno determinó que la importación de drones solo podrá realizarse por los puertos de Cartagena y el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, y prohibió su ingreso mediante tráfico postal o envíos urgentes, por el alto riesgo que representan para la seguridad y la defensa nacional.

“Estas acciones hacen parte de una estrategia integral para quitarle espacios a la criminalidad y reforzar la capacidad institucional, garantizando que los sistemas de aeronaves no tripuladas ingresen bajo estrictos estándares de control y supervisión, evitando su uso en acciones terroristas contra la población y la Fuerza Pública”, concluyó el ministro Sánchez.

La Conferencia Episcopal de Colombia hizo un llamado público al respeto por las creencias religiosas, tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Jesús y María Magdalena, calificadas por la Iglesia como una falta de respeto hacia la fe de millones de creyentes.

En un comunicado oficial, los obispos reiteraron su profesión de fe en Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, y recordaron que el respeto por las convicciones religiosas está protegido por la Constitución de 1991, la Ley 133 de 1994 y la Sentencia C-817 de 2011 de la Corte Constitucional, las cuales garantizan la libertad religiosa y la no interferencia en las creencias de los ciudadanos.

El pronunciamiento surge luego de que el mandatario, durante una intervención en el Hospital San Juan de Dios, diera una interpretación personal sobre la relación entre Jesús y María Magdalena, afirmando que habrían mantenido relaciones íntimas, lo que desató una fuerte polémica pública.

“Ninguna autoridad civil está llamada a emitir juicios teológicos sobre las creencias de los ciudadanos”, advirtieron los obispos, al tiempo que invitaron a los fieles a profundizar en el conocimiento de Jesucristo mediante la lectura del Evangelio y el Catecismo de la Iglesia, y a recurrir a fuentes serias y autorizadas para resolver sus dudas de fe.

Finalmente, la Conferencia Episcopal reiteró su respeto por las instituciones y autoridades legítimas, y pidió al país mantener el respeto por la fe y las convicciones religiosas como expresión del pluralismo y la dignidad humana. El documento fue firmado por el arzobispo de Cartagena, Francisco Javier Múnera (presidente); el arzobispo de Tunja, Gabriel Ángel Villa (vicepresidente), y el secretario general del organismo.

De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), la aeronave siniestrada impactó el terreno pocos segundos después del despegue. Hasta el momento no se han identificado fallas estructurales en vuelo ni fuego previo al impacto; el incendio se produjo posteriormente, como consecuencia del daño en los tanques de combustible.

El documento confirma que la aeronave se encontraba aeronavegable, cumplía con los requisitos técnicos exigidos para su operación y volaba bajo reglas visuales (VFR). No disponía de registradores de voz o datos de vuelo, ya que la normativa vigente no exige su instalación para ese tipo de aeronaves.

De cara al informe final, cuya publicación se prevé en aproximadamente ocho días, los investigadores evalúan varios elementos adicionales, entre ellos la documentación de la aseguradora, los diagnósticos técnicos previos al vuelo y los procedimientos de mantenimiento recientes. Uno de los puntos en análisis es la identificación del último mecánico u organización que autorizó la aeronave para operar y las condiciones bajo las cuales se otorgó dicho aval técnico.

La DIACC mantiene bajo custodia los restos de la aeronave, que aún son objeto de inspección detallada. Los motores y hélices serán enviados a Estados Unidos para una revisión especializada con participación de autoridades colombianas y fabricantes, con el fin de analizar su rendimiento y funcionamiento.

Las autoridades recordaron que, conforme al Anexo 13 de la OACI, la investigación no busca establecer responsabilidades penales, sino prevenir futuros accidentes. La DIACC reiteró que el análisis técnico continúa abierto y que solo el informe final permitirá esclarecer con precisión lo ocurrido.

El Gobierno Nacional informó que aún es prematuro establecer las causas del accidente aéreo ocurrido en zona rural del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), mientras avanzan las labores de investigación lideradas por el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil.

Durante una rueda de prensa, las autoridades explicaron que el proceso investigativo requiere la recolección, verificación y análisis técnico de información operacional, por lo que todavía no se puede determinar una hipótesis definitiva.

Un equipo especializado de la Aeronáutica Civil se desplazará este miércoles a Ocaña y posteriormente al lugar exacto del siniestro, un trayecto que incluye tres horas por vía terrestre y un recorrido a pie por la ladera de la montaña. En la zona trabajan de manera articulada el Ejército Nacional, la Policía, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil y organismos de socorro para asegurar el área y facilitar el ingreso de los investigadores.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, hizo un llamado a la ciudadanía a no manipular los restos de la aeronave. “Todos los elementos presentes en la escena son material probatorio y pueden aportar información clave para determinar qué ocurrió”, advirtió.

Según la Aeronáutica Civil, la aeronave —fabricada en 1995— acumulaba cerca de 32.000 horas de vuelo y contaba con certificación de aeronavegabilidad vigente. No hubo reporte de emergencia antes del impacto ni activación de la baliza de emergencia, aspectos que serán analizados en la investigación.

El estudio incluirá la revisión del mantenimiento, la operación aérea y las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona al momento del accidente. Además, se habilitó una sala de atención a familiares en el aeropuerto de Cúcuta, donde se brinda acompañamiento institucional y se canaliza la información oficial.

El Gobierno Nacional reiteró que los avances del proceso se comunicarán exclusivamente por los canales institucionales.

Dentro de las víctimas del accidente de la aeronave de Satena entre Cúcuta y Ocaña, figuran dos congresistas.

Diógenes Quintero Amaya y Carlos Salcedo, formaban parte de la lista de ocupantes que no se salvó a la tragedia.

Varios políticos han manifestado su pesar por la tragedia, entre ellas la vicepresidenta Francia Márquez: “Con profundo dolor recibo la noticia del trágico accidente de la aeronave de Satena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, en el que perdieron la vida las 15 personas que iban a bordo”.

Otras figuras del Gobierno y del Congreso también han manifestado su solidaridad con las familias de las víctimas como el caso de Gabriel Becerra, Armando Benedetti, Catherine Juvinao, entre otros.

El vuelo cubría la ruta Cúcuta–Ocaña cuando, por causas que aún se investigan, perdió comunicación con la torre de control y posteriormente fue hallado siniestrado en una zona montañosa. Equipos de rescate y organismos de emergencia confirmaron que no hubo sobrevivientes.

Las autoridades aeronáuticas iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras Satena confirmó su colaboración con las autoridades y lamentó el fallecimiento de los pasajeros y la tripulación.

La Aeronáutica Civil informó que, junto a organismos de socorro, adelanta la búsqueda de una aeronave de Satena, matrícula HK 4709, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña con 16 personas a bordo. El contacto con el avión se perdió entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en Norte de Santander.

Según la información oficial, en la aeronave viajaban trece pasajeros y tres tripulantes. Entre los ocupantes se encuentran dos aspirantes a la Cámara de Representantes: Diógenes Quintero y Carlos Salcedo, este último candidato por la Curul de Paz.

Tras conocerse la pérdida de comunicación, la Aeronáutica Civil activó los protocolos de emergencia y un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las labores de búsqueda y rescate en la zona.

El Ministerio de Transporte y la Aerocivil informaron que mantienen apoyo permanente a las operaciones de socorro y en las tareas de protocolo establecidas frente a esta emergencia aérea.

En la región, las condiciones meteorológicas han sido adversas durante las últimas semanas, con alta nubosidad que podría dificultar las labores de búsqueda.

Más de veinte años después de la desaparición de cuatro ciudadanos en zona rural de Fusagasugá (Cundinamarca), la Fiscalía General de la Nación decidió abrir una investigación formal contra Luis Alberto Herrera Herrera y Rafael Herrera Herrera, señalados de haber participado en estos hechos ocurridos el 23 de octubre de 2002.

Las indagaciones apuntan a que los hermanos habrían contactado a miembros de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, grupo armado ilegal con influencia en el Sumapaz, para que retuvieran a las víctimas, todas vecinas de predios cercanos a las propiedades de la familia Herrera Herrera.

De las cuatro personas desaparecidas, dos fueron halladas sin vida en 2008 en Silvania (Cundinamarca). Sin embargo, solo hasta diciembre de 2025 sus restos pudieron ser entregados a los familiares, luego del proceso de identificación adelantado por el GRUBE. La búsqueda de las otras dos víctimas continúa, más de dos décadas después.

La indagatoria contra los hermanos Herrera fue programada para el 6 de febrero, en la que deberán responder por el delito de desaparición forzada. En el caso de Rafael Herrera, también se investiga un presunto abuso sexual contra una menor de edad, revelado durante el desarrollo del proceso.

El caso se tramita bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, debido a la fecha de ocurrencia de los hechos, y se considera un paso importante en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas y sus familias.

Un informe de la Contraloría General de la República concluyó que 33 de las 34 universidades públicas del país no son autosostenibles financieramente. El diagnóstico revela que el 97% de estas instituciones no pueden financiar su operación con ingresos propios, confirmando una dependencia estructural de las transferencias del Estado y un déficit que compromete la viabilidad del sistema y la autonomía universitaria.

Frente a estas conclusiones, el Ministerio de Educación reconoció que el sistema atraviesa una crisis y que el modelo actual es insostenible, aunque aclaró que se trata de un problema estructural que se remonta a la Ley 30 de 1992, la cual vinculó los aportes estatales al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según la cartera educativa, la universidad pública no fue concebida para ser autosostenible, sino para garantizar un derecho fundamental financiado por el Estado, principio respaldado por sentencias de la Corte Constitucional.

Hallazgos críticos y la excepción a la regla

El análisis de la Contraloría identificó que solo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) cubre sus costos con ingresos propios. En el extremo opuesto, instituciones como la Universidad de Sucre (Unisucre) presentan una situación crítica, donde se pierden más de dos pesos por cada peso recibido. La Universidad Nacional de Colombia, sede principal, registra el mayor déficit acumulado: $764.220 millones. El informe advierte que esta dependencia financiera puede erosionar la autonomía de las instituciones.

La postura del Ministerio: inversión histórica y reformas en marcha

El Ministerio de Educación destacó las medidas adoptadas para enfrentar la crisis. Señaló que la gratuidad universitaria, incorporada como base presupuestal desde 2023, beneficia actualmente a más de 900.000 estudiantes y reduce la presión financiera sobre las instituciones. Además, resaltó que la inversión en universidades públicas para el período 2023-2026 asciende a $15 billones, representando el mayor incremento real en más de una década.

En materia de infraestructura, la cartera anunció la ejecución del primer plan nacional universitario, con $2,2 billones invertidos en 120 proyectos distribuidos en 17 departamentos y 38 municipios, además de vigencias futuras por $6,7 billones comprometidos a diez años.

Brechas de financiación y perspectivas distintas sobre los pasivos

Uno de los puntos críticos es la desigualdad en la asignación de recursos. La Contraloría evidenció que los ingresos por estudiante varían entre $525 mil y $11,4 millones anuales, concentrándose el 48% de los recursos en solo cuatro universidades. El Ministerio, en respuesta, indicó que gracias a criterios de asignación orientados a cerrar brechas, el coeficiente de Gini del sistema bajó a 0,43 en 2024, mostrando una reducción en la desigualdad interinstitucional.

Sobre el pasivo pensional, señalado por la Contraloría como un riesgo financiero, el Ministerio matizó que estas obligaciones son de largo plazo y representan menos del 1% del gasto pensional nacional.

Consenso en la necesidad de cambio, divergencia en el enfoque

Ambas entidades coinciden en la necesidad fundamental de repensar el modelo financiero de la educación superior pública para garantizar su sostenibilidad, equidad y fortalecimiento. Sin embargo, difieren en el énfasis: mientras la Contraloría se centra en la gravedad del diagnóstico actual de las finanzas, el Ministerio enfatiza las reformas estructurales ya implementadas y sus efectos proyectados para el futuro del sistema.

La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) nombró este martes a Carlos Saad Llínas como nuevo presidente de la entidad, en reemplazo de Juan Carlos Muñiz, a quien se le solicitó la renuncia a finales del año pasado.

Saad es administrador de empresas egresado de la Universidad del Norte y cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero y de desarrollo territorial. Durante su carrera ha ocupado cargos como vicepresidente de Planeación y director de Planeación Financiera en Findeter, así como director PI Senior Regional Norte en Porvenir, gerente general de Seguridad Social Segura Ltda. y diferentes posiciones en el Banco Agrario de Colombia, entre ellas la gerencia zonal del Atlántico.

Con su designación, la Junta confía en fortalecer la gestión de la entidad, que promueve proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en el país. Además, Saad conoce de cerca la operación interna de Findeter, donde ha desarrollado parte importante de su experiencia profesional.

Cabe recordar que Juan Carlos Muñiz asumió la presidencia de Findeter tras la salida de Ricardo Bonilla, quien posteriormente fue designado como ministro de Hacienda.

El presidente Gustavo Petro generó una nueva controversia en la escena política nacional tras afirmar que el presidente venezolano Nicolás Maduro estaría “secuestrado” en Estados Unidos luego de su captura por fuerzas norteamericanas, declaraciones que se dieron apenas días antes de su reunión programada en Washington con el presidente Donald Trump.

Diversos sectores políticos en Colombia reaccionaron con dureza ante las palabras del mandatario, argumentando que podrían incluso poner en riesgo el encuentro diplomático. La representante a la Cámara Juana Carolina Londoño, del Partido Conservador, dijo que el tono de las declaraciones podría ser usado como justificación para un posible enfriamiento o incluso la cancelación de la reunión, al sugerir que Petro busca crear un contexto que le favorezca políticamente.

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, exembajador en Washington, calificó las declaraciones como “una vergüenza”, señalando que, en lugar de enfocarse en proteger los intereses de Colombia, Petro estaría abogando por un líder acusado de crímenes graves. Este mismo enfoque crítico fue adoptado por la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, quien acusó al presidente de defender a Maduro mientras calla frente a otros eventos internacionales, lo que, según ella, evidencia contradicciones en su discurso político.

Por su parte, el candidato Enrique Peñalosa afirmó que tales afirmaciones podrían tener un impacto negativo para Colombia en materia económica y diplomática, apuntando a la importancia de la relación comercial con Estados Unidos, principal comprador de productos colombianos. En una línea similar, el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, afirmó que Petro se estaría comportando como un defensor del régimen venezolano.

Otra voz crítica fue la del expresidente Andrés Pastrana, quien expresó su opinión de que Petro estaría buscando evitar la reunión con Trump a toda costa. En medio de la polémica, estas reacciones reflejan la polarización en torno a la postura del gobierno frente a la captura de Maduro y la agenda diplomática con Estados Unidos, en un contexto de tensiones regionales y debate sobre soberanía e intervención internacional.

La producción de hidrocarburos en Colombia mostró un comportamiento a la baja durante 2025, según el más reciente reporte del Monitor Energético con corte a noviembre. Tanto el petróleo como el gas natural disminuyeron con respecto al año anterior, reavivando los desafíos vinculados a la seguridad energética y el desempeño del sector minero-energético.

En el caso del petróleo, la producción promedio entre enero y noviembre de 2025 fue de 746.402 barriles por día, lo que representa una caída de 3,59 % frente al mismo periodo de 2024. En noviembre, el bombeo se situó en 744.655 barriles diarios, con reducciones tanto interanuales como respecto al mes anterior.

Por regiones, el Meta se mantuvo como el mayor productor de crudo, aportando más de la mitad de la producción nacional, seguido por Casanare y Arauca, con campos clave en los Llanos Orientales como Rubiales, Castilla y Caño Sur Este entre los principales aportantes.

El gas natural evidenció la caída más pronunciada: la producción promedio entre enero y noviembre fue de 1.265 millones de pies cúbicos por día, lo que equivale a una reducción anual de 11,66 %. En noviembre, la producción alcanzó 1.247 millones de pies cúbicos diarios, con descensos tanto frente al mismo mes de 2024 como respecto al mes previo. En este segmento, Casanare concentró más del 65 % de la producción, seguido por La Guajira y Córdoba.

En cuanto a las empresas, Ecopetrol siguió liderando la producción de petróleo y gas en el país, mientras que compañías privadas como Frontera Energy, Geopark, Hocol y CNE Oil & Gas también destacaron en sus respectivos segmentos. La caída en los volúmenes de extracción tiene implicaciones directas para la economía nacional, particularmente en materia de presas fiscales, regalías y suministro energético, en un contexto donde el país busca equilibrar la transición energética con la continuidad de sus operaciones extractivas.