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El Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, afirmó en Colombia Hoy Radio que este lunes habrá apertura de una parte de la vía en el sur del Cauca para permitir el tránsito de los camiones transportadores de combustibles, de leche y otros alimentos, con el fin de aliviar la crisis generada por los derrumbes en el sector del municipio de Rosas.

“Nuestro Presidente hizo un compromiso con el país, con el Cauca, con todos los usuarios de la vía Panamericana, que hoy abriríamos una parte de la vía que habilitan el paso de las tractomulas que llevan leche, gasolinas, productos de primera necesidad”, dijo el Ministro Reyes en el informativo de la Presidencia.

En el mismo sentido, el jefe de la cartera de Transporte recalcó: “Hoy (lunes) operará la vía que hemos reparado, rehabilitado, ya casi pavimentado en su integridad, entre las depresiones de la tierra”.

El Ministro destacó que el fin de semana se realizaron las pruebas pertinentes en la vía, con el paso de 13 camiones, tractomulas y vehículos doble troque, y destacó que este lunes será abierta la vía en el sentido Pasto – Popayán, y que al día siguiente se habilitará el sentido Popayán — Pasto.

“En estos momentos, yo estoy en Popayán, camino a poder llegar a El Bordo (cabecera municipal del municipio de Patía), para efectos de poder permitir el tráfico de los camiones, por esta vía que hemos arreglado”, agregó Reyes.

Con relación a la apertura de la variante nueva, el Ministro de Transporte indicó que esto ocurriría entre el jueves y viernes.

Finalmente, manifestó que el plan era entregar la variante antes, pero por condiciones climáticas en la zona el cronograma de la obra se alteró.

Cabe recordar, que debido al derrumbe en Rosas, el Presidente Gustavo Petro instó al equipo de Gobierno para implementar acciones urgentes, como la reactivación del Puerto de Tumaco, que se convirtió en puente fundamental con Buenaventura para el transporte de gasolina y bienes de primera necesidad.

Además, se retomaron las relaciones en la frontera entre Colombia y Ecuador para el tránsito de camiones que estaban a la deriva por este hecho.

La Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sandra Urrutia, dio a conocer el plan del Gobierno del Cambio para fortalecer la conectividad regional a internet para llegar a los territorios en donde la presencia del Estado ha sido escasa o casi nula, y que incluye la vinculación y formalización de redes comunitarias en la Colombia profunda.

“Esto no es una utopía ni es un sueño. Por ejemplo, en municipios como La Macarena, en el Meta, hoy en día existe la Red Poliniza, que tiene 40 familias, con 120 personas conectadas. O en Uribia, en La Guajira, donde hay 144 personas conectadas”, resaltó la Ministra de las TIC, en entrevista con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia.

Asimismo, destacó que la estrategia del Gobierno del Presidente Gustavo Petro busca conectar territorios como el Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Chocó, San Andrés y Providencia y el Cauca.

“La meta que nosotros tenemos es conectar al 85%, que si la medimos en habitantes es sumar a 32 millones de colombianos y colombianas que tengan acceso a internet”, subrayó la MinTIC, quien agregó que se van a utilizar múltiples canales tecnológicos como la fibra óptica, microondas, capacidad satelital o también combinar estas tecnologías en donde sea necesario.

¿Explíqueles a los colombianos qué es una comunidad de conectividad?

Sí, claro que sí. Bueno, ya existen en el país, lo que ha sucedido es que no han sido visibilizadas por el Estado, pero en este Gobierno del Cambio, desde el día uno y desde que el señor Presidente de la República, Gustavo Petro nos dio la tarea de liderar el Ministerio de las TIC las hemos ido a buscar y a coordinar.

De hecho, ya hemos venido adelantando un trabajo, por eso es que el Presidente habla de esa posibilidad de que la comunidad preste el servicio.

En efecto, las redes comunitarias son esas infraestructuras de telecomunicaciones que un grupo local de personas instala para satisfacer sus necesidades de comunicación; es el producto del trabajo mancomunado, en donde las propias personas organizan sus esfuerzos y se juntan para cerrar la brecha de la conectividad.

¿En dónde ya existen este tipo de comunidades de conectividad?

Esto no es una utopía ni es un sueño. Por ejemplo, en municipios como La Macarena, en el Meta, hoy en día existe la Red Poliniza, que tiene 40 familias, con 120 personas conectadas. O en Uribia, en La Guajira, donde hay 144 personas conectadas. O en Silvia y Caldono (norte del Cauca), en donde tenemos una comunidad de 450 personas conectadas por la comunidad, o en Maní, Casanare, donde hay 12 familias, 100 personas por la iniciativa comunitaria. A eso es a lo que hace referencia el Presidente.

¿Cuál es el plan del Gobierno del Cambio para la implementación de estas comunidades de conectividad en los territorios, en la Colombia profunda, donde los grandes operadores no hacen presencia?

En efecto, en la propuesta que tenemos desde el Gobierno Nacional y bajo el liderazgo del señor Presidente, es que estas redes van a ser complementarias a la estrategia nacional que tenemos ya en marcha con la industria móvil.

Nosotros tenemos como compromiso pasar hoy del 60%, en que encontramos conectada a Colombia —y si nos vamos a la ruralidad, pues aquí la desconexión es de un 70% de los colombianos que no tienen acceso a ninguna posibilidad de comunicación—a conectarnos en un 85%, para lograr no solamente tener comunicación, sino algo que nos ha pedido el Presidente, y es que esa conectividad sea para la productividad.

En la diversidad de nuestros territorios existen diferentes alternativas de comunicación. No es lo mismo conectar al Amazonas, a La Guajira, al Pacífico, a nuestra Orinoquía o aquí, a nuestro Altiplano Cundiboyacense.

A estas comunidades las vemos como aliadas y las estrategias que tenemos es que en un proyecto que se denomina ‘Promoción y Prevención’ los estamos formalizando, los estamos trayendo aquí, a la institucionalidad y los vamos a fortalecer con incentivos de recursos del Estado para que ellos nos ayuden a llegar a más capacidad, llegar a más hogares.

En algunos lugares podemos llegar a la residencia de nuestros colombianos, pero en otros lugares estamos viendo que la solución puede ser accesos comunitarios.

¿Cómo van a hacer para vincular a las comunidades y a los jóvenes en este plan? El Presidente Petro habla de hacer una alianza con la Acción Comunal y también habla de vincular a los jóvenes.

Bueno, hay varias formas de vincularlos. La primera, pueden crear comunidades organizadas que presten los servicios de comunicaciones.

Hoy en día el marco legal nos lo permite, cualquier persona natural o jurídica que quiera prestar un servicio de telecomunicaciones por mandato de la ley lo puede hacer. Hoy en día existe una habilitación general. ¿Qué es lo que sí deben hacer? Pues cumplir con unos requisitos que deben acreditarlos ante el Ministerio de TIC.

Nosotros qué estamos haciendo. Acercándonos a la comunidad para facilitarles que hagan su registro TIC, que sepan cómo deben cumplir con los planes técnicos, cómo deben cumplir con sus obligaciones para ayudarlos a verlos como unos aliados estratégicos en este cierre de brechas. Esta es una manera, es decir, creando infraestructuras, llevando la tecnología.

¿Pero cuál puede ser la otra? Que se preparen en este mundo de la tecnología. Nosotros desde el Ministerio y varias entidades del Estado tenemos proyectos para formarlos en capacidades que sirvan para el desarrollo de las TIC, por ejemplo, que aprendan de análisis de información, que aprendan de creación de contenidos, que aprendan de temas de seguridad digital, de programación, de desarrollo de software.

Esta es otra manera de vincular a la juventud a este mundo de la tecnología, pero para ello qué necesitamos. Pues que llegue la conectividad, que en su casa, que en su acceso cercano, en la escuelita más cercana, con la Junta de Acción Comunal pueda tener ese acceso.

Y en esa dirección estamos ya con una política que se llama ‘Conecta TIC 360, Así conectamos a Colombia’, porque estamos llevando la conectividad, estamos llevando también la apropiación, es decir, que aprendan a utilizar las TIC, y estamos llevando a las escuelas los computadores para que también tengan los dispositivos para acceder a la tecnología.

¿Esto sería solamente a través de fibra óptica o hay otros sistemas para llegar a esa Colombia profunda donde no hay conectividad por parte de los grandes operadores?

La ventaja de la tecnología es que yo puedo tener múltiples canales y así, dependiendo de las condiciones particulares del territorio, puede ser por fibra óptica, que es un buen conductor de la conectividad, pero yo también puedo utilizar microondas, puedo utilizar enlaces, incluso, puedo utilizar la capacidad satelital o combinar estas tecnologías.

Aquí no podemos poner restricción tecnológica a ninguna iniciativa que facilite la calidad de vida de las personas. La tecnología es un medio, pero el fin para nosotros es que la comunidad desarrolle sus haberes, que pueda tener ese acceso a la sociedad del siglo XXI. Así que bienvenido cualquier medio tecnológico.

¿En qué regiones está planeando el Gobierno implementar este mecanismo de las comunidades de conectividad?

Esperamos llegar a territorios en donde la presencia del Estado ha sido escasa o casi nula. Conectar, por ejemplo, al Amazonas es un sueño que tenemos que convertirlo en realidad. También al Vaupés, al Guainía, al Guaviare, al Chocó, San Andrés y Providencia, el Cauca. La meta que nosotros tenemos es conectar al 85%, que si la medimos en habitantes es sumar a 32 millones de colombianos y colombianas que tengan acceso a internet.

La estrategia regional o focalizada, que la esperamos trabajar con las comunidades organizadas y con los operadores de internet, va a ser aplicada en los departamentos donde la brecha digital es muy alta, es decir, donde prácticamente tenemos desconexión.

Para finalizar. ¿Qué debe hacer un líder o un joven de una población de la Colombia profunda que no tenga acceso a internet para contar con este servicio?

Lo primero es verificar si en la vereda más cercana ya existe una solución de internet, quién la está prestando o si hay algún acceso comunitario. Eso nos ayuda mucho para identificar focalmente cómo llevar este servicio. Y si ven que no hay nadie, entonces los invitamos a que se acerquen al Ministerio de las TIC, donde les damos toda la asesoría para que sean quienes lideren un proyecto de cierre de la brecha de conectividad en la región. 

En la Ley del Plan Nacional de Desarrollo reconocimos algo que solo se da en un Gobierno del Cambio, y es que la tecnología no es un privilegio. Dejamos escrito explícitamente que el acceso a la conectividad es un derecho.

”La única Mesa de diálogos que está activa en este momento es la del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, aclaró el ministro Velásquez, que también explicó que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es la dependencia encargada de estos procesos.

El ministro también advirtió que, pese al cese al fuego, las operaciones militares y policiales contra el narcotráfico, así como las encaminadas a proteger a las comunidades, seguirán, poniendo como ejemplo que si la Fuerza Pública encuentra un laboratorio para la producción de droga este será destruido.

“Sin que nadie pueda afirmar que hay una violación del cese por parte de la Fuerza Pública, porque es inadmisible que siquiera pudiera entenderse que el cese al fuego signifique una permisión para que continúen realizando sus actividades delictivas”, indicó el ministro Velásquez, según lo citan en Caracol Radio.

en el Diálogo con Juntas Comunales de Norte de Santander, en el que participaron federaciones y asociaciones de juntas de acción comunal del país, el Presidente Gustavo Petro les propuso a estas organizaciones construir una gran alianza con el Gobierno para avanzar en la implementación de la política ‘Colombia potencia, mundial de la vida’.

“Hemos querido hacer una alianza con la Acción Comunal, independientemente de sus maneras de pensar y del promedio de edades; yo creo que la organización popular que representan es importante para la implementación del programa de ‘Colombia, potencia mundial de la vida’”, resaltó el Jefe de Estado, quien también hizo referencia a la amplia presencia de la Acción Comunal en las zonas urbanas y rurales del territorio nacional.

En ese contexto, el Mandatario le planteó a la Acción Comunal trabajar de la mano en la implementación de las comunidades energéticas, a través de las energías limpias, las comunidades de conectividad y las vías terciarias o campesinas.

“Si esta ciudad es de sol, por ejemplo, muchísima gente podría generar energía eléctrica a partir del sol. Si esta ciudad es de vientos, muchísimas personas podrían generar energía eléctrica a partir del viento. Y si es de agua pues podría generar energía eléctrica, a partir del agua. Si solo pensamos en el sol, millones de familias en Colombia podrían generar energía eléctrica”, señaló.

El Mandatario agregó que este tipo de energía limpia se podría generar en los barrios, a partir de la ubicación de paneles solares, lo que les produciría ingresos a las comunidades.

“Una comunidad que genere energías limpias es una comunidad que está ayudando a salvar la vida en el planeta, al mismo tiempo que está generando ingresos para sí”, manifestó.

Con referencia a las comunidades de conectividad, el Jefe de Estado manifestó que la Acción Comunal podría llevar redes de fibra óptica a las regiones y barrios donde no llegan los grandes operadores de las telecomunicaciones.

Respecto a las vías terciarias o campesinas, el Mandatario dijo que la Acción Comunal “puede garantizar que el dinero no se pierda y que la vía sea más eficaz”, y recalcó que esta directriz ya se trazó en el Plan Nacional de Desarrollo.

La industrialización de Cúcuta

Durante su intervención, el Presidente Petro también refirió a la necesidad de trabajar en la industrialización de la ciudad de Cúcuta y al proceso de la Universidad del Catatumbo.

En tal sentido, aseveró: “Lo dijimos en la campaña, cómo se puede desarrollar la industria aquí, a través de la producción de alimentos, la base, la materia prima de un proceso de industrialización que genera riqueza”.

Además, hizo mención a otros sectores que se podrían impulsar en materia industrial en la capital de Norte de Santander, como el calzado, la agroindustria y los textiles, para jalonar el eje del desarrollo de la ciudad.

Finalmente, el Mandatario puso de relieve la propuesta del Gobierno del Cambio de construir la Universidad del Catatumbo, como uno de los pilares de la Paz Total en esa región del país.

“La propuesta más aplaudida es la Universidad, porque los padres y madres campesinas saben que si allí se expande un proyecto de educación superior para sus hijos e hijas las posibilidades de la violencia se alejan. Eso es sabiduría popular”, concluyó.

Con el liderazgo de los Presidentes se celebró en la frontera la primera reunión extraordinaria de la Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial No. 28 vigente desde 2012.

“Buscamos fomentar la integración, el desarrollo y equilibrio económico conjunto, fortaleciendo el comercio bilateral e impulsando nuestras relaciones en la frontera” manifestaron los mandatarios de ambos países. Destacaron que este logro se suma a la reciente firma del acuerdo bilateral de protección de inversiones. “Nuestro objetivo es propender por un comercio más equilibrado, complementario, un desarrollo y crecimiento que beneficie a ambos pueblos y sus economías”, destacaron los Presidentes.

La ceremonia de firma contó con la presencia de la Vicepresidenta Ejecutiva y Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña Mendoza. Los ministros suscribieron la Decisión No. 001 que oficializa los acuerdos alcanzados en materia de acceso a mercados y normas de origen para bienes, como resultado de la revisión adelantada por ambos países del Acuerdo No.28.

La actualización del Acuerdo comercial, vigente desde 2012, busca impulsar la complementariedad en el comercio de bienes a través de la diversificación productiva, formando cadenas de valor que respondan a las nuevas realidades económicas de ambas naciones.

Los Ministros precisaron que se revisaron y ajustaron las preferencias arancelarias a la realidad comercial de los dos países. La revisión arancelaria equilibrará las condiciones del intercambio comercial para estimular encadenamientos productivos y alcanzar la complementariedad económica.

En materia de origen se incorporan requisitos en algunos productos del sector agrícola que garantizan un grado de transformación de los bienes que se comercian entre ambos países.

Los países suscribieron esta Decisión con el objetivo de profundizar el marco jurídico que permita impulsar la integración para consolidar el desarrollo de nuestras naciones hermanas, las cuales jamás debieron estar separadas.

Para afianzar este marco jurídico, también se ha venido adelantando un trabajo de reconocimiento mutuo de requerimientos sanitarios con la participación de los Ministerios de Agricultura de ambos países, las entidades sanitarias como el ICA y el Invima de Colombia y el INSAI y la Contraloría Sanitaria de Venezuela para fortalecer los controles sanitarios en frontera.

Con estas decisiones se fortalece la institucionalidad en las relaciones económicas binacionales, pues las mismas se enmarcan en los acuerdos de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, y en el contexto de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Desde el pasado 26 de septiembre de 2022, cuando se habilitó el paso para la carga por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, en la frontera con Norte de Santander se ha avanzado en el restablecimiento de relaciones comerciales, económicas y diplomáticas. A ello se sumó la apertura desde el pasado 1º. de enero del Puente Atanasio Girardot, conocido como “Tienditas”, para el transporte de carga y paso de personas en vehículos particulares y públicos.

Los Gobiernos de Venezuela y Colombia ratifican su voluntad de continuar avanzando en la integración regional como vía para alcanzar la prosperidad económica y el bienestar social de ambos pueblos.

El Ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó este jueves en ‘Colombia Hoy Radio’ que este viernes 17 de febrero estará radicando, junto con el titular de la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo, el proyecto de ley de adición al Presupuesto General de la Nación por cerca de 23 billones de pesos.

Estos recursos “se distribuirán de conformidad con las prioridades del plan del Gobierno del Cambio del Presidente Gustavo Petro. Van a ir recursos a los temas que nos comprometimos a fortalecer, comenzando por la compra de tierras y la Reforma Agraria”, explicó el funcionario.

Alfonso Prada indicó que también “se atenderá la necesidad de extender la educación con infraestructura de calidad en los territorios donde nunca ha llegado una infraestructura educativa”.

Asimismo, se busca “dejar financiada la primera etapa de la transición del sistema nacional de salud que estamos proponiéndole al Congreso de la República”, lo cual implica la puesta en marcha de Centros de Atención Primaria (CAP) en todos los municipios del país.

El Ministro del Interior anunció que este viernes se expedirá el decreto que incorpora el debate de este proyecto de adición presupuestal a las sesiones extraordinarias del Congreso de la República.

En el acto de socialización y pedagogía de las políticas del Gobierno del Cambio, que tuvo lugar este martes en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el Presidente Gustavo Petro hizo un llamado al país a dar el paso hacia un pacto social, a través de las reformas a la salud, pensional y laboral que harán su trámite en el Congreso de la República.

“¿Por qué no damos un paso hacia un pacto social de verdad? ¿Por qué no se ha leído el resultado de las elecciones que acaban de pasar? Es que el pueblo no cambió en las urnas simplemente por una moda”, enfatizó el Jefe de Estado, quien agregó que el cambio que necesita el país no se puede lograr sin el pueblo.

“El cambio será más y más profundo en la medida que la mayoría de la sociedad nos acompañe. El cambio solo es posible con el pueblo”, afirmó.

En ese contexto, el Mandatario se refirió a cada una de las reformas que el Gobierno del Cambio impulsa para defender los derechos universales de los colombianos y colombianas, con el fin de construir democracia y Paz Total.

“Lo que tenemos son tres reformas, no las únicas ni las últimas. Son reformas que buscan garantizar los derechos universales de la gente, laborales, en salud y pensionales. Tres reformas que buscan más justicia, que la gente pueda acceder en igualdad de condiciones al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, como lo ordena la Constitución”, resaltó el Presidente.

Agregó que “el derecho universal es para todos y para todas. El derecho universal se denomina así porque nadie puede ser excluido. El derecho no es para quien pueda pagarlo”.

En tal sentido, el Presidente recalcó que si por alguna circunstancia las reformas propuestas por el Gobierno sufren trabas en su proceso, “lo único que están haciendo no es el camino de un pacto social ni los caminos de la paz”.

Sobre el pacto

El Presidente advirtió que “no hay mucho tiempo para ese pacto” y explicó que se trata de “un pacto que permita ver otra época, un pacto que permita que este país encuentre algo que es natural en muchos pueblos del mundo: la democracia y la paz.

“Es que no es mucho lo que pedimos. No estamos pidiendo el socialismo y el asalto al cielo, ni una sociedad utópica que no sabemos ni cómo construir. Otras generaciones lo harán”, sostuvo.

El Mandatario, finalmente, se refirió al concepto de justicia social, uno de los pilares de su Gobierno: “Esto que estamos construyendo, que se llama justicia social, tiene que ver con que nadie, independientemente de cuánto tenga en su bolsillo, debe acceder a los derechos universales”.

El Ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, anunció este martes en los micrófonos de ‘Colombia Hoy Radio’ que se está adelantando un estudio sobre la posibilidad pasar la Policía Nacional a esa cartera, con el objetivo de que “sea el mejor aliado del ciudadano. Eso es lo que queremos y hacia allá van a ir las reformas”.

El funcionario señaló que están esperando las conclusiones de este análisis para después de Semana Santa; sin embargo, “parece ser que lo mejor sería trasladarla al Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia define la política criminal del Estado, porque es el que articula las relaciones con el poder judicial”.

Explicó, a su vez, que se busca que los uniformados sean los grandes aliados del ciudadano, ya sea cuando se presente algún problema o en el momento en que se necesite garantizar la seguridad, pues son un instrumento para resolver problemas. Para esto, hay que avanzar en reformas de modernización de la institución.

Al respecto, el Ministro explicó que dicho estudio “arrojará las ideas de una Policía mucho más cercana a la ciudadanía; que el mejor amigo del peatón sea el Policía”.

Puntualizó que el estudio contempla también brindar herramientas en la formación de los policías como la de ser profesionales en resolución de conflictos y cuenten con habilidades suficientes para que, ejerciendo su autoridad, “la ciudadanía sepa que pueda confiar si tiene un problema de convivencia, si tiene un problema de un delito que ha sufrido”.

Si hay un derecho universal a la salud es posible la Paz Total y Colombia se puede constituir en potencia mundial de la vida, manifestó este lunes el Presidente de la República, Gustavo Petro, poco antes de que el Gobierno Nacional radicara ante el Congreso el proyecto legislativo Cambio hacia una Salud para la Vida.

El Mandatario recibió el texto del proyecto de ley, de 152 artículos, de manos de representantes de la sociedad civil, asociaciones de médicos, organizaciones sindicales y gremios de la salud, en un acto efectuado en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.

Le acompañaron la Primera Dama de la Nación, Verónica Alcocer; la Vicepresidenta de la República, Francia Márquez; los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, David Racero; la Ministra de Salud, Carolina Corcho, y el Presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza Villa, entre otros.

“Si hay un derecho universal a la salud es posible la Paz Total. Si hay unos derechos garantizados es posible la Paz Total y Colombia se puede constituir en potencia mundial de la vida”, expresó el Jefe de Estado.

Destacó que el sistema que se propone está basado en la salud preventiva por medio del Centro de Atención Primaria (CAP), que “no es una casa, una simple instalación donde unas personas atienden”, sino espacios de aproximadamente 25 mil personas, cada uno, distribuidos por el territorio nacional.

Las reformas

El Presidente Petro recalcó que este proyecto de ley se suma a otros presentados por el Gobierno Nacional, como el de Reforma Tributaria, que ya es ley, y señaló que este demostró que “era posible tener un régimen de tributación y de impuestos más justo”.

Se refirió, asimismo, a las reformas que el Gobierno presentará al Congreso en otras áreas, e indicó que con ellas se busca que mejore el diario vivir de todos los colombianos y colombianas.

“Son reformas universales, es decir, para todos y para todas, que no quede nadie excluido del impacto, que esperamos sea positivo”, dijo.

En ese orden de ideas, sobre la reforma pensional, el Mandatario manifestó: “Queremos que una pensión le llegue a cualquier viejo y a cualquier vieja en cualquier lugar del territorio de Colombia”.

Acerca de la reforma laboral sostuvo: “Lo que queremos es que cualquiera que vaya a pedir un puesto de trabajo, fundamentalmente una mujer, no le digan que es solo para tres meses —si es que lo consigue— y que cada dos meses tenga que hacer pleitesías y quedar vulnerable al acoso laboral o sexual”.

“Lo que queremos es que ese contrato de trabajo sea indefinido y que pueda permitir dignidad laboral”, agregó el Presidente Petro.

En cuanto a la reforma a la salud dijo: “Queremos que el médico pueda ir a cualquier lugar del territorio nacional y atender a cualquier persona”, y que “los habitantes puedan ser atendidos de manera permanente por un equipo de salud de profesionales”, en cualquier lugar del país.

También que “que una mujer embarazada pueda ser digna del cuidado y del tratamiento médico, y que no muera, como está sucediendo actualmente, simplemente porque no hubo nadie que le pudiera tomar la tensión, porque no hubo quién protegiera su vida y la de su hijo”, precisó el Jefe de Estado.

El Presidente Petro indicó que “estas reformas al final lo que traen y concretan es una sociedad diferente, una sociedad más democrática, una sociedad que sea de derechos universales, como lo piensa la Constitución Nacional, y no de exclusiones, como la realidad nos ha hecho vivir”.

Y enfatizó que “estos proyectos de ley que van a ser discutidos lo que le proponen a la sociedad colombiana es salir del neoliberalismo”, que definió como una ideología que ha gobernado el mundo desde hace aproximadamente cuarenta años.

Por último, afirmó que con la reforma “no habrá más clientes en la salud pública”.

“Ahora entregamos el proyecto de ley que será uno de los pilares para transformar   a Colombia en una potencia de la vida, Presidente del Congreso. Tienen ustedes ahora la palabra”, puntualizó.

El Mandatario de los Colombianos Gustavo Petro abrirá las puertas de la Casa de Nariño para que la ciudadanía participe, este martes 14 de febrero, en la socialización y pedagogía de la reforma estructural al sistema de salud, cuyo objetivo es el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios.

Frente a la Plaza de Armas y la plaza Núñez, desde el balcón de la casa presidencial, el Jefe de Estado compartirá los pilares de la reforma, entre los cuales se incluyen la atención preventiva y atención primaria tanto en las ciudades como en las regiones más apartadas del país.

Uno de los objetivos de la Reforma a la Salud es el cierre de brechas sociales y territoriales para lograr un sistema de salud que beneficie a toda la ciudadanía, sin distinciones sociales, económicas, culturales, regionales o de cualquier otra índole.

“Viva usted en Quibdó, viva usted en Leticia, viva usted en San José del Guaviare a ver qué pasa y lo que tenemos son problemas, problemas de la pobreza; no hay un sistema de salud (…). Vamos a tener una salud territorializada y, entonces, la familia tendrá el mismo sistema de salud para todos sus miembros y el territorio. En el sistema entramos por el Centro de Atención Primaria (CAP). Esa es la puerta de entrada al sistema”, indicó el Presidente el pasado 9 de febrero desde San José del Guaviare.

Explicó que los CAP tienen una función que no es solamente atender a los pacientes, “sino que organizan un territorio en un promedio de 20.000 personas para que equipos médicos visiten, de manera permanente, rutinaria, constante, a las familias de ese territorio, estén donde estén, para disminuir las causales de la enfermedad, eliminarla si es posible o atenderla aún en un estado primario en donde aún sea posible salvar la vida”.

Otro de los pilares es el fortalecimiento del sistema de atención primaria en salud, como fundamento de un modelo preventivo y predictivo, pero que, además, permita la atención de los pacientes en los niveles de complejidad de las redes integrales e integradas de servicios en salud.

A su vez, la iniciativa del Gobierno también le apuesta al fortalecimiento de los hospitales públicos, no como empresas sino como instituciones de salud del Estado, cuyo objetivo no es la rentabilidad financiera sino la rentabilidad social.

Con este nuevo modelo, ha asegurado el Presidente Petro, se pretende poner fin a “la competencia entre lo público y lo privado; esto es un modelo mixto, complementario, no competitivo”.

El proyecto también plantea la dignificación de las y los trabajadores de la salud, con la recuperación de la autonomía médica y la autorregulación, con ética y evidencia científica.

Finalmente, el Ministerio de Salud ha insistido en que este nuevo modelo busca recuperar la administración pública del erario, para que este sea un sistema eficaz, ágil, equitativo y sostenible en sus finanzas.

De manera previa a la convocatoria pública de este martes a las 3 de la tarde, el Presidente Gustavo Petro y la Ministra de Salud, Carolina Corcho –junto con representantes de la sociedad civil y otros funcionarios del Gobierno Nacional–, asistirán este lunes al acto de radicación en el Congreso de la República del proyecto de ley de Reforma Estructural al Sistema de Salud.

En la conmemoración del “Día Mundial de las Manos Rojas” que llama al ¡Alto! del uso, reclutamiento y vinculación de niñas, niños y adolescentes para la guerra, el Observatorio de la Niñez y Conflicto Armado (ONCA-COALICO), dio a conocer un informe donde revela cifras alarmantes del año 2022, en la vinculación de menores en Colombia en los delitos propios del enfrentamiento.

“Estos hechos, tan solo son un ejemplo de las múltiples vulneraciones y riesgos que ha enfrentado la niñez en Colombia durante los primeros meses de 2023, y se suman a los más de 66 eventos presentados entre enero y diciembre de 2022 que dejaron afectaciones a por lo menos 159, niñas, niños y adolescentes víctimas de vinculación y/o reclutamiento por parte de los actores armados”, según datos registrados por el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) de la COALICO.

Según el informe conocido por este medio de comunicación durante el año 2022, el ONCA registró un total de 398 eventos armados, de los cuales por lo menos 239 generaron afectaciones directas alrededor de 268.524 niñas, niños y adolescentes que sufrieron algún tipo de violación o riesgo relacionado con el conflicto armado y la violencia generalizada.

“Especialmente registrada en los departamentos de Arauca, Putumayo, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá y Cundinamarca, contra la población civil en general, y en particular, contra personas menores de 18 años de edad”, afirmó el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) de la COALICO.

En la edición No. 28 del Boletín de Monitoreo del ONCA, se suman a las cifras de reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes por los actores armados, datos relacionadas con otras afectaciones, como es el caso de violaciones contra el derecho a la vida e integridad personal, violencia y abuso sexual, secuestro, desplazamiento forzado, confinamiento, denegación de acceso humanitario y los ataques contra las escuelas. De esta manera, el ONCA registró un aumento 11,5 veces más alto de niñas, niños y adolescentes afectados por el conflicto armado y la violencia generalizada para el año 2022 en comparación con la cifra de 2021. 

Con base en lo anterior, este 12 de febrero, en el “Día Mundial de las Manos Rojas”, desde la COALICO invitó al Estado y a la sociedad en su conjunto, a sumarnos y contar: “1,2,3 por la paz: Niñas y niños fuera de la guerra. Niñas y niños dentro de la paz”, y motivados por la gravedad de la situación de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en Colombia, la COALICO recomienda que: 

1). El Estado colombiano, en cabeza del Gobierno Nacional, fortalezca su respuesta en materia de protección de la niñez y la adolescencia víctima o en riesgo de serlo por razones del conflicto armado y la violencia generalizada, especialmente, liderando de manera protagónica, ajustando y aprovechando lo que se haya avanzado en el país en la implementación de la Línea de política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO).

En este sentido, es necesario que se designe con prontitud, los y las funcionarias que deban encargase de las instancias responsables de movilizar a la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA).

2). Disponer de los recursos técnicos y económicos que logren implementar las rutas de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual en los territorios. 

3). Frente a los anuncios de la Política de “Paz Total” del actual gobierno, se solicita como punto de partida, exigir a los actores armados el cese inmediato del reclutamiento, uso y vinculación de niñas, niños y adolescentes, al mismo tiempo de las acciones que las y los pongan en riesgo.

Igualmente, tener una ruta de acompañamiento adecuada para las niñas, niños y adolescentes que salgan de los grupos armados, a partir de los aprendizajes de anteriores procesos, donde se priorice que todas y todos sean entregados, el restablecimiento pleno de derechos, el acompañamiento psicosocial adecuado y permanente, y la reintegración e inclusión social, especialmente con enfoques familiar y comunitario. 

4). El Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Defensa, debe finalizar de inmediato todas las acciones que ponen en riesgo a las niñas, niños y adolescentes, como las denominadas “Acciones de apoyo al desarrollo”, que finalmente, son acciones cívico-militares. Este tipo de actividades, ponen en riesgo la vida e integridad de las niñas, niños y adolescentes, sus familias, escuelas y comunidades; por ello, diferentes organismos internacionales como el Grupo de Trabajo de Niños y Conflictos Armados del Consejo de Seguridad, el Secretario General, el Comité de los Derechos del Niño, y el Comité de Derechos Humanos, todos ellos de las Naciones Unidas, entre otros, han solicitado reiteradamente al Gobierno colombiano y a la Fuerza Pública, eliminar, suspender y no repetir este tipo de acciones.

5). A las administraciones locales, priorizar las acciones de prevención y protección que por obligación tienen en cada territorio, así como consolidar los planes de prevención de reclutamiento uso y/o utilización, dinamizar y fortalecer los Equipos de Acción Inmediata (EAI) y las políticas públicas dirigidas a este sector de la población, y garantizar los enfoques étnicos y diferenciales que deben ser prioridad tanto para los gobiernos salientes, como para los que entrarán en 2024.

6). A los actores armados se exige finalizar de inmediato todas las acciones de vinculación y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional, al mismo tiempo, es obligación de todas estas estructuras, comprometerse con el respeto por los DDHH y el DIH, que dé como resultado el cese de todo tipo de vulneración que se pueda presentar producto del conflicto armado. 

7). A la comunidad internacional y al ministerio público que sigan apoyando a mejorar las condiciones de protección de la niñez y la adolescencia en el país, que sean veedores de las acciones que se emprenden en esta materia, y voceros de las graves situaciones que enfrentan las comunidades, en especial, las niñas, niños y adolescentes en mayor vulnerabilidad frente al conflicto armado y la violencia generalizada.

8). Se convoca a los medios de comunicación a hacer seguimiento estricto de las violencias que en el contexto del conflicto armado afectan a las niñas, niños y adolescentes, presentando información confiable que no les revictimice, contribuyendo con su labor, a mantener en la agenda nacional, la necesidad de proteger a la niñez y la adolescencia en este escenario tan adverso para la vigencia de sus derechos.

9). La sociedad civil tiene la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos, en particular por la protección y la supervivencia de las niñas, niños y adolescentes, además del deber ético y político, de contribuir a la vigencia de los derechos, sin sustituir al Estado colombiano. Juntas y juntos podemos trabajar en ese empeño.

10). A las niñas, niños y adolescentes, les hacemos un llamado para que se apropien de sus derechos, exijan que sean una realidad para cada una y cada uno, participando activamente en los procesos que construyen paz desde lo cotidiano y en cada lugar en donde estén.

Finalmente, les invitamos, desde todos los lugares, responsabilidades, roles y funciones en los distintos ámbitos de la vida, a sumarse en los actos simbólicos y académicos que se han preparado para esta conmemoración del Día de las Manos Rojas, los días 12, 16 y 23 de febrero. 

Como un “primer campanazo” para evitar que se hagan las reformas del Gobierno del Cambio  calificó el Presidente Gustavo Petro la suspensión del Director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, por parte de un organismo de control.

El Mandatario se refirió al tema durante la entrega a 52 familias campesinas de 243 hectáreas de tierras, correspondientes a los predios El Romero y El Principio, que estaban en poder de la SAE.

En su intervención el Mandatario recalcó que, de tiempo atrás, un sector corrupto de la clase política se apropió de los bienes de la mafia, hasta que llegó este Gobierno y dijo: “Basta, paren el robo”.

Indicó que en su administración hay algunos “funcionarios de la línea roja”, a quienes los corruptos ponen dos alternativas: “O se arrodillan y reciben el billete y prestan el Estado a la corrupción, o los matan”.

“Esas líneas rojas son unos cuantos funcionarios que he tratado de escoger con el mayor cuidado, para que ni le tengan miedo a la amenaza de la muerte, ni se dejen arrodillar, vendiéndose por el dinero del narcotráfico”, sostuvo.

Consideró que no es fácil encontrar a esas personas, quienes arriesgan su vida y las de sus familias.

Y agregó, a renglón seguido: “En el caso de la SAE, escogí a Daniel. Y fíjese el resultado: a las pocas semanas de su posesión, aparece un órgano de investigación, que nunca jamás hizo la investigación del enorme robo de los bienes de la mafia incautados, por los políticos en el poder”.

“Y, en cambio, cuando empezamos a entregar las haciendas de esos mafiosos al pueblo pobre, al pueblo campesino, al pueblo que estaba inundado en ese momento, entonces sí inicia una flamante investigación y suspende al Director de la entidad”, subrayó el Presidente Petro.

Y preguntó: “¿Eso es justicia? ¿Qué es lo que estamos viendo ante nosotros solo en este hecho? Es el primer campanazo, apenas; es el primer paso que han dado para intentar que no hagamos lo que prometimos en la plaza pública, y por lo cual 11 millones y medio de poderosos votantes, hombres y mujeres y jóvenes y viejos” decidieron que era el momento de hacer el cambio en Colombia.

En este sentido, el Jefe de Estado manifestó que en su Gobierno los cambios serán profundos y la gente debe salir a la calle a defenderlos y a hacer que los pactos se cumplan.

Entrega de tierras en San Benito Abad

Cabe indicar que durante su visita de este sábado al municipio de San Benito Abad, en el departamento de Sucre, el Jefe de Estado entregó a 52 familias campesinas un total de 243 hectáreas de tierras, correspondientes a los predios El Romero y El Principio, que estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En estos predios se realizará un proyecto de siembra de cítricos y marañón, además de una intervención ambiental para recuperar este sector afectado por actividades de minería.

El acto liderado hoy en San Benito Abad por el Presidente Petro hace parte de una serie de entregas de tierras por parte de la SAE, las cuales se llevaron a cabo los días 9, 10 y 11 de febrero en los municipios de Sampués, San Marcos y San Benito Abad, en Sucre.

En este sentido, a través de su estrategia ‘Tierras para la Paz Total’, la SAE –con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación– entregó los derechos de uso de cinco predios en total para beneficiar a mujeres cabeza de hogar, afectados por la ola invernal, comunidades indígenas, mujeres artesanas y familias campesinas.

En Sampués, entregó dos predios: Bendición de Dios, de 77 hectáreas, a 25 familias campesinas. Y La Esperanza, de 12 hectáreas, a 50 mujeres vulnerables.

Asimismo, en San Marcos, entregó el predio El Paraíso, de 170 hectáreas, a 40 familias campesinas.

Los proyectos productivos que se apoyarán en estos predios buscan aportar a la economía popular y la soberanía agroalimentaria.

El Presidente Gustavo Petro afirmó este jueves, ante los alcaldes de las ciudades capitales, que la propuesta de Reforma al Sistema de Salud se presentará al Congreso el próximo lunes.

En la XXI Cumbre de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que se llevó a cabo en la capital del departamento del Guaviare, el Mandatario indicó que con la iniciativa se busca que el hospital público deje de ser una empresa social del Estado y se convierte en una institución de salud.

“Esto es un modelo mixto, complementario, no competitivo. El hospital público deja de ser empresa social del Estado, es decir, de buscar minimizar costos o recortar servicio, y se convierte en institución de la salud, como era antes”, explicó el Jefe de Estado.

El Presidente Petro precisó que actualmente el sistema ofrece un aseguramiento individual, pero “no hay una salud familiar”.

Y reiteró que el modelo que se propone tiene como uno de sus pilares la atención primaria y la prevención, por medio de los Centros de Atención Primaria (CAP), organizados en el territorio nacional.

“El proyecto tiene un pilar, que tiene varios puntos esenciales, sin el cual no hay un cambio en la salud. Esto no es simplemente mejorar la latonería, no es que entra a latonería y pintura el sistema de salud. Ha entrado como 10.000 veces desde que yo soy congresista. Nunca ha podido salir algo que genere estructuralmente una solución. Los problemas estallan cada año”, expresó.

Añadió que la función del hospital es “que los pacientes salgan –hasta donde la tecnología y la ciencia dé– curados. Derecho a la salud”.

“Entonces vamos a cambiar. Primer pilar fundamental, tener un modelo preventivo y de atención primaria fuerte”, sostuvo.

Advirtió que en el país hay “un sistema desigual” que “se traduce en una profunda diferenciación de la población y en las regiones frente al derecho a la salud”.

Precisó que el 22% de la niñez colombiana tiene anemia y el país ocupa los últimos lugares en cuanto a mortalidad materna de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Y es por la ausencia de un sistema de atención primaria y de prevención en Colombia, no lo tenemos”, enfatizó.

El Presidente Petro manifestó que “el Centro de Atención Primaria tiene una función, que no es solamente atender al que le llega, sino que organiza un territorio, en un promedio de 20.000 personas, para que equipos médicos visiten de manera permanente, rutinaria, constante, la familia de ese territorio, estén donde estén, para disminuir las causales de la enfermedad, eliminarla, si es posible, o atenderla aún en un estadio primario en dónde aún sea posible salvar la vida”.

“Pero el modelo de atención será el mismo, tanto en lo público y lo privado, como en el barrio rico como en el barrio pobre. Como en el mundo rural que hoy no tiene sistema de salud. Esto lo primero que garantiza es salud en el mundo rural, que hoy no tiene salud”, concluyó el Presidente de la República.

“Si la agrupación que dice estar dispuesta a un cese al fuego, cesa el fuego contra el Estado, pero también contra la población, y establece los mecanismos para separarse de los negocios (ilícitos), pues, obviamente, no la vamos a perseguir, la vamos a invitar a que acuda a la ley. Pero, si eso no es así, la Fuerza Pública tiene que actuar, debe y tiene que actuar”.

Con estas palabras, el Presidente Gustavo Petro advirtió este miércoles a las organizaciones armadas que han expresado su interés de acogerse a la Paz Total ofrecida por el Gobierno del Cambio que deben cesar las hostilidades, no solo contra el Estado sino especialmente contra las comunidades, además de ponerles fin a negocios ilícitos como el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros.

En el municipio antioqueño de Yarumal, donde encabezó un Puesto de Mando Unificado por la Vida, el Jefe de Estado explicó que “el concepto del cese al fuego tiene que integrar otros elementos que, yo creo, se necesitan para que el proceso pueda dar el resultado eficaz. No es, solamente, el cese de hostilidades entre grupos armados, sino el cese de hostilidad a la población civil”.

En el Instituto Educativo de María, donde se desarrolló el encuentro con las comunidades, el Mandatario enfatizó que no puede aceptarse un cese al fuego con algún grupo si no lleva implícito el cese de hostilidad contra la población, es decir que no haya masacres, asesinatos de líderes sociales, desplazamientos y confinamientos, al igual que no sembrar minas antipersonal y permitir los retornos de familias expulsadas de sus territorios.

En este orden de ideas, el Jefe de Estadio reiteró: “Grupo que cometa una hostilidad contra la población, cualquiera, debe ser perseguido, porque dentro del cese debe estar el cese de hostilidades a la población. Grupo que esté ‘traqueteando’, por ponerle esa palabra, es un grupo que tiene que ser perseguido, porque, ¿quién dijo que nosotros aceptamos el traqueteo? Eso no está en la posibilidad de la paz”.

Al respecto, dijo que “no puede haber un cálculo premeditado para usar la paz como un mecanismo de acumulación de los negocios”.

El Presidente Petro recordó que “los métodos de la negociación pueden variar. En unas, la negociación tiene que ver con el poder, con la política. Esas tienen más carácter político, les interesa más las reformas del país, etcétera, lo plantearán. Y esa negociación será con el Gobierno”.

Y en el caso de las organizaciones multicrimen que quieran acogerse a la mano tendida del Estado, dijo el Presidente, “quien negocia con ellas no puede ser el Gobierno, porque ya no se trata del poder. Con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de agrupaciones”.

De otro lado, el gobernante anunció que para facilitar el acogimiento de estos grupos, “vamos a presentar la ley el 15 de febrero, que puede presentar caminos, salidas, para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro, sino que pueda haber un camino de salida pacífica, si se quiere y hay voluntad de hacerlo”.

Alianza entre el Estado y el pequeño minero y el campesino

De otro lado, el Presidente Petro planteó la necesidad de establecer una alianza entre el Estado y el pequeño minero y el Estado y el campesino para avanzar hacia un modelo que llamó ‘prosperidad territorial’.

“Nosotros hemos convocado una Convención Nacional Minera, por ejemplo, de pequeños mineros” y “quisiéramos de ellos escuchar las propuestas para una reformulación de la minería en Colombia”, dijo.

Agregó que lo que se busca es que “se deje de perseguir al pequeño minero” y acceda a “una estabilidad tal que deje de convertirse en una de las bases de la violencia en Colombia”.

En este sentido, precisó: “La minería del oro tiene que reconstituirse en función de la pequeña minería, para que se empodere” y “deje de ser el caldo de cultivo de la violencia en Colombia, no por culpa del pequeño minero, sino porque se usa la persecución contra la pequeña minería y, al ilegalizarla, surge el caldo de cultivo de la violencia”.

“Yo sí estoy convencido de que, si hubiese una alianza entre el Estado y la pequeña minería, así como tiene que haber una alianza entre el Estado y el campesinado, se construyen sólidamente fuertes pilares de la paz en Colombia”, afirmó.

En Mandatario consideró que esto ya no tiene que ver con los grupos armados, sino “con nosotros mismos: Gobierno, sociedad, territorio, mandatarios locales: cómo lograr ese camino de la prosperidad territorial”.

Hay que fortalecer la producción campesina

En este contexto, el Jefe de Estado manifestó que, para lograr este propósito, “indudablemente hay que cambiar modelos de desarrollo”.

Indicó que “si seguimos importando el maíz, cuando fue aquí donde se descubrió el maíz, pues exportamos cocaína”.

Consideró, además, que no todo el desastre de la agricultura colombiana tiene que ver con la importación de alimentos, sino también “con la desidia, con las tasas de interés, con que ni siquiera la palabra ‘campesino’ aparece en la Constitución de Colombia”.

Destacó que el mundo campesino incluye en el país a entre 12 y 13 millones de personas, una parte sustancial de la sociedad, responsable de la alimentación que consume el pueblo colombiano.

Señaló que esta alimentación “se ha encarecido precisamente por no haber ayudado a esa producción y por estar importando cosas que se nos encarecieron, de repente, por circunstancias mundiales”, todo lo cual aumenta el hambre y la desesperanza.

“Entonces hay que fortalecer la producción campesina, y esto es lo que yo llamo una alianza entre el Estado y el campesinado que, para mí, y profundamente lo creo, es la base de la paz”, concluyó el Jefe de Estado.

El portavoz del Gobierno y ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo en una declaración desde la Casa de Nariño que el condenado Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico, ha sido facilitador de paz -y no gestor de paz- durante 47 días y que si su libertad de produjo fue en la autonomía del juez que la dictó y por equivocación.

“NO se ha solicitado la orden de libertad de Jorge Luis Alfonso López, quien hoy cumple una condena en prisión domiciliaria. Mediante la Resolución 075 de 2022, se autorizó al señor Jorge Luis Alfonso López para que contribuya en la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados. Dicha designación está vigente por un periodo de dos meses y la labor como facilitador del señor López se ejerce desde su lugar de reclusión, sin que esto signifique configuración de delitos adicionales a los que ya fueron aprobados por la Justicia”, indicó el portavoz nacional.

“El Alto Comisionado de Paz no tiene facultades para solicitar libertades”

 De igual modo, el Ministro del Interior, aclaró a la opinión publica cuales son las facultades del Alto Comisionado de Paz en Colombia, el cual no se encuentra en solicitar ni suspender ordenes de capturas.

“El Alto Comisionado de Paz no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa es una facultad exclusiva del Presidente de la República. No hay ningún decreto firmado –repito– que pida la libertad del señor López. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha verificado que el señor López sigue ejerciendo en el día de hoy su rol de facilitador desde su lugar de privación de la libertad. Jorge Luis Alfonso López es facilitador de paz desde su lugar de reclusión, y no gestor de paz como se afirma en algunos medios de comunicación en forma equivocada”, agregó el funcionario público.

Finalmente, Alfonso Prada rectificó que la labor de alias ‘Gatico’ y como los facilitadores de paz, es contribuir en los acercamientos con los grupos armados ilegales para que opten por acogerse a la justicia en el marco de la política de Paz Total.

“La labor de los facilitadores es contribuir a los acercamientos y conversaciones que posibilitarán el desmantelamiento de grupos armados ilegales, en lo que estamos empeñados, que opten por acogerse a la justicia en el marco de la política de Paz Total. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha certificado que el señor López ha desempeñado durante 47 días esta labor desde su sitio de reclusión. Para finalizar este encargo le quedan 13 días. El Gobierno Nacional, respetando la independencia de poderes y la autonomía de la Rama Judicial, pide al juez que otorgó la libertad del señor López que revoque la decisión, ya que no está fundamentada en las leyes vigentes”, concluyó.

El Gobierno Nacional realiza este martes reuniones con los miembros de la junta directiva de la nueva EPS y con una misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dentro del proceso de concertación previo a la presentación de la propuesta de Reforma al Sistema de Salud al Congreso de la República.

El Presidente Gustavo Petro encabeza el encuentro con directivos de la Nueva EPS, que se cumple en la sede del Ministerio de Salud.

El Mandatario está acompañado por los ministros del Interior, Alfonso Prada; Hacienda, José Antonio Ocampo, y Salud, Carolina Corcho; la Jefe de Despacho Presidencial, Laura Camila Sarabia; el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Lizcano; y el Consejero Presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco, entre otros miembros del Gobierno Nacional.

Por parte de la Nueva EPS participan los miembros de la junta directiva de la entidad: Néstor Ricardo Rodríguez (Presidente), Enrique Vargas Lleras, Noemí Sanín Posada, Fernando Jiménez Rodriguez y Beatriz Emilia Muñoz Calderón.

A continuación, el Jefe de Estado tendrá la reunión con la misión de alto nivel de la OMS/OPS, integrada por nueve personas, que visita el país esta semana con el fin de brindar cooperación técnica a la propuesta de reforma al sector.

A la reunión asistirán la Directora del Programa Especial de Atención Primaria de Salud de la OMS en Ginebra, Suraya Dalil; el Director de Sistemas y Servicios de Salud OPS/WDC, James Fitzgerald, y la Representante de la OPS/OMS en Colombia, Gina Tambini, entre otros.

La visita de esta delegación de la OMS a Colombia se realiza en cumplimiento del acuerdo logrado por el Presidente Petro con el Director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el mes pasado, durante la reunión en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

El articulado del Plan estima una inversión de $1.154 billones para los próximos cuatro años: $136,5 billones para la Convergencia regional; $114 billones para la transformación productiva y acción climática; $744 billones para temas relacionados con la Seguridad Humana y la justicia social; $47 billones para el Derecho Humano a la alimentación; y $28 billones para el Ordenamiento del Territorio alrededor del agua.

Entre sus metas se destacan: actualizar el Catastro Multipropósito en un 70%; llevar la pobreza extrema a un dígito; utilizar los excedentes financieros del carbón y del petróleo para hacer una transición energética, y llegar a cerca de 3 millones de hectáreas entregadas.

Descargue el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia potencia mundial de la vida: shorturl.at/uO037

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El Presidente de la República, Gustavo Petro, anunció este lunes que el Gobierno fortalecerá el Carnaval de Barranquilla y otras manifestaciones culturales del país para que no pierdan “su esencia popular”.

“Los vamos a fortalecer desde su vertiente genuinamente popular”, manifestó el Mandatario, quien recibió en la Casa de Nariño a directivos del Carnaval de la capital del Atlántico, que lo invitaron a participar en este certamen cultural que se lleva a cabo desde el sábado 18 hasta el martes 21 del presente mes.

El Mandatario estuvo acompañado por la Primera Dama, Verónica Alcocer; la Ministra de Cultura, Patricia Ariza; la Gerente del Carnaval de Barranquilla, Sandra Gómez; la Reina del Carnaval, Natalia de Castro González; el Rey Momo, Sebastián Guzmán Gallego, y la Secretaria Distrital de Cultura y Patrimonio, María Teresa Fernández, entre otros.

“Hay una diversidad cultural en el Caribe que llega a Barranquilla, pero Barranquilla tiene una especificidad allí que ha hecho que este Carnaval sea Patrimonio de la Humanidad”, expresó el Jefe de Estado y agregó que asistirá al Carnaval del Suroccidente, parte de la celebración barranquillera.

Anotó que “lo que hay que garantizar es que el Carnaval no pierda su esencia popular, que la puede perder, como ha sucedido en otros lugares del mundo”.

“Por eso estaremos en el Suroccidente, allí encontrándonos con nuestra gente”, puntualizó el Presidente Petro.

Este 6 de febrero, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en compañía del ministro del Interior, Alfonso Prada, y de varios congresistas del Gobierno Nacional, radicaron ante la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley para la Modernización y Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario, o reforma a la justicia, cuyo propósito principal es mejorar la política criminal y penitenciaria.

Entre las propuestas para reformar el sistema a la justicia, se encuentran la despenalización de algunas conductas punibles, la derogatoria al delito de inasistencia alimentaria, así como la derogatoria de varios delitos establecidos en el código penal, entre otros.

“Con la radicación de este proyecto comienza un año legislativo que va a ser muy intenso. El Gobierno del cambio quiere apostarle a unas reformas que, de ser aprobadas, le cambiarán la cara a este país. El proyecto pretende acabar con las cadenas perpetuas camufladas, una persona de 30 años condenada a 60 años nunca se podría resocializar», advirtió Osuna.

Algunos delitos que nombró el MinJusticia que se planeta despenalizar en este proyecto, son la injuria y calumnia y el delito de incesto.

“En qué consiste el incesto, sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes, bienestar familiar, no tiene nada que ver con lo que dice el delito de incesto”, sin embargo invitó a pensar lo siguiente: “yo sé que moralmente puede ser muy repudiable pensar que tener sexo con un pariente un hermano, hermana, pero, ¿tiene algún sentido meter a la cárcel, primos ambos adultos que tuvieron sexo?. Ese ejercicio nos va a servir para hacer un límite entre la moral y el delito, no todo lo que es delictivo es inmoral, y no todo lo es inmoral es delictivo”, recalcó el ministro de Justicia.

Una misión de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) visitará el país entre el 6 y 9 de febrero, con el fin de brindar cooperación técnica a la propuesta de Reforma al Sistema de Salud, que será presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de la República.

La misión de la OMS/OPS, conformada por nueve personas, participará en un diálogo alrededor de temas como la propuesta de Reforma al Sistema de Salud, su proceso de transición, el diseño y desarrollo de una estrategia conjunta de respaldo técnico a la propuesta de Reforma del Sistema de Salud y, además, en la identificación de áreas críticas que pueden influir en la viabilidad técnica y política del proceso de transición hacia la reforma a la salud en Colombia.

Entre los integrantes de la misión de alto nivel de la OMS/OPS están la Directora del Programa Especial de Atención Primaria de Salud de la OMS en Ginebra (Suiza), Suraya Dalil; el Director del Área de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, James Fitzgerald; el Jefe Unidad Servicios de Salud y Acceso de la OPS, Ernesto Báscolo; la Asesora de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, Gisela Alarcón.

También participarán el Especialista en Financiamiento en Salud de la OPS, Juan Pablo Pagano; la Representante de la OPS/OMS en Colombia, Gina Tambini; la Asesora de la OPS/OMS en Colombia, Mónica Padilla; el Asesor en Prevención y Control de Enfermedades OPS/OMS en Colombia, Guillermo Gonzalvez, y la Asesora de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida de la OPS Colombia, Evelyne Degraff.

Entre tanto, la delegación del Gobierno Nacional estará en cabeza de la Ministra de Salud, Carolina Corcho, quien estará acompañada por el Viceministro de Protección Social, directoras y directores del Ministerio de Salud y Protección Social, así como de funcionarios designados del grupo que está liderando la preparación de la propuesta de Reforma del Sistema de Salud.

La visita de esta misión de la OMS a Colombia es el cumplimiento del acuerdo logrado por el Presidente Gustavo Petro con el Director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en reunión que tuvo lugar en el marco del Foro Económico Mundial que se adelantó el Davos (Suiza).

Finalmente, según la programación, entre el 6 y 9 de septiembre se realizarán reuniones presenciales en las instalaciones del Ministerio de Salud y cada uno de los encuentros tendrá una agenda concertada con antelación, que se valida al inicio y orienta el desarrollo de las sesiones.