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Este 6 de febrero, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en compañía del ministro del Interior, Alfonso Prada, y de varios congresistas del Gobierno Nacional, radicaron ante la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley para la Modernización y Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario, o reforma a la justicia, cuyo propósito principal es mejorar la política criminal y penitenciaria.

Entre las propuestas para reformar el sistema a la justicia, se encuentran la despenalización de algunas conductas punibles, la derogatoria al delito de inasistencia alimentaria, así como la derogatoria de varios delitos establecidos en el código penal, entre otros.

“Con la radicación de este proyecto comienza un año legislativo que va a ser muy intenso. El Gobierno del cambio quiere apostarle a unas reformas que, de ser aprobadas, le cambiarán la cara a este país. El proyecto pretende acabar con las cadenas perpetuas camufladas, una persona de 30 años condenada a 60 años nunca se podría resocializar», advirtió Osuna.

Algunos delitos que nombró el MinJusticia que se planeta despenalizar en este proyecto, son la injuria y calumnia y el delito de incesto.

“En qué consiste el incesto, sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes, bienestar familiar, no tiene nada que ver con lo que dice el delito de incesto”, sin embargo invitó a pensar lo siguiente: “yo sé que moralmente puede ser muy repudiable pensar que tener sexo con un pariente un hermano, hermana, pero, ¿tiene algún sentido meter a la cárcel, primos ambos adultos que tuvieron sexo?. Ese ejercicio nos va a servir para hacer un límite entre la moral y el delito, no todo lo que es delictivo es inmoral, y no todo lo es inmoral es delictivo”, recalcó el ministro de Justicia.

Una misión de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) visitará el país entre el 6 y 9 de febrero, con el fin de brindar cooperación técnica a la propuesta de Reforma al Sistema de Salud, que será presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de la República.

La misión de la OMS/OPS, conformada por nueve personas, participará en un diálogo alrededor de temas como la propuesta de Reforma al Sistema de Salud, su proceso de transición, el diseño y desarrollo de una estrategia conjunta de respaldo técnico a la propuesta de Reforma del Sistema de Salud y, además, en la identificación de áreas críticas que pueden influir en la viabilidad técnica y política del proceso de transición hacia la reforma a la salud en Colombia.

Entre los integrantes de la misión de alto nivel de la OMS/OPS están la Directora del Programa Especial de Atención Primaria de Salud de la OMS en Ginebra (Suiza), Suraya Dalil; el Director del Área de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, James Fitzgerald; el Jefe Unidad Servicios de Salud y Acceso de la OPS, Ernesto Báscolo; la Asesora de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, Gisela Alarcón.

También participarán el Especialista en Financiamiento en Salud de la OPS, Juan Pablo Pagano; la Representante de la OPS/OMS en Colombia, Gina Tambini; la Asesora de la OPS/OMS en Colombia, Mónica Padilla; el Asesor en Prevención y Control de Enfermedades OPS/OMS en Colombia, Guillermo Gonzalvez, y la Asesora de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida de la OPS Colombia, Evelyne Degraff.

Entre tanto, la delegación del Gobierno Nacional estará en cabeza de la Ministra de Salud, Carolina Corcho, quien estará acompañada por el Viceministro de Protección Social, directoras y directores del Ministerio de Salud y Protección Social, así como de funcionarios designados del grupo que está liderando la preparación de la propuesta de Reforma del Sistema de Salud.

La visita de esta misión de la OMS a Colombia es el cumplimiento del acuerdo logrado por el Presidente Gustavo Petro con el Director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en reunión que tuvo lugar en el marco del Foro Económico Mundial que se adelantó el Davos (Suiza).

Finalmente, según la programación, entre el 6 y 9 de septiembre se realizarán reuniones presenciales en las instalaciones del Ministerio de Salud y cada uno de los encuentros tendrá una agenda concertada con antelación, que se valida al inicio y orienta el desarrollo de las sesiones.

La vicepresidenta, Francia Márquez, defendió la propuesta de reforma a la Salud que tanta controversia nacional ha suscitado, durante una cumbre desarrollada en Cali, capital del Valle del Cauca, en el que participaron la ministra de salud, Carolina Corcho

“Gracias a todas, todos, todes lo aquí presentes. Esta fue una promesa de gobierno del presidente Gustavo Petro. “Fue una promesa de gobierno y sé que tiene muchos enemigos, los enemigos que no quieren perder el negocio de la salud, pero es el pueblo el que ha sufrido. Los nadies y las nadies de este país, que no tienen cómo pagar un tratamiento costoso, los que no tienen cómo llegar a un centro de salud o los que hacen largas filas para una cita. O los miles de colombianos que han tenido que tutelar su derecho a la salud”, aseguró.

Según Francia Márquez, sacar adelante la reforma a la Salud o la reforma agraria los enfrenta a “los poderes”. Posteriormente dijo: “no se dejen engañar de las trampas que ponen los poderes económicos y políticos para que ustedes no tengan garantías de derechos”.

De acuerdo con su relato, hay un compromiso y por eso, dijo vehemente, acompaña a Carolina Corcho en su propósito de modificar el sistema de salud en Colombia. “Convocamos al pueblo colombiano y a sectores sociales a acompañar esta gran reforma. Sus hijos se lo merecen. Nos merecemos vivir sabroso”.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, dio a conocer en un informe que, en enero de 2023, la variación anual del IPC fue 13,25%, es decir, 6,31 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 6,94%. De acuerdo al informe, la variación mensual del IPC fue 1,78% frente a diciembre de 2022.

“El comportamiento mensual del IPC total en enero de 2023 (1,78%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones de Transporte y de Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Transporte (3,98%) y Restaurantes y hoteles (3,11%)”, indicó la entidad.

Variación en alimentos y bebidas

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación anual de 26,18%, siendo esta la mayor variación anual. En enero de 2023, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: arracacha, ñame y otros tubérculos (106,83%), cebolla (101,51%) y yuca para consumo en el hogar (63,17%).

Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: panela cruda para consumo en el hogar (4,28%), agua mineral (con y sin gas) para consumo en el hogar (9,36%) y concentrados para preparar refrescos (9,52%).

Variación en registro hotelero

La división Restaurantes y hoteles registró una variación anual de 19,36%, siendo esta la segunda mayor variación anual.

En enero de 2023, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (21,29%), bebidas calientes (20,80%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (19,75%).

Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: pago por alimentación en comedores (6,90%), gastos en discotecas (7,59%) y gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (16,71%).

Al revisar en recurso de impugnación especial la sentencia dictada en 2014, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 17 años 5 meses y 8 días de prisión contra el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva, como responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Con nuevos integrantes, la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria confirmó que, en desarrollo del Programa Agro Ingreso Seguro AIS, el exministro desconoció los principios de contratación estatal de transparencia, planeación, economía y responsabilidad (contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo), y no evitó que particulares se apropiaran ilícitamente de recursos del AIS (peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo).

La Corte también desvirtuó la inconformidad de la defensa frente al monto de la pena de prisión impuesta al exfuncionario (209 meses y 8 días). Concluyó que no es injusta ni excesiva, sino que, por el contrario, respeta el proceso de motivación, es proporcional, necesaria y fundada en los términos de la acusación formulada en su momento por la Fiscalía General de la Nación.

Con base en las pruebas del proceso, la providencia determinó que el entonces ministro de Agricultura y Desarrollo Rural concibió el Programa Agro Ingreso Seguro “como instrumento facilitador de sus aspiraciones políticas, mediante su intervención en los Comités y las Unidades Coordinadoras y Ejecutoras, integradas con personal del Ministerio de su confianza y del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura)…”

Según la sentencia SP011-2023 leída este viernes en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia, quedó probado que Arias Leiva tenía injerencia sobre el Comité Administrativo encargado de aprobar los listados remitidos por el IICA de beneficiarios de los subsidios del AIS, de acuerdo con los términos de referencia de los contratos para implementar y desarrollar el programa. Y si al Comité, en el cual tenía participación el ministro, le estaba asignada esa función, es entendible que pudiera modificarlos y no ser un simple validador de esos listados.

A juicio de la Corte, no obstante su influjo sobre los funcionarios del Ministerio y el control que ejercía desde un principio sobre el programa AIS -a través de esa injerencia en el Comité Administrativo-, y a pesar de saber del fraccionamiento ilícito de predios desde antes de octubre de 2009, el exministro no hizo nada para evitar la apropiación de los recursos por los particulares mediante tal conducta.

En consecuencia, frente al delito de peculado, la decisión deja en claro que la responsabilidad de Arias radica en el control ejercido sobre las Unidades del programa, de las cuales recibía información y estaba al tanto de lo que sucedía, por consiguiente, la circunstancia de que no haya sido rechazado ningún proyecto en razón de la información falsa entregada, evidencia su compromiso en la apropiación de los recursos públicos por parte de terceros.

El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias fue condenado por su responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Respecto al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la Corte determinó que Arias Leiva desconoció principios de contratación estatal en desarrollo del programa AIS (creado por la Ley 1137 de 2007), en la celebración directa de los convenios especiales de cooperación técnica y científica números 003 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009 con el Instituto Interamericano de Cooperación Para la Agricultura -IICA.

De acuerdo con la determinación, quedó probado que los citados convenios no se ajustaron a los presupuestos legales de los Decretos 393 y 591 de 1991, en tanto la cooperación prestada por el IICA no representaba la transferencia de tecnología e innovación a los beneficiarios del programa, razón suficiente para que su celebración se hubiera llevado a cabo a través de licitación pública y no de manera directa como se hizo.

Para la Sala, en el juicio quedó probado que un sistema de riego y drenaje para quien lo adopte, incorpore o instale en un proyecto productivo  o modifique el existente, es innovación o transferencia de tecnología. Sin embargo, estos convenidos del programa AIS tenían por objeto convocatorias para administrar recursos.

Sostiene la providencia que basta advertir que si bien el literal b de la citada disposición prevé que cuando el propósito de la asociación sea el de “Apoyar la creación, el fomento, el desarrollo y el financiamiento de empresas que incorporen innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los recursos naturales”, puede optarse por la contratación directa, en este caso la cooperación entre el Ministerio y el IICA fue “para el desarrollo e implementación del programa Agro Ingreso Seguro – AIS, en lo relacionado con la convocatoria para el financiamiento de sistemas de riego” y “para la implementación, desarrollo y ejecución de la Convocatoria Pública de Riego y Drenaje, que permita la asignación de recursos del Programa “Agro, Ingreso Seguro – AIS”.

Y, puntualiza la Corte, desde luego, su objeto dista de los propósitos señalados en el decreto citado, toda vez que la “cooperación técnica y científica” era para el programa y no para la implementación y desarrollo de los proyectos que serían subvencionados a través del programa, los que, estaban a cargo de los potenciales proponentes.

En consecuencia, la Sala confirmó la condena impuesta al exministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Felipe Arias Leiva.

Este viernes, durante el diálogo con la comunidad frente a la Ley de delimitación de páramos, el Presidente Gustavo Petro afirmó que en su Gobierno nadie que viva honestamente en los páramos de Colombia será criminalizado y que tampoco se va a permitir que haya desalojos de los campesinos que viven en esos ecosistemas de vital importancia para el país.

“Nuestra política no es criminalizar a nuestro pueblo por lo que piensa, por lo que hace, pos sus maneras de intentar sobrevivir, en medio de una situación que los ha llevado a muchos y muchas al desespero. Nadie que viva honestamente en los páramos de Colombia va a ser criminalizado en mi Gobierno”, enfatizó el Jefe de Estado, y agregó: “En este Gobierno del Cambio no vamos a criminalizar pobres”.

En el mismo contexto, el Mandatario se refirió al caso de dos campesinos que habían sido objeto de un desplazamiento en el páramo, razón por la que afirmó que “este Gobierno va a permitir ningún desalojo de los páramos de Colombia y si hay alguna denuncia estaremos atentos a corregir ese tipo de circunstancia”.

En su intervención, también hizo referencia a la posición del Gobierno Nacional frente a la minería en los páramos.

“No estoy de acuerdo con que en (el páramo de) Santurbán haya minería del oro a gran escala. No estoy de acuerdo”, porque “primero es el agua, lo hemos repetido una y otra vez: es más valiosa el agua que el oro, el agua nos permite vivir”.

En el mismo sentido, manifestó que en su Gobierno no habrá persecución de los campesinos, y los llamó a construir una alianza por la paz.

“En este Gobierno no habrá una guerra contra el campesinado, en este Gobierno lo que planteamos, con todos los problemas que tenemos, es una alianza entre el Estado y el campesinado de Colombia para construir, de verdad, la paz”, destacó el Mandatario.

Finalmente, se refirió a la importancia de avanzar en un proceso de titulación de baldíos para las familias campesinas de los páramos, con el fin de garantizar el “derecho al páramo, pero también el deber de cuidarlo”.

Industrializar el campo en zonas con presencia de coca, amapola y marihuana es la línea trazada por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro en relación con la nueva política de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, que será implementada inicialmente en 126 municipios de 14 departamentos del país, en el marco de la Paz Total.

Al respecto, el Director Nacional de la Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, Felipe Tascón, destacó que el Gobierno Nacional también les va a cumplir a 60.000 familias que firmaron un plan de sustitución con base en el Acuerdo de Paz del 2016.

“Dentro de las temáticas hay dos pilares muy claros. El primero es culminar los compromisos que el Estado asumió en el Acuerdo de Paz de 2016, que hoy por hoy, aunque era un plan que debió haber terminado en el 2019, todavía hay una deuda importante con un grupo muy alto, alrededor de 66.000 familias campesinas, de las 99,000 que firmaron; tenemos que terminar eso”, dijo Tascón.

Sobre el segundo pilar, el funcionario indicó: “Y luego empezar la tarea que nos ha trazado el Presidente Petro, que es muy importante; resumiéndola en dos palabras es industrializar el campo en zonas con presencia de coca, amapola y marihuana”.

Con relación a la nueva política de sustitución voluntaria, resaltó que esta tendrá un enfoque de gradualidad.

“La gradualidad significa que tenemos que ser conscientes de una realidad en el territorio y es que ninguna familia campesina abandona el ilícito al que se está arriesgando hasta que no le garanticemos otras fuentes de ingresos. Esa tarea significa que la única manera de hacerlo es industrializando los procesos que ellos tienen con productos alternativos”, aseveró.

En el mismo contexto, recalcó que “un campesino suelta el bejuco ilegal del que está obteniendo un sustento, cuando ya tiene el bejuco legal de la nueva política”.

Hacia la industrialización

Sobre el paso de la sustitución hacia la industrialización del campo, explicó que se hará desde dos frentes, incluso uno derivado de los productos de la hoja de coca.

“El instructivo que nos dio el Presidente Petro es que nosotros tenemos que buscar dos cosas. Hay que buscar la industrialización con productos legales de la propia coca. Hablo de la coca, aunque en la práctica también están la amapola y la marihuana, que son mucho menores porcentualmente”, manifestó Tascón, quien agregó: “Y por otro lado están los productos alternativos que se dan en el sitio, Por ejemplo, la yuca, que no es sacar la yuca, sino el alcohol de la yuca”.

Para hacer frente a la corrupción en los territorios alrededor de la sustitución, el funcionario afirmó: “Nosotros tenemos que crear unos mecanismos que se están diseñando para que las nuevas contrataciones prioricen que los ejecutores sean locales. De esa manera, si hay un incumplimiento o si hay un sobrecosto, el afectado tiene la manera de presionar a ese contratista, porque es vecino, es alguien cercano”.

Asimismo, hizo referencia al número de municipios y a las familias proyectadas que serán beneficiadas con esta nueva fórmula del Gobierno.

“En principio definimos que íbamos a llegar, por lo menos, a todos los municipios del país donde hay más de 100 hectáreas de coca y eso nos da 126 municipios, sumando y cruzando con los del PNIS (Plan Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), eso nos da 126”, sostuvo el Director, y adicionó: “El cálculo que tenemos es que están entre 300.000 y 400.000 familias las que se dedican en este momento, las que se arriesgan para meterse en un negocio ilícito”.

Además, fue enfático en asegurar que la política de sustitución voluntaria será implementada en los pequeños y medianos propietarios de cultivos de coca, porque contra las grandes extensiones y los cultivos industrializados se utilizará la erradicación.

“La política no es si sustitución o erradicación, es que se busca que haya erradicación tradicional en la gran propiedad, lo que yo llamo interdicción, lo que tradicionalmente han realizado. No nos corresponde a nosotros, sino que les corresponde a los organismos pertinentes de la Policía, a la Dirección de Antinarcóticos y a la Brigada que hace lo mismo dentro del Ejército”, concluyó.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció que facciones de las disidencias de las Farc se tomaron una escuela en el municipio de Yarumal.

“Denuncia pública de extrema gravedad: La comunidad nos ha enviado videos, fotografías e informaciones sobre presencia de grupos armados ilegales en centros poblados del Norte y Nordeste de Antioquia, y lo más preocupante, en instituciones educativas. Flagrante violación al DIH”, escribió en Twitter.

En los videos dejan en evidencia como disfrutaban la comunidad una fiesta infantil en la escuela El Bosque, en la vereda El Cedeño, de Yarumal quienes dirigían los juegos para los niños no eran los padres ni los profesores sino los integrantes de las disidencias del frente 36 de las Farc, cuyo jefe es alias “Firu”, primo del extinto alias “Cabuyo” y son señalados de ser quienes asesinaron a tres jóvenes en Campamento y uno en Yarumal.

Sobre estos hechos protagonizados por el frente 36 de las disidencias de las Farc, desde la Gobernación de Antioquia también se pronunció Mónica Quiroz, secretaria de Educación, que aseguró que los insurgentes no solo dan obsequios, sino que toman los datos de los niños para llevar una especie de control en estas escuelas,

“Piden datos relacionados con niños, de docentes, entonces es una situación que pone en riesgo el proceso de formación”, aseveró la funcionaria a los medios de comunicación regionales.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) intervino más de 8.600 hectáreas en los departamentos de Meta y Guaviare durante el año 2022, mediante un mecanismo de georreferenciación o topográfico que permite determinar con precisión los predios objeto de despojo.

El procedimiento se realizó en los municipios de Acacías, El Castillo, La Macarena, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, San Martín, Uribe y Villavicencio, en el departamento del Meta, y en San José del Guaviare y Miraflores, en el Guaviare.

En total se identificaron 8.634 hectáreas mediante el uso de drones por parte de los profesionales del área catastral de la URT, quienes se desplazan a las zonas urbanas y rurales de los municipios de Meta y Guaviare en donde hay solicitudes de restitución.

Asimismo, la URT indicó que, con corte al 31 de diciembre de 2022, la Dirección Territorial Meta de la entidad recibió 11.512 solicitudes correspondientes al Meta y Guaviare y de este total 1.332 casos se han llevado ante la justicia.

En ese orden de ideas, según los registros de la URT, a la fecha han sido restituidas 50.000 hectáreas en cumplimiento de las sentencias proferidas por los jueces y magistrados de restitución del Meta.

Además, se han implementado 101 proyectos productivos con inversión de 2.854 millones de pesos, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica de las familias beneficiarias de restitución de tierras.

En este proceso ha sido fundamental el apoyo de la Fuerza Pública, que garantiza la seguridad en las zonas microfocalizadas. De hecho, durante el 2022 la Fuerza Pública hizo 340 acompañamientos a las labores en terreno en la jurisdicción de Meta y Guaviare

El Ministerio de Transporte dio a conocer el Instructivo Integral de Frontera, que fija los requisitos para el tránsito de vehículos provenientes de Venezuela, tras las disposiciones suscritas el 31 de diciembre de 2022 por parte de los jefes de esta cartera de Colombia, Guillermo Reyes, y su homólogo, Ramón Velázquez, en el Plan Operativo para la Reactivación Gradual del Transporte Internacional de Carga y Pasajeros por Carretera.

Los requisitos entrarán en vigencia el próximo 9 de febrero; sin embargo, tendrá un periodo de transición de ocho días.

Al respecto el Ministro Reyes explicó que “este Plan Operativo, que se inicia hoy con una primera fase de socialización con transportadores y comunidad del Instructivo Integral de Frontera, hasta el próximo 8 de febrero, beneficiará al transporte internacional y de forma progresiva mejorará las condiciones de otras modalidades de transporte”.

“Es importante resaltar que estos procesos se realizarán bajo una exhaustiva evaluación del desarrollo de la operación comercial, pensando primero en el desarrollo económico de transportadores y la población ubicada en la frontera”, agregó el Ministro.

Para el ingreso y tránsito, los vehículos particulares, motocicletas, servicio público transfronterizo colectivo (buses y busetas origen destino Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo – UEDF), vehículos de servicio público transfronterizo individual (taxis), vehículos de transporte internacional de carga y de transporte internacional de pasajeros, deben cumplir con los siguientes requerimientos:

Vehículos particulares

•             Licencia de conducción

•             Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente

•             Documento de propiedad del vehículo

•             El vehículo debe circular con sus placas en lugar visible.

•             Acatar las condiciones de pico y placa o restricciones a la movilidad en la unidad territorial que corresponda.

•             Si el tránsito por el país es inferior a 3 meses, no requerirá de la revisión técnico- mecánica y de gases. El vehículo debe estar en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad.

•             Los documentos admisibles para el control migratorio son: Pasaporte vigente, cédula de ciudadanía/cédula de identidad venezolana, Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso de Protección Temporal (PPT), Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF).

•             El periodo de permanencia habilitado por la Tarjeta de Movilidad Fronteriza y la cédula venezolana no deberá sobrepasar los siete (7) días calendario.

Motocicletas

•             Licencia de conducción

•             SOAT vigente

•             Documento de propiedad del vehículo

•             El vehículo debe circular con sus placas en lugar visible

•             Porte obligatorio de casco y chaleco reflectivo

•             Prohibido la circulación de pasajero o parrillero hombre en la unidad territorial que corresponda.

•             Acatar las condiciones de pico y placa o restricciones a la movilidad en la unidad territorial que corresponda.

•             Si el tránsito por el país es inferior a 3 meses, no requerirá de la revisión técnico- mecánica y de gases. El vehículo debe estar en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad.

•             Los documentos admisibles para el control migratorio son: Pasaporte vigente, cédula de ciudadanía/cédula de identidad venezolana, Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso de Protección Temporal (PPT), Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF).

Servicio público transfronterizo colectivo (buses y busetas origen destino Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo – UEDF)

•             Licencia de conducción

•             Revisión técnico – mecánica

•             SOAT vigente

•             Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual

•             Documento de propiedad del vehículo o Certificado de registro de vehículo

•             Permiso o tarjeta de operación o certificado de prestación del servicio CPS y el DT 9 o DT 10.

•             El vehículo debe circular con sus placas en lugar visible.

•             El vehículo no puede superar los 24 años. Debe estar matriculado el 15 de marzo de 2000, de acuerdo a la Ley 2198 de 2022.

•             Deberán circular por las rutas autorizadas con destino final las terminales autorizadas de transporte

•             Se deben acatar las condiciones de pico y placa o restricciones a la movilidad

•             No está permitido el uso de vidrios polarizados

•             El propietario del vehículo debe registrarse en el área metropolitana o ante la autoridad de transporte competente para facilitar las labores de inspección, vigilancia y control tanto del orden territorial como nacional.

•             Los documentos admisibles para el control migratorio son: Pasaporte vigente, cédula de ciudadanía /cédula de identidad venezolana, Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso de Protección Temporal (PPT), Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF).

Taxis

•             Licencia de conducción

•             Revisión técnico – mecánica

•             SOAT vigente

•             Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual

•             Documento de propiedad del vehículo o Certificado de registro de vehículo

•             Permiso o tarjeta de operación

•             El vehículo debe circular con sus placas en lugar visible.

•             El vehículo no puede superar los 24 años. Debe estar matriculado el 15 de marzo de 2000.

•             Las rutas en el trayecto origen – destino se realizan bajo servicio de transporte puerta a puerta. El regreso se realiza sin pasajeros.

•             Se deben acatar las condiciones de pico y placa o restricciones a la movilidad

•             No está permitido el uso de vidrios polarizados

•             El propietario del vehículo debe registrarse en el área metropolitana o ante la autoridad de transporte competente para facilitar las labores de inspección, vigilancia y control tanto del orden territorial como nacional

•             Los documentos admisibles para el control migratorio son: Pasaporte vigente, cédula de ciudadanía /cédula de identidad venezolana, Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso de Protección Temporal (PPT), Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF).

Transporte internacional de carga

•             Licencia de conducción

•             Revisión técnico – mecánica

•             SOAT vigente

•             Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual para transporte internacional de mercancías por carretera.

•             Documento de propiedad del vehículo o Certificado de registro de vehículo

•             Manifiesto de Carga Internacional expedido por la empresa autorizada.

•             El vehículo y unidad de carga debe circular con sus placas en lugar visible

•             Certificado de Habilitación

•             Carta de Porte Internacional por carretera

•             La carga deberá ser descargada y/o transbordada a los depósitos y/o almacenadoras habilitadas que se encuentren ubicadas en un rango no superior a veinte (20) kilómetros contados desde la frontera.

•             Los documentos admisibles para el control migratorio son: Pasaporte vigente, cédula de ciudadanía /cédula de identidad venezolana, Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso de Protección Temporal (PPT), Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF).

Transporte internacional de pasajeros

•             Licencia de conducción

•             Revisión técnico – mecánica

•             Seguro obligatorio SOAT vigente

•             Póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual para transporte internacional de pasajeros.

•             Documento de propiedad del vehículo o Certificado de registro de vehículo.

•             Manifiesto y/o listado de pasajeros

•             Permiso o tarjeta de operación

•             El vehículo debe circular con sus placas en lugar visible

•             Los documentos admisibles para el control migratorio son: Pasaporte vigente, cédula de ciudadanía /cédula de identidad venezolana, Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso de Protección Temporal (PPT), Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF).

El Ministerio de Justicia puso a disposición de la ciudadanía el borrador del proyecto de ley​ que “busca humanizar la política criminal y penitenciaria para superar el estado de cosas inconstitucional”, tal como lo establece el texto de la iniciativa en su exposición de motivos.

La publicación del borrador del proyecto hace parte de una campaña que emprendió la cartera de Justicia, dirigida a los medios de comunicación, las redes sociales y a la sociedad en general, con el propósito de socializar la iniciativa y explicar sus alcances.

Es así como el Ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, se reunió en sesión virtual con los gobernadores y alcaldes del país para socializar el proyecto de ley de modernización del sistema penitenciario, que busca el cumplimiento de las penas y la reincorporación social de los condenados y que esta cartera impulsará en la legislatura que comienza en el Congreso.

Al respecto, Osuna ha dicho: “Preferimos que el debate se dé sobre bases ciertas. El proyecto de ley que vamos a radicar en el Congreso no es un proyecto de excarcelación ni muchísimo menos un proyecto de impunidad. Es un proyecto que está centrado en restablecer el derecho a las víctimas, favorecer la resocialización de las personas privadas de la libertad y establecer un grado de actividades de las personas privadas de la libertad que les permitiría irse reincorporando a la sociedad”.

El Ministro de Justicia también ha reiterado que esta iniciativa, que se basa en los principios de la justicia restaurativa, busca “evitar la reincidencia”.

Asimismo, ha invitado a “un diálogo con argumentos, artículo por artículo, mirando qué conviene, que se le puede cambiar, pero la democracia es la democracia y bienvenida cualquier forma de expresión democrática. Todos estamos de acuerdo en la finalidad de tener una sociedad con menos impunidad y este proyecto le apunta a eso”.

Estas son los principales ejes del proyecto puesto a consideración de la ciudadanía por el Ministerio de Justicia:

¿Qué busca este proyecto?

• Este proyecto busca modernizar el sistema penitenciario en todo el país, para que cumpla su finalidad de devolver a la sociedad personas que se han responsabilizado por los delitos que cometieron y que están comprometidos con no volver a delinquir.

• Lo hace a través del uso de las herramientas actualmente vigentes en la ley penitenciaria, seguido por un principio elemental: a mayor avance del individuo en su resocialización, siempre que tenga una conducta ejemplar en prisión, podrá progresivamente irse reincorporando a la sociedad a través de la obtención de permisos que serán ordenados por jueces. La diferencia está en el dinamismo con que se espera que funcione: si la persona condenada cumple los requisitos irá obteniendo permisos cada vez más progresivos hasta el final de su tiempo en prisión. Pero, si incumple en cualquier momento se acaban las posibilidades de acceso a los permisos.

¿Quién no podría solicitar la suspensión de la ejecución de la pena y la detención domiciliaria como alternativa a la prisión?

• Ningún condenado por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes ni los condenados por delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), por graves violaciones de los derechos humanos, contra la administración pública, por delitos cometidos por la criminalidad organizada o delitos graves de seguridad ciudadana, puede solicitar la suspensión de la ejecución de la pena o la detención domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural.

• Casos como la extorsión o el hurto con violencia sobre las personas o los atracos que tanto preocupan por el riesgo que corren los ciudadanos, no estarán cobijados con esta medida.

¿Los condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes podrán salir de la cárcel a trabajar?

• La legislación actual es contundente en restringir la salida de personas condenadas por delitos sexuales, particularmente si las víctimas son niños, niñas y adolescentes. En ningún caso a los condenados por delitos sexuales contra menores de edad se les permita gozar de algún beneficio que les autorice volver a la calle. El proyecto mantiene todas las restricciones ya previstas por el legislador.

¿Qué beneficios trae el proyecto?

• Este proyecto busca satisfacer los derechos de las víctimas, quienes hasta ahora han estado excluidas.

• Reducir los costos del sistema penitenciario. Para que funcione en condiciones dignas requiere de un presupuesto de 5,1 billones de pesos.

• El proyecto también pretender aumentar la seguridad para los ciudadanos, porque busca reducir los índices de reincidencia, que una persona que haya sido condenada no vuelva a cometer delitos, entre otras cosas, porque ya conoció lo dura que es la vida en las cárceles.

¿El proyecto de ley propone la rebaja de penas?

• No es un proyecto para conceder rebaja masiva de penas. Tampoco es un proyecto de impunidad ni de excarcelaciones. Es una iniciativa pensada en la seguridad de los ciudadanos, en quitar cargas al sistema judicial, en atender el déficit del acceso a la justicia, y mejorar la capacidad efectiva de los sistemas penal y penitenciario. Además, abre la puerta a la conciliación en materia penal en centros de conciliación, consolidando así vías rápidas para la terminación de conflictos.

¿Por qué la reforma le apuesta a la resocialización y a la justicia restaurativa?

• El proyecto de reforma le apuesta a que el tiempo que una persona esté privada de la libertad sea un tiempo productivo para él y para la sociedad. En Colombia no existe la cadena perpetua. Todas las personas que fueron condenadas a prisión, tarde o temprano, van a salir de la cárcel.

¿Qué busca el proyecto como sociedad?

• Pretende que los presos se conviertan en personas que aporten al desarrollo del país y no sigan engrosando las cifras de la criminalidad.

• Engordar las estadísticas de capturas no resuelve los problemas del país. Las cárceles no pueden seguir siendo escuelas del crimen. Deben transformarse en espacios de vida, de educación, de dignidad, de oportunidad, de arrepentimiento y reparación.

¿La iniciativa, de ser aprobada, afectaría la seguridad ciudadana?

• La humanización de las cárceles no riñe con la seguridad ciudadana. Todo lo contrario. En la medida en que logremos reducir la reincidencia habrá menos delitos y más seguridad.

¿Qué pasa cuando una persona condenada incumple los compromisos de la prisión abierta?

• El condenado que incumpla los acuerdos que le permitieron acceder a los permisos de una cárcel abierta no solo se expone a la revocatoria de estos beneficios y a su exclusión definitiva del programa, sino que también deberá enfrentar un nuevo proceso penal, por ejemplo, por fuga de presos.

¿A quiénes se otorgarían los beneficios de la prisión abierta?

• Estos permisos son para personas que ya han cumplido una parte significativa de su pena, quienes están próximos a recuperar su libertad, a saldar su deuda con la sociedad. Si incumplen volverían a la cárcel, sin ningún beneficio. De hecho, actualmente en Colombia cerca de 3.000 personas privadas de la libertad tienen acceso al beneficio administrativo de 72 horas.

¿Se está pensando convertir las cárceles en un hotel?

• Quienes afirman que con la posibilidad de que más personas condenadas salgan a trabajar de día y regresen en la noche están convirtiendo las cárceles en hoteles, desconocen que esa norma está vigente en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penitenciario desde hace más de 20 años, y, lo que es peor, minimizan lo que significa estar preso.

¿Por qué se propone eliminar el delito de incesto?

• La primera. El incesto actualmente tiene una pena de 1 a 4 años. Con el proyecto buscamos que cuando la víctima sea una menor de edad estos casos se manejen como un delito de acceso carnal violento agravado, que tiene una pena mínima de 40 años. Es decir, no es excarcelable.

Trabajar por un acuerdo multilateral para proteger la Selva Amazónica, una política más agresiva de incautación de drogas, un comercio más fluido y la construcción de una carretera de doble calzada que comunique con el sur del país y con el resto de Suramérica, fueron los temas destacados por el Presidente Gustavo Petro este martes, al término del XI Gabinete Binacional Ecuador-Colombia.

Así lo informó el Jefe de Estado tras el encuentro con el Mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, con quien lideró el Gabinete Binacional en la ciudad ecuatoriana de Tulcán.

En la declaración al finalizar la reunión, el Mandatario colombiano destacó el acuerdo de los dos países para impulsar “una política mucho más agresiva de incautación de drogas”, especialmente en zonas marítimas.

Destacó también la voluntad de Colombia y Ecuador de promover un pacto multilateral para proteger la Selva Amazónica, y subrayó la necesidad de “un comercio que tiene que fluir más”.

El Presidente Petro agradeció el “apoyo irrestricto” de Ecuador a Colombia con motivo de la emergencia causada por los derrumbes en el suroccidente colombiano, al facilitar el paso de camiones por las carreteras ecuatorianas.

Y dijo que los habitantes de Nariño, Cauca y Putumayo, que quedaron aislados por los derrumbes que sepultaron la vía Panamericana, “gracias a esta integración en la práctica con la República del Ecuador, han logrado mitigar los efectos de ese desastre”.

En ese sentido, planteó que la carretera que une la frontera con Ecuador “sea una doble calzada, cuatro carriles” que sirva de comunicación, además, con América del Sur, una vía que se ha abandonado por décadas.

“Eso es lo que nosotros queremos cambiar y la crisis, el desastre, etcétera, nos produce esa oportunidad, porque va a haber una fuerte inversión en esa vía”, indicó, y afirmó que esa autopista “va a intensificar los lazos comerciales, culturales y sociales de Ecuador y Colombia en primer lugar, pero que se extiende prácticamente a toda América del Sur”.

Puntos de cooperación

Los presidentes Petro y Lasso suscribieron una declaración conjunta en la cual ratificaron “el compromiso de ambos países con el Estado de Derecho y los principios democráticos; la protección y promoción de los derechos humanos y de las libertades individuales; la paz y seguridad internacionales; la conservación ambiental, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria; la apertura económica y comercial; la integración regional y el multilateralismo, la cooperación integral; y, la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional”.

En la declaración, el Presidente Guillermo Lasso transmitió “los mejores augurios del pueblo ecuatoriano al gobierno de Colombia” y “de manera estrecha en beneficio de los pueblos de ambos países. De manera particular, expresó su apoyo a la política de Paz Total del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, y le deseó éxito en este propósito”.

Mientras tanto, el Presidente Petro expresó “su apoyo a la medida del gobierno ecuatoriano de declarar a la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado, y manifestó su colaboración para trabajar juntos en contra de este flagelo”.

Los gobernantes solicitaron a las instituciones técnicas del Ecuador y de Colombia “trabajar coordinadamente para solucionar de manera pragmática los temas pendientes en la agenda bilateral, con especial atención a los asuntos relacionados con la seguridad, la migración y el comercio”.

Los Jefes de Estado pidieron “convocar, a la brevedad posible, a la II Reunión Binacional del Grupo de Trabajo sobre vehículos decomisados y/o retenidos en ambos territorios, con el fin de intercambiar información, así como procurar soluciones que permitan dar una pronta atención a esta problemática que afecta a ciudadanos ecuatorianos y colombianos residentes en la zona de frontera”.

Y manifestaron “la necesidad de incrementar acciones dirigidas a la reactivación económica y social de la zona de frontera para mitigar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia del covid-19”.

Además, se comprometieron a fortalecer la labor de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, y enfatizaron en la necesidad de aumentar la movilización de recursos de cooperación técnica y financiera en la región, para establecer acciones concretas para la protección y la conservación de la Amazonía.

Ecuador acogió la iniciativa de Colombia de convocar a una conferencia internacional de mandatarios latinoamericanos con el objetivo de abordar el Problema Mundial de las Drogas en todos sus aspectos.

Por último, los presidentes de Colombia y Ecuador destacaron “el compromiso mutuo con el mantenimiento de la seguridad marítima integral e internacional a través del fortalecimiento de la articulación operativa entre las Armadas de los dos países en contra del narcotráfico”.

Al concluir un Consejo de Seguridad en la Casa de Nariño, el portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, reveló que durante los 30 días del cese bilateral al fuego en el país se ha registrado una reducción de las actividades criminales, en particular del homicidio, y, además, se evidencia un aumento de las acciones de la Fuerza Pública contra el delito.

“Se han reducido de forma sustancial los ataques, las afectaciones, los homicidios y los heridos de nuestras Fuerzas Armadas y también se ha reducido sustancialmente la muerte de civiles en medio de este conflicto en los territorios más afectados por la violencia originada por los grupos con los cuales se ha decretado el cese bilateral”, resaltó el Portavoz.

Explicó que mientras en el 2022 hubo 43 afectaciones, entre homicidios y heridos, en el 2023 ese número se redujo a 12 afectaciones.

Con relación a la reducción de los homicidios por departamentos, Prada subrayó los indicadores de Chocó, con una reducción del 68% de los casos; Arauca, 66,1%, y Córdoba, 51,6%.

Asimismo, hizo referencia a la reducción del 50% de los homicidios colectivos en todo el país.

“Son cifras que hemos identificado en el Observatorio que tenemos en el Ministerio del Interior, y en cada uno de los observatorios que tenemos en nuestras Fuerzas Armadas, naturalmente contrastadas con la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, es decir, son cifra muy consolidadas que nos muestran el porcentaje de salvamento de vidas, producto de este cese bilateral en las regiones donde operan las estructuras con las que hemos entrado en un dialogo de paz o en una conversación socio-jurídica, con miras al desmantelamiento de estructuras de alto impacto del crimen organizado”, aseveró el Ministro Prada.

Aumentó la incautación de cocaína

Respecto al aumento de la operatividad de la Fuerza Pública, el Portavoz indicó que mientras en los primeros 30 días del 2022 se incautaron 45 toneladas de cocaína, en el mismo periodo del 2023 fueron incautadas 52,5 toneladas, gracias al trabajo de inteligencia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

“La incautación de estas toneladas ha evitado el ingreso a las actividades criminales en nuestra economía de más de 2.000 millones de dólares”, afirmó el Portavoz, quien agregó que además se inmovilizaron 35 aeronaves.

En el mismo contexto, manifestó que fueron destruidas 38 dragas y se ha incautado contrabando por un valor de 17.540 millones de pesos.

Finalmente, sobre los indicadores contra el delito, el Ministro Prada enfatizó: “Hay un cese bilateral, pero con lo único que no hay cese bilateral y hay una ofensiva permanente y seguirá habiendo es frente al narcotráfico, al contrabando, a la extorsión y la minería ilegal”.

Gustavo Petro propuso este lunes establecer en todo el país el programa ‘Basura Cero’, que remunere a recicladores tradicionales en todo el país y disminuya las tarifas del servicio de aseo.

El anuncio lo hizo el Mandatario en el acto de posesión de Ruth Maritza Quevedo como Representante de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que se llevó a cabo en el Salón Protocolario de la Casa de Nariño.

Al respecto el Presidente dijo: “Pongamos unos caminos que sean fundamentales para que exista ‘Basura Cero’ en Colombia, de tal manera que no ayudemos, por mantener unas ganancias, unas codicias particulares, a agravar los problemas del calentamiento global y, por tanto, de la crisis climática del mundo”.

Dicha iniciativa, explicó el Jefe de Estado, consiste en iniciar un proceso mediante el cual los residuos se reutilizarán en función de detener y mitigar las consecuencias de la crisis climática en todo el planeta.

Y añadió que “tanto en el tema del aseo, como del agua, hemos tenido unas tensiones políticas y un debate que, en un Gobierno del Cambio, tiene que tramitarse de tal manera que nosotros garanticemos el derecho a la vida a través del derecho al agua potable”.

Así mismo, le pidió a la recién posesionada, que la Comisión le presente al Presidente de la República las resoluciones que serán firmadas para que en el país se establezca ‘Basura Cero’ como programa obligatorio, “que remunere, de verdad, a los recicladores tradicionales en todos los rincones de Colombia y que disminuya, sustancialmente, los servicios de aseo tradicional que llevan residuos a puntos de cielo abierto y enterramientos, que se les denomina ahora relleno sanitario”.

El Presidente Gustavo Petro anunció este sábado un programa destinado a 100 mil jóvenes de sectores populares, a quienes el Estado apoyará con recursos, para que puedan “comer y estudiar” y convertirse en una fuerza de paz.

En un encuentro con jóvenes en Cali, el Jefe de Estado destacó “la sociedad de los empresarios y la sociedad de las juventudes populares que, como una demostración, podemos extrapolar al conjunto de la nación para alcanzar 100 mil jóvenes populares que puedan ser ayudados por el Estado económicamente para poder comer y para poder estudiar, porque para abrir el libro hay que tener el pan”.

En el acto, que fue organizado por líderes juveniles y Compromiso Valle, una iniciativa social que reúne a comunidades con el sector privado para la transformación de ese departamento, el Mandatario indicó que el proyecto es “un reto, indudablemente. Cien mil no son toda la juventud. Pero sí vamos a la parte donde está la cicatriz, quizás, a esos cien mil jóvenes a los cuales los seduce la violencia, incluso, porque no ven alternativa alguna”.

En el parque La Arboleda del Distrito de Aguablanca, donde se desarrolló el encuentro, el Presidente Petro añadió que esta iniciativa va en “el proyecto de ley de adición presupuestal. Lo vamos a presentar, porque es la plata que viene de los impuestos que crecieron a partir de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado”.

Al respecto señaló que “en ese presupuesto que vamos a presentar en estos días, verán ustedes lo que queremos como Gobierno, que no es bala para los jóvenes y no es tener los oídos sordos para el reclamo justo. Es intentar construir conjuntamente los puentes que nos unan como sociedad”.

Los recursos, dijo, “van destinados, precisamente, y lo verán en ese proyecto, a la mamá, joven ella, que tiene el niño y no tiene hoy con que llevarle la leche; pero también, agregó, “dándole comida a ese joven que se atrevió a salir a la calle para gritar dignidad, a los campesinos sin tierra, a ver si es posible que tengan tierra, a la educación, a ver si es posible que hagamos saltar la muralla de la universidad para que se convierta en puertas abiertas para la juventud”.

En ese sentido, el gobernante enfatizó que, para abrir ese camino a estos cien mil jóvenes, hay que pedirle al Estado “que nos permitan que esos jóvenes que hoy están presos nos ayuden a organizar, como voceros de paz, a estos cien mil jóvenes en una gran fuerza de paz y puedan demostrar que es posible que la juventud de Colombia pueda vivir en Colombia”.

También exhortó a los jóvenes a aportar a la Paz Total: “La lucha está en esos millones de personas que deciden transformar un país o mantener un país, y no por allá, en esas trochas que yo conozco, aislado, donde no se espera más que la muerte o matar. Matar o morir no sirve para transformar a Colombia. Eso ya lo hemos visto durante décadas”.

Reconocimiento a Compromiso Valle

De la misma manera, el Presidente Petro agradeció a los empresarios reunidos en Compromiso Valle su labor por jóvenes en la capital del Valle y en seis municipios más del departamento.

Igualmente, destacó que “hacen bien ustedes cuando vienen a estas calles para mostrarle a Colombia que es posible que nos encontremos, la burguesía, como decía la compañera de Siloé, y el proletariado, y el mundo popular. Claro, porque este es nuestro país y podemos construirlo juntos”.

A diciembre de 2022, Compromiso Valle –que aglutina a 419 empresas y donantes– ha beneficiado a más de 40 mil personas, especialmente jóvenes en situación de vulnerabilidad, con inversiones que superan los 62 mil millones de pesos.

Así mismo, recalcó que “una empresa se hace más grande si la sociedad se hace más grande. Esa es una lógica. Ninguna empresa se hace más grande si la sociedad se vuelve más pobre. La riqueza es un concepto social, también”.

Y en este propósito, reiteró, “este Gobierno está para eso, para ese pacto por la vida, para ese pacto por la paz. Para que al final la bisagra que terminará pueda llevarnos como un puente a otra sociedad, a otro país, a una era de paz”.

El Presidente Gustavo Petro hizo este sábado un fuerte llamado a algunos sectores estatales para que se permita liberar de las cárceles a los jóvenes que participaron en la protesta social, de modo que avance la reconciliación entre ellos con una parte de la sociedad y el Estado colombiano.

Durante el diálogo que sostuvo hoy en Cali con jóvenes y empresarios de la iniciativa ‘Compromiso Valle’, el Mandatario afirmó: “Quienes asesinaron a los jóvenes están saliendo libres, y los jóvenes están quedando presos. Eso se llama injusticia, y es propulsada por sectores del Estado. Y cuando el Estado construye injusticia, construye violencia, destruye la idea de la nación y el concepto mínimo de la democracia”.

“Yo les digo a esos sectores estatales que no sigan en ese camino, que permitan la reconciliación de una parte de la sociedad con el resto de la sociedad y con el Estado, y podamos abrir unos caminos a los que hemos llamado la Paz Total”, que se hace no solo con la gente armada que anda en las noches por las trochas, sino que se hace es con la sociedad, resaltó.

Y sostuvo: “Si la paz no es con la sociedad, no hay paz. La paz con la sociedad implica cambios, claro que sí. Implica transformaciones, implica diálogos y pactos para poderlos hacer. No barrotes, no cárceles”.

En su intervención, el Jefe de Estado recalcó que su Gobierno cree “en que es posible un pacto, en que es posible cerrar las heridas y articular los lazos de toda la sociedad colombiana en su diversidad, para construir eso: una nación, una unidad que se llama nación, que permita que en este país tan hermoso pueda la gente vivir en él con dignidad”.

«Tildan de terroristas a jóvenes porque protestan»

Así mismo, rechazó la estigmatización contra los jóvenes de la Primera Línea, a quienes se tilda como terroristas, y que porque protestan son el enemigo.

De acuerdo con el Mandatario, “la Primera Línea no fue más que una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio o una comunidad o una juventud”. 

“Que no debió haber existido, pues claro que no debió haber existido, porque jamás debió haberse dado la orden de atacar como enemigos a la gente que protestaba. Simplemente había que abrir el Palacio y hablar y dialogar, pero no fue así. La respuesta fue criminal y obviamente hubo una reacción, una defensa de la ciudadanía”, agregó.

Dijo que cuando se trata así a “ese joven que simplemente está pidiendo por una mejor vida, que se está moviendo porque hay unas causas reales de exclusión, de desigualdad, de pobreza, cuando se le responde es con el gas en el ojo, con la muerte, con la brutalidad estatal, pues indudablemente se producen unas heridas profundas que son difíciles, porque es un Estado contra la juventud”.

 “La justicia no es encerrar a los jóvenes en las cárceles. Como una especie de venganza, el Estado decidió condenar a los jóvenes como si fuesen terroristas, criminalizar la protesta, adecuar los hechos de la protesta al crimen, para poder encerrar a la juventud entre barrotes”, dijo.

Anotó, a renglón seguido: “No pudieron pensar en otras salidas diferentes, que tenían que ver con la educación, con la vivienda o con el empleo, sino que solo podían pensar en vengarse a partir de la cárcel, la desaparición y el asesinato”.

«Presionaron a los jueces»

En su diálogo con jóvenes y empresarios del Valle del Cauca, el Presidente Petro recordó que a través de la Ley 418, su Gobierno quiso liberar a 200 jóvenes participantes en la protesta social y que fueron encarcelados.

“Pusimos allí el mecanismo para liberar a esas personas, transformándolos en voceros de paz, y nos dedicamos a expedir las resoluciones, que le pedían a la justicia colombiana liberar a los voceros de la paz juveniles para que nos ayudaran en un programa que en este año va a comenzar”, explicó.

“Diecisiete alcanzamos a pedir, y solo lo liberaron a cuatro. Por una circunstancia que a mí me parece una profunda equivocación, se impartió la instrucción para que en esas audiencias se les dijera a los jueces que si liberaban a los jóvenes cometían un prevaricato. Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negar las libertades una tras otra”, señaló.

En palabras del Mandatario, “ese Estado que está haciendo eso, lo que está demostrando otra vez es que es incapaz del diálogo, es incapaz de reconocer a la persona humana como un ser digno de interlocución y no de apresamiento, y que se quiere vengar”.

Según la CIDH, la protesta no se debe tipificar como crimen

El Jefe de Estado se refirió también a la reunión que sostuvo ayer con una delegación de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “que vino al país a mirar la situación del estallido social y de sus consecuencias”.

La CIDH “nos recordó que el Estado debe abstenerse de tipificar como crimen la protesta social”, indicó.

Y puntualizó: “La CIDH se llevó la imagen de un Estado que no quiere liberar a la juventud de las cárceles, de una parte de la sociedad que no quiere la paz, que quiere seguirnos manteniendo en medio de la sangre y el fratricidio. Pero este Gobierno quiere insistir. Si no, ¿para qué estamos aquí?”.

El jueves 26 de enero, la juez Cuarta Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Neiva negó la libertad solicitada por el Gobierno nacional para los integrantes de la primera línea de Neiva Kevin David García Mosquera, Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuéllar y Andrés Felipe Yara Vargas, designados como voceros de paz y como es su costumbre, Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la decisión de la togada de la capital de Huila.

En su trino expuso que tres jóvenes, que no han recibido la libertad para convertirse en voceros de paz, se han intentado suicidar.

“Ya hay tres intentos de suicidio de los jóvenes a quienes les han negado la libertad por presión de autoridades administrativas sobre los jueces. Es muy lamentable. Iremos con un mensaje de urgencia al Congreso para proteger los jueces que ayudan a lograr la paz social”, afirmó el presidente en su publicación.

Aunque el jefe de Estado se abstuvo de revelar los nombres de los jóvenes que se intentaron suicidar, en su trino, se refirió a una persecución que han recibido los jueces que llevan estos casos por parte de entidades nacionales, para no liberar a jóvenes detenidos en las protestas de 2021.

Teniendo en cuenta la denuncia del exsenador de la República Gustavo Bolívar, así como las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, la Presidencia de la República se permite informar a los colombianos y las colombianas:

1. El Presidente Gustavo Petro ha solicitado una investigación interna sobre los hechos ocurridos en el Congreso de la República, tanto en la legislatura actual como en las anteriores.

2. El Presidente Gustavo Petro ha invitado a la senadora María José Pizarro, Presidenta de la Comisión de la Mujer en el Congreso, a crear una comisión accidental especial que se encargue de este cometido. Tendrá toda la voluntad y colaboración del Gobierno Nacional para realizar esta tarea.

3. Asimismo, les ha pedido a los presidentes del Senado de la República, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, David Racero, su total colaboración para esta investigación interna.​

4. Los resultados de la investigación serán puestos a disposición de la opinión pública, de los medios de comunicación y de las autoridades competentes, si a ello hubiese lugar. Se llegará hasta las últimas consecuencias, preservando el derecho al honor y la presunción de inocencia, pero investigando todas las denuncias que se reciban.

5. El Presidente y el Gobierno están totalmente comprometidos con los derechos de las mujeres y en contra de cualquier caso de acoso, abuso o violencia en su contra. Este Gobierno practica la tolerancia cero con todo tipo de abuso, ya sea en el ámbito de la política, del trabajo o incluso de la familia.

6. El Gobierno impulsará, como criterio para la definición de altos cargos del Estado, un componente de género y presentará en breve un protocolo de actuación en este sentido, como es práctica en otras administraciones comprometidas con la igualdad y la lucha contra cualquier tipo de discriminación de género o de cualquier otra índole. Este protocolo podrá ser de carácter retroactivo desde el inicio de la actual administración.

“Lo que hoy arranca, en la fase de este Gobierno, es presentar las reformas al Congreso de la República para volver a garantizar los derechos” de los colombianos y las colombianas, derechos que están en la Constitución, en materia de pensiones, salud, laboral y servicios públicos.

Así lo anunció este jueves el Presidente Gustavo Petro, al intervenir en el encuentro con representantes de juntas de acción comunal del departamento de Boyacá, realizado en el municipio de Duitama, y en el que detalló algunos de los aspectos más importantes de la agenda legislativa de comienzos de 2023.

Pensiones

En cuanto a la reforma pensional, el Mandatario explicó que el sistema pensional actual del país es un negocio, donde lo que la persona ahorra durante años no le alcanza para tener una pensión

En este sentido, destacó que uno de los objetivos de la reforma es que una parte importante de las cotizaciones de la ciudadanía se ahorren en el fondo público y no solamente en los fondos privados, buscando garantizar las pensiones, sobre todo de los más vulnerables.

Sostuvo que este modelo “descarga al Estado de pagar a los pensionados, porque se paga con esos recursos a los pensionados” y “ningún pensionado va a perder su pensión”.

Indicó que esta la liberación de recursos permitirá al Estado “pagarles un bono pensional digno, no de 80 mil pesos, ni de 70 mil, sino de 500 mil pesos mensuales” a cada uno de los cerca de tres millones de adultos mayores que requieren de pensión.

Reiteró que se trata de llegar a la cobertura total en el sistema pensional y garantizar que cuando una persona envejezca tenga acceso a pensión y no que llegue a la tercera edad y le digan que el ahorro que hizo durante toda la vida no le alcanza para la pensión.

Salud

Respecto al sector de la salud, el Jefe de Estado dijo que el propósito de su Gobierno es transformar el sistema de una manera inteligente. “Nosotros queremos reformar el sistema de salud de una manera inteligente” y “vamos es a fortalecer el sistema de salud a partir de crear un sistema preventivo de la salud”, precisó.

Indico que se trata de que “la gente evite la enfermedad hasta donde sea posible y llegar con médicos a la casa” de las personas que viven en lugares alejados o de difícil acceso, y atender a la mujer embarazada o el campesino, que no tiene recursos.

En este sentido, el Presidente Petro preguntó: “¿Por qué el médico no puede llegar hasta la casa? ¿Por qué no podemos desplegar un servicio, donde es el hospital el que va a la casa de las personas y no las personas, ya moribundas, a buscar una cita en el hospital, si acaso el hospital puede atenderlas?”.

El Jefe de Estado recordó que este modelo preventivo de salud existe en la mayor parte del mundo, desde Costa Rica a Europa, donde no se creyeron “el cuento de que la salud es un negocio”.

“¿Por qué no podemos tener un modelo de salud universal para toda la sociedad colombiana, que garantice su derecho a ser atendido, a vivir, a que no es un simple cliente de una empresa a la cual su cotización le permite generar utilidades?”, insistió el Mandatario.

En este sentido, consideró que la reforma debe garantizar que se cuide el dinero público, “porque si se entrega a intermediarios que se enriquecen no va a haber servicio de salud eficaz”.

“Si se entrega directamente al hospital y a la clínica, podrían tener una mejor disposición para atender a la ciudadanía”, puntualizó.

Laboral

En materia laboral, el Presidente Petro resaltó que la reforma busca que los colombianos y colombianas puedan volver a tener estabilidad y dignidad en el mundo del trabajo.

¿Por qué una persona no puede tener una relación laboral y ser contratada indefinidamente, como era antes?”, dijo y consideró que los trabajadores deben tener derecho a sus prestaciones sociales, a sus vacaciones, a una jornada laboral digna, y no fomentar la precariedad laboral, “conduciendo a una persona a una condición de esclavitud”.

De acuerdo con el Jefe de Estado, el cambio que ha planteado su Gobierno tiene que ser en las estructuras del poder e implica reformas a profundidad, y este es precisamente uno de los objetivos de la agenda legislativa que impulsa su administración en el Congreso de la República.

En el Gobierno del Presidente Gustavo Petro se ha registrado una reducción en los casos de muerte y lesiones de miembros de la Fuerza Pública en actos del servicio, según el monitoreo de los casos realizado por el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional del Ministerio de Defensa.

El consolidado arroja como resultado que entre agosto y diciembre de 2021 se registraron 75 muertes de soldados y policías, mientras que en el mismo periodo del Gobierno del Cambio la cifra bajó a 31 casos, lo que significa una reducción del 59%.

El balance también destaca una reducción de los soldados y policías lesionados en actos del servicio en ese mismo lapso. Entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de 2021 se presentaron 309 integrantes de la Fuerza Pública heridos, mientras que en el mismo periodo de 2022 se registraron 197 heridos, es decir, 112 casos menos.

Estos resultados positivos para el bienestar de la Fuerza Pública se dan en el marco de una reducción del homicidio en Colombia durante el 2022. Según las estadísticas del Ministerio de Defensa, el homicidio bajó cerca del 2%, pasando de 14.160 casos en 2021 a 13.896 muertes en 2022, es decir, 264 vidas se lograron preservar durante el actual gobierno.

Los homicidios colectivos también se han reducido en el último año. Las cifras reportadas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y consolidadas por el Ministerio muestran que en 2021 se presentaron 30 homicidios colectivos que dejaron como saldo 144 muertos, lo que contrasta con los 26 casos registrados en 2022, que causaron la muerte a 126 personas.

Por otra parte, durante el actual Gobierno también se evidencia una reducción de las acciones subversivas, pues entre del 7 de agosto y el 31 de diciembre 2022 no se presentaron acciones subversivas, 5 casos menos que en 2021. En cuanto a voladuras de oleoductos se presentaron 7 casos menos que en 2021 cuando alanzaron 8 atentados.