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El equipo de trabajo del senador Jairo Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), fue víctima de un atentado armado en zona rural de Fortul, departamento de Arauca, luego de caer en un presunto retén ilegal instalado por grupos armados al margen de la ley.

En el ataque fueron asesinados dos escoltas que integraban la caravana de seguridad del congresista. Además, se conoció que una de las camionetas fue robada y que tres personas —el asistente del senador, el conductor y un ingeniero— fueron secuestradas con rumbo desconocido.

Fuentes de las autoridades confirmaron que en la zona donde ocurrió el atentado operan estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc, grupos que mantienen una disputa territorial en esa región fronteriza.

Caracol Radio verificó que el senador Castellanos no se encontraba en el vehículo atacado, por lo que resultó ileso. Según se conoció, el congresista se encontraba en Yopal (Casanare) desarrollando actividades políticas, y la camioneta que fue atacada tenía previsto recogerlo en esa ciudad.

El hecho se suma a una serie de acciones violentas recientes en el departamento de Arauca, lo que ha generado llamados de las autoridades locales y nacionales para reforzar la seguridad y garantizar la presencia del Estado en la región.

Se aplazó la diligencia de indagatoria contra el ex ciclista Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera y su hermano Rafael, en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá (Cundinamarca), ocurrida el 23 de octubre de 2002.

La diligencia fue suspendida debido a que la defensa del excampeón de la Vuelta a España de 1987 interpuso una queja contra el auto que lo citó a indagatoria, recurso que deberá ser resuelto por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior. Además, el abogado del reconocido ciclista renunció a su representación, mientras que Rafael Herrera solicitó el aplazamiento formal del procedimiento.

La investigación fue abierta por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, a partir de pruebas que indicarían que los hermanos Herrera habrían contactado a miembros de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que retuvieran por la fuerza a varios habitantes de predios cercanos a sus propiedades en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003.

Los cuerpos de dos de las víctimas fueron hallados en 2008 en Silvania (Cundinamarca) y entregados a sus familias en diciembre de 2025, luego de los análisis biológicos realizados por el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE). Aún se mantiene la búsqueda de las otras dos personas desaparecidas.

Una vez se resuelva la queja de la defensa, se reprogramará la diligencia de indagatoria. La Fiscalía indicó que además de la desaparición forzada, Rafael Herrera será vinculado por el delito de acceso carnal violento. El proceso se adelanta bajo la Ley 600 de 2000.

Un informe estratégico del Consejo de Generales en Retiro del Ejército Nacional (CGREN) advierte que el narcotráfico y los grupos armados ilegales se han fortalecido en Colombia en medio de la política de Paz Total, lo que estaría debilitando el control territorial del Estado y aumentando los riesgos para la seguridad nacional y las relaciones internacionales.

El documento, titulado Documento de Análisis Estratégico (DAE) No. 002 y liderado por el general (r) Jorge Segura, analiza el narcotráfico como un “sistema adaptativo criminal”, capaz de reorganizarse y expandirse ante señales de baja presión estatal. Según el informe, los cultivos de coca pasaron de 48.000 hectáreas en 2013 a cerca de 300.000 en 2025, un incremento superior al 600 %, acompañado de un crecimiento en tamaño y capacidad de los grupos armados como las disidencias de las FARC, el ELN y estructuras criminales.

El análisis señala que, desde 2014, el país redujo su presión contra el narcotráfico —con la suspensión de la aspersión aérea y un enfoque negociador—, lo que habría permitido que el negocio ilícito se convirtiera en “el eje estructurante del actual conflicto armado y criminal”. Según el DAE, los ceses al fuego y la suspensión de operaciones ofensivas dentro de la Paz Total fueron interpretados por los grupos ilegales como señales de tolerancia, favoreciendo su expansión y su consolidación como gobiernos de facto en regiones como Catatumbo, Nariño, Cauca, Putumayo, Chocó y las zonas fronterizas con Venezuela y Brasil.

El documento también advierte sobre un debilitamiento del aparato de seguridad y defensa nacional, derivado de la reducción del pie de fuerza, las restricciones presupuestales y el desgaste operacional. A ello se suma —según el informe— la presión judicial sobre mandos militares y el cuestionamiento político al uso de la fuerza, factores que han reducido la iniciativa militar y favorecido la expansión del crimen organizado. En las zonas limítrofes con Venezuela, agrega, operan disidencias de las FARC y el ELN con apoyo tácito de autoridades venezolanas, lo que ha complicado la acción de las tropas colombianas.

En el plano internacional, el DAE advierte un deterioro en la relación con Estados Unidos, vinculado al aumento de los cultivos ilícitos y a los cambios en la política antidrogas, lo que incluso derivó en la descertificación de Colombia en 2025. De cara al futuro, el informe plantea tres escenarios para el periodo 2026–2030, y alerta que, si no se corrigen las estrategias actuales, el país podría enfrentar la consolidación de un “narco-conflicto”, con pérdida de soberanía, cooptación institucional y expansión territorial del crimen organizado.

Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la participación del senador y precandidato Iván Cepeda en la consulta presidencial del ‘Frente por la Vida’, el representante a la Cámara Heráclito Landínez calificó la determinación como un duro golpe para la democracia colombiana.

“El CNE está haciendo todo lo posible para impedir que participemos en la consulta. Esta decisión impacta más en la democracia colombiana al no permitir que Iván Cepeda, en representación del Pacto Histórico, participe en la consulta interpartidista”, afirmó el congresista.

Landínez aseguró que aún cuentan con mecanismos jurídicos para controvertir la decisión, entre ellos un recurso de reposición y la posibilidad de acudir a una acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales.

El parlamentario también cuestionó el trasfondo político de la determinación, señalando que “se están tomando decisiones políticas en un estamento netamente político, con integrantes que han tenido trayectoria partidista y que hoy actúan en contra de la democracia colombiana”.

Frente al contexto interno del Pacto Histórico, Landínez recordó que Iván Cepeda fue elegido como su único candidato tras una consulta popular interna, y que la participación en el ‘Frente por la Vida’ se acordó únicamente como una consulta interpartidista junto a otros sectores. “Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero pertenecen a otros partidos. El Pacto tiene un solo candidato, que es Iván Cepeda, y él tiene todo el derecho de participar porque es su partido y su consulta”, enfatizó.

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el Mapa y los Factores de Riesgo Electoral 2026, en el que identificó 170 municipios con algún nivel de riesgo por la coincidencia de factores relacionados con fraude y violencia durante las próximas elecciones.

Del total de territorios analizados, 81 presentan riesgo extremo, 51 riesgo alto y 38 riesgo medio, cifras que, según la organización, reflejan un escenario más complejo frente a procesos electorales anteriores.

De acuerdo con la directora nacional de la MOE, Alejandra Barrios, el número de municipios en riesgo aumentó en un 29,7% en comparación con los comicios de 2022, cuando se registraron 131. El crecimiento más significativo se evidencia en el nivel de riesgo extremo, que pasó de 49 a 81 municipios, lo que equivale a un incremento del 65,3%.

El informe señala seis subregiones con atención prioritaria: Arauca, Nordeste antioqueño y sur de Bolívar, andén Pacífico, norte del Cauca, suroriente colombiano (Meta, Caquetá y Guaviare) y el medio y bajo Putumayo. Estas zonas concentran el mayor aumento de los factores de riesgo.

Uno de los casos más críticos es el del Cauca, que cuenta con 19 municipios en riesgo extremo, de los cuales 14 no registraban peligro alguno en 2022.

La MOE advirtió además que, excluyendo a Bogotá, los 170 municipios identificados agrupan a más de 4,5 millones de votantes, es decir, el 11% del censo electoral nacional, lo que representa un desafío significativo para el Estado en la garantía del derecho al voto y la seguridad electoral.

El Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo anunció la suspensión provisional de las conversaciones de paz que adelanta con el Gobierno Nacional, argumentando que realizará “consultas internas” antes de continuar en la mesa de negociación.

La decisión se conoció luego de que el presidente Gustavo Petro, durante una reunión con el expresidente estadounidense Donald Trump, habría mencionado los nombres de varios jefes de organizaciones armadas ilegales como objetivos principales que serían capturados en los próximos dos meses.

Aunque el listado completo no ha sido confirmado oficialmente, el Ministerio de Defensa, liderado por el general (r) Pedro Sánchez, indicó que entre los señalados estarían alias ‘Chiquito Malo’, máximo comandante del Clan del Golfo; alias ‘Iván Mordisco’, jefe de las disidencias de las FARC; y alias ‘Pablito’, líder del ELN.

En respuesta, el Clan del Golfo afirmó que, de ser ciertas las declaraciones del mandatario, “esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha”. Además, insistió en que “el único grupo armado que ha cumplido y honrado sus compromisos es el Ejército Gaitanista de Colombia”.

La organización también cuestionó al presidente Petro, al considerar que “está anteponiendo sus intereses por encima del bien mayor, que es la paz en los territorios”.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que el objetivo de cualquier proceso de diálogo debe ser la justicia para las víctimas, y advirtió que “si esos procesos permiten la expansión o impunidad para que los grupos sigan cometiendo crímenes, no valen la pena”.

“Por eso —agregó—, ajustar en justicia y ajustar en seguridad va a generar una presión sobre ellos que puede tener impactos en la continuidad de los procesos de conversaciones”.

El candidato presidencial Iván Cepeda anunció este 3 de febrero que, si no es incluido en la consulta del Frente por la Vida, se retirará del proceso junto con el Pacto Histórico y presentará su candidatura directamente en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

“Lo digo con total firmeza y determinación: si se me impide participar en la consulta del 8 de marzo, anuncio desde ya que el Pacto Histórico se retira de la consulta y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año”, declaró Cepeda.

La advertencia del senador se conoce luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tuviera que realizar un nuevo sorteo para designar a los conjueces que definirán si Cepeda puede o no participar en la consulta del Frente por la Vida.

El cambio se produjo debido a la imposibilidad de los abogados Alejandro Felipe Sánchez Cerón y Manuel Antonio Avella de asumir como conjueces. En su lugar, el CNE designó a Gustavo Martín Coral Berdugo, representante del movimiento Colombia Justa Libres, quien había sido elegido como magistrado remanente.

Junto a Coral Berdugo, el exmagistrado Alberto Rojas Ríos deberá presentar la ponencia ante la sala del CNE, que tiene previsto emitir una decisión definitiva el miércoles 4 de febrero sobre la participación de Cepeda en la consulta presidencial.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo este martes 3 de febrero una reunión institucional con el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca, acompañado por una delegación de alto nivel. El encuentro se desarrolló en un ambiente calificado como “absolutamente amable” por ambas partes y tuvo como eje central la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha contra el narcotráfico.

La jornada inició a las 10:45 a. m., cuando Petro salió de su residencia en DuPont Circle hacia la Casa Blanca, escoltado por una caravana de seis vehículos y dos patrullas policiales. En una de las camionetas viajaban el mandatario colombiano y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.

Antes de dirigirse al encuentro, Petro ofreció una breve declaración pública en compañía de su familia y su gabinete. “La lucha contra el narcotráfico, nosotros sí la hemos sufrido y de verdad, no es un discurso. He dedicado 15 años de mi vida a esta lucha. Es el poder político que se entregó a la codicia y nosotros estamos rescatándola, porque una Colombia en paz es una Colombia que prime la belleza”, afirmó el jefe de Estado.

Previo a ingresar a la Casa Blanca, el presidente se despidió de su familia y de varios miembros de su equipo, entre ellos Nhora Mondragón, directora del DAPRE, y Gloria Miranda, directora de Cultivos Ilícitos. “Me acompaña mi familia con su amor antes de ingresar a mi reunión con el presidente Trump”, expresó Petro.

En el Despacho Oval, las imágenes oficiales mostraron a ambos mandatarios junto a sus delegaciones. Por Colombia estuvieron presentes la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el embajador García-Peña. Del lado estadounidense participaron el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador por Ohio Bernie Moreno, considerado una figura clave en las relaciones bilaterales.

La Casa Blanca restringió el acceso de la prensa, permitiendo solo dos cámaras oficiales: una de la Presidencia de Colombia y otra de la propia Casa Blanca. Las primeras imágenes fueron difundidas por la Presidencia colombiana, dado que la administración estadounidense no suele divulgar material de este tipo en primera instancia.

Durante la reunión, el ministro Sánchez presentó los informes sobre los avances de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, la persecución al crimen organizado y los resultados operacionales recientes. Según fuentes de Caracol Radio, el eje de la conversación fue la erradicación de cultivos ilícitos, un tema que coincidió con la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, ocurrida ese mismo día.

El encuentro, que inicialmente estaba previsto para una hora, se extendió más tiempo del programado. La participación del traductor Charlie Roberts, habitual en los viajes oficiales del mandatario colombiano, facilitó el desarrollo del diálogo. Sobre la 1:00 p. m., la Presidencia confirmó la conclusión de la reunión.

Finalmente, Karoline Leavitt, portavoz de Trump en la Casa Blanca, declaró que el mandatario estadounidense “estaba muy positivo, deseando sentarse con el presidente Gustavo Petro para tener una conversación”. Añadió que se espera un comunicado oficial con las conclusiones del encuentro en los canales oficiales del Gobierno estadounidense.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad de la Policía Nacional, Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’, fue trasladado desde la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, hasta el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), desde donde fue extraditado hacia Estados Unidos.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó la noticia y señaló que el procedimiento se realizó en cumplimiento de la orden impartida por el presidente Gustavo Petro.

“Alias ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a los Estados Unidos. El Gobierno Petro rompe el récord histórico con 809 extradiciones: 6,3 % más que Duque y 7,6 % más que el segundo mandato de Uribe. La cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”, expresó el ministro en su cuenta de X.

La extradición de Marín Silva coincide con la jornada previa al encuentro que sostendrán este martes 3 de febrero los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de una agenda bilateral.

Alias ‘Pipe Tuluá’ era señalado como jefe de la organización criminal La Inmaculada, con presencia en el Valle del Cauca, y tenía cuentas pendientes con la justicia norteamericana por delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

Según la acusación emitida el 11 de septiembre de 2024, dentro del caso 4:24-CR-195, Marín Silva deberá responder por tres cargos principales:

1. Concierto para distribuir y poseer cocaína con intención de distribución.
2. Conspiración para traficar y distribuir cocaína, con conocimiento de su destino ilegal hacia Estados Unidos.
3. Fabricación y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína, también con intención de exportarla ilícitamente.

El Gobierno Nacional había dejado en firme la resolución que autorizó su entrega a las autoridades estadounidenses, cerrando así uno de los procesos de extradición más relevantes del último año.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, señalado como presunto responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido entre 2011 y 2021, periodo durante el cual el exdiplomático habría sostenido “un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual” contra su entonces pareja. Aunque la mujer decidió separarse por las agresiones, el ente investigador sostiene que “los ataques e intimidaciones habrían continuado”.

De acuerdo con las pruebas recopiladas, cuando la víctima inició una nueva relación sentimental, Garcés Carabalí habría recurrido a testimonios falsos y pruebas cuestionables para promover procesos judiciales en una comisaría y un juzgado de familia en Bogotá, con el propósito de obtener la custodia de sus hijos alegando supuestos maltratos.

Estas acciones judiciales, según la Fiscalía, impidieron que la madre pudiera ver o compartir tiempo con los menores y ejercer sus derechos parentales. Posteriormente, el entonces embajador habría trasladado a los niños a Ghana, manteniéndolos alejados de su madre.

El proceso continuará con la audiencia de formalización de acusación, en la que la Fiscalía presentará las pruebas con las que buscará demostrar la responsabilidad penal del exfuncionario. La fecha de esta diligencia será fijada por la Judicatura.

A pocas horas de la esperada reunión entre los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Donald Trump, de Estados Unidos, la Casa de Nariño reveló nuevos detalles sobre el encuentro que se llevará a cabo este martes 3 de febrero en la Casa Blanca.

El mandatario colombiano estará acompañado por la canciller Rosa Villavicencio y el embajador en Washington, Daniel García-Peña. También participará un intérprete, debido a que Petro no domina el idioma inglés.

Del lado estadounidense, aunque aún no hay confirmación oficial del equipo de Trump, fuentes señalan que el secretario de Estado, Marco Rubio, podría hacer parte de la cita.

El formato de la reunión será 1+2: cada presidente estará acompañado por dos miembros de su delegación, mientras que un equipo de apoyo permanecerá en un salón contiguo a la Oficina Oval. Por Colombia estarán el general Humberto Guatibonza, jefe de seguridad presidencial; Raúl Moreno, jefe de Despacho; Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol; Marcela Tovar, embajadora en Austria; y Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

La reunión será completamente privada, sin acceso a medios de comunicación, con el fin de evitar incidentes o filtraciones. Según la agenda oficial, el encuentro se extenderá por un máximo de 45 minutos. A las 4:00 de la tarde, desde la Embajada de Colombia en Washington, se espera una declaración oficial sobre los resultados de la cumbre, considerada clave para el futuro de la relación bilateral.

La Aeronáutica Civil informó, mediante un comunicado publicado en sus redes oficiales, que la investigación del accidente aéreo ocurrido en zona rural de La Playa de Belén (Norte de Santander) entró en la fase de análisis técnico especializado.

Según la entidad, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes culminó las labores de recuperación en el lugar del siniestro, donde fueron recolectados los restos de la aeronave, las pertenencias de los pasajeros y los cuerpos de las 15 personas fallecidas.

“La investigación avanza de acuerdo con los protocolos establecidos y cumpliendo los estándares internacionales en cada una de sus fases, mediante la recopilación de información factual y el análisis detallado de la documentación operacional de las empresas involucradas”, señaló la Aeronáutica en el comunicado.

Todo el material recolectado se encuentra ahora bajo evaluación técnica, proceso que permitirá reconstruir las circunstancias del accidente registrado el 28 de enero.

La Aeronáutica reiteró que toda la información oficial sobre el avance de la investigación será divulgada únicamente a través de los canales institucionales del Ministerio de Transporte y las autoridades aeronáuticas, con el fin de evitar especulaciones. Aunque no se fijaron plazos para los resultados preliminares, la entidad enfatizó que el proceso se desarrolla de forma independiente y bajo estándares internacionales.

Debido al viaje oficial del presidente Gustavo Petro a Washington, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, asumió temporalmente las funciones presidenciales, según lo establece el decreto 0084 de 2026.

La designación, firmada en cumplimiento del artículo 196 de la Constitución Política, faculta al ministro para ejercer, bajo su propia responsabilidad, las funciones que el mandatario le delegue, tanto en calidad de jefe de Estado como de jefe de Gobierno.

El encargo presidencial inició el domingo 1 de febrero y se extenderá hasta el jueves 5 de febrero, fecha en la que está previsto el regreso del presidente Petro al país, una vez concluya su visita a Estados Unidos y el encuentro programado con el expresidente Donald Trump.