Categoría: Actualidad

El empresario Enrique Vargas Lleras, exintegrante de la Nueva EPS y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, envió una carta al magnate Elon Musk, propietario de X (antes Twitter), solicitando una revisión y posible restricción de la cuenta del presidente Gustavo Petro, tras su presunta inclusión en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En la comunicación, fechada el 24 de octubre de 2025, Vargas Lleras solicita al equipo de cumplimiento normativo de X Corp. verificar la cuenta @petrogustavo y aplicar las medidas correspondientes. “Todas las entidades bajo jurisdicción estadounidense, incluida X Corp., están obligadas a cumplir con los programas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y a abstenerse de prestar servicios a personas incluidas en dicha lista”, señala el documento.

El exdirectivo enfatizó que su solicitud busca garantizar que la plataforma esté cumpliendo con las disposiciones internacionales. “Es fundamental que se confirme formalmente que la cuenta del señor Petro Urrego ha sido verificada y que los procedimientos de la OFAC se aplican estrictamente”, afirmó Vargas Lleras.

Asimismo, advirtió que el cumplimiento de estas normas resulta esencial para mantener la integridad, transparencia y reputación internacional de la red social. Hasta el momento, ni el Gobierno colombiano ni la empresa X Corp. se han pronunciado oficialmente sobre el contenido de la carta.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) reportó que en septiembre de 2025 reconoció un total de $7,49 billones por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC), recursos destinados al financiamiento del aseguramiento en salud de millones de colombianos.

Del total, $3,72 billones fueron asignados al régimen subsidiado, mientras que $3,77 billones correspondieron al régimen contributivo. Además, la entidad destinó $157 mil millones para incapacidades por enfermedad general, $44 mil millones para actividades de promoción y prevención, y cerca de $104 mil millones para licencias de maternidad, paternidad y fallos de tutela.

En cuanto al mecanismo de giro directo, la ADRES distribuyó $5,91 billones a 3.771 clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud en todo el país. De este monto, $2,95 billones fueron para el régimen contributivo (78,33 % de la UPC) y el mismo valor para el subsidiado (79,49 %).

Entre enero y septiembre de 2025, la entidad reconoció $68,56 billones en total, cifra que representa un crecimiento de más del 7 % respecto al mismo periodo de 2024. Del monto global, $33,47 billones correspondieron al régimen subsidiado y $35,09 billones al contributivo. Sin embargo, el pago de licencias de maternidad y paternidad presentó una disminución del 6,38 %.

Las instituciones que más recursos recibieron por giro directo fueron Colsubsidio, Cruz Verde, Cafam y Colsanitas, seguidas de Disfarma, Audifarma, Virrey Solís, Fundación Valle del Lili y Suramericana, que en conjunto concentraron el 23,86 % del total distribuido por la ADRES entre enero y septiembre.

Durante su gira por Oriente Medio, el presidente Gustavo Petro anunció en entrevista con Al Jazeera que regresará a Estados Unidos en enero de 2026, cuando Colombia asuma como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El mandatario afirmó que, aunque no cuente con visa y haya sido incluido en la lista Clinton, planea participar en las sesiones del organismo internacional.

“Colombia va a ser desde el primero de enero miembro del Consejo de Seguridad. Yo tendré el placer de volver a Nueva York, así no quieran recibirme por allá, el Gobierno federal, porque quiero hablar ante el Consejo de Seguridad”, expresó Petro.

El jefe de Estado agregó que su intención es que Colombia participe activamente en los debates internacionales sobre los conflictos que actualmente afectan al mundo. Además, ofreció el escaño del país “al pueblo palestino para que se exprese allí, sabiendo que nos vetan”.

La última visita del presidente Petro a Estados Unidos fue en septiembre de 2025, cuando asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese viaje también participó en una protesta en las calles de Nueva York, donde con un megáfono pidió a soldados estadounidenses no obedecer las órdenes del presidente Donald Trump.

De acuerdo con expertos, el mandatario podría ingresar a EE. UU. sin visa a través del sistema ESTA, un mecanismo que permite a ciudadanos de países determinados viajar por turismo, negocios o tránsito por un máximo de 90 días, bajo ciertas condiciones establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional reportó un balance “positivo” durante el primer puente festivo de noviembre. La general Susana Blanco destacó una reducción del 77% en los siniestros viales, una cifra considerada alentadora en materia de seguridad vial.

Las autoridades acompañaron a los viajeros desde la Autopista Sur y los nueve corredores viales de ingreso a Bogotá, donde la movilidad fluyó con normalidad pese a las lluvias registradas en la tarde. La general Blanco confirmó que todas las vías se encuentran habilitadas y sin incidentes relevantes.

En cuanto al balance de movilidad, se estima que más de tres millones de vehículos circularon por las carreteras nacionales y más de un millón de pasajeros se movilizaron en las terminales de transporte. En Cundinamarca transitaron cerca de 890.000 vehículos, mientras que en Bogotá la cifra superó los 520.000.

La directora de Tránsito reiteró su llamado a la responsabilidad al volante, al respeto de las normas y al uso de los pasos peatonales. “Cada conductor debe recordar que en casa alguien lo espera. La empatía y la precaución salvan vidas”, enfatizó.

Respecto al pico y placa regional, la general Blanco resaltó la mayor conciencia de los conductores, lo que ha permitido mejorar los tiempos de ingreso a la capital. Sin embargo, en el corredor Villavicencio–Bogotá se permitió la entrada de todos los vehículos para agilizar el flujo. La medida rige en los nueve corredores de acceso, con ingreso permitido a placas pares entre 12:00 m. y 4:00 p.m., e impares entre 4:00 p.m. y 8:00 p.m..

El presidente Gustavo Petro denunció públicamente, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que el Gobierno de Estados Unidos estaría siguiendo a su familia. Según el mandatario, las recientes acciones en su contra, como su inclusión en la lista Clinton, tendrían relación con su decisión de no adquirir los aviones F16 de tercera mano ofrecidos por ese país.

“El tema de la rabia de funcionarios del gobierno estadounidense, en primer lugar, parece ser que no compré los F16 de tercera mano que me ofreció EE. UU., sino que me decidí por los nuevos Gripen de Suecia”, afirmó Petro en su mensaje.

El jefe de Estado explicó que la negociación para la compra de los aviones Gripen, fabricados por la compañía Saab, se realizó con transparencia y dentro del marco legal colombiano. “Suecia no es un país terrorista ni los dueños de Gripen son narcotraficantes”, puntualizó.

Asimismo, el presidente reiteró que Colombia es un país soberano y no está obligado a adquirir armamento de segunda o tercera mano. “Nosotros somos soberanos, no estamos obligados a comprar armamento usado para nuestra fuerza pública”, sostuvo.

Finalmente, Petro invitó tanto al Gobierno de Suecia como a la empresa Saab a pronunciarse sobre lo que calificó como “un atentado a nuestra libertad y soberanía”, en referencia a las presuntas presiones externas relacionadas con la compra militar.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Igualdad y Equidad, publicó nuevamente para comentarios el borrador de decreto que modificaría los requisitos exigidos para ocupar los cargos de viceministros en esa cartera. La propuesta estará disponible hasta el próximo 4 de noviembre en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Según el documento, el objetivo es adicionar un parágrafo al artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1083 de 2015, estableciendo que los viceministros del Ministerio de la Igualdad deberán contar con título profesional en cualquier disciplina académica y experiencia profesional acreditada.

De aprobarse la modificación, se eliminaría la exigencia de contar con posgrados o tarjetas profesionales específicas, simplificando el perfil requerido para quienes aspiren a ser viceministros en esa entidad.

Este nuevo intento del Gobierno se da luego de que en agosto de 2025 el mismo borrador ya había sido publicado, coincidiendo con la controversia por el posible nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes.

Hasta ahora, no se ha confirmado que Guerrero cumpla con los requisitos vigentes, pues no se ha hecho pública evidencia de un título profesional válido ni de una tarjeta profesional, documentos actualmente exigidos por el manual de funciones del Ministerio.

Con la entrada en vigor de la Ley 2494 de 2025, sancionada por el presidente Gustavo Petro, desde este 1 de noviembre pueden volver a publicarse las encuestas electorales en Colombia, especialmente las relacionadas con la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026. La normativa establece nuevas reglas para garantizar transparencia, rigor técnico y representatividad en los sondeos de opinión.

Según la ley, las encuestas electorales deberán incluir a todos los candidatos inscritos y publicar información detallada sobre la metodología utilizada. Entre los requisitos se encuentran la identificación de los responsables del estudio, los microdatos anónimos de las respuestas, el método de selección de las muestras y el margen de error por pregunta.

El texto legal precisa que las encuestas sobre intención de voto solo podrán realizarse a partir de los tres meses previos al inicio de inscripciones de candidatos, y una vez cerrado este proceso, deberán contemplar a todos los aspirantes oficialmente inscritos. Además, se exige que los sondeos garanticen representatividad científica, incluyendo a todos los municipios y distritos del país con más de 800.000 habitantes.

La Ley 2494 también ordena la creación de una Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas adscrita al Consejo Nacional Electoral (CNE), conformada por cinco expertos en estadística propuestos por universidades acreditadas. No obstante, la comisión aún no se ha constituido, lo que ha generado preocupación entre analistas.

Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE, advirtió que la falta de conformación del comité puede afectar la supervisión de los estudios. “Vamos a tener encuestas que deberán publicarse sin la debida inspección de esta comisión”, señaló.

El Gobierno Nacional anunció el aumento del subsidio del programa Colombia Mayor, una medida que eleva la transferencia mensual de $80.000 a $230.000 para mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75, desde el 30 de octubre de 2025.

Según el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, este incremento en el programa Colombia Mayor representa un paso hacia la universalización del derecho a la pensión y la justicia social, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es garantizar un ingreso digno a quienes históricamente quedaron excluidos del sistema pensional.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público explicó que el aumento del programa Colombia Mayor se financia con recursos del Presupuesto General de la Nación, asegurando sostenibilidad fiscal y responsabilidad social. “Esta es una política redistributiva que reconoce la deuda histórica con las personas mayores y fortalece la cohesión social”, indicó la cartera.

La articulación entre Hacienda y Prosperidad Social permitirá que las transferencias lleguen a más de tres millones de personas mayores vulnerables, avanzando en el propósito de un país donde envejecer no signifique pobreza. Además, quienes superen los 80 años recibirán también el mismo monto nivelado de $230.000 mensuales.

La inversión total asciende a $324.240 millones de pesos y beneficiará a 1.683.920 personas en todo el país. El Gobierno del Cambio reafirma con esta acción su compromiso de proteger, cuidar y dignificar a los adultos mayores de Colombia.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria nacional por la comercialización fraudulenta del adhesivo quirúrgico Bioglue® Surgical Adhesive, un producto utilizado en procedimientos médicos de alta complejidad. La entidad advirtió que la versión falsificada representa un riesgo grave para la vida de los pacientes.

De acuerdo con el Invima, la empresa CTP Médica S.A., distribuidor exclusivo en Colombia, notificó sobre la circulación ilegal de unidades no autorizadas, identificadas con las referencias BG3510-5-US y BG3515-5-US, y los lotes BG000737, BG000762 y HT22671D. Estos productos no fueron importados por los canales oficiales ni cuentan con registro sanitario vigente.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran etiquetas falsificadas, fechas de vencimiento alteradas, lotes inexistentes y empaques descontinuados con la marca CryoLife, retirada oficialmente por el fabricante Artivion, Inc.. Estas anomalías evidencian la ausencia de trazabilidad y la manipulación no autorizada del producto.

El Invima recordó que las únicas unidades seguras son las adquiridas directamente a través de CTP Médica S.A., distribuidor autorizado que garantiza la autenticidad y soporte técnico del adhesivo. Cualquier otro canal de venta constituye un riesgo sanitario.

El Bioglue es un adhesivo quirúrgico de dos componentes, usado para sellar y reforzar tejidos blandos en cirugías cardiovasculares, pulmonares y vasculares. Su uso en versiones falsificadas puede causar graves complicaciones médicas e incluso la muerte.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro asignó $50.034 millones provenientes de recursos remanentes de las Cajas de Compensación Familiar, con el objetivo de avanzar en la reducción del déficit habitacional, especialmente en el sector rural. De ese total, $41.660 millones se destinarán a zonas rurales y $8.370 millones a proyectos urbanos.

La medida fue oficializada mediante una resolución conjunta del Ministerio de Vivienda y la Superintendencia del Subsidio Familiar, que otorgó un plazo de 30 días para que las cajas que no ejecutaron los fondos los transfieran a aquellas encargadas de asignarlos en 2026.

Según la ministra de Vivienda, Helga María Rivas Ardila, esta decisión permitirá financiar soluciones habitacionales para 1.250 hogares en departamentos como Chocó, Putumayo, La Guajira, Amazonas, Cauca, Bolívar y Córdoba, donde los recursos estaban sin uso.

“Es un logro importante, porque podremos seguir trabajando en nuestras prioridades: la vivienda rural, el mejoramiento de viviendas rurales y los proyectos urbanos en territorios necesitados”, destacó la funcionaria.

Por su parte, la superintendente del Subsidio Familiar, Sandra Viviana Cadena, explicó que la redistribución busca garantizar una asignación justa y eficiente, fortaleciendo el acceso a una vivienda digna para los trabajadores colombianos.

La Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 9,25 %, luego de evaluar el comportamiento reciente de la economía colombiana y las perspectivas de inflación.

De los siete miembros de la Junta, cuatro votaron por mantener la tasa, mientras que dos propusieron bajarla en 0,50 puntos y uno sugirió una reducción de 0,25 puntos. Esta mayoría refleja una postura de cautela ante el incremento de precios en los últimos meses.

Según el Banco, en septiembre la inflación alcanzó 5,2 %, el mismo nivel con el que cerró 2024, mientras que la inflación básica, que excluye alimentos y servicios regulados, se ubicó en 4,8 %. Las expectativas de inflación continúan por encima de la meta del 3 % establecida para los próximos dos años.

El Emisor destacó que la actividad económica mantiene un ritmo favorable, impulsada por el consumo de los hogares, la inversión en maquinaria y obras civiles, y el gasto público. Sin embargo, advirtió sobre el crecimiento del déficit comercial, debido a la caída en las exportaciones de productos minero-energéticos.

Con esta decisión, el Banco de la República busca mantener la estabilidad económica y evitar presiones inflacionarias, señalando que las futuras decisiones dependerán del comportamiento de la inflación y del entorno nacional e internacional.

Desde Quibdó, Chocó, el aspirante presidencial Luis Gilberto Murillo confirmó que su movimiento ciudadano ya alcanzó 500 mil firmas validadas, paso clave para avanzar en el proceso de inscripción ante la Registraduría Nacional. El exministro y excanciller destacó que el respaldo proviene de distintas regiones del país, reflejando el crecimiento de su base ciudadana.

De acuerdo con su equipo, las jornadas de recolección se han realizado en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Cartagena, Bucaramanga y Quibdó, con el objetivo de llegar al millón de apoyos antes de diciembre de 2025. La meta mínima exigida por la Registraduría para inscribir una candidatura presidencial es de alrededor de 650 mil firmas válidas.

Durante su anuncio, Murillo agradeció el respaldo de los ciudadanos y aseguró que su propuesta busca fortalecer la participación democrática, la sostenibilidad ambiental y la equidad regional. También subrayó la importancia de construir un diálogo amplio sobre los retos sociales y económicos del país.

El equipo de campaña anunció que continuará recorriendo el territorio nacional “con el corazón en la mano y el oído en la gente”, consolidando así una propuesta política centrada en la inclusión y la justicia social.

Si logra cumplir con el requisito de firmas, Luis Gilberto Murillo se convertiría en uno de los primeros aspirantes en oficializar su candidatura presidencial para las elecciones de 2026, dentro de la figura de grupos significativos de ciudadanos.

Víctimas del conflicto armado y más de cien organizaciones sociales dirigieron una carta al Consejo de Seguridad de la ONU para solicitar la continuidad del financiamiento y apoyo político a la Misión de Verificación en Colombia. Según los firmantes, este organismo es clave para consolidar los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 y evitar retrocesos en su implementación.

La carta fue remitida en vísperas de la votación sobre la extensión del mandato de la misión, en medio de un debate internacional por su futuro. La controversia surgió luego de críticas de un representante estadounidense ante las Naciones Unidas, quien cuestionó la eficacia de la misión y el compromiso del actual Gobierno colombiano con la paz.

“Su respaldo a los diferentes gobiernos del país ha sido vital para garantizar avances en la reforma rural, la reincorporación de excombatientes y la seguridad de los líderes sociales”, señala el documento firmado por más de 180 personas y entidades que trabajan en defensa de los derechos humanos.

Los firmantes enfatizaron que la presencia permanente y el monitoreo de la ONU en Colombia han contribuido a resolver estancamientos en la implementación del acuerdo, además de generar confianza en los territorios más afectados por la violencia.

También destacaron el valor de los informes técnicos presentados ante el Consejo de Seguridad, los cuales ofrecen una mirada independiente y detallada sobre los progresos, desafíos y oportunidades para continuar fortaleciendo el proceso de paz en el país.

El Consejo de Estado anuló la resolución con la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había otorgado la personería jurídica al movimiento Dignidad Liberal, liderado por el exsenador Rodrigo Lara. Según la decisión, el CNE incurrió en falsa motivación y desconoció el precedente judicial fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-257 de 2021, que establece los criterios para reconocer personerías a partidos afectados por hechos de violencia política.

El fallo cuestiona la argumentación del CNE

La alta corte concluyó que no existieron pruebas de violencia grave o extraordinaria que impidieran la participación política de Dignidad Liberal. El CNE había sustentado su decisión en el asesinato del exministro Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido en 1984.

Sin embargo, el Consejo de Estado recordó que, según la Corte Constitucional, los hechos de violencia relevantes para estos casos deben haberse producido a partir de 1988, año en el que comenzó la apertura democrática con la elección popular de alcaldes. Por ello, consideró que los hechos de 1984, aunque trágicos, no afectaron la participación electoral posterior del movimiento.

Alcance y efectos de la sentencia

El fallo declaró la nulidad de la personería jurídica de Dignidad Liberal por vulnerar el orden constitucional y aplicar de forma incorrecta el precedente judicial. No obstante, la Sala decidió modular los efectos hacia el futuro, manteniendo la validez de las actuaciones realizadas durante la vigencia del acto anulado, en respeto al principio de buena fe y la presunción de legalidad.

Precedente para el reconocimiento de partidos políticos

Con esta decisión, el Consejo de Estado sienta un precedente para que el CNE actúe con mayor rigurosidad al reconocer personerías jurídicas a partidos y movimientos políticos. En fallos recientes, el alto tribunal también ha anulado decisiones similares relacionadas con otros movimientos, reforzando la exigencia de pruebas claras sobre hechos de violencia política.

Por qué se había reconocido a Dignidad Liberal

En julio de 2024, el CNE había concedido la personería jurídica a Dignidad Liberal tras una solicitud del excongresista Rodrigo Lara Restrepo, quien argumentó que el movimiento fue fundado por su padre, Rodrigo Lara Bonilla, y que desapareció tras su asesinato. En su momento, el CNE consideró que el reconocimiento buscaba reparar los efectos de la violencia política.

Con la nueva decisión del Consejo de Estado, el movimiento queda sin personería jurídica, marcando un punto de inflexión en la aplicación del precedente constitucional sobre la representación política en Colombia.

El Ministerio de Agricultura puso en marcha el Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGRA), una estrategia que busca fortalecer al sector pesquero y acuícola colombiano mediante apoyos financieros, subsidios, seguros y acompañamiento técnico. El objetivo es prevenir y mitigar los riesgos agropecuarios y promover la inclusión crediticia de pequeños productores tradicionalmente excluidos del sistema financiero.

El IIGRA ofrece beneficios que incluyen tasas de interés subsidiadas, incentivos al seguro agropecuario y fomento al ahorro, además de asesorías técnicas. Este instrumento, explicó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, “permitirá a los pequeños pescadores fortalecer sus procesos y protegerse ante eventualidades económicas y climáticas”.

El programa cuenta con el apoyo del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), el Banco Agrario de Colombia y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).

Cuatro componentes del incentivo

El primer componente, de fomento a la inclusión crediticia, busca eliminar barreras que impiden acceder a créditos de fomento. A través de Finagro y el Banco Agrario se otorgan tasas subsidiadas de hasta 16,2% para organizaciones de pequeños productores.

El segundo componente, de fomento al ahorro, incentiva a las asociaciones que ahorren con recursos proporcionales del Gobierno Nacional, destinados a reducir riesgos sanitarios, ambientales y de mercado.

El tercero, de transferencia de riesgos agropecuarios, otorga subsidios de hasta el 90% para seguros agropecuarios, permitiendo a los productores protegerse frente a pérdidas climáticas o biológicas.

Por último, el componente técnico financia capacitaciones para que las organizaciones elaboren un Plan de Gestión Integral de Riesgos Agropecuarios, fortaleciendo su resiliencia productiva.

Apoyo financiero y alianzas

Según Alexandra Restrepo, presidenta de Finagro, el IIGRA “no solo es un apoyo financiero, sino una apuesta por cerrar brechas de acceso al crédito y mejorar la calidad de vida de mujeres, jóvenes y pequeños productores”.

El presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, destacó que durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se han otorgado más de 244.000 millones de pesos en créditos al sector pesquero y acuícola, principalmente para la compra de equipos.

Quiénes pueden acceder

Podrán postularse asociaciones de productores con al menos un año de constitución y más de 60 integrantes, siempre que sus miembros sean sujetos de crédito y no hayan accedido a otros incentivos como el ICR o el ISA en la misma vigencia.

Las asociaciones interesadas pueden acercarse al Banco Agrario o comunicarse con la Agrolínea Nacional (018000912219) o vía WhatsApp (313 889 8435) para obtener más información sobre el IIGRA de Finagro.