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El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia firmaron un contrato por más de 185.000 millones de pesos para la producción y distribución de los pasaportes en el país.

Según el documento, el acuerdo contempla la producción, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes, así como la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, todo a precios unitarios acordados con la entidad estatal.

El nuevo modelo de pasaporte colombiano está previsto para entrar en vigencia el 1.º de abril de 2026, lo que ha generado inquietudes sobre si este contrato permitirá cumplir con los tiempos establecidos o si, por el contrario, podría implicar una nueva prórroga con la empresa Thomas Greg & Sons, actual proveedora del servicio.

La senadora Angélica Lozano cuestionó la contratación y expresó dudas sobre su implementación oportuna: “Se viene contratación a dedo. Algo no huele bien. En diciembre la Imprenta Nacional me respondió, a derecho de petición, que son 35 semanas después de la firma. Con este nuevo contrato, ¿comenzarían el 1.º de abril a producir pasaportes? ¿Nueva urgencia manifiesta? No hay derecho”, señaló.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ordenó revisar el modelo de expedición de pasaportes, al considerar que podrían haberse presentado presuntas irregularidades en los contratos anteriores con Thomas Greg & Sons.

Aunque el nuevo convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, no se precisa en el documento la fecha exacta de entrada en operación del servicio, un punto que mantiene abierta la discusión sobre la transición hacia el nuevo esquema de expedición.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó la muerte por ahogamiento de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo. El hecho ocurrió cuando se desplazaba en lancha hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Tierralta, Córdoba, como parte de los acercamientos entre esta organización y el Gobierno nacional.

De acuerdo con la información oficial, ‘Gonzalito’ viajaba junto a su esquema de seguridad para participar en actividades relacionadas con el proceso de diálogo con el Estado colombiano. Durante el trayecto, la embarcación sufrió un incidente que le costó la vida.

El cuerpo del jefe criminal fue recuperado por miembros de una comunidad indígena de la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre lo sucedido.

Sánchez, también conocido con el alias de ‘Willington’, era considerado el segundo al mando dentro del Clan del Golfo y líder del bloque que operaba en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre. Contra él pesaban varias órdenes de captura por homicidio, terrorismo, extorsión y tráfico de armas.

Finder entregó un balance de su actividad del año pasado, donde destinó 2.4 billones de pesos, destinados a 551 proyectos que beneficiaron a 443 municipios de 27 departamentos y a Bogotá, en concordancia con los sectores estratégicos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Según la entidad, el 87 % de los municipios beneficiados pertenecen a las categorías 3 a 6, es decir, territorios con mayores necesidades y menor capacidad fiscal, lo que reafirma el enfoque de Findeter en la reducción de brechas regionales y el fortalecimiento de las economías locales.

Entre los principales frentes de inversión se destaca la vivienda de interés social y prioritario, con cerca de $995 mil millones destinados a la financiación de 4.320 viviendas en 184 municipios. En materia de eficiencia energética, se desembolsaron $1,43 billones para proyectos en 120 municipios, especialmente en zonas apartadas, como parte de la transición energética que impulsa el Gobierno Nacional.

Adicionalmente, la línea de fortalecimiento institucional permitió desembolsar $613.847 millones para apoyar la gestión financiera y administrativa de 165 entidades territoriales, promoviendo así un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos.

El presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad Llinás, destacó que los resultados de 2025 reflejan el compromiso de la entidad con una banca de desarrollo al servicio de los territorios, orientada a promover el crecimiento sostenible, la equidad y el bienestar de las comunidades más necesitadas del país.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la venta ilegal del producto Minoxidil 5 mg + Dutasteride 0.5 mg cápsulas, promocionado como tratamiento contra la alopecia sin contar con registro sanitario ni autorización para su comercialización en Colombia. Según la entidad, este producto se ofrece como “cápsulas anti-alopecia” y se presenta falsamente como un estimulante del crecimiento capilar.

El Invima advirtió que no existen garantías sobre la calidad, seguridad o eficacia de estas cápsulas, pues se desconoce su verdadera composición, así como las condiciones en que fueron fabricadas, almacenadas o transportadas. Esto representa un riesgo significativo para la salud de los consumidores.

William Saza Londoño, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, explicó que consumir medicamentos sin registro sanitario es peligroso, ya que no han sido evaluados ni autorizados por la autoridad competente. En consecuencia, no se puede asegurar cuáles son sus efectos en el organismo, tanto a corto como a largo plazo.

Entre los posibles riesgos, la entidad mencionó interacciones con otros medicamentos o alimentos, alteraciones del sistema circulatorio, reacciones adversas en la piel, alergias y prurito. El Invima también alertó sobre la compra de este tipo de productos en redes sociales o plataformas digitales, donde no hay control sanitario ni trazabilidad.

Finalmente, el Instituto reiteró que todo medicamento debe contar con registro sanitario vigente y llamó a la ciudadanía a verificar esta información antes de adquirir productos farmacéuticos, fitoterapéuticos o suplementos dietarios. Además, pidió a las autoridades territoriales y al sector salud reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control para prevenir riesgos en la población.

Un juez admitió una acción de tutela interpuesta por el senador Wilson Ruiz Orejuela contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que sus recientes afirmaciones sobre Jesucristo vulneraron derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la dignidad humana y el principio de laicidad del Estado.

La decisión judicial se originó tras las declaraciones del mandatario el pasado 27 de enero, durante un acto público en el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. En ese evento, Petro expresó: “Yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”. El juez determinó que el presidente no hizo esas afirmaciones como ciudadano particular, sino en su calidad de jefe de Estado, lo que les otorga carácter institucional.

Según el fallo, las declaraciones de Petro aludieron directamente a aspectos centrales del dogma cristiano y a la figura de Jesucristo, eje fundamental de la fe de millones de colombianos, lo que les confiere una especial sensibilidad. En consecuencia, el mandatario deberá abstenerse de emitir, desde su investidura, pronunciamientos de carácter teológico o doctrinal.

El juez advirtió además que reinterpretar públicamente creencias religiosas y atribuir conductas no sustentadas por la doctrina cristiana ni por fundamentos históricos o teológicos podría afectar la libertad de culto y de conciencia de los creyentes. Recordó, asimismo, que el presidente tiene la obligación constitucional de mantener la neutralidad religiosa y respetar el carácter laico del Estado.

Como medida de reparación simbólica, la tutela ordena que Gustavo Petro realice un acto público en el que aclare que sus declaraciones no representan la posición oficial del Estado colombiano y reafirme el respeto por la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el principio de laicidad.

El Gobierno de Estados Unidos otorgó una visa diplomática al ministro del Interior, Armando Benedetti, a pocos días del encuentro que sostendrán los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington. La autorización llega en medio de un contexto político y diplomático complejo entre ambos países.

Benedetti había sido incluido desde octubre en la llamada lista Clinton, junto al presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer y Nicolás Petro. Pese a ello, el documento diplomático le fue concedido con vigencia hasta agosto de 2026, fecha que coincide con el fin del actual gobierno colombiano.

Hasta el momento no se ha confirmado si Benedetti acompañará al presidente Petro en la reunión con su homólogo estadounidense. El encuentro se considera clave para recomponer las relaciones bilaterales, afectadas por recientes tensiones diplomáticas.

La relación entre Bogotá y Washington se ha visto marcada por episodios de fricción, entre ellos la inclusión de Petro en la lista Clinton y la revocación de su visa. Estos hechos generaron preocupación en distintos sectores políticos de ambos países.

La primera crisis diplomática se registró en enero de 2025, cuando el presidente Petro ordenó impedir el ingreso a Colombia de dos vuelos provenientes de Estados Unidos que transportaban ciudadanos deportados, medida que provocó molestia en la Casa Blanca.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció la existencia de una brecha salarial dentro de las Fuerzas Militares, luego de que se evidenciara que un soldado profesional pasó a ganar más que un sargento y otros grados superiores.

Según explicó el funcionario, esta situación se generó como consecuencia del aumento del salario mínimo decretado el 29 de diciembre, que benefició directamente a los soldados profesionales —cuyo sueldo equivale a 1,4 salarios mínimos—. En contraste, los oficiales y suboficiales reciben incrementos basados en el IPC más un 1,9 %, lo que produjo una diferencia significativa entre los distintos rangos.

“Es cierto que hoy un soldado profesional está ganando más que un sargento. No es que eso esté mal, pero es la realidad”, admitió el ministro, quien añadió que el ajuste favoreció a cerca de 98 mil soldados y a sus familias, aunque reconoció que la situación ha generado inconformidad entre los rangos superiores.

Sánchez indicó que el Gobierno analiza soluciones para corregir esta distorsión, especialmente en los grados más bajos, hasta sargento segundo, sin afectar el equilibrio en la estructura salarial. “Tenemos que hacerlo con responsabilidad, porque si se aumenta un grado, puede quedar ganando más que el siguiente, y eso se vuelve inmanejable”, explicó.

El ministro confirmó que en febrero se entregará una respuesta concreta a los sargentos y suboficiales, y que los ajustes se reflejarán en marzo. Estos incrementos no aplicarán para los altos mandos, como generales o tenientes coroneles, cuyos sueldos ya están ajustados según el IPC. “Los que van a ser mejor remunerados son la base de la pirámide, tanto militar como policial”, concluyó.

Un fuerte incendio se registró en la noche de este viernes 30 de enero en el peaje Bicentenario, ubicado en la vía que conecta a los municipios de Honda (Tolima) y Guaduas (Cundinamarca). Las llamas, que se originaron al parecer por un cortocircuito en un vehículo particular, consumieron gran parte de la estructura del peaje.

De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Honda, César Santana, la emergencia comenzó cuando el carro se prendió en fuego dentro de los carriles, junto a las cabinas de cobro. “Se mandó una máquina extintora con dos unidades y luego un vehículo cisterna. La verdad, la estructura se quemó; el peaje prácticamente se quemó todo”, relató el oficial.

Santana precisó que, aunque el incendio dejó cuantiosos daños materiales, no se registraron personas lesionadas. No obstante, la movilidad en la vía permanece restringida mientras los organismos de socorro adelantan labores de enfriamiento y evaluación de daños.

“Gracias a Dios no hay pérdidas humanas, únicamente materiales. Los Bomberos de Guaduas y el personal del peaje siguen en el sitio tratando de habilitar al menos un carril”, añadió el comandante.

El alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón, confirmó que el fuego fue controlado y que la Policía Nacional acompaña las labores de atención y tránsito. Las autoridades continúan verificando las causas exactas del siniestro y el estado de la infraestructura afectada.

La Registraduría Nacional del Estado Civil avaló oficialmente el comité promotor de la iniciativa que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente, respaldada por el Gobierno Nacional. La decisión quedó consignada en la Resolución 1117 de 2026, con la que se certificó que el grupo cumple con todos los requisitos legales.

Con este aval, la entidad autorizó el inicio del proceso de recolección de firmas en todo el país, paso clave para que la propuesta pueda avanzar hacia una eventual convocatoria de la Constituyente.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien acompañó la creación del comité, celebró la decisión y llamó a los colombianos a sumarse al proceso. “Se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama”, afirmó.

Según la Registraduría, el comité cuenta con un plazo de seis meses para reunir al menos el 5 % del censo electoral, equivalente a unas 2.050.000 firmas. Solo si logra esa meta podrá continuar el trámite ante las autoridades competentes.

No obstante, el Gobierno ha manifestado que su meta va más allá: aspira recolectar alrededor de 10 millones de firmas en las calles para respaldar la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente.

A falta de confirmación oficial todo indica que Jorge Iván Cuervo será el nuevo ministro de Justicia y del Derecho. Cuervo es abogado y constitucionalista colombiano con amplia trayectoria en el ámbito académico y en el análisis jurídico.

Ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, donde participó en la elaboración de decisiones de alto impacto en materia de derecho constitucional y derechos fundamentales. Su experiencia se complementa con una sólida carrera docente como profesor universitario y conferencista, especializado en temas de control constitucional, justicia constitucional y Estado de derecho.

Además de su labor académica, Cuervo es reconocido como analista y columnista en asuntos jurídicos y de política pública, con participación constante en debates sobre reformas institucionales y decisiones de las altas cortes.

El nuevo ministro reemplaza a Andrés Idarraga, quien ocupó la cartera durante los últimos meses y firmó, entre otras decisiones, la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá.