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Luego del atentado con explosivos perpetrado por el ELN contra el Batallón de Infantería No. 15, General Francisco de Paula Santander, que dejó al menos cuatro personas heridas, un presunto delincuente abatido y otro capturado, la Alcaldía de Ocaña expidió un decreto con medidas especiales para reforzar la seguridad en el municipio.

Se trata del Decreto 014 del 7 de febrero de 2026, mediante el cual se implementan disposiciones transitorias para preservar el orden público en la zona. Entre las principales medidas se encuentra la prohibición temporal del transporte de líquidos inflamables, escombros, desechos, trasteos y cilindros de gas en cualquier tipo de vehículo entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente.

Asimismo, se estableció la restricción de circulación de motocicletas con acompañante o parrillero hombre mayor de 14 años, también entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m., con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes. La administración municipal indicó que estas disposiciones serán evaluadas durante su vigencia y podrán ser modificadas o levantadas según los resultados.

El decreto, firmado por el alcalde Emiro Cañizares, rige desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de febrero de 2026 y deroga todas las normas que le sean contrarias.

Tras el atentado, amplios sectores de Ocaña y municipios del sur del Cesar sufrieron afectaciones en el servicio eléctrico, mientras la vía de acceso principal permaneció cerrada por más de 14 horas debido a las labores de verificación ante la posible presencia de nuevos explosivos.

La aerolínea Avianca reactivará su ruta directa entre Bogotá y Caracas, la cual comenzará a operar nuevamente a partir del 12 de febrero de 2026 con vuelos diarios entre las dos capitales.

Según la compañía, esta decisión es resultado de una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, realizada en coordinación con las autoridades competentes de ambos países.

La conexión se realizará con el vuelo AV142 desde Bogotá hacia Caracas, que saldrá a las 7:40 a. m. y regresará a las 10:40 p. m., mientras que el vuelo AV143 cubrirá la ruta Caracas–Bogotá, con salida al mediodía y llegada a la 1:15 p. m., también con frecuencia diaria.

Avianca indicó que los tiquetes ya están disponibles a través de su página web, aplicación móvil, agencias de viaje, puntos de venta físicos y su Contact Center, y destacó que la reactivación de esta conexión busca fortalecer la conectividad en la región y fomentar el intercambio comercial y turístico binacional.

El reinicio de estas operaciones se da en medio de la reanudación gradual de vuelos entre Colombia y Venezuela tras la suspensión de rutas en noviembre de 2025, cuando varias aerolíneas detuvieron sus servicios ante alertas de seguridad aérea y cambios en los permisos operativos en Venezuela. En este contexto, otras aerolíneas como Wingo ya retomaron sus vuelos entre Bogotá y Caracas y anunciaron la reactivación de la ruta desde Medellín a partir del 1 de marzo, y Latam Airlines Colombia ha expresado su intención de restablecer también sus operaciones.

Las Fuerzas Militares de Colombia mantienen un amplio despliegue conjunto para atender la emergencia causada por las inundaciones que afectan distintas zonas del país, producto del frente frío que golpea el centro, norte y occidente del territorio nacional.

El Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana adelantan operaciones de evacuación de poblaciones en riesgo, entrega de ayudas humanitarias y apoyo logístico a las autoridades locales en los departamentos de Córdoba, Santander, Chocó y Antioquia, donde se reportan las mayores afectaciones. En coordinación con la Defensa Civil y las administraciones departamentales, se han evacuado familias vulnerables y entregado más de 80 toneladas de asistencia, entre alimentos y artículos de aseo.

En las zonas ribereñas, las tropas realizan labores de contención y traslado preventivo de comunidades hacia centros de atención temporal, al tiempo que mantienen presencia institucional para respaldar el trabajo de los organismos de socorro y garantizar la seguridad en las áreas afectadas.

El componente aéreo ha sido esencial en la respuesta. La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha transportado personal de emergencia y más de 25 toneladas de ayuda humanitaria, suministradas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mediante operaciones coordinadas desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Montería.

Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso con la protección de la vida y el bienestar de las comunidades, y aseguraron que el despliegue conjunto se mantendrá mientras persistan las condiciones de emergencia en las regiones afectadas por las lluvias.

El presidente Gustavo Petro aseguró que las recientes inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar no se debieron únicamente a causas climáticas, sino también a posibles negligencias de empresas generadoras de energía. Según el mandatario, las represas afectadas estaban operando por encima de los niveles permitidos, lo que habría contribuido al desbordamiento de los ríos.

Petro mencionó directamente a Urrá, Hidroituango y otras hidroeléctricas, señalando que las emergencias pudieron haberse evitado si se hubieran controlado los embalses con anticipación. “Había represas demasiado llenas, incluso por encima de los niveles permitidos”, indicó durante su declaración.

El jefe de Estado cuestionó además los intereses económicos detrás de estas decisiones, al sugerir que las generadoras mantuvieron los embalses llenos para especular con los precios de la energía. “¿Dejaron las represas llenas para hacer contratos de venta de energía a precios de costos de gas? ¿Será que las superintendencias no actuarán?”, dijo, acusando al sector de privilegiar las utilidades sobre la seguridad de las comunidades.

Según el presidente, al llegar a niveles críticos, las represas se vieron obligadas a liberar más de 2.500 toneladas de agua por segundo, lo que calificó como un “delito ambiental”. Añadió que esta acción agravó el impacto de las lluvias y provocó graves afectaciones en zonas rurales del Caribe colombiano.

Finalmente, Petro apuntó directamente contra la dirección de Urrá S.A., afirmando que su gerente debe renunciar. “He ordenado una investigación inmediata a las superintendencias. El gerente de Urrá mantuvo el 27 % de los días de los últimos dos meses por encima del nivel permitido. Debe ya renunciar”, concluyó.

Tras un Consejo de Seguridad Extraordinario en Arauca, con la participación del gobernador Renson Martínez y altos mandos de las Fuerzas Militares, las autoridades anunciaron nuevas acciones tras el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos.

El pasado 5 de febrero, el equipo de seguridad del congresista fue atacado con armas de fuego mientras se desplazaba por una vía del departamento de Arauca, en una zona fronteriza con Venezuela. El ataque, que ha sido atribuido al ELN, dejó dos escoltas fallecidos y conmocionó a la región.

Entre las medidas adoptadas para fortalecer la seguridad se anunció el despliegue de 240 soldados adicionales, quienes operarán en puntos estratégicos como la Marginal de la Selva y la Vía Libertadores, rutas donde se han registrado incidentes de violencia.

Asimismo, las autoridades establecieron una mayor coordinación con candidatos a cargos públicos para planear sus desplazamientos y mitigar riesgos asociados a las amenazas de grupos armados ilegales durante este periodo previo a las elecciones.

El Ejército Nacional también informó que utilizará tecnología avanzada, como drones y vehículos blindados, para monitorear las principales carreteras del departamento y proteger tanto a la población civil como a los actores políticos ante posibles acciones violentas.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre un incremento significativo en las quejas contra la Nueva EPS. Solo en 2025 se registraron 14.603 reclamos, lo que representa un aumento del 107 % frente al año anterior. Según la entidad, los principales motivos están relacionados con demoras y negación en la entrega de medicamentos, así como con barreras en el acceso a servicios y tratamientos de salud.

El panorama es especialmente crítico para los pacientes de alto costo. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, la Defensoría recibió cerca de 5.000 quejas, de las cuales 1.100 se presentaron en los primeros 20 días del año.

Ante la situación, la entidad inició una estrategia conjunta con la Nueva EPS para exigir respuestas inmediatas, eliminar obstáculos en la atención y establecer rutas claras de acceso, en especial para los casos que representan riesgo vital.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó que esta crisis hace parte de las fallas estructurales del sistema de salud colombiano. Entre 2022 y 2025, la Defensoría ha recibido más de 107.000 quejas por vulneraciones al derecho fundamental a la salud, siendo la falta de oportunidad y la negación de medicamentos las causas más frecuentes.

Durante la primera mesa nacional de seguimiento, participaron entidades como el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría, la Contraloría, la ADRES y directivos de la Nueva EPS. En el encuentro se priorizaron regiones con alta concentración de afiliados, entre ellas Guainía, Guaviare, Vaupés, Arauca, Chocó, Huila, Tolima, Caldas y Norte de Santander.

Como resultado, se pactaron compromisos para fortalecer la respuesta institucional, incluyendo el seguimiento a las rutas regionales de atención, la entrega masiva de medicamentos, la revisión de los procesos de pago y el cumplimiento ágil de acciones judiciales.

La Defensoría hizo un llamado urgente a todos los actores del sistema de salud para que asuman sus responsabilidades y adopten medidas inmediatas que garanticen el derecho a la salud, especialmente en beneficio de las poblaciones más vulnerables.

La Cancillería de Ecuador respondió al pronunciamiento emitido por el Gobierno colombiano, señalando que la situación en la frontera entre ambos países se debe a la “falta de control efectivo y de presencia estatal de Colombia” en esa zona.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano también cuestionó las declaraciones de su homóloga colombiana sobre la reciente reunión bilateral, al afirmar que Bogotá intenta “presentar a Ecuador como responsable” de los problemas en la frontera.

Se realizó en Quito un encuentro entre las delegaciones de ambos países, con el objetivo de revisar la relación bilateral en temas de seguridad, control fronterizo, energía y comercio.

Según informó la Cancillería ecuatoriana, durante la reunión se acordaron medidas para fortalecer la cooperación en seguridad fronteriza y reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional. En materia energética, se revisó el estado de la cooperación y se establecieron mecanismos para optimizar la colaboración judicial.

Finalmente, los gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro reiteraron su compromiso de mantener el diálogo abierto, con el propósito de enfrentar los desafíos comunes de la región y superar las diferencias “en el menor tiempo posible”.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a tres exdirectivos de la Nueva EPS por presuntas irregularidades contables con las que habrían intentado ocultar deudas y evitar una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Entre los implicados figuran el expresidente de la entidad, el exvicepresidente Administrativo y Financiero, Juan Carlos Isaza; el exgerente de Contabilidad, Édgar Pedraz; y el exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta.

Según la Dirección Especializada contra la Corrupción, los exfuncionarios habrían manipulado la información financiera de la EPS mediante la omisión de 3.419.015 facturas correspondientes a pagos pendientes con distintas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Estas facturas fueron presuntamente ocultadas y no procesadas con el fin de presentar ante la junta directiva una situación económica más favorable.

De acuerdo con la investigación, estas maniobras permitieron reportar utilidades por 70.563 millones de pesos, a pesar de que la EPS registraba pérdidas reiteradas en los ejercicios anteriores. La información alterada también fue presentada ante la Superintendencia de Salud para garantizar la renovación de la licencia de funcionamiento y evitar la intervención estatal.

La Fiscalía sostiene que los directivos habrían alterado las cifras de reservas técnicas, ingresos, costos y patrimonio, configurando un panorama financiero ficticio. Esta manipulación, según el ente acusador, buscaba mantener la estabilidad aparente de la entidad ante los entes de control.

Por estos hechos, los cuatro exdirectivos deberán responder en juicio por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud. La audiencia preparatoria quedó programada para el 23 de febrero, fecha en la que se iniciará formalmente el proceso judicial.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta por la llegada de un nuevo frente frío al mar Caribe colombiano, fenómeno que impactará con fuerza entre el 6 y el 9 de febrero. El evento podría generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en amplias zonas del país.

Según el Ideam, las condiciones más críticas se presentarán en la región Caribe, aunque también se prevén efectos en el Pacífico, la región Andina y algunos sectores de la Amazonía. Las autoridades recomendaron precaución ante posibles emergencias derivadas del incremento de las precipitaciones.

Departamentos con mayor riesgo

El Ideam advirtió que el aumento de las lluvias será generalizado, con especial afectación en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. También se mantienen alertas en el golfo de Urabá y zonas de Antioquia y Norte de Santander.
En la región Andina, las precipitaciones podrían intensificarse en el Eje Cafetero, Tolima, Huila y sectores del Valle del Cauca, mientras que en el Pacífico se esperan acumulados significativos en Cauca y Nariño.

Riesgos por deslizamientos e inundaciones

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) advirtió que las condiciones meteorológicas incrementan la probabilidad de deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones, sobre todo en áreas ribereñas y de alta pendiente.
Ante estos riesgos, las autoridades activaron los protocolos de prevención y respuesta para mitigar los posibles daños a viviendas, vías, infraestructura pública y medios de vida.

Oleaje y condiciones marítimas adversas

La Dirección General Marítima (Dimar) informó que el paso del frente frío ocasionará alteraciones notables en el mar Caribe. Entre el 6 y el 8 de febrero se prevén vientos de 17 a 20 nudos y olas de hasta 3,1 metros en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En las costas continentales de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira, el oleaje podría alcanzar alturas de entre 1,5 y 2 metros, con posibilidad de mar de leva entre el 7 y el 9 de febrero.

Recomendaciones a la ciudadanía

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) pidió a los Consejos Departamentales y Municipales mantener activos sus planes de contingencia, monitorear el estado de los ríos y quebradas, y reforzar la prevención con las comunidades más vulnerables.
El Ideam recordó que el comportamiento del clima puede variar rápidamente, por lo que recomendó informarse solo a través de canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Tras el aumento de tensiones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Ecuador, una delegación del Gobierno colombiano viajará este viernes a Quito para sostener reuniones con funcionarios del presidente Daniel Noboa, con el fin de normalizar las relaciones bilaterales y avanzar en acuerdos de cooperación.

La comitiva estará encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, e integrada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Por parte de Ecuador, participarán la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, junto con representantes consulares de ambos países.

El encuentro busca restablecer la cooperación binacional, fortalecer la relación comercial y revisar estrategias conjuntas en materia de seguridad fronteriza, que serán discutidas directamente entre los ministros de Defensa de ambos gobiernos. Las conversaciones se dan en medio de un escenario de alta tensión por el aumento de tarifas y aranceles entre las dos naciones.

El conflicto se agudizó el 26 de enero, cuando Ecuador elevó de tres a 30 dólares la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), lo que representa un incremento del 900 %. La medida, según la ministra de Energía ecuatoriana Inés Manzano, responde a una actualización del valor del servicio prestado a Ecopetrol. En respuesta, Colombia suspendió la provisión de electricidad a Ecuador y aplicó nuevos aranceles a productos ecuatorianos.

En medio de la crisis, el presidente Gustavo Petro reveló en entrevista con Caracol Radio que su homólogo estadounidense, Donald Trump, aceptó actuar como mediador entre Colombia y Ecuador. “Le pedí al presidente Trump que me ayudara a recomponer la relación con Noboa, y él dijo: ‘Voy a llamarlo para tratar de restablecer una alianza contra el narcotráfico’”, afirmó el mandatario colombiano.

El sector de las telecomunicaciones en Colombia vive un punto de inflexión. Tigo confirmó la adquisición del 67,5 % de la participación controladora que Movistar tenía en el país, tras concluir con éxito la oferta pública de adquisición (OPA) valorada en USD 214,4 millones, cuyo cierre definitivo está previsto para el 6 de febrero.

La operación se enmarca en un proceso de reorganización del mercado, orientado a ganar mayor escala, fortalecer la infraestructura y acelerar el despliegue de tecnologías como la fibra óptica y el 5G. Tigo busca consolidarse como un operador con mayor solidez financiera y capacidad de inversión para ampliar la cobertura y mejorar la experiencia de los usuarios.

Desde la compañía señalaron que la integración de negocios permitirá impulsar la competencia, avanzar en la inclusión digital y contribuir a la transformación tecnológica del país. Esta fusión se da en un momento clave, cuando el sector busca responder a las crecientes demandas de conectividad y servicios de alta velocidad.

Por su parte, Movistar confirmó su salida definitiva de Colombia como parte de su estrategia regional de reorganización en Hispanoamérica. La empresa destacó su legado de casi dos décadas, durante las cuales impulsó la expansión de la banda ancha, el desarrollo de redes 4G y 5G y la consolidación de la infraestructura de fibra óptica que hoy conecta a millones de hogares.

Además, Movistar subrayó el impacto social alcanzado a través de la Fundación Telefónica Movistar, que benefició a más de 12,8 millones de personas con programas de formación digital, educación y empleabilidad para poblaciones vulnerables. Con este movimiento, el mercado colombiano entra en una nueva etapa marcada por la competencia, la inversión y la transición tecnológica.

En una masiva concentración realizada en una cancha del sur de Barranquilla, el precandidato presidencial Iván Cepeda anunció que, de llegar a la Casa de Nariño, impulsará una reforma para eliminar el Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, confirmó que hoy interpondrá una denuncia penal contra los magistrados Álvaro Prada y Hollman Ibáñez.

Durante su intervención, Cepeda calificó la reciente decisión del CNE —que lo dejó por fuera de la consulta del Pacto Histórico al considerar que se cometió prevaricato por omisión— como “aberrante y una maniobra retorcida”.

“El Consejo Nacional Electoral es una institución descompuesta, corrupta y parcializada, cuyas decisiones deberían avergonzarnos. Un bien que se le debe hacer al país es eliminar ese organismo corrupto y peligroso para los derechos políticos”, expresó ante sus seguidores.

El senador afirmó que continuará en su aspiración presidencial y llamó a los asistentes a mantener la unidad dentro del Pacto Histórico con miras a alcanzar la victoria en la primera vuelta.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, y el conjuez Hollman Ibáñez, por su participación en la votación sobre su eventual participación en la consulta interpartidista de la izquierda.

Cepeda argumentó que ambos debieron declararse impedidos para intervenir en la decisión. En el caso de Prada, asegura que existe un proceso penal en curso en el que él es víctima y el magistrado acusado, dentro del caso de los falsos testigos por el que fue investigado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Prada por la existencia de un proceso penal en el que soy víctima y por animadversión en mi contra. Ibáñez por haberse pronunciado extraprocesalmente sobre este asunto y por animadversión hacia mí y el Pacto Histórico”, afirmó el congresista.

El magistrado Álvaro Hernán Prada, quien llegó al CNE con el respaldo del Centro Democrático, votó en la sesión que definía si Cepeda podía participar o no en la consulta del Frente por la Vida, decisión en la que también participó el conjuez Hollman Ibáñez. Este último fue designado para desempatar la votación, y su voto en contra de Cepeda permitió alcanzar los seis apoyos necesarios para adoptar la decisión en la corporación.

La intervención de Ibáñez generó controversia, ya que trabajó en la firma de abogados de Abelardo de la Espriella, actual candidato presidencial y uno de los principales contendores de Cepeda en la carrera por la Casa de Nariño.

“Interpondré la denuncia penal por el delito de prevaricato por omisión, contenido en el artículo 414 del Código Penal”, señaló Cepeda, quien recientemente confirmó su retiro de la consulta del Frente por la Vida para competir directamente en la primera vuelta presidencial de mayo.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la designación de Ibáñez, al considerar que no debía haber sido escogido como conjuez en ese caso. Entretanto, Cepeda manifestó que seguirá insistiendo en frenar las revocatorias de listas del Pacto Histórico, luego de que el CNE revocara las inscripciones en Bogotá, el Valle del Cauca y el Cauca, por presunta violación del tope máximo de coalición.