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Cuarenta años después de la tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985, la conservación de las ruinas del antiguo municipio tolimense se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los armeritas. Para ellos, estos vestigios representan el testimonio físico más poderoso de una catástrofe natural que cobró la vida de más de 25.000 personas.

Uno de los principales defensores de este legado es el artista plástico y gestor cultural Hernán Darío Nova, quien durante cuatro décadas ha dedicado su vida a preservar la memoria histórica y el patrimonio material de la ciudad desaparecida. Nova destacó que actualmente el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes adelanta el inventario de las ruinas, paso previo para su declaratoria como Bien de Interés Cultural (BIC).

“Las ruinas están bastante descuidadas, pero el Ministerio ha retomado el trabajo con base en la Ley 1632 de 2013, que rinde honores a Armero. El inventario patrimonial es clave para reconocer oficialmente el sitio y garantizar su protección”, explicó el maestro Nova.

El reconocimiento por parte del Consejo Nacional de Patrimonio permitirá la formulación de un Plan de Manejo Especial (Pemp), que asegure la conservación a largo plazo de los restos del antiguo municipio. “Es urgente ese plan, porque los vestigios son testigos físicos de la memoria. Nosotros, los sobrevivientes, también lo somos, pero somos pasajeros. Las ruinas pueden perdurar más allá de nosotros”, añadió.

Nova advirtió que cerca del 60 % de los inmuebles originales han desaparecido, debido al avance de la vegetación y al abandono que ha sufrido el sitio durante las últimas cuatro décadas. “Cada muro que se pierde es una parte de nuestra historia que se borra”, concluyó.

El presidente Gustavo Petro presentó un balance de las recientes operaciones de las Fuerzas Militares en el departamento del Guaviare, que dejaron 25 personas neutralizadas y la incautación de decenas de armas, granadas y material de guerra. Según el mandatario, el operativo fue ejecutado bajo su orden directa y representa “un golpe inmenso” a las estructuras armadas de ‘Iván Mordisco’.

En mensajes publicados en su cuenta de X, Petro lamentó “las pérdidas de vidas humanas de colombianos”, pero señaló que los abatidos “debían saber que estaban al servicio de un ejército privado de la junta del narcotráfico”. Aseguró además que las acciones se realizaron buscando “disminuir impactos de violación de derechos humanos”.

El presidente recordó que ‘Mordisco’, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández, incumplió el proceso de paz firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos y rechazó la nueva oferta de diálogo presentada por su administración. “Prefirieron traquetear que entregar la paz, que es un derecho de la colombianidad”, puntualizó Petro.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, esta es la afectación más fuerte del año al Estado Mayor Central, estructura comandada por ‘Mordisco’. La operación, de alta precisión, se concentró en el Bloque Martín Villa y la Subestructura Primera Armando Ríos, dejando 19 muertos en la vereda Itilla, zona rural de Calamar (Guaviare), y la recuperación de tres menores de edad.

En el lugar fueron incautados 11 fusiles, cinco ametralladoras, seis armas cortas, 60 granadas de mortero, más de 50 minas antipersonal y 30.000 municiones. Las autoridades aseguran que estas estructuras controlaban rutas del narcotráfico hacia Venezuela y Brasil y planeaban ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.

El presidente Gustavo Petro matizó la orden que había dado 24 horas antes sobre suspender el intercambio de información de inteligencia con agencias de seguridad y defensa de Estados Unidos. El mandatario explicó que la cooperación se mantendrá, siempre que las acciones derivadas respeten el derecho internacional y los derechos humanos.

Inicialmente, Petro había anunciado la suspensión de la entrega de datos mientras continuaran los ataques estadounidenses contra embarcaciones con droga en el Caribe y el Pacífico. Sin embargo, en nuevos pronunciamientos en su cuenta de X, cambió el sentido de la instrucción y precisó que Colombia seguirá colaborando bajo condiciones humanitarias.

“Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generara capturas con protección de la vida […] será usada por la comunidad de inteligencias, incluidas las norteamericanas”, señaló el presidente. Es decir, la cooperación continuará si las operaciones priorizan capturas y no bombardeos que dejen muertos.

Petro insistió en que “usar inteligencia solo para matar lancheros con misiles es irracional y un delito de lesa humanidad”. Además, reafirmó que Colombia mantiene su compromiso con las normas internacionales en la lucha contra el narcotráfico, aunque criticó la forma como estas se han configurado bajo la influencia de “poderes colonizadores”.

Con esta aclaración, el Gobierno descarta una ruptura total en la relación de inteligencia con Estados Unidos, pese a los roces recientes y las críticas del mandatario al país norteamericano por sus acciones militares en el Caribe y el Pacífico.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció su error y ofreció disculpas públicas a la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia, luego de los insultos que le profirió en días recientes. “He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación, y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana”, escribió en su cuenta de X.

El pronunciamiento se produjo después de que diversos sectores, entre ellos la Defensoría del Pueblo, las altas cortes y organizaciones del sector justicia, exigieran respeto a la magistrada y a la separación de poderes. Las declaraciones del ministro habían provocado una ola de críticas y varias denuncias en su contra.

El origen de la controversia fue el allanamiento a una propiedad de Benedetti en Puerto Colombia, Atlántico, ordenado por la magistrada Lombana en el marco de una investigación por el caso Fonade. El procedimiento judicial generó la indignación del ministro, quien reaccionó con fuertes descalificaciones públicas.

En redes sociales y medios de comunicación, Benedetti calificó a la magistrada de “loca”, “demente” y “delincuente”, además de lanzar un insulto que elevó la tensión institucional. Pese a las disculpas, el ministro afirmó que mantendrá sus denuncias por supuestas extralimitaciones y abusos de poder en su contra.

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de su ministro, lo que aumentó la tensión entre el Gobierno y las altas cortes. El episodio reaviva el debate sobre los límites entre la crítica y el respeto a la justicia en medio de investigaciones que involucran a altos funcionarios.

Mañana el país recordará los 40 años de la tragedia de Armero, una de las mayores catástrofes naturales en la historia de Colombia, en la que murieron más de 25 mil tolimenses. La jornada incluirá una agenda cultural y religiosa construida conjuntamente entre las víctimas, la Alcaldía de Armero Guayabal, la Gobernación del Tolima y el Gobierno Nacional.

Desde las 8:00 de la mañana se realizarán ceremonias litúrgicas cada dos horas, y a las 10:30 a.m. se llevará a cabo la entrega de la primera fase del Parque Jardín de la Vida, ubicado en las ruinas del antiguo municipio. Posteriormente, el Nuncio Apostólico de Colombia, Paolo Rudelli, representante del Papa en el país, oficiará la misa principal, que estará acompañada por la tradicional lluvia de pétalos de rosa.

El alcalde de Armero Guayabal, Mauricio Cuéllar, destacó que la conmemoración contará además con la participación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, las asociaciones de víctimas y la Orquesta Sinfónica de Colombia, en una jornada que combinará actos simbólicos, culturales y religiosos.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, señaló que este homenaje no solo busca honrar la memoria de las víctimas, sino también reflexionar sobre la prevención y gestión del riesgo: “Armero nos dolió, nos cambió y nos enseñó. De esa tragedia nació una de las mayores lecciones para Colombia: la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo”, expresó la mandataria.

La jornada cerrará hacia las 10:00 de la noche con una velatón en el Parque Los Fundadores, en el monumento a la cruz Juan Pablo II, como símbolo de esperanza, memoria y resiliencia para las nuevas generaciones.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó que, entre enero y septiembre de 2025, se han abierto 15.853 procesos de restablecimiento de derechos para proteger a menores de edad víctimas de violencia sexual en el país.

De acuerdo con el informe, 1.549 de los casos corresponden a niños y niñas entre los 0 y 6 años, mientras que 4.418 son menores entre los 6 y 12 años. La entidad también destacó que el 85% de los procesos involucra a niñas y el 15% a niños.

Las regiones con mayor número de casos reportados son Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Atlántico, departamentos que concentran gran parte de las aperturas durante el año. En total, el ICBF indicó que existen 21.197 procesos activos relacionados con situaciones de violencia sexual contra menores.

La entidad explicó que no todos los niños, niñas y adolescentes que ingresan a un proceso de restablecimiento de derechos son ubicados en hogares sustitutos. En la mayoría de los casos, la medida de protección permite que permanezcan en su entorno familiar, bajo acompañamiento y seguimiento institucional.

Según los registros del ICBF, en 2024 se abrieron 18.746 procesos por hechos similares, y en 2023, 16.946, cifras que reflejan la persistencia de esta problemática en el país y la necesidad de fortalecer la protección de la niñez.

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, expresó su preocupación por la ausencia de los partidos de oposición en las mesas de la Comisión de Garantías Electorales, espacios en los que se discuten las condiciones y garantías para todos los sectores políticos del país.

Barrios señaló que la no participación de la oposición genera un vacío grave dentro del proceso democrático. “Cuando hablamos de un proceso electoral, todo el mundo tiene que ver en eso. Si no asisten los partidos de oposición, lo que se está haciendo es un vacío al proceso democrático, eso es lo grave. Que le hagan un vacío a Benedetti, que son la oposición, y al presidente Petro, pero en los procesos electorales la MOE es la primera vez que ve eso, y nosotros estamos desde Uribe”, afirmó.

La oposición decidió retirarse de estas sesiones tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio, hecho que motivó su inconformidad y desconfianza frente al Gobierno Nacional.

Las Comisiones de Garantías Electorales reúnen a las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y el buen desarrollo de los procesos electorales, además de representantes del Gobierno y organismos de control. Por ello, su funcionamiento depende de la presencia de todos los actores políticos.

Barrios insistió en que esta es la primera vez que la MOE registra la ausencia de la oposición en dichas mesas, lo que considera un precedente negativo para la democracia colombiana. “Nunca la oposición se había retirado de la mesa de las comisiones de seguimiento electoral. Esa mesa, por excelencia, es donde se brindan garantías para todo el mundo”, subrayó.

El presidente Gustavo Petro ordenó suspender de manera provisional las comunicaciones y acuerdos entre las agencias de inteligencia de la Fuerza Pública colombiana y sus contrapartes en Estados Unidos, como medida de rechazo a las ofensivas con misiles en el Mar Caribe, que han dejado más de 50 muertos.

“Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, señaló el mandatario en un pronunciamiento oficial. La medida se mantendrá hasta que cesen los ataques en la región.

Petro reiteró que “la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”, subrayando que las acciones militares en esa zona afectan a comunidades civiles y vulneran el derecho internacional.

De acuerdo con reportes internacionales, el Reino Unido también habría adoptado una medida similar, suspendiendo el intercambio de información marítima con Estados Unidos mientras continúen los ataques en el Caribe.

La más reciente ofensiva ocurrió el pasado lunes, cuando dos embarcaciones fueron impactadas en el Océano Pacífico, elevando a 18 el número total de ataques desde el 2 de septiembre, con un saldo de al menos 76 personas fallecidas.

Después de 34 años sin una medición de este tipo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó los resultados del Censo Económico Nacional Urbano 2024–2025, el cual identificó 2.005.613 negocios activos en las zonas urbanas del país, incluyendo San Andrés y Providencia. De ese total, 219.042 corresponden a comercios que operan en la calle.

Según el DANE, los sectores económicos con mayor participación son Comercio, Servicios e Industria, con una distribución del 53%, 32% y 5,2% respectivamente. En el comercio predominan las actividades al por mayor y menor y la reparación de vehículos; en servicios destacan alojamiento, comida, comunicaciones y seguros; mientras que la industria se centra en la manufactura.

En cuanto al comercio informal o en vía pública, Bogotá concentra una de cada cinco ventas callejeras del país, con 42.097 registros. Le siguen Medellín (13.692), Cali (12.213), Barranquilla (9.684) y Cartagena (6.558). En contraste, Vaupés (702), Guainía (1.104), Vichada (2.114) y Amazonas (2.207) son los departamentos con menor número de negocios urbanos.

“El Censo Económico no solo actualiza el mapa de la economía urbana después de más de tres décadas, sino que nos entrega una radiografía completa, a color y en alta definición, sobre cuántas unidades económicas existen, dónde están y a qué sectores pertenecen”, afirmó Piedad Urdinola, directora del DANE.

El estudio cubrió 1.102 municipios, la isla de San Andrés y Providencia y 18 áreas no municipalizadas, censando todos los negocios que tuvieran un aviso visible en la puerta del hogar o establecimiento.

Las Fuerzas Militares de Colombia realizaron un bombardeo de gran escala en zona rural del Guaviare, en una operación dirigida contra el frente disidente liderado por alias Pescado, señalado de estar detrás del ataque con drones explosivos contra la vivienda del alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño, ocurrido a mediados de octubre.

Según información preliminar, al menos 18 cuerpos fueron recuperados tras la ofensiva, desarrollada en una zona selvática del sur del país. Fuentes militares indicaron que la acción fue resultado de meses de trabajo de inteligencia, que permitió ubicar los campamentos del grupo armado.

“Desde hace tres días las tropas ingresaron al área y detectaron puntos estratégicos donde finalmente se desarrolló el bombardeo”, señalaron fuentes consultadas.

Las operaciones continúan este 11 de noviembre con el despliegue de tropas de fuerzas especiales, que buscan a los integrantes de la estructura que lograron huir. Hasta el momento, se reporta que cinco disidentes se entregaron voluntariamente.

Este ataque es el sexto bombardeo del año ordenado por las Fuerzas Militares y el primero contra estructuras de ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare. Los anteriores operativos se habían concentrado en Antioquia contra el Clan del Golfo. Las autoridades mantienen el control en la zona mientras avanza la identificación de los cuerpos y la verificación de resultados oficiales.

Más de 200 jóvenes militantes del Centro Democrático y del uribismo firmaron una carta abierta en la que expresan su respaldo al director nacional del partido, Gabriel Vallejo, y critican el comportamiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño en el proceso interno para elegir el candidato único de la colectividad.

En el documento, los jóvenes destacan la transparencia y la institucionalidad del proceso liderado por Vallejo, afirmando que el Centro Democrático debe mantenerse como un partido basado en la confianza, la coherencia y el respeto por las reglas.

Los firmantes rechazan las actuaciones de Uribe Londoño, señalando que sus acciones han generado “descrédito en un proceso que él mismo conoció, aprobó y acompañó desde el inicio”. Según el texto, asesores cercanos al precandidato habrían intentado comunicarse con la encuestadora encargada del proceso, lo que pondría en duda la independencia del mecanismo.

Además, los jóvenes denunciaron que Uribe Londoño grabó conversaciones privadas con otros aspirantes, lo cual califican como un comportamiento que mina la confianza y deteriora el ambiente de respeto dentro del uribismo. Por ello, solicitan que la Dirección Nacional evalúe su continuidad o que el propio precandidato renuncie “en un acto de coherencia”.

Los firmantes recordaron que “el uribismo nació sobre principios claros: confianza, cohesión y lealtad”. También advirtieron que vulnerar esos valores pone en riesgo la credibilidad del proyecto político respaldado por millones de colombianos.

La carta fue suscrita por jóvenes de varios departamentos, entre ellos Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Santander, Caldas y Nariño, quienes insistieron en que el partido no puede permitir divisiones internas que afecten su imagen.

La Corte Constitucional declaró exequible la expresión “exceso de” incluida en el artículo 36 de la Ley 1816 de 2016, que regula las advertencias sanitarias en las etiquetas de bebidas alcohólicas. Según el alto tribunal, la frase refleja la evidencia científica y los consensos existentes sobre los riesgos del consumo problemático de alcohol.

La decisión se tomó tras una demanda que argumentaba que dicha expresión vulneraba los derechos a la salud y a la información, al sugerir que el alcohol solo es dañino cuando se consume en exceso. La Corte, sin embargo, consideró que la advertencia hace parte de una política pública integral de prevención, diseñada por el Congreso.

“La referencia al exceso funciona como un elemento clave de la política pública en materia de etiquetado, y no resulta engañosa ni insuficiente”, señaló la Sala Plena, destacando que el mensaje está dirigido a personas mayores de 18 años, con capacidad para tomar decisiones autónomas de consumo.

El tribunal reconoció que existen posturas científicas que sostienen que no hay un nivel seguro de consumo, pero concluyó que no se demostró un riesgo adicional que justifique aplicar el principio de precaución.

No obstante, la Corte instó al Congreso y al Ministerio de Salud a revisar y actualizar la política pública sobre el consumo de alcohol, incorporando la evidencia científica más reciente y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por cuarto mes consecutivo, la inflación en Colombia mantuvo su tendencia al alza y se ubicó en 5,51% anual en octubre, según confirmó el DANE. El director de Metodología, César Mauricio López, explicó que el aumento se debe principalmente al comportamiento de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, junto con Alimentos y bebidas no alcohólicas.

La división de Restaurantes y hoteles fue la que presentó la mayor variación anual con un 7,61%, impulsada por el incremento en productos como las bebidas calientes. En segundo y tercer lugar se ubicaron Educación (7,34%) y Alimentos (6,64%), rubros que también presionaron el costo de vida.

En contraste, la división Información y comunicación registró la menor variación anual, con 0,69%, pese a un leve aumento del 2,17% en servicios de comunicación fija, móvil e internet.

De acuerdo con el DANE, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre fue del 0,18%, mientras que el acumulado del año llegó a 4,74%.

Analistas del mercado consideran que, con este comportamiento, el Banco de la República mantendría estable su tasa de interés de referencia en 9,25% durante el resto del año, ante la persistencia de presiones inflacionarias.

El presidente Gustavo Petro ordenó el bombardeo y la disolución del frente de las disidencias de las Farc comandado por “Iván Mordisco” en el Guaviare, como parte de la ofensiva que adelantan las Fuerzas Militares para desmantelar sus estructuras.

El anuncio se conoció luego de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmara que desde la madrugada de este lunes las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutan una operación ofensiva en las selvas del departamento. El objetivo: golpear al grupo narcoterrorista liderado por alias “Mordisco”, señalado de amenazar y extorsionar comunidades campesinas.

“Desde la madrugada, nuestras Fuerzas Militares y la Policía están desarrollando una contundente operación en las selvas del Guaviare contra estructuras del cartel de alias Mordisco”, explicó el ministro Sánchez.

A su turno, el presidente Petro ratificó la orden de atacar la guarnición de ese frente: “He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares”, señaló el mandatario.

El ministro también recordó que existe una recompensa de $5.000 millones por información que permita capturar a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, quien figura entre los más buscados por delitos de terrorismo, homicidio de líderes sociales, reclutamiento forzado y narcotráfico.

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, lanzó fuertes críticas contra su propio partido, denunciando una “mala intención” y la “instrumentalización” de uno de los aspirantes con el fin de desestabilizar la selección del candidato para 2026. En entrevista con Caracol Radio, advirtió que el proceso, que se venía preparando desde hace un año, atraviesa una etapa de “ruido” y “desorden” que amenaza la unidad del uribismo.

Cabal señaló directamente a la campaña de Miguel Uribe Londoño, a la que responsabilizó de filtrar cartas y actas internas para afectar la credibilidad de la encuestadora AtlasIntel, la cual se retiró del proceso. Aunque aclaró que no considera a Uribe Londoño el “destructor” del partido, lo calificó como un “instrumento” dentro de una maniobra que, según ella, busca confundir y desgastar a las bases del CD.

La senadora pidió a la militancia rodear al partido y a su director, Gabriel Vallejo, a quien destacó por su “estatura moral”. También exigió que la campaña de Uribe Londoño responda a las cartas oficiales y no eluda las preguntas con videos “evasivos”. Rechazó además lo que denominó un “poder de veto” ejercido por algunos sectores sin respaldo en los estatutos internos.

En su intervención, Cabal cuestionó a asesores cercanos a otras campañas, entre ellos al venezolano Lester Toledo, quien trabajó con Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, tanto la campaña de Juan Carlos Pinzón como Caracol Radio desmintieron su supuesta vinculación actual con el equipo de Pinzón. Este último aclaró que Toledo colabora con Uribe Londoño y no con su movimiento.

Finalmente, Cabal propuso que, si no se logra consenso entre los precandidatos, la decisión sobre el aspirante se tome por mayoría o por el director del partido junto al expresidente Álvaro Uribe. “No podemos permitir que años de oposición se diluyan en la anarquía”, advirtió la senadora, insistiendo en la necesidad de restaurar la disciplina y la coherencia dentro del uribismo.

El presidente Gustavo Petro calificó como “un gran éxito” la primera jornada de la IV Cumbre Celac–UE 2025, al resaltar la aprobación de la Declaración Conjunta firmada por 59 de los 60 países participantes. “En estos 52 puntos le demostramos al mundo que es posible ponernos de acuerdo y construir consensos”, afirmó el mandatario durante la declaración conjunta realizada en Santa Marta.

Petro señaló que el documento refleja la apuesta por la multilateralidad y la cooperación entre naciones diversas para enfrentar desafíos globales como la crisis climática, la pobreza y los impactos de la economía digital. “Ningún país, por sí solo, puede solucionar los problemas de la humanidad; debemos hacerlo entre todos”, enfatizó.

El jefe de Estado colombiano advirtió que la humanidad enfrenta amenazas que ponen en riesgo su existencia y subrayó la importancia del compromiso global frente al cambio climático. “Lo que hemos demostrado hoy al mundo es que podemos hablar de democracia y acuerdos comunes en medio de las barbaries que avanzan”, dijo.

Petro también destacó los beneficios económicos locales que dejó la Cumbre para Santa Marta, ciudad que recibió 110 mil visitantes y generó más de tres millones y medio de dólares en ingresos, además de cientos de empleos temporales durante el evento internacional.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, celebró los consensos alcanzados entre Europa, América Latina y el Caribe, destacando el compromiso conjunto con el diálogo, el comercio justo y la defensa del derecho internacional. “En tiempos de incertidumbre, apostamos por la cooperación y no por la confrontación”, expresó.

En cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno colombiano ofreció un acto público de perdón a las víctimas, sobrevivientes y familias de los militantes de la Unión Patriótica (UP), asesinados durante casi dos décadas en lo que se reconoció como un genocidio político. Con este gesto, el Estado reafirmó su compromiso de no repetir hechos similares en Colombia ni en el mundo.

Durante la ceremonia, el presidente Gustavo Petro enfatizó que el Estado no debe “ofrecer” perdón, sino pedirlo, al reconocer su responsabilidad institucional en el exterminio de la UP. “Hoy aquí no está el Estado, está el Ejecutivo. Por eso quise que la cúpula militar me acompañara”, señaló, subrayando el simbolismo de la presencia de las Fuerzas Armadas.

Petro recordó que la Unión Patriótica surgió en 1985 como una “esperanza de paz” fruto de los acuerdos entre el Gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC, con el objetivo de reincorporar a excombatientes y sectores de izquierda a la vida democrática. Sin embargo, entre 1984 y 2002, más de 3.000 militantes fueron asesinados o desaparecidos.

“El fascismo convirtió la eliminación del contrario en costumbre, y así los pueblos se exterminan y las naciones mueren”, advirtió el jefe de Estado, quien insistió en la necesidad de aprender del pasado para no repetirlo.

En el acto también intervino la senadora Aída Avella, presidenta de la UP y una de las sobrevivientes del genocidio, quien agradeció el cumplimiento de la sentencia internacional. “No nos mataron a todos; los que quedamos ya nos multiplicamos. ¡Viva la Unión Patriótica!”, expresó, pidiendo a las Fuerzas Armadas compromiso con los derechos humanos y la no repetición.

El presidente Gustavo Petro confirmó que llamó a consultas a Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Washington, tras conocerse una imagen publicada en la página oficial de la Casa Blanca en la que él y Nicolás Maduro aparecen con uniformes de prisioneros, junto a un documento titulado “La Doctrina Trump para Colombia y el Hemisferio Occidental”.

De acuerdo con la información difundida, ese plan contemplaría cinco etapas: declarar a los carteles como organizaciones terroristas, respaldar líderes proestadounidenses, imponer sanciones al mandatario colombiano y sus allegados, combatir actividades criminales y abrir investigaciones sobre su financiación electoral.

Petro calificó el hecho como “un irrespeto brutal al pueblo colombiano y a su historia” y explicó que la medida diplomática implica también el regreso temporal de John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en Bogotá, mientras se aclaran los hechos.

“Si se llama a un embajador a consulta, el que representa al otro país también regresa mientras se obtienen explicaciones. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca me muestran como si fuera un preso”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Desde Santa Marta, durante un acto de reconocimiento por el exterminio de la Unión Patriótica, Petro atribuyó estas acciones a una “venganza” del senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno, a quien relacionó con presuntos casos de corrupción en el Banco del Pacífico. También señaló al Partido Conservador y al expresidente Andrés Pastrana de estar detrás de la campaña internacional en su contra.