Categoría: Nacional

Representantes de empresas de los Estados Unidos y miembros del Gobierno Nacional se reunieron este martes, en la Casa de Nariño, para afianzar la relación histórica, comercial y de inversión que comparten los dos países.

El encuentro tuvo como objetivo explorar nuevas líneas de inversión directa y fortalecer el comercio bilateral, eje de la misión comercial organizada por la asociación; que crezcan más los vínculos comerciales y de inversión entre Estados Unidos y Colombia”, explicó Nicolás Lloreda, consultor de empresas americanas y miembro del US-Colombia Business Partnership.

Algunas de las compañías que forman parte de esta organización ya tienen presencia en Colombia y han registrado inversiones cercanas a los USD8.000 millones.

Los representantes del sector privado estadounidense manifestaron su apoyo a los planes y objetivos trazados por el Gobierno del Cambio, entre los que se encuentran la Paz Total y la lucha contra la crisis climática.

Por su parte, el Director Ejecutivo de US-Colombia Business Partnership, William Burlew, dijo que hay un diálogo abierto en el que se encontraron con oportunidades y retos, así como el interés de trabajar juntos por fortalecer la relación comercial y de inversión en los dos países.

La Procuraduría General de la Nación exhortó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ‘ICBF’, a garantizar de forma prioritaria, el proceso de vinculación de los diferentes contratistas en el nivel nacional y territorial, indispensables para el adecuado funcionamiento y la no afectación del cumplimiento de las funciones misionales y administrativas del ICBF, así como la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar.

El ente de control, en su función preventiva, le solicitó a la Directora de esa entidad, Concepción Baracaldo Aldana, el plan especial establecido por el ICBF para el proceso de vinculación que garantice la conformación de la planta temporal de personal suficiente, de cara a la circular conjunta del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la ESAP, que estipula que la duración máxima de esos contratos por prestación de servicios, no podrá ser mayor a cuatro meses.

La Procuraduría reiteró la necesidad de contar de manera prioritaria con el mecanismo anunciado por el ICBF, para garantizar el proceso de vinculación de los diferentes colaboradores (as), que, pese a que su contratación estaba siendo gestionada bajo la figura del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, cumplían obligaciones para el adecuado funcionamiento del ICBF y la prestación del servicio público en condiciones de oportunidad, calidad y especialidad.

La Procuraduría también insistió en la observación remitida a la entidad el pasado 25 de agosto de 2022, en el “Informe de seguimiento a la misionalidad del ICBF para robustecer la protección integral y atención de los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional con énfasis en primera infancia, protección y nutrición”, en el que el Ministerio Público advirtió la necesidad de agilizar el estudio de cargas laborales, el fortalecimiento de los equipos de defensorías de familia y sus equipos interdisciplinarios y Centros Zonales, para una mejor atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios de los programas.​

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que las relaciones con Guatemala se verán afectadas si la Fiscalía de ese país insiste en emprender acciones contra su ministro de Defensa, Iván Velásquez por el caso de corrupción de Odebrecht cuando fue jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) en ese país centroamericano.

“Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro y si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala», manifestó el presidente a medios colombianos a su llegada a Zúrich.

Guatemala responde a Colombia

El Gobierno de Guatemala informó que decidió llamar a consulta a la embajadora del país centroamericano en Colombia, Reagan Vega, en «reciprocidad» a la decisión del presidente de la nación suramericana, Gustavo Petro.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes”, subrayó la Cancillería guatemalteca en el comunicado, recordando los «casi» 200 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

La decisión fue divulgada por el Gobierno del mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, mediante un comunicado de prensa en el que «rechaza el exabrupto» de Colombia.

El jefe de la cartera, salió al paso tras las noticia dada ayer en la noche por diferentes medios de comunicación, donde se revelaba que la Fiscalía de Guatemala dictaminará su pronta captura para responder por el caso de Odebrecth

“En atención a los mensajes que circulan en las redes sociales y medios de comunicación masiva sobre una presunta investigación que me habría iniciado la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala, me permito informar que no he sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala. Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, indicó Iván Velásquez Gómez en un comunicado.

Finalmente el Ministro de Defensa afirmó que “mi compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora como Ministro de Defensa Nacional”, concluyó en el documento oficial.

La Superintendencia de Salud, dio a conocer que en el ejercicio de veeduría ciudadana realizado por algunos representantes del sector y el análisis permanente que se adelanta a las fuentes de información disponibles, se identificaron inconsistencias, razón por la cual, el ente de control ordenó de manera inmediata una auditoría que implicó un proceso de verificación de datos con el fin de suministrar cifras confiables y certificadas, así como la revisión de los montos que fueron presentados.

“En este sentido, durante las últimas dos semanas, la Superintendencia Nacional de Salud inició un proceso de inspección y análisis de datos, con especial atención en la forma en que se venía procesando la información, extendiéndolo a los montos de acreencias de alrededor 102 EPS liquidadas entre el 2003 al 2015, y la revisión exhaustiva de las cifras que de buena fe fueron presentadas al país”, indico la entidad vigiladora de la salud de los colombianos.

Deudas de la salud

En el informe La SuperSalud, confirmó que, como consecuencia, efectivamente se hallaron varias inconsistencias no advertidas al interior de la Entidad por los equipos técnicos a cargo, por lo que se adoptaron las acciones correspondientes y se ordenaron los correctivos necesarios, especialmente en los protocolos de recepción y reporte de información.

“Luego de constatar y de realizar la depuración efectiva, esta Superintendencia determinó que las deudas de las EPS ascienden a $23,3 billones, de los cuales: $16,6 billones corresponden a las EPS activas en el sector, $1,7 billones a las EPS liquidadas y $5 billones a las EPS en liquidación, cifras que pueden presentar variación como consecuencia del proceso de reconocimiento y pago de acreencias que adelantan los agentes liquidadores designados por la Entidad y de la revisión del reconocimiento y pago de acreencias de las 102 EPS liquidadas entre el 2003 y el 2015 que no habían sido tomadas en consideración”, agregaron en un informe público.

Finalmente, y como consecuencia de lo expuesto, se dieron los traslados correspondientes a la Oficina de Control Interno y a las autoridades disciplinarias competentes para que realicen las averiguaciones a que hubiere lugar y estimen convenientes.

El Ministerio de Transporte expidió el Decreto 0050 de 2023, que ordena no incrementar las tarifas de peaje a vehículos que crucen por las 143 estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ubicadas a lo largo del territorio nacional.

La medida tiene como objetivo mitigar los efectos de la inflación, que para el 2022 fue de 13,12%, y que representó un incremento de 7,50 puntos porcentuales frente al 2021, cuando fue de 5,62%.

Lo anterior, explica la cartera de Transporte en el decreto, “implica incrementos, principalmente, en el costo de vida y el costo asociado a las cadenas de suministro, lo que repercute en la presión inflacionaria y en la menor capacidad de obtener los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de la población”.

Para garantizar la continuidad de los servicios, la norma establece que el Ministerio de Transporte, junto con Invías y la ANI, deberán analizar e implementar mecanismos que reconozcan los ajustes de tarifas, labor que contará con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

“Primero renuncio antes de subir la edad pensional», fue la promesa que hizo este lunes el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter sobre la reforma de las pensiones.

Los comentarios del jefe de Estado reiteraron las palabras del director de la Administración Presidencial (Dapre), Mauricio Lizcano, quien aseguró al mediodía que la administración no aumentará el tiempo que se tarda en cobrar una pensión.

Sin embargo, en su momento Hacienda había asegurado a otros medios de comunicación que esta opción no había sido del todo dejada de lado en la conversación para avanzar con la reforma de pensiones.

El Presidente de la República, Gustavo Petro, participa desde el próximo martes 17 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), que reúne a Jefes de Estado y de Gobierno, y líderes mundiales de organismos multilaterales, a quienes presentará las propuestas de Colombia para enfrentar la crisis climática y promover la transición energética, y las acciones para lograr la Paz Total.

En su primera intervención en el evento anual como Jefe de Estado, el Presidente Petro estará en la localidad alpina hasta el 20 de enero y, además de participar en distintas sesiones, tendrá encuentros bilaterales con directivos de empresas mundiales con inversiones en Colombia, como Nestlé, Enel, Coca Cola, Microsoft y Yara. 

Agenda

El Presidente Petro llegará el martes 17 a Zúrich y de inmediato se trasladará a la localidad alpina de Davos, donde se realiza la cita del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). 

El mismo día en la tarde asiste a la sesión ‘Alianza de acción alimentaria: invertir en una mayor resiliencia’. En este evento se lanzará la Estrategia de la Alianza de Acción Alimentaria 2023-2025.

Allí el Presidente Petro hará una intervención al lado de la Presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan.

Enseguida tendrá una reunión con Alain Berset, elegido Presidente de la Confederación Suiza para 2023.

Al finalizar la jornada, el Mandatario colombiano estará en una reunión con el fundador del WEF, Klaus Schwab, a la que asistirán también Marc Benioff, Presidente de Salesforce; Borge Brende, Presidente del WEF, y Al Gore, Vicepresidente de Estados Unidos entre 1993 y 2001.

Miércoles, 18 de enero

El miércoles, el Presidente Petro se reúne con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

Por la tarde, el Mandatario será uno de los expositores en la sesión ‘Liderando la carga a través de la nueva normalidad de la tierra’, junto a Al Gore, Marc Benioff, Andrew Forrest, Presidente y fundador de Fortescue Metals Group; Roshni Nadar Malhotra, Presidente de HCLTech, y Fawn Sharp, Presidenta del Congreso Nacional de Indios Americanos.

En este encuentro se tratarán temas como la acción climática, los océanos y la biodiversidad.

Posteriormente, el Presidente Petro interviene en la sesión ‘Liderazgo para América Latina’, al lado de los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, y Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza.

A continuación, están previstas reuniones con Laurent Freixe, Vicepresidente de Nestlé para Latinoamérica, y Adel Bin Ahmed Al Jubeir, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita.

Por último, el Jefe de Estado asistirá al diálogo ‘Soluciones sostenibles para América Latina, en el que participan también los presidentes de Costa Rica y Ecuador, el Presidente electo del BID, Ilan Goldfajn; la Vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar.

Jueves, 19 de enero

La agenda del Presidente Gustavo Petro el jueves incluye encuentros con el CEO de Enel, Francesco Starace; el de Coca-Cola, James Quincey, y el de Microsoft, Brad Smith, con quienes hablará de los planes de inversión de esas empresas en el país.

Así mismo, se reunirá por separado con la Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; con el Primer Ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, y con el profesor Klaus Schwab, fundador del WEF.

Viernes, 20 de enero

Por último, el viernes, el Presidente Petro tendrá un encuentro con el Presidente de Yara Internacional, Svein Tore Holsether.

En esta cita se evaluará una posible inversión de cerca de 100 millones de dólares para incrementar la producción de fertilizantes en Colombia, y también reducir significativamente la huella de carbono de los fertilizantes producidos en el país.

Durante el viaje acompañarán al Jefe de Estado los ministros de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán; Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo; Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y Minas y Energía, Irene Vélez; la Jefe de Gabinete Presidencial, Laura Sarabia, y el Embajador de Colombia en Suiza, Francisco Javier Echeverri.

“Eso se llama un etnocidio”, dijo este sábado el Presidente Gustavo Petro al referirse a los casos de violación sistemática de niños y niñas indígenas ocurridos en regiones de la selva amazónica, como el departamento del Guaviare.

Durante un encuentro con líderes y lideresas del Suroeste Antioqueño, que se realizó en el municipio de Jericó, el Mandatario indicó que, en muchos casos, estos abusos y esta violación sistemática de menores se ha dado con la complicidad de las mismas comunidades.

De acuerdo con el Jefe de Estado, esta “no es una actividad clandestina hecha contra la misma familia, la misma comunidad, sino que se han alcanzado, de ahí la sistematicidad del problema, niveles de complicidad de la misma comunidad, que no ve otro camino que prostituir a sus propios niños para obtener comida”.

Consideró que no solamente se trata de un delito que el Código Penal establece para el abuso y la violación de niños y niñas, sino también de un etnocidio que está acabando con culturas como la de los Nukak Makú, el último pueblo andante de la selva amazónica.

“Colombia ha visto imposiciones sobre lo territorial, sobre lo local, destrucciones reales que no solamente pasan por las cosas físicas, sino que pasan por la destrucción de las culturas. Cuando muere una cultura, se habla de un etnocidio. El etnocidio no tiene que ver con muertes de personas. Tiene que ver con la muerte de las culturas”, explicó el Mandatario.

Cabe recordar que, ayer viernes, el Presidente Gustavo Petro ordenó el envío de una comisión especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Presidencia de la República, con el fin de atender las denuncias de violencia sexual contra menores de edad en el departamento del Guaviare, y afirmó que se deben adelantar todas las investigaciones pertinentes para dar con los responsables.

El anuncio lo hizo el Jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter, en la que enfáticamente señaló: “He pedido que una comisión del ICBF y de la Presidencia se desplace inmediatamente al Guaviare y atienda las denuncias de violaciones a menores de edad. Este horror lleva años estimulado por la impunidad. Se iniciarán todas las investigaciones, incluso por la omisión de funcionarios”.

“La única manera de tener la Paz Total es avanzar en el desmonte de las organizaciones que tienen tanto estatus político como las que no lo tienen; unas terminarán con acuerdos de paz y las otras con sometimiento y desmantelamiento de las organizaciones del crimen; son dos cosas completamente diferentes”.

Así lo afirmó este viernes el Portavoz del Gobierno Nacional y Ministro del Interior, Alfonso Prada, en una declaración ofrecida desde la Casa de Nariño.

En este sentido, el Portavoz indicó que la Ley 2272 de 2022, aprobada por el Congreso, “facultó al Presidente de la República para que pudiera avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones a las que se les reconoce estatus político”, al igual que en conversaciones exploratorias con estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado, que se mueven en la economía ilegal, con miras a que se avance en su proceso de sometimiento.

Con base en esta nueva normativa –explicó el Ministro Prada–, el Gobierno Nacional ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación la suspensión de algunas órdenes de captura de miembros representantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y de la organización de la Sierra Nevada, dos grupos que son definidos como estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado.

Explicó que, de esta manera, se busca que estos miembros representantes puedan participar en las “mesas de diálogo que estamos adelantando, en forma exploratoria, para definir las condiciones de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones del crimen, con miras a obtener en Colombia la tan anhelada Paz Total”.

Gobierno busca diálogo directo y formal con la Fiscalía

Al reiterar que el Gobierno respeta las decisiones de la Rama Judicial del Poder Público, el Portavoz indicó que el Ejecutivo quiere “avanzar en un diálogo directo y formal con la Fiscalía General de la Nación”, para explicar las facultades que le otorga la nueva ley al Presidente de la República.

Indicó que el argumento de la Fiscalía “está fundamentado en dos decretos, que reglamentaron la Ley 418, que acabamos de modificar; esos decretos se expidieron en el 2012 y en el 2015, y no están diseñados para levantar órdenes de captura de organizaciones armadas de alto impacto del crimen”.

Agregó que “eso es exactamente lo que acaba de cambiar la Ley 2272 del 2022, habilitando y facultando al Presidente de la República para solicitar este tipo de suspensión de órdenes de captura”.

Tales decretos en los que se fundamenta la Fiscalía –precisó– fueron modificados por la Ley 2272, que amplía el margen de facultades para solicitar estas suspensiones de órdenes de captura.

Y agregó: “Aspiramos, en las próximas horas y en los próximos días, tener todos los elementos de juicio jurídicos necesarios, para que tengamos la posibilidad de avanzar en los diálogos exploratorios que den como resultado la Paz Total”.

De acuerdo con el Portavoz Alfonso Prada, la “Paz Total es clamada en los territorios por las organizaciones sociales de campesinos, de indígenas” y por la ciudadanía en los lugares donde se generan muertes de colombianos.

La Paz Total requiere “instrumentos y caminos para poder conversar, explorar, dialogar y tener la posibilidad de hacer diálogos de paz, que terminen en acuerdos de paz, y hacer conversaciones exploratorias que terminen en sometimiento al Estado de Derecho”, concluyó Alfonso Prada.

El Presidente Gustavo Petro ordenó el envío de una comisión especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Presidencia de la República, con el fin de atender las denuncias de violencia sexual contra menores de edad en el departamento del Guaviare, y afirmó que se deben adelantar todas las investigaciones pertinentes para dar con los responsables.

El anuncio lo hizo el Jefe de Estado, a través de su cuenta de Twitter, en la que enfáticamente señala: “He pedido que una comisión del ICBF y de la Presidencia se desplace inmediatamente al Guaviare y atienda las denuncias de violaciones a menores de edad. Este horror lleva años estimulado por la impunidad. Se iniciarán todas las investigaciones, incluso por la omisión de funcionarios”.

En tal sentido, el ICBF indicó, a través de un comunicado, que dicha Comisión tendrá la tarea de adelantar “jornadas de búsqueda e identificación de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas, alta permanencia en calle, entre otras vulneraciones, particularmente en la niñez de las comunidades Nukak y Jiw”.

Al respecto, la Directora General del ICBF, Concepción Baracaldo, manifestó que “es repudiable y doloroso que este tipo de situaciones que afectan y atentan con la vida e integridad de la niñez se presente, desde el Gobierno Nacional no escatimaremos en esfuerzos para que la violencia sexual no siga acabando con los sueños de lo más sagrado que tenemos, nuestras niñas y niños”.

Finalmente, el ICBF anuncia que se buscará trabajar de manera pronta con la Consejería para las Regiones y con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos ocurridos en el Guaviare.

La Vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, se reunió con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, con quien habló sobre la tarea para alcanzar la Paz Total en Colombia, la equidad de género y la lucha contra la desigualdad.

La Vicepresidenta, el Canciller Álvaro Leyva Durán y la Embajadora de Colombia en la ONU, Leonor Zalabata, cumplieron una agenda en Nueva York, que incluyó también reuniones con el Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Csaba Korösi; la Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Åsa Regnér; el equipo de la Misión Permanente de Colombia en Nueva York y representantes de países africanos y del Caribe.

Durante la reunión con el Secretario Guterres, la Vicepresidenta destacó que el Gobierno del Presidente Gustavo Petro se ha trazado como objetivo trabajar para alcanzar la Paz Total. Es por eso que se ha comprometido a impulsar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, ha promovido los diálogos con el Eln y ha desarrollado una serie de acciones que permiten dialogar y lograr mecanismos de rendición de cuentas con otros actores armados y generadores de violencias en los territorios.

“Hoy me reuní con @antonioguterres y lo invité, como Secretario General de @UN, a pensar en una nueva política internacional antidrogas con enfoque de Justicia Racial y de Género. También a implementar un enfoque de #PazTotal y a cerrar las brechas de desigualdad e inequidad”, expresó la funcionaria.

En el encuentro con la Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, Åsa Regnér, se resaltó la necesidad de avanzar en el desarrollo de una agenda de género en Colombia que garantice el derecho de todas las personas a la educación, la salud, la cultura y a vivir en condiciones dignas, con enfoque de género.

Más tarde, ante representantes de países africanos y del Caribe, la Vicepresidenta hizo énfasis en el interés del Gobierno Colombiano de liderar una agenda que permita establecer nuevas y más fuertes conexiones entre África y su diáspora en América Latina y el Caribe mediante la estrategia ‘África 2022-2026’.

“Nos unen lazos históricos y culturales que hacen de este acercamiento algo imperativo para la política exterior de Colombia. Estamos trabajando actualmente en una estrategia que tiene como objetivo reconectar a Colombia con el continente africano, mediante la implementación de acciones y actividades de alto impacto y esperamos contar con ustedes para seguir trabajando en pro de esta estrategia”, señaló la Vicepresidenta.

Finalmente, con el Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Csaba Korösi, se trataron temas relacionados con la Paz Total, la agenda de género y la justicia racial.

La Vicepresidenta de la República agradeció a la ONU por ampliar el mandato de la Misión de Verificación en Colombia, e incluir el capítulo 1 sobre Reforma Rural y la implementación del Capítulo Étnico de los acuerdos de paz.

El pasado miércoles, la Vicepresidenta intervino por primera vez ante el Consejo de Seguridad de la ONU en pleno, donde se presentó el informe trimestral de la Misión de Verificación sobre la implementación del Acuerdo Final.

Después de que el ELN se pronunciara y advirtiera que los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro están en una crisis por “imposiciones unilaterales”, el presidente se refirió a los dos caminos que le quedan a esta guerrilla.

El pronunciamiento del jefe de Estado lo realizó citando un video en el cual el presidente del Senado, Roy Barreras, se refirió a la oportunidad que tiene el ELN de crear un acuerdo de paz en el primer gobierno de izquierda progresista en la historia de Colombia.

Ahora, con respecto a un posible afán del Gobierno nacional al anunciar el cese al fuego sin haber consultado a la delegación de la guerrilla, Barreras expuso que el país está ávido de que haya un parón de violencia. “Hoy mismo (…) tenemos noticias de nuevos muertos en Arauca, de nuevas confrontaciones y violencias”, añadió el legislador.

El Presidente Gustavo Petro confirmó este jueves, en visita al sitio de la emergencia causada por un deslizamiento de tierra en el municipio caucano de Rosas, que “tenemos ubicado –ya ustedes lo discutirán, cuando tengamos resultados más concretos– un lugar de tierras muy fértiles”, para reubicar a los damnificados, y anunció que ese sitio podría ser “el comienzo de una gran zona campesina que quisiéramos desarrollar, que, incluso, ayudaría a aliviar las presiones sociales que hay en el norte del Cauca”.

En el centro educativo Santa Teresita, donde fueron ubicadas las víctimas del derrumbe que se presentó el pasado fin de semana y destruyó siete veredas, el Mandatario indicó que el Estado compra los terrenos amparado en la Ley 1523 del 2012 y que permite a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) “comprar, en menos de 15 días, la tierra que necesitamos”.

Esa zona campesina, explicó, contará con una infraestructura urbana que incluirá escuela, centro de salud y estará cerca a los mercados de los productos que se produzcan y, de esa forma –añadió–, “estas circunstancias y la reubicación deben generar una mejor vida para todas y todos ustedes”.

Respecto a los problemas de comunicación que generó el deslizamiento de tierra, que taponó la vía Panamericana entre Popayán y Pasto, en el departamento de Nariño, el Presidente Petro señaló que su Gobierno implementó una solución provisional, mediante una serie de medidas de urgencia, que incluirán un puente aéreo y marítimo entre Tumaco y Buenaventura, al igual que otras posibilidades para facilitar el transporte de carga haciendo uso de variantes y caminos vecinales.

Estas medidas, indicó, permitirán un mes de margen para mantener comunicado el sur con el centro y el norte del país. Sin embargo, destacó que la emergencia puede servir para generar oportunidades y contar con un proyecto de navegación marítima civil y mercante.

Al respecto, dijo que lo importante es que no se arranca de cero, pues hay ya estudios y proyectos en marcha.

En cuanto a la rehabilitación de la vía, el Jefe de Estado manifestó que el Gobierno cuenta con un proyecto que es la doble calzada Popayán – Santander de Quilichao, la cual fue desentrabada después de siete años de estudios. Esta vía podría extenderse hasta el municipio de Chachagüí, en el departamento de Nariño, empatarla con los trabajos que se adelantan en el tramo hasta Pasto y se espera continuarlo hasta Ipiales.

El Presidente Petro fue enfático en advertir que la temporada de lluvias continuará y, según los pronósticos, se extenderá hasta junio de 2023 y, hasta el momento, ha dejado más de un millón de damnificados y más de 700 personas muertas.

“Ya llevábamos el año pasado, cuando terminaron 10 meses de invierno, con circunstancias terribles. Creímos que estos días marcaban su final, pero apenas son una tregua; el invierno sigue hasta junio, imagínense ustedes todo lo que tendremos que afrontar. Eso no es usual, ustedes lo saben, no es normal”, concluyó el Mandatario.

El Presidente Gustavo Petro anunció este jueves que los tenderos y tenderas del país serán sus representantes en las juntas directivas de las Cámaras de Comercio y, además, les propuso asociarse con el fin de fortalecer ese destacado sector de la economía popular.

“He tomado una decisión y es que los representantes del Presidente de la República en las Cámaras de Comercio de toda Colombia sean tenderos y tenderas”, afirmó el Jefe de Estado durante un encuentro con 90 representantes de los tenderos del país en la Casa de Nariño.

En el mismo contexto, el Mandatario les pidió a los representantes de los micro y pequeños comerciantes presentar los listados de las personas que cumplan con los requisitos exigidos en las diferentes Cámaras de Comercio, para ser los delegados del Presidente en esas entidades gremiales.

El Jefe de Estado, quien resaltó la importancia de los tenderos del país para la economía popular, les propuso organizarse a través de asociaciones.

“¿Cómo logramos que la economía popular sea más poderosa? Aquí se han planteado algunos temas, pero uno de ellos es la asociatividad, porque eso da poder. La asociatividad empodera. Esa asociatividad, si el Estado ayuda, se hace más fuerte aún”, subrayó.

Asimismo, el Presidente se refirió a la importancia de desarrollar procesos de educación en los micro y pequeños comerciantes, particularmente en temas relacionados con tecnología, plataformas digitales y contabilidad.

“La economía popular no ha sido construida ni por el Estado ni por la gran empresa, sino por la misma gente, y es una red compleja, diversa, extendida, que tiene el 80% de los puestos de trabajo del país, es decir, la economía popular es la que permite que la gente trabaje”, indicó.

Finalmente, en el mismo sentido, el Jefe de Estado recalcó que “hay una potencia que hay que desencadenar. La historia de la economía popular nos demuestra que ha sido una potencia que se ha utilizado y que les ha permitido sobrevivir”.

El Presidente Petro estuvo acompañado por el Consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco Chaves; el Director Ejecutivo de la Fundación Empresarial de Colombia para el Desarrollo de las Tiendas (Fecoltiendas), Héctor Javier Galindo; la Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco) Santa Marta, Rosa Delia Rueda, y el Presidente de la Fundación Tierra Fértil Apartadó (Antioquia), Johny Lozano.

Este miércoles, al recibir el informe del Consejo Nacional de Planeación sobre las recomendaciones al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Presidente Gustavo Petro destacó la participación de 250.000 ciudadanos de 50 regiones del país en la construcción de la carta de navegación del cuatrienio del Gobierno del Cambio.

Al enfatizar que “es la sociedad la que debe planificar”, aseveró que “nosotros dimos unos pasos, que son balbuceantes, más o menos 250.000 personas se reunieron entre ellas a construir su territorio” con un enfoque que le permite al Gobierno Nacional orientar sus políticas de desarrollo y priorización de inversión en las regiones.

El Mandatario, además, se refirió al reto que tiene su Gobierno de construir un Estado más operante, que tenga como brújula el beneficio social.

“Pasar hacia un Estado operante, que ayude a construir beneficio social, es el reto en el poco tiempo que tenemos. Es un reto por el cual nos medirán y este Plan tiene que ver con eso”, dijo el Mandatario, quien agregó que en el Estado colombiano hay entidades creadas sin mayor sentido.

En la reunión con el Presidente Petro participaron el Director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González; la Presidenta Consejo Nacional de Planeación, Hada Marleng Alfonso Piñeros; el Gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, y los alcaldes de Arauquita (Arauca), Etelivar Torres Vargas; Turbaco (Bolívar), Guillermo Enrique Torres, e Ipiales (Nariño), Luis Fernando Villota, entre otros.

Cabe recordar que el Consejo Nacional de Planeación fue creado por mandato de la Constitución de 1991 con “carácter consultivo para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo” y está integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales.

La Aeronáutica Civil estableció una serie de medidas temporales de contingencia para facilitar el transporte de pasajeros, correo y carga por vía aérea, desde y hacia los departamentos de Cauca, Valle y Nariño, ante la emergencia vial presentada en el km 75 de la Vía Panamericana.

De acuerdo con la circular, las empresas colombianas de servicios aéreos comerciales de transporte público regular y no regular de pasajeros y carga podrán, a partir de la fecha, efectuar vuelos adicionales, vuelos chárter o series de vuelos hacia y desde los aeropuertos:

– Guillermo León Valencia, de la ciudad de Popayán.

– Antonio Nariño, de la ciudad de Pasto.

– San Luis, del municipio de lpiales.

– La Florida, de la ciudad de Tumaco.

– Alfonso Bonilla Aragón, de la ciudad de Cali.

La decisión busca establecer un puente aéreo que permita garantizar la conectividad de las ciudades y departamentos afectados por la emergencia vial.

Las aerolíneas interesadas deberán presentar una solicitud a la Dirección de Autoridad a los Servicios a la Navegación Aérea y a la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales de la Aerocivil, indicando la ruta o las rutas a cubrir, tipo y matrícula de la aeronave, y fecha prevista para la realización del vuelo.

La medida estará vigente hasta que se restablezca el transporte terrestre por la Vía Panamericana.

Tras el acontecimiento ocurrido en el municipio de Rosas, Cauca, el presidente Gustavo Petro resalto el trabajo realizado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), quienes previeron el desastre acontecido.

“Podemos decir que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) logró evitar una tragedia, porque la previó evacuando previamente a las familias de la zona del desastre. Por eso, no hay muertos debido a esta circunstancia que tiene que ver incluso con una placa tectónica que se encuentra en la zona”, indicó el mandatario de los colombianos.

Familias damnificadas

Asimismo, en el informe oficial entregado por el Gobierno Nacional, se conoció que hay 164 familias ya en albergues, 64 casas fueron completamente destruidas, toda la zona tiene las de 700 personas damnificadas.

“Se ha reunido el Puesto de Mando Unificado con el ministro de Transporte (Guillermo Reyes), la UNGRD, el Alcalde (de Rosas, José Campo Osorio), el Gobernador (del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí). Estamos estableciendo las medidas, tanto de urgencia como de mediano y largo plazo, para lograr una conectividad fundamental que es la del sur del país, la que tiene que ver prácticamente con toda Suramerica”, agregó Petro.

Proyecto con una inversión billonaria

Finalmente, el jefe de estado, dio a conocer que habrá un proyecto con una inversión billonaria para trazar lejos de la placa tectónica una nueva vía –de unos 70 kilómetros– que permita un fluido muchísimo mejor de la movilidad de todo Suramérica y de nuestros departamentos del sur de Colombia con Bogotá y con el centro del país.

“Así que habrá un plan para comprar haciendas cercanas, ojalá a la zona, que nos permita reubicar la población. No puede volver la población a ese mismo lugar y en esa medida, la población entra para ser compensada con más tierras de las que tenían hoy, media hectárea por familia, a producir alimentos con ayuda del Estado y a lograr que sus nuevas viviendas tengan los niveles de dignidad que necesitan”, concluyó.

En la vía que, del municipio de Suárez, Cauca conduce al centro poblado de Yolmbó, las autoridades hallaron explosivos que habrían instalado grupos armados ilegales para atentar contra la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez, cuando se dirigía a visitar su familia que reside en esa región del país.

Sobre la vía fue hallado un paquete con siete kilos de explosivos ocultos en la maleza con un cable amarrado a una rama que sería parte del sistema detonador.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia recordó que Francia Márquez, antes de ser vicepresidenta, ha asumido varios liderazgos en la región y se han reportado varios ataques en su contra, por lo que insistió en la protección de la mujer.

Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, representante de la Misión de Verificación de la ONU para Colombia, envió un mensaje de solidaridad con la alta funcionaria y su familia.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, y de Chile, Antonia Urrejola, destacaron la firma del documento de consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el que ambos países solicitan establecer las obligaciones convencionales que recaen en los Estados signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, acerca de la emergencia climática.

El documento se suscribió en Santiago, durante la visita de Estado del Presidente Gustavo Petro, quien se reunió con su homólogo de Chile, Gabriel Boric.

“En un hecho histórico, Colombia y Chile firmaron una solicitud de opinión consultiva para la Corte IDH sobre las obligaciones de los Estados signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, acerca de la Emergencia Climática que atraviesa la región y el mundo”, afirmó el Canciller Leyva.

Agregó que la consulta “pone en movimiento el Acuerdo de Escazú”, al que adhirieron las dos naciones el año pasado, y explicó que se elevan preguntas cuyas respuestas serán vinculantes para toda la región.

Mientras tanto, la Ministra de Relaciones Exteriores de Chile afirmó que esta consulta de los dos países, que tendrá implicaciones para toda la región, es “un conjunto de preguntas de cómo esta emergencia climática afecta derechos tan fundamentales como el derecho a la vida, la información y un conjunto de otros derechos y la especial afectación a determinados grupos más vulnerables. Y también lo que implica para los pueblos indígenas, mujeres y niñas y defensores ambientales”.

La solicitud de consulta de los dos países está motivada por la necesidad de tomar medidas urgentes de mitigación y adaptación que permitan enfrentar la crisis climática desde una perspectiva de derechos humanos.