El presidente Gustavo Petro denunció la existencia de un presunto plan internacional que buscaría sancionarlo e incluso llevarlo a prisión, al que habrían denominado la “Doctrina Trump”. Según la revista Cambio, se trataría de una estrategia impulsada desde altos niveles políticos en Estados Unidos, de la que harían parte varios senadores cercanos al expresidente Donald Trump.
De acuerdo con esa publicación, la existencia del supuesto plan se habría descubierto luego de que una periodista fotografiara, dentro de la Casa Blanca, una reunión en la que aparecen cuatro hombres —entre ellos los senadores Lindsey Graham y Mike Lee—. Uno de los presentes sostiene una carpeta azul con una imagen de Trump y el presidente venezolano Nicolás Maduro vestidos con uniforme carcelario, acompañada de una cinta métrica como las usadas en procesos judiciales.
En la escena también figurarían James Braid, director de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Presidencia estadounidense, y James Blair, asesor político de la campaña de Trump en 2024, quien sostenía la carpeta. El documento contendría, según la denuncia, un plan de cinco pasos para vincular judicialmente al mandatario colombiano.
Petro aseguró que detrás de esta supuesta operación está el senador Marco Rubio, con quien ya ha tenido diferencias públicas. En un discurso ofrecido en la Plaza de Bolívar el pasado 24 de octubre, el jefe de Estado señaló que el plan busca presentarlo falsamente como narcotraficante, en retaliación por investigaciones que impulsó en el pasado.
El mandatario afirmó que llevará el caso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y advirtió que tanto la extrema derecha colombiana como grupos políticos en EE. UU. estarían coordinando acciones para “chantajear” a su Gobierno y frenar sus políticas contra las mafias. “Ni Colombia ni América Latina pueden estar bajo chantaje”, enfatizó.
Las autoridades de Boyacá reforzaron los controles de seguridad tras el hallazgo de una volqueta con 24 artefactos explosivos en el barrio Prados de Alcalá, en Tunja, a pocos metros del Batallón Simón Bolívar. El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado 8 de noviembre y obligó a declarar la zona en aislamiento total mientras los equipos antiexplosivos ejecutaban maniobras de control.
Según las primeras investigaciones, el vehículo habría sido movilizado desde Sogamoso y fue detectado gracias a la alerta de la comunidad a través del Plan Buen Vecino. Unidades del Ejército y la Policía realizaron detonaciones controladas, tras comprobar que los artefactos contaban con un sistema de temporización que aumentaba el riesgo de explosión.
El comando del Ejército señaló que la acción terrorista habría sido planeada por la estructura del ELN José Adonay Ardila Pinilla, liderada por alias Poeta, por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos. La Gobernación de Boyacá añadió otros 200 millones por información sobre sus cómplices.
El mayor general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, anunció una ofensiva militar contra las economías ilícitas del ELN y el refuerzo del pie de fuerza con la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 5. “No permitiremos que estos terroristas siembren miedo en Boyacá. La prioridad es la vida y la tranquilidad de los ciudadanos”, afirmó.
Entre las medidas adoptadas también figura la instalación de 121 cámaras de seguridad en Tunja, Duitama, Paipa y Sogamoso, así como el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información que ayude a desarticular las estructuras criminales responsables del atentado frustrado.
Después de 17 años, Estados Unidos y Bolivia restablecerán sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. El anuncio fue realizado por el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, durante la ceremonia de investidura del nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira.
Landau explicó que en las últimas semanas han mantenido un diálogo fluido con el mandatario y que ambas naciones acordaron normalizar sus vínculos diplomáticos. “La diplomacia es comunicación, y sin embajadores eso se hace más difícil”, señaló el funcionario, quien expresó su deseo de que pronto se anuncien los nuevos representantes en Washington y La Paz.
El subsecretario destacó que el nuevo Gobierno boliviano ha mostrado interés en fortalecer los lazos bilaterales, lo que coincide con la disposición de la Casa Blanca de establecer una relación constructiva. Paz, por su parte, agradeció la presencia de la delegación estadounidense y envió un mensaje de cordialidad al presidente Donald Trump.
“El mundo debe venir a Bolivia, y Bolivia debe abrirse al mundo”, afirmó Paz, quien resaltó que su administración buscará relaciones basadas en la democracia, el desarrollo y el respeto mutuo.
El acercamiento genera expectativa dentro y fuera del país andino, especialmente porque desde 2008 —cuando Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg— las relaciones se habían mantenido solo a nivel de encargados de negocios.
La definición del candidato que representará al Centro Democrático en las elecciones presidenciales de 2026 ha desatado tensiones internas en el partido. Las discrepancias por el mecanismo de selección y las encuestas generan molestia entre los precandidatos.
El conflicto surgió tras una carta del aspirante Miguel Uribe Londoño dirigida a Gabriel Vallejo, presidente del partido, en la que expresó su inconformidad con lo ocurrido en la reunión del 4 de noviembre, donde se habrían escogido las firmas encuestadoras para definir al candidato único.
En respuesta, Vallejo le pidió “respeto y consideración” al precandidato, asegurando que el lenguaje de su comunicación no correspondía al trato que siempre se le ha brindado. Además, le solicitó una explicación por una supuesta solicitud de servicios a la firma ATLASINTEL.
La situación ha generado reacciones dentro del partido. La senadora y también precandidata María Fernanda Cabal salió en defensa de Vallejo, rechazando los reclamos de Uribe Londoño y respaldando la autoridad del presidente del Centro Democrático.
Cabal calificó como “inadmisible” cualquier intento de socavar la confianza interna y reiteró su apoyo al liderazgo de Vallejo, en un momento clave para la unidad del uribismo de cara a las elecciones de 2026.
El Gobierno Nacional anunció una modificación al proyecto de decreto que buscaba unificar en 1,5% la tarifa de retención en la fuente por impuesto de renta para todos los medios electrónicos de pago, incluidas tarjetas débito, crédito y billeteras digitales como Nequi, Daviplata, Dale y Bre-B.
Según el Ministerio de Hacienda, el nuevo alcance de la norma —aún en estudio— mantiene el objetivo de nivelar las condiciones entre los diferentes sistemas de pago, pero ahora bajo una retención del 0%. “Se afirma el incentivo para el uso de medios digitales y electrónicos en clave de mayor transparencia y modernidad en las transacciones”, explicó el ministro Germán Ávila Plazas.
El jefe de la cartera económica aseguró que la decisión refleja el compromiso del Gobierno con la equidad fiscal y la escucha ciudadana. “El Gobierno del Cambio honra sus consignas de transparencia y equidad: escuchar la voz de los ciudadanos”, señaló Ávila.
Por su parte, el director de la Dian, Carlos Betancourt, indicó que durante el periodo de comentarios públicos se recibieron más de 170 observaciones, la mayoría en desacuerdo con la tarifa general del 1,5%, pues podía incentivar el uso del efectivo.
Betancourt advirtió que un mayor uso del efectivo “debilita los mecanismos de verificación y trazabilidad de las transacciones, herramientas esenciales en la lucha contra la evasión y el contrabando”.
El presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia está dispuesta a restablecer sus relaciones diplomáticas con Israel, siempre y cuando se inicie el proceso de paz que él mismo propuso para mediar en el conflicto entre Israel y Palestina.
El mandatario colombiano planteó la creación de una “Fuerza internacional de estabilización y convivencia”, bajo el liderazgo de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover conversaciones de paz entre ambas naciones y garantizar elecciones libres tanto en Palestina como en Israel.
“Propuse en Medio Oriente que la fuerza de estabilización y convivencia en Palestina, mientras inician conversaciones de paz sobre los dos Estados, debe estar bajo la bandera de las Naciones Unidas y garantizar elecciones libres en Palestina e Israel”, reiteró Petro.
De acuerdo con el jefe de Estado, este sería el primer paso hacia un nuevo escenario de diálogo y reconciliación, que también permitiría reconstruir los lazos diplomáticos entre Israel y Colombia. “Estamos listos a rehacer relaciones diplomáticas con Israel si se inicia el proceso de paz”, manifestó.
La ruptura de relaciones entre ambos países se produjo luego de las críticas del presidente colombiano a la ofensiva israelí en Gaza y de la interceptación por parte de Israel de la Flotilla Global Sumud, que llevaba ayuda humanitaria a la Franja, donde fueron detenidas las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto.
El Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación por la muerte de Jorge Alberto Echeverry Correa, magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ocurrida durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
La alta corte concluyó que el fallecimiento del funcionario judicial se debió no solo a la acción violenta del M-19, sino también a la omisión del Estado en garantizar su seguridad y al uso desproporcionado de la fuerza durante la operación militar de recuperación del edificio.
En la sentencia, que condena a la Nación y al Ministerio de Defensa, el Consejo de Estado afirmó que la toma del Palacio de Justicia no puede considerarse una hazaña política ni un acto heroico, sino “la afrenta más grave al Estado de derecho desde la fundación de la República” y una amenaza directa contra la institucionalidad y la justicia.
Además de ordenar el pago de perjuicios morales y lucro cesante a los familiares del magistrado Echeverry, la corporación dispuso que el fallo sea publicado en un medio de amplia circulación y que se realice un acto público de perdón en memoria de la víctima.
El Consejo de Estado también exhortó al Ministerio de Defensa a iniciar una acción de repetición contra el M-19 o sus máximos comandantes, con el fin de que asuman la responsabilidad correspondiente por la tragedia del Palacio de Justicia y la muerte del magistrado auxiliar.
Colombia avanza en una de las obras de infraestructura más importantes de América Latina. El Túnel del Toyo, ubicado entre Medellín y la región del Urabá antioqueño, se proyecta como el túnel más largo de América al finalizarse entre diciembre de 2026 e inicios de 2027, con una longitud total de 9,7 kilómetros en su tramo principal. Esta obra emblemática busca mejorar la conectividad regional, reducir tiempos de desplazamiento y fortalecer el comercio y el desarrollo económico del departamento de Antioquia.
Aunque su construcción inició hace varios años, el pasado junio la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín concluyeron el revestimiento del túnel principal, alcanzando un 99 % de avance en el primer tramo del proyecto. La etapa restante, que incluye la instalación de equipos electromecánicos y complementarios, estará a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías).
El Túnel del Toyo forma parte de la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, un corredor de 18,2 kilómetros que conecta Medellín con Urabá. Esta ruta incluye, además del túnel principal: seis túneles menores que suman 3 kilómetros, 16 puentes con un total de 1,3 kilómetros y 4,4 kilómetros de vías a cielo abierto, consolidando un proyecto integral de movilidad e infraestructura.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó el esfuerzo conjunto para cumplir los plazos del tramo bajo responsabilidad de la Gobernación y la Alcaldía: “Una vez más, los antioqueños nos echamos al hombro las causas difíciles… Antioquia y su corazón, Medellín, cumplieron con el compromiso pactado”, señaló.
La inversión total del primer tramo supera los 2,7 billones de pesos, de los cuales Medellín aportó 870.000 millones, marcando un hecho histórico. El alcalde Federico Gutiérrez resaltó que “es la primera vez que una ciudad invierte recursos fuera de su jurisdicción. Este proyecto es un símbolo de progreso, de lo que significa Colombia y Antioquia”, consolidando al Túnel del Toyo como un hito en infraestructura nacional y un motor para la competitividad regional.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que explorará la posibilidad de dialogar con el Tren de Aragua, organización criminal de alcance multinacional, tras recibir una carta en la que se propone iniciar un proceso de desmovilización y paz. Según el mandatario, esta apertura no implica cesar la lucha judicial ni represiva contra las bandas, sino explorar mecanismos que permitan desmantelar las estructuras criminales de manera pacífica.
“En Colombia parecen ser una razón social de grupos delincuenciales, pero los mayores daños criminales en mi país tienen otras siglas y otra historia detrás. Se explorará cuál es la seriedad de esa carta”, escribió Petro en su cuenta oficial de X, destacando que la veracidad y el compromiso de la organización serán evaluados cuidadosamente.
El presidente tomó como ejemplo el modelo de justicia de Estados Unidos, que permite negociar procesos judiciales de manera rápida, priorizando la verdad y la reparación sobre la cárcel, lo que reduce la impunidad. “Si una organización criminal quiere desmantelarse en serio y dejar su actividad delictiva, tal como hacen criminales ante la justicia de los Estados Unidos, se debería permitir también en Colombia”, afirmó Petro.
La propuesta surge luego de que Larry Amaury Álvarez, uno de los fundadores del Tren de Aragua, enviara la carta solicitando diálogos de paz. Álvarez estuvo detenido en Venezuela junto a ‘Niño Guerrero’, otro de los líderes de la banda, en la cárcel de Tocorón. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó que la decisión queda en manos del jefe de Estado y que evaluará la seriedad del planteamiento.
Petro aseguró que esta estrategia busca replicar procesos exitosos de desmantelamiento pacífico que se han aplicado en ciudades como Medellín, Barranquilla, Buenaventura y Quibdó, donde se han logrado resultados positivos en la reducción de violencia y criminalidad. El mandatario anunció que seguirá explorando estos mecanismos mientras adelanta su agenda internacional en Belén do Pará, en el marco de la cumbre climática COP30.
Desde la guarnición militar donde se encuentra recluida, Aida Merlano Rebolledo reapareció este jueves ante un juez en una audiencia que marcó un nuevo capítulo en su proceso judicial. La excongresista, que se fugó de un consultorio odontológico en 2019, habló sobre su tiempo en reclusión y su estancia en Venezuela, describiendo las condiciones como “deplorables” y señalando que ha estado sometida a situaciones difíciles durante tres años en ese país.
Merlano expresó sentirse tranquila en su actual lugar de reclusión y aseguró haber reflexionado sobre sus errores. “He podido darme cuenta de los errores que tenía, no como política, sino como ser humano, como madre, como familia, y creo que he ganado mucho”, afirmó la exparlamentaria. Sin embargo, pidió que cesaran las “sevicias” en su caso y que no se la juzgara públicamente, alegando que solo ella conoce las razones que la llevaron a fugarse.
En septiembre de 2024, Aida Merlano aceptó haber cometido el delito de fuga de presos, mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que ahora está a la espera de aprobación judicial. La decisión sobre este preacuerdo será tomada por un juez el próximo 5 de diciembre, lo que determinará si se valida la negociación con el ente acusador.
Cabe recordar que Merlano cumple además dos condenas impuestas por la Corte Suprema de Justicia: en septiembre de 2019 fue sentenciada a cinco años y seis meses de prisión por superar los topes de gastos de campaña y a 11 años y cuatro meses por compra de votos, delitos que constituyen el núcleo de sus procesos judiciales.
La aparición de Merlano ante el juez mantiene en foco público su situación legal y las repercusiones de su fuga en 2019, mientras se espera la decisión sobre el preacuerdo que podría afectar la duración y condiciones de su reclusión.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desmintió este miércoles los rumores sobre un presunto embargo a las cuentas de la Refinería de Cartagena (Reficar). La entidad aseguró que no existe ningún proceso en curso que comprometa las operaciones de una de las plantas más importantes del país.
En un comunicado oficial, la DIAN explicó que la medida busca garantizar la estabilidad y normalidad operativa de Reficar, así como preservar la confianza en su funcionamiento financiero y administrativo.
La aclaración se dio luego de una reunión convocada por las directivas de la entidad, en la que se analizó la situación generada por los rumores difundidos en redes sociales y algunos medios locales. Dichas versiones habían causado inquietud en el sector empresarial y entre los trabajadores de la refinería, considerada clave para la economía del Caribe y para la autosuficiencia energética de Colombia.
Durante el encuentro, los funcionarios revisaron en detalle el estado financiero y legal de la refinería, concluyendo que no existe ningún embargo ni procedimiento que afecte sus recursos o cuentas bancarias. Asimismo, se advirtió que los rumores podrían tener efectos negativos en la confianza de los inversionistas y en la percepción del entorno económico regional.
Finalmente, la DIAN reiteró su compromiso con la transparencia y la estabilidad de las empresas estratégicas del país, y señaló que continuará vigilando y garantizando el normal desarrollo de las actividades de Reficar, descartando de manera definitiva cualquier medida de embargo o restricción sobre sus activos.
El nuevo presidente pro tempore de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), César Rossel, advirtió este miércoles sobre la creciente violencia política en América Latina, una amenaza que, según dijo, afecta directamente a las instituciones y funcionarios electorales de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.
Rossel, integrante del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay, afirmó durante la apertura de la XVII Conferencia de la Uniore en Asunción que esta violencia “ya no se limita a los procesos electorales”, sino que también busca desestabilizar a las autoridades encargadas de garantizar la democracia. “No conformes con destruir el proceso electoral, ahora quieren destruirnos a nosotros”, subrayó ante las 24 delegaciones de 17 países participantes.
El presidente de la Uniore advirtió además sobre la “violencia presupuestaria” que enfrentan los organismos electorales, producto de restricciones impuestas por algunos gobiernos. “Somos permanentemente sometidos”, expresó.
Por su parte, el presidente del TSJE, Jaime Bestard, destacó que los principales desafíos que enfrentan los sistemas electorales son la ciberseguridad, el uso de la inteligencia artificial y la violencia política en América Latina, que amenaza la independencia y estabilidad institucional.
La alerta de la Uniore llega en vísperas de importantes comicios regionales: Chile (noviembre 2025), Honduras (noviembre 2025), Costa Rica (febrero 2026), Perú (abril 2026), Colombia (mayo 2026) y Brasil (octubre 2026), países que concentrarán la atención del continente.
El vicepresidente del TSJE, Jorge Bogarín, subrayó que la seguridad electoral es “indispensable para la integridad de las elecciones” y resaltó la importancia de fortalecer la protección de datos, combatir la desinformación y prevenir ataques digitales. La violencia política en América Latina, advirtió, se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la democracia regional.
Una nueva polémica sacude al sector petrolero colombiano tras la decisión de la DIAN de autorizar el embargo a Reficar por la DIAN por el presunto no pago de más de 1,5 billones de pesos correspondientes al IVA de importación de combustible. La medida, generó preocupación en el Gobierno y encendió las alertas en Ecopetrol.
Medios nacionales han manifestado que Ecopetrol considera la decisión “errónea y desproporcionada”, advirtiendo que podría afectar gravemente la estabilidad financiera de la Refinería de Cartagena e incluso llevarla a una posible quiebra técnica.
Ante el inminente embargo, Reficar presentó una acción de tutela solicitando al juez una medida provisional urgente para frenar la decisión de la autoridad tributaria. El apoderado de la empresa, Alejandro Linares Cantillo, advirtió que, de mantenerse la medida, la refinería podría cesar operaciones en un plazo de entre siete y once días calendario.
Esta situación, según el documento, pondría en grave riesgo el suministro de combustibles en el país y comprometería la soberanía energética nacional. La compañía asegura que la decisión de la DIAN vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la libertad de empresa y la existencia jurídica.
Con más de 4.600 trabajadores directos e indirectos, Reficar alerta que el embargo a Reficar por la DIAN no solo amenaza la continuidad de sus operaciones, sino también la estabilidad laboral y energética del país, profundizando la tensión entre el Gobierno y el sector petrolero.
El Gobierno nacional dio un paso histórico al aprobar el CONPES 4170, un plan que define la hoja de ruta para consolidar la soberanía sanitaria en Colombia y recuperar la capacidad de producir vacunas y medicamentos esenciales en el país.
El documento, liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, busca fortalecer la producción nacional de sueros, tratamientos oncológicos y fármacos estratégicos, garantizando acceso oportuno, precios justos y una calidad respaldada por la industria científica colombiana.
El Plan de Soberanía Sanitaria contempla una inversión de $1,37 billones que se ejecutará entre 2026 y 2035. Los recursos estarán enfocados en mejorar la infraestructura farmacéutica, promover la transferencia tecnológica y desarrollar talento científico. Con ello, Colombia reducirá su dependencia de importaciones y se consolidará como un referente regional en innovación médica y biotecnología.
“El Gobierno del Cambio cumple su promesa de devolverle al país la capacidad de producir lo que salva vidas”, señaló el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Según el funcionario, esta política garantizará el acceso a medicamentos esenciales, incluso en emergencias sanitarias como la pandemia de COVID-19.
Con la aprobación del CONPES 4170, el país refuerza su compromiso con la equidad, la justicia social y el derecho fundamental a la salud, pilares del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”. Este proyecto representa un avance decisivo hacia la consolidación de la soberanía sanitaria en Colombia.
La violencia en Colombia 2025 ha alcanzado niveles alarmantes, según el más reciente Dateo Mensual de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). El informe, que analiza los hechos ocurridos entre enero y septiembre de este año, muestra que la confrontación armada no solo continúa en ascenso, sino que ya superó las cifras registradas durante todo el 2024.
El estudio advierte que tanto la ofensiva de la Fuerza Pública como las disputas entre grupos armados ilegales se intensificaron de manera simultánea, generando un profundo impacto humanitario en distintas regiones del país. Este panorama refleja una escalada que no se observaba en los últimos años.
De acuerdo con la FIP, las acciones militares del Estado contra estructuras ilegales aumentaron un 56,8% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando 185 operaciones entre enero y septiembre. Las disputas entre grupos armados, por su parte, subieron un 40,6%, impulsadas por el control de economías ilícitas y territorios estratégicos.
El impacto humanitario es devastador. Más de 119.000 personas sufrieron confinamientos forzados y 84.582 fueron desplazadas, un incremento del 95,3% frente a 2024. A esto se suman los ataques a misiones médicas, que pasaron de 20 a 31 casos, afectando la atención en salud en zonas de conflicto.
La Fundación Ideas para la Paz hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para fortalecer la presencia institucional y contener la violencia en Colombia 2025, adoptando medidas integrales que mitiguen las consecuencias sociales y humanitarias del conflicto armado.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, sorprendió al anticiparse a la discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2026, afirmando que este podría alcanzar los $1.800.000. Sus declaraciones, emitidas antes de que el Gobierno y los gremios inicien la mesa de concertación, generaron debate por su posible impacto político y económico en vísperas del nuevo año.
Benedetti destacó que bajo la administración del presidente Gustavo Petro, los ingresos de los trabajadores han tenido un crecimiento significativo. “Antes, un obrero ganaba un millón de pesos; hoy gana más de $1.600.000 y probablemente al final del año su salario quede en $1.800.000”, señaló. Además, mencionó que el Gobierno estudia mantener el pago completo del recargo nocturno, dominical y festivo, como parte de una política de fortalecimiento laboral.
El ministro también aprovechó para expresar su respaldo al proyecto político del actual gobierno y enfatizó la necesidad de su continuidad. “La clase media debe entender que elegir candidatos de la clase alta no los beneficia a ellos”, afirmó, en medio de un contexto marcado por la cercanía de las elecciones regionales.
Aunque la discusión oficial sobre el salario mínimo aún no ha comenzado, se espera que el Gobierno convoque en las próximas semanas a empresarios, sindicatos y centrales obreras para definir el porcentaje de aumento. Hasta ahora, las proyecciones económicas estiman un incremento entre el 6,5% y el 7%, lo que situaría el salario entre $1.515.000 y $1.522.000, más el auxilio de transporte.
El pronunciamiento de Benedetti, sin embargo, plantea un escenario más ambicioso y genera expectativas sobre el alcance del ajuste que regirá para millones de trabajadores colombianos en 2026.
Una nueva etapa bajo el liderazgo del General William Oswaldo Rincón Zambrano
Por: Emilio Gutiérrez Yance
El 5 de noviembre de 1891 quedó grabado en la historia de Colombia. Con la firma del Decreto 1000 por parte del presidente Carlos Holguín Mallarino, nació la Policía Nacional, una institución que ha crecido al ritmo del país y que ha evolucionado para enfrentar los desafíos de cada época, siempre con una misión clara: garantizar la convivencia, la seguridad y la paz.
De los primeros serenos que recorrían las calles con faroles y silbatos, hasta los policías altamente capacitados en derechos humanos, investigación criminal, tecnología e inteligencia, han transcurrido 134 años de transformación, sacrificio y vocación de servicio.
Hoy, más de 186 mil hombres y mujeres protegen a más de 52 millones de colombianos, demostrando disciplina, valentía y amor por la patria. Cada patrullaje, cada operación, cada programa de prevención y cada acto de humanidad refleja la esencia de una Institución que ha sido pilar en la construcción de un país más seguro.
Crónicas, fotografías, investigaciones y relatos de servicio han permitido que Colombia conozca el valor de quienes han combatido el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia, defendiendo la vida, la libertad y la tranquilidad ciudadana.
Una Policía más humana, moderna y cercana
La Institución reafirma su camino hacia una Policía centrada en las personas: más cercana, transparente y comprometida con la comunidad. Porque detrás de cada uniforme hay un ser humano: un hijo, una madre, un padre, un amigo, un colombiano que sueña y ama esta tierra. “Cada vez que un colombiano vuelve a casa sano y salvo, lo hacemos todos. Con cada familia que vuelve a sonreír, regresa también la esperanza”.
Ser policía es una vocación que exige valores firmes, disciplina y honor. Significa asumir un legado construido con lágrimas, sacrificio y valentía, honrando a quienes dieron su vida por proteger la de otros. Desde el Cabo de la Vela hasta la Amazonía, y en cada rincón del país, la Policía actúa guiada por principios como: Honor, Honestidad, Solidaridad, Disciplina y Vocación de servicio
“Delante de un policía siempre está Colombia, pero detrás de él estamos todos”.
Un aniversario marcado por liderazgo y transformación
En este aniversario, la Policía Nacional celebra bajo el liderazgo del Brigadier General William Oswaldo Rincón Zambrano, en una etapa donde la palabra paz toma una nueva dimensión en la labor policial.
Las encuestas actuales reflejan una imagen favorable del 62,7%, reflejando confianza y respaldo ciudadano. “Gracias por creer en Colombia y en su Policía Nacional. Nuestra misión no es sencilla, pero con amor, humildad y compromiso, construiremos la paz que nuestro país merece”.
Modelo S2D: Seguridad, Democracia y Dignidad
El modelo de gestión del Director General se desarrolla bajo tres dimensiones estratégicas:
Seguridad y Convivencia Humana
Inspirada en estándares internacionales, fortalece la vida, libertad y paz en territorios urbanos y rurales, con enfoque prioritario en juventud y protección ambiental.
Plan Democracia
Garantiza el orden, la transparencia y el respeto por los derechos humanos en procesos electorales, reafirmando el compromiso democrático del país.
Dignidad Promueve el bienestar policial, la identidad institucional y la cercanía con la ciudadanía. El bienestar del uniformado es la base de una Policía ejemplar y confiable.
Una historia viva, un compromiso permanente
Hoy no solo celebramos un aniversario —celebramos un legado escrito con valentía y servicio, construido por miles de hombres y mujeres que han dedicado su vida a proteger a los colombianos.
Policía Nacional de Colombia: 134 años defendiendo la vida, protegiendo la esperanza y sirviendo a la patria. Porque Colombia avanza con su Policía… y su Policía avanza con Colombia.
Nueva York hizo historia al elegir a Zohran Mamdani como su nuevo alcalde, convirtiéndolo en el primer musulmán en ocupar ese cargo. El triunfo del político demócrata y autodenominado socialista se produjo pese a los fuertes ataques del expresidente Donald Trump y de sectores conservadores que cuestionaron su origen y sus posturas progresistas.
Mamdani, de 34 años, nació en Uganda en una familia de origen indio y se naturalizó estadounidense. Su ascenso político ha sido meteórico: venció primero al exgobernador Andrew Cuomo en las primarias demócratas y volvió a superarlo en las urnas, tras una campaña centrada en reducir el costo de vida y mejorar las condiciones de los neoyorquinos de clase media y trabajadora.
Durante las últimas semanas, el exmandatario Trump lo calificó en su red social Truth Social como “enemigo de los judíos”, y criticó a quienes lo apoyaran. Aun así, el respaldo ciudadano a Mamdani fue amplio y su victoria se celebró con euforia en Brooklyn, donde cientos de simpatizantes esperaron su discurso en un ambiente festivo.
El triunfo del nuevo alcalde coincidió con victorias demócratas en los estados de Nueva Jersey y Virginia, donde Mikie Sherrill y Abigail Spanberger fueron elegidas gobernadoras. Ambos resultados reflejan un cambio en el clima político estadounidense de cara a las elecciones intermedias del próximo año, en las que estará en juego el control del Congreso.
La victoria de Mamdani también reaviva el debate dentro del Partido Demócrata entre su ala moderada y la más izquierdista. Analistas como Grant Reeher, de la Universidad de Syracuse, advirtieron que su ascenso podría intensificar el enfrentamiento político con el presidente Trump.
En medio de la plenaria del Senado de Colombia se registró un fuerte enfrentamiento entre el senador del Partido Verde, Jonathan Pulido Hernández, conocido como ‘Jota Pe’ Hernández, y el congresista del Pacto Histórico y candidato presidencial Iván Cepeda. El debate se originó por señalamientos sobre la supuesta cercanía de Cepeda con exintegrantes y desertores del Acuerdo de Paz con las FARC.
Durante su intervención, ‘Jota Pe’ acusó al senador del Pacto Histórico de “vivir abrazado de guerrilleros”, y presentó imágenes en las que Cepeda aparece junto a figuras como Jesús Santrich, Iván Márquez, alias ‘Romaña’ y el expresidente venezolano Hugo Chávez. “Yo quiero que mire las siguientes fotos y responda: ¿es o no es usted, Iván Cepeda?”, dijo Pulido, agregando que un cabecilla disidente, alias Walter Mendoza, lo habría mencionado como su candidato favorito.
El parlamentario del Partido Verde afirmó que, de llegar a la Presidencia, Cepeda “sería incluso peor que Gustavo Petro”, y advirtió que su eventual gobierno significaría la continuidad de la “fracasada política de paz total”. Además, pidió a los colombianos votar por un candidato “que ponga mano dura a los bandidos”.
Ante las acusaciones, Iván Cepeda respondió ejerciendo su derecho a réplica. Aseguró que los más de un millón y medio de votos que obtuvo en las consultas presidenciales demuestran respaldo popular y rechazó lo que llamó “un espectáculo de calumnia, injuria y mentira”.
El senador del Pacto Histórico explicó que las fotos expuestas por ‘Jota Pe’ fueron tomadas en escenarios de negociación de paz, y defendió el diálogo como “la única manera de avanzar”. Finalmente, invitó a su colega a mantener un debate “sereno y democrático” y recordó que su movimiento obtuvo “casi tres millones de votos”.
El presidente Gustavo Petro denunció públicamente un intento de censura en la red social X (antes Twitter), luego de que Enrique Vargas Lleras, exdirectivo de la Nueva EPS y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, solicitara restringir su cuenta ante las autoridades de la plataforma.
A través de una serie de mensajes, el mandatario rechazó los señalamientos que lo vinculan con sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, y calificó la medida como “una violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión”.
“Ni Elon Musk ni yo realizamos transacciones financieras o de bienes entre nosotros. No hay persona estadounidense en relación conmigo y, por tanto, no actúa la ley OFAC”, afirmó el presidente, quien pidió a sus seguidores mantenerse atentos ante un posible bloqueo de su cuenta.
Petro también convocó una campaña global denominada “Saquen a Petro de la OFAC”, instando a sus seguidores a enviar cartas al senador Marco Rubio, al exmandatario Donald Trump y al senador J.D. Vance para exigir respeto a su derecho a expresarse libremente.
“Soy el incautador gubernamental más grande en la historia de la cocaína y sus mafias me buscan para matarme”, aseguró, reiterando que sus únicos bienes son su casa —aún en deuda— y su salario como presidente.
El jefe de Estado consideró que su inclusión en la lista OFAC respondería a sus posturas críticas frente a la guerra en Gaza y las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe. “No hay un solo dato que justifique esa medida. Me castigan por hablar contra el genocidio”, puntualizó.
