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La Fiscalía Penal Militar y Policial abrió una indagación por la operación con bombardeo a gran escala realizada el 11 de noviembre en zona rural de Puerto Cubarro, municipio de Calamar (Guaviare), contra las disidencias de alias “Iván Mordisco”. La acción militar dejó 20 personas muertas, entre ellas siete menores de edad.

Según el organismo, la investigación busca establecer si las acciones de los miembros de la Fuerza Pública “se ajustaron a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado”. En el operativo, las tropas neutralizaron a presuntos integrantes del grupo armado y decomisaron material de guerra de alto poder ofensivo.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que recibió los 20 cuerpos el 12 de noviembre, luego de los combates registrados en el sur del país. De acuerdo con el director de la entidad, Ariel Cortés, siete de las víctimas eran menores de edad, cuatro mujeres y tres hombres.

La Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su “profunda preocupación” por el hecho, recordando que los grupos armados ilegales son responsables de exponer a la niñez a graves riesgos y de utilizarla como escudo humano.

El organismo internacional instó al Estado colombiano a adoptar medidas urgentes para proteger a los niños, niñas y adolescentes que viven en zonas de conflicto, con el fin de evitar que sigan siendo víctimas de la violencia armada.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional confirmó que 27 personas perdieron la vida en siniestros viales registrados entre el viernes 14 y el lunes 17 de noviembre, durante el puente festivo en Colombia. Las autoridades señalaron que más de 1.100.000 vehículos se movilizaron por los corredores viales nacionales durante esos días.

De los fallecidos, 15 eran motociclistas —11 conductores y 4 acompañantes—, mientras que 127 personas resultaron heridas en distintos accidentes de tránsito, según detalló el teniente coronel Germán Gómez, subdirector de la entidad, en declaraciones a Blu Radio.

“En estas épocas se presentan diariamente accidentes que afectan la vida de conductores, motociclistas y peatones. Hacemos un llamado a conducir con precaución y usar los elementos de seguridad, como cascos, reflectivos y cinturones”, señaló el oficial, quien lamentó las cifras registradas.

Para atender el alto flujo vehicular, la Policía dispuso de 5.000 uniformados en las vías del país, encargados de controlar el tráfico, responder a emergencias y orientar a los viajeros. Se estima que cerca de 2.850.000 vehículos se desplazaron durante el festivo.

Además, se mantuvo la restricción para vehículos de carga con peso superior a 3,4 toneladas en 37 corredores nacionales, entre ellos la vía Bogotá–Ibagué. En la ruta Melgar–Fusagasugá–Bogotá, la medida se extendió desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana del martes 18 de noviembre.

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el bombardeo del Ejército contra disidencias de las FARC al mando de alias ‘Iván Mordisco’, operación en la que murieron siete menores de edad reclutados por ese grupo armado. El hecho ocurrió el 15 de noviembre y fue confirmado por Medicina Legal.

“Es dolorosa la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia. Sé que nunca podré superar el dolor de sus madres, a las que pido perdón”, expresó Petro en su cuenta de X, asumiendo la responsabilidad por lo ocurrido en su calidad de jefe de Estado y comandante de las Fuerzas Armadas.

El mandatario explicó que durante la acción militar no se detectó la presencia de menores, aunque reconoció que era una posibilidad. “Ya en la acción, los menores que no detectamos que existieran, pero era muy posible, son combatientes en acción ofensiva”, dijo, agregando que este tipo de casos son analizados bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Petro señaló que la emboscada fue una medida para frenar la expansión de unos 150 integrantes del grupo armado al norte del departamento donde fueron ubicados. “Las columnas de los narcos van por la selva y no son visibles para saber edades, no hay planificación de semanas”, añadió, justificando la operación militar.

Por último, el jefe de Estado reiteró que la política de seguridad de su gobierno tiene un carácter “político/militar”, en la que la opción armada “siempre está disponible si el grupo armado no accede a la negociación ni a la paz”. Enfatizó que no permitirá el avance del narcotráfico ni su control territorial.

El Centro Democrático sigue en deliberaciones para definir a su candidato de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El director del partido, Gabriel Vallejo, reveló que propuso un sistema mixto para escoger al aspirante que representará a la colectividad, propuesta que socializó con los precandidatos durante la noche del sábado.

Vallejo explicó que el mecanismo combinaría tres herramientas: una encuesta nacional con amplia muestra, un estudio digital cerrado de alta confiabilidad y una consulta partidista tipo “colegio electoral”, que incluiría la participación de las bases del partido, jóvenes y mujeres, con el fin de ponderar adecuadamente las preferencias.

“El objetivo es evacuar el proceso en un mes o mes y medio”, señaló el director, quien hizo el anuncio en un foro sobre deporte en el que también participó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del movimiento.

Además, Vallejo informó que el proceso estará vigilado por un comité independiente de garantías, conformado por personas con alta autoridad moral, ética y académica, para ofrecer tranquilidad tanto a los precandidatos como a los militantes.

Cabe recordar que la firma encuestadora Atlas Intel desistió esta semana de realizar el sondeo que inicialmente definiría al ganador el 28 de noviembre. A esto se suma la reciente renuncia de Andrés Guerra a su precandidatura dentro del partido.

En el marco de la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes anunció la inclusión de las ruinas de la antigua ciudad en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional (LICBIC), paso fundamental para su futura declaratoria como Bien de Interés Cultural de la Nación. El expediente será presentado el próximo 27 de noviembre ante el Consejo Nacional de Patrimonio para la emisión de su concepto favorable.

Durante el acto conmemorativo, la ministra Yannai Kadamani destacó que este avance es resultado de un año de trabajo en la elaboración del expediente técnico y el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos. “Este proceso reafirma el compromiso con la memoria, la protección del territorio y la no repetición”, afirmó, recordando que la tragedia cobró la vida de más de 20.000 personas.

El Gobierno Nacional ha destinado 1.323 millones de pesos entre 2024 y 2025 para estudios, investigaciones, diagnósticos y estrategias de protección del patrimonio cultural de Armero, en lo que se considera un paso decisivo para saldar una deuda histórica con las víctimas y sus familias. Estas acciones buscan consolidar el valor material y simbólico del territorio.

La Ley 1632 de 2013 ya había establecido la conservación y protección de las ruinas, mientras que el Documento CONPES 3849 de 2015 definió estrategias para rendir homenaje a la ciudad desaparecida y a sus habitantes, entre ellos la recordada Omaira Sánchez, símbolo de resistencia y memoria.

El proceso de declaratoria avanza en dos fases: la elaboración del expediente, a cargo de la Unión Temporal Armero BIC, con una inversión de 635 millones de pesos, y la formulación del PEMP, actualmente desarrollada por la Universidad del Valle con una inversión de 688 millones. Paralelamente, se impulsan procesos de apropiación social con Vigías del Patrimonio y semilleros comunitarios. En el evento, el ICBF entregó al Archivo General de la Nación el Libro Rojo, que documenta la atención brindada a los niños y niñas afectados en 1985, reconocido como patrimonio documental del país.

La representante a la Cámara Katherine Miranda anunció que el próximo martes presentará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras el bombardeo ejecutado en zona rural del Guaviare contra las disidencias de Iván Mordisco, operación en la que murieron siete menores de edad.

La congresista afirmó que el país no puede “normalizar” este tipo de acciones militares y pidió que el Ministerio de Defensa asuma su responsabilidad política por los hechos ocurridos durante la operación. La decisión se produce en medio de una fuerte controversia nacional.

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, defendió la actuación de las Fuerzas Militares y sostuvo que el bombardeo “no es un crimen de guerra”. Sin embargo, la oposición y algunos sectores políticos han cuestionado la falta de claridad sobre las circunstancias del operativo.

El debate se intensificó luego de que la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal recordara en redes sociales las críticas que Petro hizo en 2019 a un bombardeo similar durante el gobierno de Iván Duque. El mandatario respondió directamente, reafirmando su posición actual.

La moción de censura es un mecanismo de control político que permite al Congreso exigir la renuncia de un ministro cuando se considera que su gestión ha sido inadecuada o contraria al interés público, garantizando así la responsabilidad política y el equilibrio de poderes.

La decisión de Estados Unidos de reducir en un 10 % el arancel recíproco a productos agrícolas representa un alivio significativo para parte del sector exportador colombiano. Según la Cámara Colombo Americana (AmCham), esta medida deja libre de dicha tarifa al 13 % de la canasta agrícola del país, aunque aún existen retos pendientes en materia comercial.

El alivio contempla dos mecanismos: una exención global aplicable a todos los países cuyos productos estén correctamente clasificados en las subpartidas del Anexo II, y otra para “socios alineados”, reservada a las naciones que logren un acuerdo de comercio recíproco con EE. UU.

Colombia todavía no figura como socio alineado, condición que permitiría eliminar totalmente el arancel para productos como flores cortadas, aceites de palma y palmiste, maderas, manufacturas eléctricas y muebles. En la región, países como Argentina, Guatemala, El Salvador y Ecuador ya reportan avances en esa dirección.

“Se trata de una gran oportunidad, pero con tareas pendientes. La exención beneficia al 13 % de la canasta agro y, sumando petróleo y oro, el 64 % de nuestras exportaciones a EE. UU. queda libre del recargo”, señaló María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham.

Entre los productos colombianos favorecidos destacan café, cacao y derivados, frutas tropicales —banano, aguacate, mango, papaya y cítricos—, jugos, yuca y sus subproductos, además de carbones, petróleos, metales preciosos y algunos productos de níquel.

El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte de seis menores de edad durante un bombardeo contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, en el departamento del Guaviare. Sin embargo, defendió la operación al señalar que la acción buscaba evitar una emboscada contra 20 soldados del Ejército Nacional.

“Claro que es lamentable toda muerte, y más la de menores de edad. Pero si dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco, emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, explicó el mandatario a través de su cuenta en X (antes Twitter).

Petro agregó que su política de paz “ha estado acompañada de acción militar cuando toca”, insistiendo en que el uso de la fuerza no se ha abandonado pese a los diálogos con los grupos armados.

Según el presidente, la operación militar respondió a la presencia de 150 hombres del Estado Mayor Central (EMC) fuertemente armados, que avanzaban por la selva del Guaviare en dirección a un pelotón del Ejército. “Perderíamos 20 jóvenes al servicio del Estado y la sociedad”, aseguró.

Finalmente, el jefe de Estado informó que durante su gobierno se han rescatado 2.411 menores de edad reclutados por grupos armados, y reiteró que los recientes ataques del EMC en Cauca son una reacción a las pérdidas que han sufrido en combate.

Se confirmó que el Gobierno de Estados Unidos eliminó los aranceles al café, incluido el colombiano, decisión que representa un alivio para miles de agricultores dedicados a este cultivo.

La orden ejecutiva fue firmada por el presidente Donald Trump, quien suprimió los aranceles recíprocos impuestos desde el pasado 2 de abril a productos como café, banano, tomate y carne de res. La medida busca reducir el costo de vida en el país norteamericano y fortalecer el comercio con sus principales socios, entre ellos Colombia.

De acuerdo con Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, este logro fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y la National Coffee Association (NCA). Actualmente, cerca del 40 % del café colombiano tiene como destino el mercado estadounidense.

El gerente general de la FNC, Germán Alberto Bahamón, agradeció al Gobierno de Estados Unidos por escuchar al gremio y destacó que la decisión protege tanto al productor colombiano como al consumidor estadounidense, “fiel al café en su vida diaria”.

Bahamón afirmó que este resultado refleja la importancia de mantener relaciones directas y permanentes con los actores del comercio internacional. Añadió que la Federación continuará impulsando acuerdos que fortalezcan la competitividad del café colombiano y consoliden su presencia global.

En Colombia, las rutas férreas han sido fundamentales para el desarrollo económico y social, pero durante décadas quedaron en el abandono. Hoy, varias regiones apuestan por su recuperación, integrándolas nuevamente como un medio de transporte moderno y sostenible.

Durante el Cundinamarca Fest, expertos y autoridades se reunieron para analizar el panorama actual del sistema férreo nacional. El encuentro incluyó el Foro Internacional Perspectivas del Modo Férreo en Colombia 2025, organizado por Orlando Santiago, gerente de la Empresa Férrea Regional, quien destacó la importancia de reactivar estos proyectos estratégicos.

En el foro se abordaron iniciativas como los trenes de cercanías en Bogotá y Cundinamarca, el Metro de Medellín y el Tren de Cercanías de Cali. Según Santiago, “Colombia tiene hoy una apuesta seria por el modo férreo, y el mundo observa con interés cómo se consolida este proceso”.

Uno de los principales avances es el acuerdo alcanzado entre Cundinamarca y el Gobierno nacional para la construcción de la segunda línea del Regiotram, que conectará Zipaquirá con el norte de Bogotá, con una inversión total de 15,4 billones de pesos.

El proyecto ya cuenta con aval fiscal y documento COMPES, lo que garantiza 3,2 billones de pesos en cofinanciación. Además, las obras del Regiotram de Occidente, que unirá Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con Bogotá, registran un 32 % de avance, destacando la construcción del patio taller en Facatativá, con más del 36 % ejecutado.

Con una red férrea en proceso de modernización y cooperación entre gobiernos, Colombia se encamina hacia un modelo de transporte más eficiente, sostenible y conectado.

Las autoridades confirmaron que no se encontró ningún artefacto explosivo en una de las sedes de la Universidad Católica de Colombia, luego de que en la mañana de este viernes se ordenara evacuar totalmente el campus por una alerta enviada a través de correo electrónico. El mensaje advertía sobre un supuesto explosivo ubicado en uno de los parqueaderos de la institución.

Siguiendo los protocolos de seguridad, la universidad dispuso la evacuación inmediata de estudiantes, profesores y personal administrativo, además de suspender todas las actividades presenciales mientras avanzaba la verificación de la información.

El grupo antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bogotá realizó la inspección en la zona señalada y descartó por completo la presencia de cualquier artefacto. Paralelamente, unidades de inteligencia analizan el origen del correo para determinar si se trató de una acción destinada a generar pánico.

La Universidad Católica había informado inicialmente que las clases se trasladarían a modalidad remota durante el operativo. La institución anunció que en las próximas horas emitirá nuevas orientaciones a través de sus canales oficiales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y solicitaron no difundir información no verificada para evitar desinformaciones que puedan afectar a la comunidad académica.

La Nueva EPS pasará oficialmente a ser controlada por el Estado luego de que el Gobierno Nacional alcanzara el 51 % de participación accionaria, según información confirmada por Caracol Radio. Hasta ahora, la entidad mixta era dominada por las cajas de compensación, que tenían el 50,1 % de las acciones, mientras el Gobierno mantenía una participación minoritaria.

El cambio de propiedad se concretó después de que cajas como Colsubsidio, CAFAM, Compensar, Confenalco Valle, Confenalco Antioquia y Confandi cedieran parte de sus acciones al Gobierno de Gustavo Petro. Con esta movida, la Nueva EPS —la más grande del país— queda bajo un modelo donde el Estado ejerce control dominante, similar al esquema de empresas públicas mixtas como Ecopetrol.

El giro accionario implica que la entidad comenzará a operar con decisiones estratégicas dirigidas desde el sector público, lo que supone un cambio relevante en su gobernanza y su relación con el sistema de salud.

En paralelo al reajuste de propiedad, la interventora Gloria Polanía fue removida del cargo pese a haber asumido hace pocas semanas. En su lugar fue nombrado Óscar Gálvez, funcionario con experiencia en procesos de intervención de EPS durante este gobierno.

Con estos movimientos, el Gobierno fortalece su presencia en el sistema de aseguramiento en salud, en medio del debate por la reforma al sector y los cambios en el modelo de operación de las EPS.

Colombia dio un paso histórico en la renovación de su defensa aérea al cerrar el acuerdo con la firma sueca Saab AB para la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, una de las plataformas más avanzadas de la región. La decisión llega tras años de evaluación de alternativas norteamericanas y europeas, y se inclina por un sistema con altos estándares tecnológicos y costos operativos competitivos.

Este programa reemplazará a los veteranos Kfir, que llevan más de cuatro décadas en servicio. Los nuevos Gripen serán entregados entre 2027 y 2032, luego de que los bancos suecos otorgaran su aval financiero para viabilizar el proyecto. La inversión asciende a 16,5 billones de pesos, unos 4.300 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor apuesta del país en defensa aérea en décadas.

El Gripen, catalogado como un caza de generación 4.5, incorpora radar AESA, aviónica modular, sistemas de guerra electrónica avanzados y capacidad para misiones de defensa aérea, ataque de precisión y vigilancia. La adquisición coloca a Colombia en un estándar tecnológico similar al de países con recientes procesos de modernización militar.

El paquete ofrecido por Saab incluye soporte logístico, simuladores, entrenamiento y la posibilidad de transferencia de conocimiento e incluso participación industrial, siguiendo el modelo brasileño. Además, a petición del presidente Gustavo Petro, la empresa manifestó su interés en impulsar proyectos sociales en áreas como energía solar, agua potable e infraestructura comunitaria.

El Gripen E/F, propulsado por un motor F414G, destaca por su facilidad de mantenimiento, alta disponibilidad y capacidad de operar en entornos hostiles. Su arquitectura abierta permite actualizar sistemas sin reemplazar componentes esenciales, mientras que su suite de guerra electrónica de 360° le da ventaja en escenarios de combate moderno.

Asociaciones y cooperativas campesinas colombianas concretaron importantes acuerdos comerciales con empresas compradoras de varios países asiáticos durante la Exposición Internacional de Importaciones de China 2025, con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Los productos más demandados fueron banano, café, cacao, aguacate y chips de arracacha, reconocidos por su valor agregado, trazabilidad social y compromiso ambiental. El limón Tahití también se posicionó como una alternativa de exportación con alto potencial.

En total, se pactaron compras por 180.000 toneladas de banano, 12.000 de café, 12.000 de cacao, 5 toneladas de chips de arracacha y 45 toneladas de frutas deshidratadas, acuerdos que tendrán vigencia inicial de un año y posibilidad de renovación según los resultados comerciales y logísticos.

Durante la feria, el presidente de la ADR, César Pachón, firmó un memorando de entendimiento con la naviera Cosco Shipping Lines, una de las más grandes del mundo, con el propósito de fortalecer la cooperación internacional y mejorar la agrologística de los productos colombianos. El acuerdo incluye, además, capacitación en comercio exterior y logística portuaria para operarios del país.

En la jornada final, la delegación colombiana cerró nuevos compromisos con la tostadora WhiteXtar para la compra de 5.000 toneladas mensuales de café verde, y con la multinacional Cotti Coffee —patrocinador de la selección de Argentina— para la adquisición de 18.000 toneladas adicionales.

Estos avances confirman el creciente interés de los mercados asiáticos por los productos agrícolas colombianos y representan un impulso significativo para la internacionalización y posicionamiento de la producción campesina en el escenario global.

La crisis interna por la elección del candidato presidencial del Centro Democrático continúa. Tras las diferencias entre los precandidatos y la decisión de la firma encuestadora Altas Intel de retirarse del proceso que definiría al ganador el 28 de noviembre, el partido emitió un comunicado que dejó en duda el rumbo inmediato de la colectividad.

En la declaración, el Centro Democrático anunció que la selección de su candidato o candidatos para participar en la consulta interpartidista de marzo se realizará dentro del calendario electoral, cuya fecha límite de inscripción es el 6 de febrero de 2026. Con ello, descartaron hacer un anuncio este año.

El partido agregó que, para esta elección, podrá utilizar cualquiera de los mecanismos previstos en sus estatutos, sin precisar cuál será el método que finalmente adoptarán.

La colectividad también señaló que, mientras se define el proceso interno, continuará “explicándole al país la inconveniencia del neocomunismo destructor y presentando sus propuestas para reconstruir a Colombia”.

Antes de la divulgación del comunicado, el partido había anunciado una rueda de prensa del expresidente Álvaro Uribe, programada para las 5:00 p. m. de este viernes 14 de noviembre.

Un informe del centro de pensamiento Así Vamos en Salud reveló que las deudas acumuladas de las EPS para el último trimestre de 2025 ascienden a $27,5 billones, lo que representa un aumento del 56 % frente a 2017. El documento advierte que la situación financiera del sector continúa deteriorándose sin un respaldo suficiente en activos.

Según el reporte, varias EPS presentan niveles de endeudamiento críticos, llegando a superar entre tres y siete veces el valor de sus activos. Entre las entidades con mayor riesgo figuran Savia Salud, IPS Indígena Mallamás, SOS, Dusakawi, AIC, Emssanar, Famisanar y Capresoca.

El informe también alertó sobre la Nueva EPS, que aún no entrega información financiera a la Superintendencia Nacional de Salud, lo que impide tener una visión completa del panorama del aseguramiento en el país. “Lo preocupante de este aumento es que no está acompañado de un respaldo financiero”, señala el análisis.

En cuanto al patrimonio, el estudio muestra que, tras una leve recuperación entre 2020 y 2022, la tendencia volvió a ser negativa. El déficit patrimonial pasó de $3,8 billones en 2023 a $7,1 billones en 2024, y alcanzó en 2025 un nivel crítico de $11,3 billones.

Además, las EPS reportaron para este año pérdidas operacionales de $3,8 billones, cifra superior a los $3,1 billones registrados en 2024, lo que confirma el empeoramiento de la sostenibilidad financiera del sistema.

Colombia alcanzó una esperanza de vida de 77,5 años, una de las más bajas entre los más de 40 países evaluados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El dato, incluido en el informe Panorama de la Salud 2025, se ubica 3,6 años por debajo del promedio de los miembros de la Organización, lo que evidencia un rezago persistente en varios indicadores sanitarios.

Aunque el país ha logrado una cobertura médica cercana al 99 % de la población, el estudio advierte que el desempeño general continúa retrasado frente al estándar de la OCDE, especialmente en mortalidad prevenible y tratable, disponibilidad de personal médico y nivel de gasto en salud. Colombia registra 304 muertes prevenibles por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio de 145, y 115 muertes tratables, frente a las 77 reportadas en los países miembros.

La brecha también se refleja en la inversión: el país destina 1.877 dólares per cápita a salud, muy lejos de los 5.967 dólares del promedio. La percepción ciudadana también es baja: solo 46 % de los colombianos está satisfecho con la atención recibida, un 18 % menos que la media de la OCDE. A esto se suma la limitada disponibilidad de talento humano, con 2,5 médicos y 1,6 enfermeras por cada 1.000 habitantes, frente a los promedios de 3,9 y 9,2.

Sin embargo, el informe también destaca avances. Colombia registra una de las tasas de suicidio más bajas del estudio —seis por cada 100.000 habitantes— y solo 1,3 % de la población reporta un estado de salud malo o muy malo, cifra muy inferior al 8 % de la media. El país también presenta menores niveles de tabaquismo (9,8 %) y consumo de alcohol (4,2 litros por persona al año), aunque mantiene un índice de sedentarismo del 35 %, cinco puntos por encima del promedio.

La OCDE advierte que los sistemas de salud enfrentan crecientes desafíos en sostenibilidad tras la pandemia y llama a los países —incluida Colombia— a fortalecer la prevención, mejorar la equidad y optimizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El jurista César Julio Valencia Copete fue designado como nuevo ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, convirtiéndose en el cuarto titular de esta cartera durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Valencia Copete es abogado del Externado de Colombia, con especialización en Derecho Comercial, y cuenta con una amplia trayectoria en la rama judicial. Se desempeñó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Civil y Agraria, y fue presidente del alto tribunal entre 2007 y 2008, etapa en la que protagonizó decisiones y denuncias de gran impacto nacional.

Durante su paso por la Corte, denunció interceptaciones ilegales realizadas por el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), las cuales, según sus declaraciones, habrían sido ordenadas desde el más alto nivel del poder ejecutivo. Su valentía en ese momento lo posicionó como una de las voces más firmes en defensa de la independencia judicial.

El nuevo ministro llega en reemplazo de Luis Eduardo Montealegre, quien presentó su renuncia días atrás. Su nombramiento ocurre en un contexto clave para la justicia colombiana, marcado por la discusión de dos proyectos de alta sensibilidad política y jurídica: la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente y el proyecto de Ley de Sometimiento de grupos criminales.

El presidente Petro ha depositado en Valencia la tarea de liderar el debate técnico y jurídico de ambas iniciativas, buscando consenso institucional y respeto a la Constitución.

Con su llegada, el Ministerio de Justicia busca fortalecer el diálogo entre el Ejecutivo, el poder judicial y los organismos de control, en medio de un panorama político marcado por tensiones entre las ramas del poder público.

Este jueves comenzó con un hito en los mercados financieros: el dólar en Colombia rompió la barrera de los $3.700, un nivel que no se registraba desde junio de 2021. La divisa estadounidense abrió en $3.700, alcanzó un mínimo de $3.685 y un máximo de $3.704, para ubicarse en un promedio de $3.692, lo que representa una caída de 27 pesos frente a la jornada anterior.

Con este comportamiento, el dólar acumula una pérdida cercana a $700 en lo corrido de 2025, equivalente a una devaluación del 16 %. Esto consolida al peso colombiano como una de las monedas con mejor desempeño global durante el año, superando incluso a varias divisas de economías emergentes.

De acuerdo con analistas, el fenómeno responde a una combinación de factores externos e internos. En el frente internacional, las reducciones de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED) han debilitado al dólar y fortalecido monedas de países con mayores retornos financieros.

En el ámbito local, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, explicó que las monetizaciones del Gobierno Nacional para el manejo de deuda han contribuido a la oferta de divisas. A esto se suman las altas remesas, el aumento de las exportaciones de café y el atractivo diferencial de tasas de interés, que impulsa la llegada de capital extranjero mediante el llamado “carry trade”.

Algunos analistas también mencionan un posible “trade electoral”, en el que inversionistas anticipan un cambio político más favorable a la inversión. Sin embargo, advierten que el panorama podría revertirse si la FED cambia su ritmo de recortes o disminuyen los ingresos de divisas.

Por ahora, la noticia es contundente: el dólar se mantiene por debajo de los $3.700, reforzando la confianza en la economía colombiana y el buen momento del peso en 2025.