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El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes acusaciones contra sectores económicos y políticos del país, al señalar que existe un intento de desestabilización en medio del debate por la emergencia económica y el déficit fiscal que enfrenta Colombia.

Durante su intervención en Montería, el mandatario sostuvo que la actual crisis fiscal se originó por decisiones de gobiernos anteriores que destinaron recursos públicos a subsidiar el precio de la gasolina, lo que habría generado un hueco cercano a los 70 billones de pesos. Según Petro, ese subsidio estaba prohibido por la Constitución y hoy el país enfrenta las consecuencias de ese manejo financiero.

El jefe de Estado también cuestionó a los sectores empresariales que, según él, se oponen a nuevas cargas tributarias. Afirmó que algunos “no quieren que por ser muy ricos les quiten dos pesos de cien pesos de utilidades”, mientras el país enfrenta graves problemas sociales y ambientales.

En otro punto de su discurso, Petro advirtió sobre un presunto plan para afectar políticamente a su Gobierno e incluso atentar contra su integridad. “Quieren ganarse las elecciones para que un presidente no les diga la verdad, y quieren dañar al presidente físicamente”, aseguró, al tiempo que mencionó posibles alianzas entre mafias y sectores políticos que, según él, buscan frenar su proyecto de transformación.

El mandatario advirtió que dichos intereses no solo estarían en el país, sino también en el exterior, y que estas estructuras pretenden mantener a Colombia en escenarios de violencia porque “la ganancia está en la violencia y no en la paz”.

Finalmente, Petro hizo un llamado a la firmeza de sus seguidores y funcionarios, al afirmar que quien permanezca en su proyecto debe asumir “su puesto de combate”, aunque aclaró que se trata de una lucha política e ideológica, no armada.

En un acto acompañado por su familia, Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, anunció nuevamente su aspiración a la Presidencia de la República, esta vez con el aval del Partido Demócrata Colombiano.

El anuncio se dio luego de un año marcado por su expulsión del proceso interno del Centro Democrático, colectividad que finalmente eligió a la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial.

Uribe Londoño fue apartado del proceso luego de que, según versiones, el expresidente Álvaro Uribe recibiera información sobre una supuesta intención del aspirante de respaldar al abogado y político Abelardo de la Espriella, lo que habría motivado su exclusión.

Tras su salida del partido uribista, el dirigente político renunció formalmente a esa colectividad, dejando en suspenso su futuro dentro del panorama electoral. Sin embargo confirmó su regreso a la contienda, ahora desde otra plataforma política.

Durante el evento de relanzamiento, Uribe Londoño afirmó que su decisión está motivada por el deseo de mantener viva la memoria de su hijo y de defender su legado:

“La voz de mi hijo Miguel Uribe ha sido silenciada dos veces: la primera con su asesinato brutal, y la segunda cuando el jefe del Centro Democrático ordenó que me sacaran de la precandidatura sin haber renunciado al proceso”, expresó.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la senadora Aída Quilcué fue hallada sana y salva por integrantes de la guardia indígena en zona rural del Cauca, luego de que se reportara su presunto secuestro en la vía entre Inzá y Totoró.

“El reporte que tenemos es que la guardia indígena encontró a la senadora y a su equipo de seguridad, y todos se encuentran bien”, informó el jefe de la cartera de Defensa, quien agradeció la rápida reacción de las comunidades y de la Fuerza Pública.

Horas antes, el ministro había anunciado el hallazgo de la camioneta oficial de la congresista, localizada en la vía que conecta Inzá con Totoró, pero sin ocupantes en su interior, lo que desató un amplio operativo de búsqueda.

Sánchez señaló que las autoridades continúan trabajando para identificar y capturar a los responsables de lo que calificó como un posible secuestro exprés. Además, pidió a la ciudadanía reportar cualquier información que contribuya a la investigación a través de las líneas 147 y 165.

“Nuestra Fuerza Pública avanza hacia la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada”, expresó el ministro.

Desde el Consejo de Ministros en Córdoba, el presidente Gustavo Petro rechazó lo ocurrido y calificó el hecho como “una agresión contra los pueblos indígenas del país”. El mandatario pidió al ministro de Defensa evitar una escalada de violencia en el Cauca y garantizar la protección de las autoridades y liderazgos indígenas en el territorio.

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció su decisión de convertir la isla Gorgona en un centro de investigación científica de alto nivel, con proyección nacional e internacional. El mandatario realizó el anuncio tras visitar la isla, donde recorrió las antiguas instalaciones de la cárcel y conversó con científicos, miembros de la Armada Nacional y guardianes del parque natural.

“No estuve de paseo en Gorgona, pero quise conocer la isla que no tiene hotel ni muelle. Tiene científicos y científicas con las que hablé, miembros jóvenes de la Armada y guardianes del parque comprometidos con la defensa de la naturaleza”, expresó el jefe de Estado a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

Durante su recorrido, Petro visitó las celdas y calabozos del antiguo penal, recordando que en ese lugar, clausurado en 1984, funcionó uno de los centros de reclusión más temidos del país. “Fui a conocer su paradoja: el centro de tortura que construyó la oligarquía de Colombia”, escribió el mandatario, aludiendo a los métodos de castigo que allí se empleaban.

El presidente indicó que su gobierno ya adelanta la construcción de nuevas edificaciones cerca del antiguo penal, destinadas al funcionamiento del Centro Científico Colombiano y Mundial, que operará con energía limpia solar y geotérmica. “Voy a decretar que Gorgona sea un centro de investigación científica de alto nivel nacional e internacional”, aseguró.

Petro destacó además la importancia ambiental de la isla, al señalar que en su ecosistema existen especies endémicas, como una rana en peligro por un virus que afecta a anfibios en todo el mundo. También advirtió sobre la reducción del 30 % de las especies marinas desde 1991, y atribuyó este fenómeno al impacto de la pesca industrial y el consumo de hidrocarburos.

El mandatario anunció que se preservará la memoria del antiguo centro penitenciario mediante una película en 3D y un museo de sitio, donde las nuevas generaciones puedan conocer “lo que no debe repetirse”. Asimismo, informó que decretará una comisión de la verdad sobre los 24 años de funcionamiento de la cárcel de Gorgona, con participación de expertos y científicos para documentar lo ocurrido en ese periodo.

Durante la publicación, Petro también hizo referencia a su relación con la Fiscal General de la Nación y a recientes declaraciones del abogado Abelardo de la Espriella, quien lo mencionó en redes sociales. “Soy víctima de mi propio invento: buscar una fiscal independiente, sin conocer personalmente a las integrantes de la terna. En la foto ven lo que quiere hacerme De la Espriella, de acuerdo a sus palabras: destriparme a mí y a quienes son como yo”, escribió el presidente.

La visita presidencial a Gorgona combina así dos propósitos: la recuperación de la memoria histórica y la consolidación de un espacio para la ciencia y la conservación ambiental, en uno de los territorios naturales más emblemáticos del Pacífico colombiano.

Se encendieron las alertas en el departamento del Cauca tras conocerse la presunta desaparición de la senadora Aida Quilcué y los integrantes de su esquema de seguridad, quienes, según versiones preliminares, habrían sido secuestrados en el tramo entre Inzá y Totoró.

La denuncia fue difundida por el equipo de trabajo de la congresista a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde expresaron:

“Informamos a la opinión pública que la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad presuntamente han sido secuestrados en el tramo Inzá – Totoró, en Cauca. Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la senadora y de su equipo de seguridad”.

El reporte causó sorpresa, confusión y preocupación tanto en círculos políticos como en comunidades del suroccidente del país. De acuerdo con fuentes de la Policía del Cauca, en la vía que comunica Inzá con Popayán se habría presentado el hurto del vehículo oficial en el que se desplazaba la legisladora.

Las primeras versiones señalan que un grupo armado ilegal interceptó la camioneta Toyota gris de placas NJT-662, asignada al esquema de protección de la senadora, en la vía Transversal del Libertador, a la altura del páramo de Inzá, corredor que conecta a Popayán con Inzá y La Plata (Huila).

No obstante, el diario El Tiempo reportó que el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) habría informado sobre el hallazgo del vehículo, sin que hasta el momento se tenga confirmación oficial sobre el paradero de Quilcué ni de sus escoltas.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que la Fuerza Pública se encuentra en operaciones de búsqueda y reacción inmediata:

“Toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda de nuestra senadora Aida Quilcué. Cualquier información debe ser reportada a las líneas 147 o 165”.

Por su parte, el senador caucano Ferney Silva Idrobo, integrante del Pacto Histórico, expresó su preocupación por la situación y confirmó la pérdida de contacto con la congresista mientras se movilizaba por el oriente del departamento.

Las autoridades mantienen las labores de rastreo en la zona y hasta el cierre de esta edición no se ha emitido un comunicado oficial que confirme o descarte el presunto secuestro.

Las fuertes lluvias y las inundaciones que han afectado al departamento de Córdoba y a otras zonas del país también han golpeado con fuerza al sector agrícola. Miles de campesinos han visto sus cultivos y animales comprometidos por la emergencia climática que se extiende en gran parte del territorio.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, informó que hasta el momento se registran afectaciones en unas 19.800 hectáreas de cultivos agrícolas y cerca de 250.000 animales, principalmente bovinos. Los mayores daños se concentran en Córdoba y Sucre, especialmente en las cuencas de los ríos San Jorge y Sinú, aunque también se reportan impactos en Antioquia, Santander, La Guajira y Chocó.

Según explicó la funcionaria, la situación de los animales es crítica, ya que algunos han muerto y otros requieren atención y traslado hacia zonas altas. Para ello, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha emitido guías y autorizaciones especiales que facilitan la movilización del ganado y el acceso a alimento en medio de la emergencia.

Carvajalino señaló que se trabaja en un plan de recuperación de los sistemas productivos, que incluye un drenaje eficiente de los suelos —con un costo estimado de siete millones de pesos por hectárea— y programas de apoyo para restablecer cultivos y garantizar el inicio del próximo ciclo agrícola. El presupuesto estimado para la restauración del sector supera los 700 mil millones de pesos.

Asimismo, Finagro y el Banco Agrario adelantan medidas para refinanciar las deudas de los productores, mientras el Ministerio estudia dos nuevas líneas de alivio: una enfocada en compra de cartera y recomposición de créditos para pequeños y medianos agricultores, y otra destinada a la distribución de recursos mediante créditos preferenciales.

Durante un Consejo de Ministros realizado en Montería, el presidente Gustavo Petro denunció que algunos alcaldes y dirigentes políticos estarían utilizando las ayudas humanitarias destinadas a los damnificados por las lluvias con fines electorales. “Muchos alcaldes están usando las ayudas nuestras, diciendo que las ponen los políticos que están en campaña, y pidiendo votos a cambio. La plata la estamos poniendo nosotros, la comida la estamos poniendo nosotros”, afirmó el mandatario.

Petro calificó estos hechos como una “sinvergüenzura electoral” y advirtió que se trata de un uso indebido de los recursos públicos. “Están cogiendo el dinero público para hacer campaña, comprando votos. No son todos los políticos, pero sí varios, que conocemos muy bien aquí, de antaño”, señaló durante su intervención ante el gabinete ministerial.

El presidente también cuestionó las críticas de algunos sectores políticos a la solicitud del Gobierno ante la Corte Constitucional para levantar la suspensión del decreto de Emergencia Económica y Social, emitido para atender la crisis invernal. Recordó que varios congresistas que hoy cuestionan la medida fueron los mismos que “hundieron la ley de financiamiento” en el pasado.

“¿Y ahora qué le van a decir al pueblo? ¿Que son los salvadores?”, preguntó Petro, refiriéndose a los políticos que, según él, se atribuyen la entrega de ayudas oficiales. “Cogen nuestra plata para decirle a la gente que la comida que están entregando solo es entregada por ellos”, agregó.

Finalmente, el jefe de Estado acusó a quienes incurren en estas prácticas de ser “coautores del sufrimiento de las víctimas” de la ola invernal. “¡Le quitaron la comida de la boca a la gente! Son responsables de la muerte de personas, de las pérdidas de los campesinos y de los daños en las zonas urbanas y rurales”, concluyó.

El 2026 comenzó con cifras positivas para el sector transporte. De acuerdo con el balance de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en enero se registró un crecimiento del 15 % en el número de pasajeros y del 23 % en la movilización de carga en los proyectos concesionados del país, en comparación con el mismo mes de 2025. Los resultados reflejan una recuperación sostenida y un impulso a la competitividad del sistema de transporte nacional.

En los aeropuertos concesionados, 3,9 millones de pasajeros y más de 96.000 toneladas de carga fueron movilizados durante el primer mes del año. El aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá concentró el mayor movimiento, con más de 2 millones de viajeros y 89.260 toneladas de carga, alcanzando el registro más alto de la última década. El transporte férreo también mostró un repunte: los corredores La Dorada–Chiriguaná, Bogotá–Belencito y el Tren del Atlántico movilizaron cerca de 2,4 millones de toneladas y 42.000 pasajeros, consolidando la reactivación del sistema ferroviario como alternativa logística clave.

La ANI destacó que en los últimos tres años se han invertido más de 578.000 millones de pesos en el mantenimiento y modernización de la red férrea, así como en la ampliación y mejoramiento de aeropuertos estratégicos como El Dorado (Bogotá), Simón Bolívar (Santa Marta), Almirante Padilla (Riohacha), Alfonso Bonilla Aragón (Palmira) y Los Garzones (Montería), entre otros.

Estas inversiones buscan fortalecer la conectividad regional, mejorar la eficiencia operativa y garantizar un sistema de transporte más seguro, competitivo y sostenible. Según la entidad, el avance de los proyectos concesionados contribuye también al desarrollo económico de las regiones y a la generación de empleo.

El sector espera que las mejoras en infraestructura permitan avanzar hacia una transición energética en el transporte y, paralelamente, impulsar estrategias que contribuyan a la reducción de la pobreza y al bienestar de las comunidades beneficiadas por las obras.

El Consejo de Estado negó una demanda que buscaba anular la resolución 1117 del 30 de enero de 2026, mediante la cual la Registraduría Nacional avaló la inscripción del comité promotor encargado de recoger firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La iniciativa, respaldada por el Gobierno y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, podrá continuar su curso.

El alto tribunal explicó que la acción presentada carecía de fundamento, ya que la resolución demandada no constituye un acto administrativo definitivo, sino un trámite inicial dentro del proceso de participación ciudadana. En otras palabras, la inscripción del comité es apenas el primer paso y no genera efectos jurídicos concluyentes, por lo que no procede ningún recurso en su contra.

El demandante argumentaba que el proyecto presentado por los promotores excedía una simple propuesta ciudadana, al incluir detalles sobre la composición de la eventual Asamblea, las reglas de elección, los límites del poder constituyente y la pregunta a someter a votación. Sin embargo, el Consejo de Estado aclaró que la resolución solo verificó el cumplimiento de requisitos formales, como la identificación de los integrantes, la designación del vocero y la presentación del texto base, sin pronunciarse sobre la legalidad de la iniciativa.

“Inscribir un comité promotor no produce efectos jurídicos definitivos sobre el trámite iniciado, salvo que el plazo legal para recolectar apoyos haya vencido sin éxito”, señala el fallo, recordando que, en ese caso, la propuesta sería archivada conforme al procedimiento legal.

Con esta decisión, el comité promotor, conformado por nueve ciudadanos, podrá continuar con la recolección de firmas a través de los formularios autorizados por la Registraduría. Una vez finalizada esta etapa, los apoyos serán verificados por la entidad, que determinará si la iniciativa avanza como proyecto de ley para su eventual debate en el Congreso de la República.

En respuesta a la grave emergencia causada por las fuertes lluvias en los departamentos de Córdoba y Sucre, el Ejército Nacional desplegó un amplio dispositivo humanitario para apoyar a las miles de familias afectadas por las inundaciones. Según el general Óscar del Cristo Díaz, comandante de la Décima Primera Brigada con sede en Montería, la institución “está totalmente comprometida con la atención de la crisis” y enfocada en proteger a la población civil.

“Cuando aparece el Ejército de Colombia siempre es positivo; esta vez aparece para ayudar”, afirmó el oficial, destacando que las acciones se concentran en asistir a quienes lo han perdido todo por el invierno. De acuerdo con el balance preliminar, cerca de 20.000 familias han resultado afectadas en Córdoba, y hasta el momento las tropas han logrado brindar apoyo a unas 14.000. Sin embargo, de los 24 municipios impactados, solo siete han sido intervenidos debido a las limitaciones logísticas.

El general Díaz también informó que 27 municipios mantienen suspendidas las clases por la magnitud de la emergencia. Para atender las zonas más críticas, el Ejército activó un pelotón del Batallón de Atención y Prevención de Desastres, con capacidades de rescate fluvial que permiten llegar a áreas incomunicadas por tierra.

Entre las labores que adelantan los uniformados se encuentran el rescate de personas, transporte de ayudas humanitarias, distribución de agua potable mediante carrotanques y entrega de alimentos, colchonetas, frazadas y kits de aseo. Estas acciones se realizan en coordinación con entidades estatales, fundaciones y ciudadanos que se han sumado con donaciones.

Finalmente, el general Díaz hizo un llamado urgente a la solidaridad de los colombianos para reforzar la ayuda humanitaria. Se requiere agua potable, alimentos no perecederos, útiles de aseo, ropa para niños y adultos, colchonetas y frazadas. Las personas interesadas en contribuir pueden comunicarse con la Brigada 11 a los números 310 224 4043 o 310 361 7773, habilitados para coordinar la recepción de donaciones.

El Ministerio de Transporte anunció nuevas disposiciones para la compra y venta de vehículos en Colombia. A partir de ahora, no se permitirá el traspaso de un carro a una persona indeterminada, lo que significa que el nuevo propietario deberá aparecer registrado con nombre propio en todos los documentos oficiales.

La medida busca reducir la informalidad en el mercado automotor, ya que muchos propietarios terminan asumiendo multas, impuestos y responsabilidades legales de vehículos que ya no les pertenecen. Según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), actualmente existen 762.880 vehículos inscritos bajo la figura de persona indeterminada, de los cuales 483.642 llevan más de tres años en esa condición sin formalizar su traspaso.

El Ministerio fijó como plazo máximo el 6 de febrero de 2027 para que quienes posean un vehículo bajo esta figura legalicen el traspaso a su nombre. Pasado este tiempo, los automotores que no regularicen su situación enfrentarán sanciones administrativas, entre ellas la suspensión del registro, la prohibición de circular y la imposibilidad de realizar trámites como la compra del SOAT o la revisión técnico-mecánica.

Para legalizar el traspaso, el propietario debe estar inscrito en el RUNT, contar con SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes, estar a paz y salvo en impuestos y multas y pagar los derechos de trámite ante el organismo de tránsito. Además, deberá presentar un contrato de compraventa o documento que acredite la posesión del vehículo, una declaración juramentada y las improntas del motor, chasis y serie.

Con esta decisión, el Gobierno busca mayor control y transparencia en la compraventa de automotores, garantizando que cada vehículo tenga un propietario plenamente identificado y evitando que los antiguos dueños sigan asumiendo responsabilidades que ya no les corresponden.

La Contraloría General de la República detectó múltiples irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras adelantar 40 actuaciones de control fiscal en todo el país sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, entes territoriales y el Sistema General de Regalías. Los hallazgos incluyen sobrecostos, pagos sin soportes y fallas contractuales que afectan la alimentación de miles de estudiantes.

Según el informe del organismo de control, los sobrecostos representan la mayor parte del daño fiscal, con un valor estimado de $18.106 millones. Además, se identificaron pagos sin soportes por $2.790 millones, problemas contractuales por $2.706 millones e incumplimientos técnicos por $649 millones, lo que evidencia deficiencias en la gestión del programa.

La región Centro Oriente concentra los hallazgos más significativos, con nueve casos que suman $12.363 millones. El más grave se registró en Soacha (Cundinamarca), donde se reporta un posible detrimento de $3.550 millones por pagos que superaron los valores realmente ejecutados. En Boyacá, se encontraron diferencias entre los pagos reconocidos y los efectivamente entregados a manipuladoras de alimentos, generando un presunto daño fiscal de $2.010 millones.

El ente de control también advirtió sobre el inicio tardío del PAE en 2026, lo que afectará a cerca de 800.000 estudiantes debido a que la entrega de alimentos no coincide con el calendario académico en 12 entidades territoriales, entre ellas Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.

Finalmente, la Contraloría hizo un llamado urgente a los gobiernos locales y al Gobierno Nacional para garantizar la prestación oportuna y transparente del programa, evitando que los retrasos y malos manejos continúen afectando la nutrición y permanencia escolar de miles de niños, niñas y adolescentes en el país.