La tarde de este sábado 24 de diciembre fue especial para más de 700 habitantes de la calle que compartieron en la novena de Navidad que organizó el Gobierno del Cambio en la Casa de Nariño.
Fue un encuentro en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y que encabezó la jefe de gabinete, Laura Sarabia, y la directora de Prosperidad, Cielo Rusinque, con la presencia de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López.
“Esta es su casa. Queremos compartir un pequeño detalle, un plato de comida, de parte del Presidente, Gustavo Petro, y él reafirma su compromiso por seguir trabajando por una Colombia próspera y en paz”, dijo Sarabia, en el encuentro.
La novena estuvo a cargo del padre Darío Echeverry y fue amenizada por artistas como Juan Carlos Celedón; el trío Fulgencio, conformado por los músicos de trayectoria, Mateo Patiño (bandola), Brayan Ruiz (bandola), y Jorge Arbeláez (guitarra).
Julio Correal fue el maestro de ceremonia, quien presentó su obra: “Una novena pícara”, en la que participaron reconocidos actores y actrices como Marcela Gallego, Julio Pachón, Lucho Velasco y los músicos Alejandro Acero, Jorge Perea y Julio Cesar Silva.
El evento de Navidad fue la oportunidad para compartir una cena caliente a los invitados, kits de ropa y calzado, como una apuesta por dignificar la vida de esta población que históricamente ha sido discriminada.
La convocatoria de las personas en situación de habitabilidad en calle se hizo a través de los servicios de atención que prestan la Secretaría de Integración Social del Distrito y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON).
“La paz es un objetivo de la política de este Gobierno, queremos que ustedes puedan retornar a sus hogares sanos y salvos”, para que puedan estar con sus familias “y que ese abrazo y ese calor puedan ser, precisamente, la concreción de un esfuerzo del Gobierno y de la sociedad colombiana para construir esa paz”.
Así lo manifestó este jueves el Presidente de la República, Gustavo Petro, en su visita al Cantón Militar San Jorge en Saravena (Arauca), donde saludó, compartió y entregó regalos a más de 500 miembros de la Fuerza Pública acantonados en este batallón, donde estuvo acompañado del Ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez Gómez; el comandante de las Fuerzas Militares, general Hélder Fernán Giraldo Bonilla, entre otros miembros del Gobierno Nacional.
Luego de compartir con los uniformados y escucharlos, el Jefe de Estado les envió un saludo de Navidad y dijo que “cuando se llega siempre a estos días se piensa en la familia, se piensa en la paz, la paz que ha sido un sueño que prácticamente no se ha podido conseguir durante dos siglos de vida republicana en nuestro país: Colombia”.
Reiteró que la paz “tiene que volverse una realidad, porque sin eso, sin la paz, no es posible construir realmente una nación próspera y grande, una sociedad que sepa agarrarse de conocimiento como la fórmula fundamental para crecer”.
Al destacar la labor de los miembros de la Fuerza Pública que están lejos de sus hogares enfrentando las complejidades de la realidad del país, el Mandatario les reiteró: “Cuando la opción de la muerte se vuelve tan cerca, un abrazo, un dulce retorno, una posibilidad de vivir intensamente sin que nada lo interrumpa” se convierte en “esa posibilidad dulce de vivir con intensidad porque logramos que en Colombia pudiese volver la paz”.
“Un saludo muy especial para todos ustedes de la Presidencia de Colombia; que esta Navidad sea un momento de reflexión indudable en el que podamos, en nuestros propios corazones, encontrar la senda del perdón, de la reconciliación y de la paz de Colombia”, concluyó el Presidente Petro.
Un nuevo giro para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) hizo el Gobierno del Cambio con el pago de $4 billones adicionales, que corresponden a los subsidios indirectos a los combustibles líquidos.
El Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo Gaviria, aseguró que con este nuevo giro se totalizan $18,2 billones destinados durante la actual vigencia de 2022.
Dijo que en el Presupuesto General de la Nación de 2023 se incluyeron recursos y otras medidas adicionales para facilitar el pago de las obligaciones pendientes de liquidar de la actual vigencia.
De esa forma, el Gobierno del Cambio honra el compromiso de solucionar esta deuda, y así se demuestra el manejo responsable con las finanzas públicas.
“En línea con el manejo responsable de las cuentas fiscales y las finanzas públicas, continuamos haciendo los pagos respectivos del Fondo, no solo con miras a contribuir a una situación macroeconómica estable, sino a darle solución a un problema que viene de años atrás”, expresó el Ministro.
Cabe recordar que el Gobierno ha venido haciendo ajustes graduales al precio de la gasolina corriente con el fin de corregir el alto déficit que presenta el Fondo de Estabilización de Precios.
El Presidente de la República, Gustavo Petro, insistió este miércoles que el proceso de renovación de la flota de superioridad aérea, en reemplazo de los Kfir con los que hoy cuenta el país, no sacrificará recursos que hoy son indispensables para el gasto social en Colombia.
“No se gastará un solo peso de la reforma tributaria ni de la inversión social en aviones de combate. Las prioridades de mi gobierno son y serán la reforma agraria, hambre cero, la educación superior gratuita, el bienestar de las madres cabeza de hogar y los jóvenes del país”, escribió el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter.
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En ese mismo sentido, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó este miércoles que en caso de que se cierre la negociación para la adquisición de aviones, “esta deuda se empezará a pagar dentro de cinco años, con el objetivo de no sacrificar recursos que hoy son indispensables para el gasto social, sino que esta inversión se pueda realizar bajo mejores condiciones económicas”.
El Gobierno del Cambio ha asegurado que la renovación es necesaria debido a que la flota actual ha tenido más de 42 años de uso (más de 30 años de operación en Colombia). “Su operación y mantenimiento es costosa y puede ser riesgosa. Colombia es hoy prácticamente el único operador de la plataforma Kfir. Eso quiere decir que no se producen aeronaves ni repuestos; es decir, es una capacidad insostenible”.
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El Gobierno estudió tres ofertas (de Estados Unidos, Francia y Suecia) e hizo la preselección de la propuesta presentada por el Gobierno de Francia, para la adquisición de 16 aviones Rafale. Las otras opciones presentadas a Colombia fueron los aviones Gripen (de fabricación sueca) y F-16 (de fabricación estadounidense).
El Ministro de Defensa explicó que la propuesta de los aviones Rafale es la mejor opción para el país en relación precio, eficiencia y operatividad. “Una hora de vuelo de un avión Rafale es aproximadamente 30 % más barata que la hora de vuelo de un Kfir (estimada en 89 millones de pesos)”, indicó.
Vale la pena destacar que a la fecha no hay contratos firmados y la oferta que estudiará el Gobierno tiene un costo estimado de hasta 15 billones de pesos, y no 26 billones de pesos, como se ha dicho de manera errónea. “Es una prenegociación. Se trata de la continuación de un proceso que se inició hace 12 años, a través del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Colombiana”, explicó el Gobierno.
Las ofertas estudiadas contemplan que el país pueda contar con transferencia de conocimiento y de tecnología, para un mayor crecimiento del sector aeronáutico, de ciberseguridad y defensa y del aeroespacial en el país.
El Gobierno del Cambio aclaró también que el proceso de renovación de los Kfir, que está en etapa de prenegociación, es distinto al contrato que está en ejecución desde el 2021 para la adquisición de aviones de entrenamiento.
El Ministro de Defensa afirmó que para el Gobierno es importante dejar unas Fuerzas Militares modernas, fortalecidas y con capacidades, no para la guerra, sino para garantizar la soberanía nacional y la seguridad ciudadana.
Además, en el marco de la Paz Total, la interdicción aérea —es decir, las misiones que son asignadas a estos aviones— es un indicador en la defensa de la vida y no de la guerra. “Nuestro objetivo no es hacer una carrera armamentista”, reiteró el Jefe de la cartera de Defensa.
El Presidente de la República, Gustavo Petro, ha insistido en que los objetivos de la Política de Seguridad y Paz del Gobierno del Cambio se enmarcan en la defensa estratégica de la soberanía, el respeto por el Estado social de derecho y la defensa de los Derechos Humanos, para contribuir a la Paz Total de Colombia.
La Corte Constitucional emitió un fallo en el que determinó que las autoridades no pueden desalojar de manera forzada a integrantes de comunidades indígenas que sean víctimas de desplazamiento forzado.
El alto tribunal manifestó que los desalojos de predios privados que se hagan sin otorgarles las medidas de protección por su condición de vulnerabilidad, “constituyen a desalojos forzados prohibidos por la Constitución”.
De acuerdo con el fallo de la sentencia de 2021 señalan que los indígenas no pueden quedarse sin hogar al ser víctimas de desplazamiento forzado.
Asimismo, Corte Constitucional expresó en el fallo que antes de realizar cualquier traslado, la Policía Nacional debe notificarlos y las entidades administrativas correspondientes tienen que ejecutar un proceso de identificación y caracterización.
Finalmente, entre lo conocido por el fallo de la Corte, indicó que los ocupantes son sujetos de especial protección constitucional: cabezas de hogar, mujeres gestantes, en situación de discapacidad y debido a las necesidades apremiantes que tiene esta población, la entidad indicó que un albergue temporal es uno de sus derechos.
La administración de Joe Biden señaló la importancia de “contar con un programa de sustitución totalmente financiado y bien diseñado antes de pasar a la sustitución (voluntaria) como medio principal de control de cultivos”.
Con esos requisitos tanto técnicos como monetarios, Estados Unidos espera que el jefe de Estado colombiano logre “prevenir el crecimiento del cultivo de coca” y resaltó que el país siga cumpliendo los compromisos internacionales.
“Advertimos a la administración Petro contra la transición inmediata de una estrategia de erradicación forzada a una voluntaria para controlar el crecimiento de cultivos ilícitos”, señaló el Departamento de Estado del país norteamericano en un comunicado de prensa.
Finalmente, en el documento Estados Unidos aclaró continuar trabajando con Colombia “para implementar un enfoque holístico para abordar los desafíos antinarcóticos”.
Seguido a ello, mencionó los esfuerzos en seguridad rural integral, justicia y desarrollo, protección del medioambiente y reducción integrada de la oferta de drogas.
A través de un documento de 32 páginas, el sindicato de funcionarios judiciales, Asonal Judicial, radicaron ante la Cámara de Representantes, la denuncia penal y disciplinaria en contra del Fiscal General de la Nación, Francisco Roberto Barbosa.
Según el documento, el sindicato pide una investigación formal por el presunto inadecuado manejo de los recursos económicos institucionales.
“Utilizados de manera fraudulenta o apropiados irregularmente, amén a su falta de gestión en el desarrollo de programas de atención en seguridad psicosocial de los funcionarios y empleados de la entidad”, indica el documento radicado.
En la denuncia, los funcionarios judiciales, aseguran que con los diversos documentos y declaraciones que se han dado a conocer en diferentes medios nacionales, al parecer se demuestra que se puede estar configurando un posible delito de peculado.
“Porque se está utilizando el personal que ha sido contratado para realizar labores en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación y no en las residencias de los funcionarios que no hacen parte de los predios de la Fiscalía”, agregó Asonal en el informe.
Así mismo en el documento enuncian un hecho que hasta la fecha no se ha investigado y que tiene que ver con la esposa del señor Francisco Barbosa, Walfa Constanza Téllez Duarte,
“Donde tarde de la noche entra a un edificio de la Fiscalía General y saca cinco maletas que todavía no se conocen su contenido”, puntualizaron.
A través de una alianza entre el Gobierno Nacional y el sector de supermercados de grandes superficies se llevará a cabo la entrega de 40.000 mercados para las familias damnificadas por la temporada de lluvias que atraviesa el territorio nacional.
La Primera Dama de la Nación y promotora de la iniciativa, Verónica Alcocer, afirmó que este llamado tiene el propósito de aunar esfuerzos de todos los sectores para llevar ayudas de manera temprana a las personas afectadas.
“Hago un llamado extensivo a todas y todos los colombianos de buen corazón a colaborar y se sumen a esta buena causa, con amor y responsabilidad”, destacó la Primera Dama, quien afirmó que el interés primordial es poder ayudar a las familias que están pasando dificultades por la temporada de lluvias que está atravesando el territorio.
Cielo Rusinque, Directora de Prosperidad Social, entidad que posee el soporte y reglamentación para focalizar las entregas, señaló: “Hemos hecho un acuerdo de entendimiento para llegar en una fase inicial con 40.000 mercados a las familias más afectadas y estaremos fortaleciendo el plan de choque contra el hambre, que hemos iniciado para lograr la meta del Gobierno del Cambio de Hambre Cero”.
Supermercados de grandes superficies como Grupo Éxito, Cencosud, Alkosto, Olímpica, ARA, tiendas D1, La Montaña Agromercados; así como la Asociación de Bancos de Alimentos y el Banco de Alimentos de Bogotá se vincularon a este llamado que la Primera Dama lleva impulsando hace más de un mes con todos los sectores.
El presidente de Grupo Éxito y vocero del sector empresarial de supermercados de grandes superficies, Carlos Mario Giraldo, destacó la importancia de “responder a ese llamado que nos hace la Primera Dama de ayudar en un momento en que el país lo necesita”.
Y reiteró: “La solución que nosotros proveeremos no es definitiva, pero sí es un mensaje de un propósito superior, de solidaridad y de unión del Gobierno y el sector privado para ayudar a la gente que más lo necesita”.
Otro de los sectores que se vincula a este llamado de solidaridad es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que entregó kits de ayudas para beneficiar a más de 8.800 personas.
Cabe resaltar que la Primera Dama de la Nación acompañó al Canciller, Álvaro Leyva, en el conversatorio ‘Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria para enfrentar el Fenómeno de La Niña’, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta para atender a las familias damnificadas y contar con el apoyo del cuerpo diplomático en este propósito.
Primeras entregas en el territorio
Con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, este lunes, se llevó a cabo la entrega de 5.200 kits de ayuda para 1.150 familias damnificadas del municipio de Zambrano (Bolívar); así como 1.200 familias de las veredas Nerviti, Tasajera y El Roble, en El Guamo (Bolívar) afectadas por la creciente del río Magdalena.
Estas ayudas incluyen kits de alimentos, kits de higiene, colchonetas, sábanas, entre otros, para atender las necesidades primarias de la población afectada en estas zonas del país.
Esto ocurre luego de que el pasado sábado 17 de diciembre se emitiera el Decreto 2497 de 2022, en el que se expone quien este beneficio involucrará a vehículos de categorías ciclomotor.
“Esta es la hoja de ruta de la normatividad que habilita para que en un día el superintendente Financiero expida las tarifas del SOAT”, comentó al respecto el ministro de Transporte, Guillermo Reyes González.
Entonces, desde hoy, motos de bajo cilindraje, taxis, microbuses urbanos, motocarros, autos de negocios, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal podrán acceder a esta reducción en la póliza. “Para las categorías antes mencionadas, el valor a pagar equivaldrá aproximadamente al 50 % del precio final vigente al 14 de diciembre de 2022″, indica el texto del decreto.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, los quemados disminuyeron un 4,53 % respecto a la misma fecha de 2021. Solo entre el 1 y el 18 de diciembre de este año, el INS registró 337 lesionados con pólvora. Mientras tanto, durante las mismas fechas del año pasado, se reportaron 353 casos.
De acuerdo con el último informe, 133 de los lesionados son menores de edad y 15 de ellos estaban en compañía de un adulto bajo los efectos del alcohol en el momento en que sufrieron sus quemaduras.
Las 204 personas restantes eran mayores de 18 años, de las cuales 85 estaban en estado de embriaguez.
Un dato que ha llamado la atención es que buena parte de las personas que resultan afectadas por el uso de estos artefactos no eran quienes los estaban manipulando, de hecho, según los datos del INS, el 22,3 % de los lesionados eran simplemente observadores del uso de pirotecnia.
El INS detalló que en los primeros 18 días de diciembre no hubo ningún fallecido debido al empleo inadecuado de la pólvora; sin embargo, el 91,1 % de los casos son quemaduras. De estos, el 60,2 % son por laceración, el 21,7 % por contusión, el 5,9 % por amputación, el 2,7 % por daño auditivo y el 6,2 % por daño ocular.
El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, aseguró que con la nueva política contra las drogas del Gobierno del Cambio “vamos a darle oxígeno a algunas actividades y asfixiar otras. Oxígeno a los eslabones más débiles, a los campesinos y cultivadores de hoja de coca, y asfixia a traficantes, lavadores de activos y mafias”.
En su intervención en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en la que también participaron la viceministra de Promoción de la Justicia, Jhoana Alexandra Delgado Gaitán; el
viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Eduardo Umaña Hernández, y la secretaria general, Helen Ortiz, el jefe de la cartera de Justicia explicó los 10 puntos clave de la nueva política de drogas ‘De la guerra contra las drogas al cuidado de la vida’.
Aseguró además que “abordar políticas de justicia en un país tan injusto es un desafío enorme y una oportunidad para un gobierno de transformación”.
Destacó el trabajo adelantado para mejorar el acceso a la justicia, especialmente en los territorios más apartados de Colombia, y de impulsar acciones que aporten a la construcción de un país con justicia social, económica y ambiental, como contribución a la Paz Total y a la reconciliación.
Precisó que como parte de la agenda legislativa el ministerio avanza en iniciativas, entre las que sobresalen la humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario, para garantizar los derechos de la población privada de la libertad (PPL). Se pretende humanizar las penas, fortalecer el enfoque restaurativo y superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).
Sobre este aspecto, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, explicó que este Gobierno quiere “estimular mecanismos de justicia restaurativa y desestimular
Gustavo Petro, mandatario de los colombianos, oficializó este sábado 17 de diciembre el decreto 2497 de 2022, en que establece la hoja de ruta para habilitar al superintendente financiero expida las tarifas del SOAT.
El decreto contempla que aplicará para: motocicletas entre 100cm cúbicos y 200cm cúbicos, motocarros, microbuses urbanos, motocarros de cinco pasajeros, triciclos, autos de negocios, taxis, vehículos de servicio público urbano, buses, busetas y transporte intermunicipal.
Respecto a la cobertura, el Gobierno Nacional aclaró que la reducción no la perjudica pues cualquier afectado en un siniestro vial será objeto de atención integral.
El Gobierno Nacional está dispuesto a iniciar proceso de acercamiento con Fuerzas Revolucionarias Mexicanas y Fuerzas Armadas RPS – Cartel del Norte
“En horas recientes hemos recibido misivas de las Fuerzas Revolucionarias Mexicanas y las Fuerzas Armadas RPS – Cartel del Norte, dos agrupaciones armadas que operan en la ciudad de Quibdó (Chocó)”, indicaron en un comunicado.
Ambas comunicaciones anuncian cese de fuegos unilaterales en los barrios de la capital chocoana donde, respectivamente, tiene influencia cada grupo.
“Saludamos la decisión de ambos grupos que, sin duda, mitigará la grave situación de violencia e inseguridad que viven los habitantes de Quibdó y sus alrededores. A las Fuerzas Armadas RPS – Cartel del norte y a las Fuerzas Revolucionarias Mexicanas les reiteramos que, vía la mediación de la Iglesia o de sus propios voceros, el Gobierno del Presidente Gustavo Petro está dispuesto, a través de esta Oficina de Paz, a iniciar un proceso de acercamiento”, agregaron.
Finalmente, el mandatario nacional afirmo que están listos para un encuentro directo.
El Presidente Gustavo Petro destacó este jueves que con la entrada en operación del ARC Simón Bolívar, el buque de mayor calado construido en su totalidad en el país, con tecnología y mano de obra colombiana, la Armada Nacional “contribuirá, quizás, al desarrollo de la mayor industria naval de América Latina”.
En la ceremonia de Afirmada de Pabellón (entrega de la bandera y su izada, por primera vez), en la Base Naval de Cartagena, el Jefe de Estado indicó que el nuevo buque constituye “un poderío de Colombia, indudablemente, y una posibilidad de construcción de riqueza en las ciudades puertos”.
El Mandatario catalogó el proyecto no solo como la principal obra de la industria naval del país, sino que se constituye en “el buque más grande hecho en Colombia, un buque de investigación, un buque de la ciencia”.
La producción de esta embarcación, que se adelantó en astilleros colombianos, se logró gracias a una alianza estratégica suscrita entre la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial (Cotecmar) y la compañía europea Damen. Los constructores seleccionaron el modelo OSRV 8316 y lo adaptaron a las necesidades operacionales de la Dirección General Marítima.
“Ciencia, investigación y producción, indudablemente, son la base de la riqueza de una nación. Y muchas fuerzas militares, alrededor del mundo, han sido los vertebradores de esos esfuerzos de industrialización en sus respectivos países”, dijo el Mandatario.
En el proceso de diseño e ingeniería del buque de investigación científico-marina, se emplearon alrededor de 100.000 horas-hombre. Igualmente, se generaron hasta la fecha 2.127 empleos a colombianos en un periodo del 2020 al 2022, generando así una cadena productiva y logística importante para el desarrollo de la industria naval del país.
El Presidente Petro también anunció que “este buque dará paso a un esfuerzo mayor, una fragata que ya está aprobada en nuestros planes y en nuestro presupuesto, y que será muchísimo más compleja de realizar que el buque que tenemos aquí, al frente, por la cantidad de sistemas que hay que desarrollar para que pueda ser un elemento estratégico en el control de los mares”.
Con este nuevo proyecto de la fragata, agregó, “será la entrada a las ligas mayores de la industria naval del mundo que se realizará desde Cotecmar”.
Dijo también que el ARC Simón Bolívar prestará servicio en operaciones del Programa Antártico Colombiano, realizando expediciones a ese lugar del mundo y, de la misma manera, contribuirá a “sacar el Galeón San José, galeón que ya no existe, sino solo su cargamento, sus cañones, pero en el que puede haber buena parte de la historia nacional”.
En la ceremonia también se puso en operación la patrullera de apoyo fluvial liviana ARC CTCIM ‘Cristian Evangelista Rangel Hernández’, una unidad que será destinada a desarrollar y facilitar operaciones de control en ríos primarios y secundarios.
“La juventud que aquí se va a entrenar, va a aprender, va a construir conocimiento a partir de estos objetivos, la fragata, el galeón, y será una juventud que en el mañana enseñará”, concluyó el Presidente Petro, al referirse a las nuevas generaciones de la Armada que intervienen en estos proyectos.
El Presidente de la República, Gustavo Petro, oficializó este jueves la concertación que se logró entre el Gobierno Nacional, los empresarios y las centrales obreras, que determinó que el salario mínimo para el 2023 será de $1’160.000 y el auxilio de transporte en $140.000.
“Efectivamente se ha llegado a una concertación entre empresarios y trabajadores y obviamente el Gobierno Nacional la respalda sobre el salario mínimo. El salario mínimo crecerá un 16%”, dijo el Mandatario al anunciar también que el subsidio de transporte aumenta un 20%.
El Presidente aseguró que espera que con este incremento “se recupere el poder de compra, el nivel de ingresos” de los colombianos y que “se convierta en motor del crecimiento económico”.
Según se indicó, para lograr este porcentaje de incremento del salario básico de los colombianos se tuvieron en cuenta la Productividad total de los factores (1,24%), la inflación de los hogares pobres y vulnerables (14.34%) y el Producto Interno Bruto (9.4%).
“Quitarles la juventud a las organizaciones multicrimen es un camino indudable y serio hacia la paz”.
Así lo manifestó este miércoles el Presidente, Gustavo Petro, durante la presentación del balance del Programa de Generación de Empleo para Jóvenes ‘Empleo Hay’, de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), en la Zona Franca de Bogotá, donde insistió en que solo con programas de atención social se logra enfrentar la violencia.
En su intervención, el Jefe de Estado dijo que el objetivo del Estado es lograr “un programa amplio” que permita cobijar 100 mil jóvenes, que reciban “un ingreso que permita vivir con cierta dignidad, competir con el salario que entrega el grupo multicrimen y que, a cambio como contraprestación, pueda haber estudio” es una forma por la cual “le quitamos la juventud a la mafia, que es un objetivo de paz, porque si se logra, buena parte de la violencia en Colombia cede”.
“Estamos preparando un programa de gran dimensión, de ahí el porqué estamos hablando de gestores de paz, porque queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos, en las zonas de más alta violencia de Colombia, regiones excluidas como Urabá, barrios pobres de Cartagena, Montería, Barranquilla, que están llenas hoy de hambre”, comentó.
Sin embargo, aseguró que “hay un enorme vacío en la juventud, una juventud popular que ha perdido las esperanzas”, de hecho, reveló que las estadísticas muestran que “el 30%, aproximadamente, no tienen ninguna opción”.
Por esta razón, consideró que “lo que vivimos hace unos meses, que se le denominó estallido social, no es más que la expresión de esa realidad, una expresión poco entendida por el resto de la sociedad”.
Esto, el estallido social, “tiene que ver con esta estadística fría, la realidad política y social, en caliente, es la expresión de esa estadística fría, los números siempre son fríos y, a veces, se ven con frialdad, pero ese número que arroja que no hay perspectivas para una juventud popular, se traduce en una enorme tensión política y social y en unos inmensos peligros”.
En su explicación, el Presidente Petro aseguró que esa exclusión juvenil es aprovechada por los grupos multicrimen, que están bien articulados a nivel internacional, los cuales, incluso, permean el Estado, debido a que “no sería posible ni la salida de la cocaína ni la entrada de la mercancía de contrabando, que es la otra cara de la moneda, sin ayuda de funcionarios del Estado, es decir con unos profundos procesos de corrupción”.
Por eso, consideró que un grupo como el ‘Clan del Golfo’, según cifras de la Policía Nacional, tiene 6 mil de sus miembros presos, razón por la cual cuestionó: “¿Por qué no se ha acabado? 6 mil es un número enorme como para que un tipo de organización criminal así se hubiera extinguido hace tiempo”.
Con base en esto, volvió a preguntar sobre “¿de dónde esa capacidad de reclutamiento para mantenerse en el escenario del crimen, del control territorial, de la expansión geográfica?” y se respondió: “Porque hay un inmenso caldo de cultivo para el reclutamiento, y ese inmenso caldo de cultivo, ese espacio, no es más que la juventud sin perspectivas”.
Pobreza y giros monetarios
En sus palabras, el Presidente Petro llamó la atención sobre la desigualdad que se evidencia en Colombia en las oportunidades de empleo para las mujeres.
“Esta brecha de la mujer ante el empleo nos genera un sifón social, es decir un incremento de la pobreza”, dijo al calificar: “Pobreza y mujer se van volviendo sinónimos, la pobreza esencialmente femenina”.
De la misma manera, se refirió a las transferencias económicas que hace el Estado a las familias más vulnerables, de las que aseguró que “llevamos décadas que transferimos un dinero público que llega a una señora, pero la señora vive en un entorno de pobreza”, sin embargo, “el dinero en sí mismo no garantiza, y menos cuando está por debajo de la línea de pobreza, que esa familia de esa señora vaya a salir de la pobreza”.
“Ahora sí que de verdad arrancó ese instrumento de la compra de tierras, de manera definitiva, dentro de la Reforma Agraria”.
Así lo manifestó este martes la Ministra de Agricultura, Cecilia López, al finalizar el Gabinete Estratégico: Reforma Agraria que encabezó el Presidente, Gustavo Petro, en el que se analizaron los avances del Gobierno en esta política de desarrollo rural, que hace parte de los pilares del mandato del Jefe de Estado y que fue una de sus promesas de campaña.
En diálogo con los medios de comunicación, la titular de la cartera de Agricultura anunció que “arrancamos definitivamente ya con todas las decisiones para comprar las tierras” y aseguró que “el Gobierno ha decidido comprar tierras, las tierras de Fedegan en la Región Caribe y en el Magdalena Medio”.
De acuerdo con la Ministra, en estas dos zonas se concentrará la operación del Catastro Multipropósito y dijo que el Gobierno ha “recibido más de 200 hectáreas en distintos sitios”, las cuales se limitarán a las que cumplan con las condiciones de productividad, “donde los campesinos, junto con los proyectos productivos, junto con las tierras que vamos a distribuir, van a generar una dinámica social muy importante”.
La Ministra López aseguró que solamente “quedó pendiente la tarea de la financiación”, sin embargo, especificó que “el Presidente ha sido muy claro: la Reforma Agraria es una prioridad, terminamos el año con todo el aparato listo”.
Al sustentar la búsqueda de los recursos para la financiación del Catastro Multipropósito, dijo que este se tiene que dirigir “particularmente a la Región Caribe y el Magdalena Medio”, es decir “en la frontera agrícola actual que le vamos a adquirir a Fedegan”.
Insistió en que deben ser tierras que se evalúan por “su productividad, que no sean inundables, dentro de las normas de la ley, que no exista ninguna sombra y hacerlo de forma transparente para recuperar la capacidad productiva de los campesinos”.
Por su parte, el Presidente Petro, al sancionar la Reforma Tributaria, aseguró que esta norma será una herramienta para obtener los recursos que se requieren para “el Catastro Multipropósito y la compra de tierras” que se entregarán a los campesinos y, con ello, garantizar “la productividad” de la ruralidad colombiana.
“La Reforma Agraria no se hace de la noche a la mañana, pero el cambio sustancial que ha tenido en estos meses es un mensaje a quienes permanecen en la violencia”, dijo el Jefe de Estado, al reiterar que se cumple con la paz y que se está avanzando “hacia una paz permanente”.
El Presidente de la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), Ricardo Bonilla, presentó un balance sobre el avance en la reconstrucción de las 1.831 viviendas que la entidad tiene a cargo en Providencia y Santa Catalina, luego de la afectación por el paso del huracán Iota, el 16 de noviembre de 2020.
Bonilla explicó que hasta el momento 1.784 viviendas han sido intervenidas. De este total, 765 fueron reparadas, es decir, que en las mismas se llevaron a cabo actividades como la construcción de cubiertas (techos), la rehabilitación de muros y reforzamiento estructural, la reposición de puertas y ventanas exteriores, la rehabilitación de redes hidrosanitarias y eléctricas, y fueron pintadas por dentro y por fuera.
Así mismo, la entidad tiene a su cargo la construcción de otras 736 viviendas ajustadas al lote; estas edificaciones tienen tamaños que van desde los 40 hasta los 200 metros cuadrados. Cada una tuvo un costo promedio de 337 millones de pesos, y su construcción contó con estudio de suelo, diseño y concertación con la familia, zona segura al interior de las viviendas y anclajes resistentes a huracanes.
Además, se están construyendo 330 casas tipo refugio, ubicadas estratégicamente en distintos sectores de Providencia, para que, en caso de presentarse un nuevo huracán, las familias puedan resguardarse en ellas.
Estas edificaciones tienen capacidad para 20 personas, están diseñadas para resistir vientos de 250 kilómetros por hora y su construcción fue concertada en 20 mesas de trabajo con la comunidad.
Frente a los demás proyectos, la entidad indicó que ya se finalizó la reconstrucción de dos colegios, siete escenarios deportivos, cuatro escenarios culturales, la nueva sede de la Fiscalía, el dragado del embalse de Agua Dulce, la construcción de dos tanques para el almacenamiento de agua, el módulo 1 de la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) y la ampliación de la zona de parqueo del aeropuerto.
Además, la banca de desarrollo tiene en ejecución la optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y la reconstrucción de la terminal aérea, y está por iniciar la construcción de la torre de control.
La reconstrucción de Providencia es un proceso liderado por el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con participación de entidades como Fontur, Innpulsa, Invías, Dapre y Findeter, que fue contratada como ejecutor de varios proyectos, entre ellos la reparación y reconstrucción de viviendas.
El Presidente de la República, Gustavo Petro, sanciona este martes, en la Casa de Nariño, la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, que tiene como objetivo principal atender la deuda social histórica que tiene el Estado con los más vulnerables, de la mano de la responsabilidad fiscal.
Con esta norma, el Gobierno del Cambio recaudará $19,7 billones en 2023 y un promedio de $20 billones en los siguientes tres años. Dichos recursos se destinarán, en su mayoría, al gasto social, por lo que se priorizará la lucha contra el hambre y la pobreza, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo y la economía popular, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas. De esta manera, el Presidente cumple una de las promesas de campaña.
“El interés del gobierno es consolidar una política fiscal sostenible, fundamentada en ingresos corrientes y en la reducción de la dependencia de la deuda. La Reforma Tributaria es importante en su finalidad de equidad y como factor anticíclico en la recesión mundial venidera”, manifestó el Mandatario el pasado 6 de octubre, a través de su cuenta de Twitter.
¿Cuál será la fuente de ingresos de la Reforma?
Personas con mayor capacidad contributiva
Pagarán más impuesto de renta quienes tengan ingresos mayores a $13 millones mensuales. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, más de dos terceras partes del recaudo adicional de este impuesto provienen de los contribuyentes con ingresos superiores a $20 millones mensuales.
Sector minero-energético
Se establece una sobretasa para la extracción de carbón y petróleo que dependerá de los precios internacionales; será del 5% o 10% para carbón; y del 5%, 10% o 15% para el petróleo.
En el caso del petróleo, para 2023, la sobretasa será de 5% si el precio es mayor a USD 67 por barril; de 10% si el precio supera USD 75; y de 15%, si el crudo de referencia Brent es mayor a USD 82.
También, no se podrán deducir de los impuestos de renta de las compañías de ambos sectores los montos de las regalías.
Adiós a los beneficios tributarios
El texto plantea la reducción de algunos beneficios tributarios específicos para algunos sectores y regiones. Además, se depuraron los no estratégicos, racionalizándolos a las actividades que constituyen prioridades de política pública en los territorios.
Impuestos saludables y ambientales
Los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultra procesados entrarán en vigencia en noviembre del próximo año, periodo para el cual se espera que ya se haya materializado una reducción de la inflación. Solo aplicará a los productores que obtengan ingresos mayores a $419 millones anuales por estos mismos.
Con lo anterior se evita gravar a microempresas productoras de estos bienes, con gran impacto en la economía popular, como las panaderías de barrio.
Se excluyeron de este impuesto, además, alimentos con una participación importante en la canasta familiar, como el pan y las bebidas lácteas.
En cuanto a los tributos ambientales, se han establecido gravámenes al carbono y los plásticos de un solo uso.
El Gobierno del Cambio busca tener un mayor recaudo para el bienestar de los más vulnerables así:
Más inversiones, menos evasiones
La Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social reduce los montos, a partir de los cuales la evasión se vuelve un delito, es decir que las personas naturales o jurídicas que ahora tengan ingresos superiores a $1.000 millones en activos o pasivos que no reporten incurrirán en sanciones establecidas en la ley.
Además, la norma establece que las condiciones para la prescripción penal de la evasión se vuelven más restrictivas.
Así mismo, en zonas francas habrá impuesto ponderado: 20% para ventas al exterior y 35% para el mercado interno. Se exceptuarán productos energéticos que se vendan al mercado interno como las zonas francas costa afuera de gas, la refinación de petróleo y la producción de biocombustibles.
El Presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que un nuevo intento de reforma al sector judicial en Colombia debe enfocarse en tener más jueces, mayor independencia y un impulso a la justicia restaurativa.
Así lo expresó este lunes, luego de entregar a magistrados de las altas cortes, la Condecoración José Ignacio de Márquez al ‘Mérito Judicial’, evento llevado a cabo en Bogotá.
“Necesitamos más jueces, es decir más dinero, más independencia de la rama judicial. Necesitamos, quizás, un paso mayor como una justicia restaurativa que logre indemnizar a la víctima. Que logre devolver hasta el máximo posible a la condición que existía antes del delito a la víctima. La justicia restaurativa, más jueces y más independencia, me parecen que son los ejes centrales que debe contener, hoy por hoy, un proyecto de reforma judicial”, declaró.
Explicó que desde que fue congresista, los intentos de reforma a la justicia no han tenido éxito en el Legislativo, porque “se han centrado en una especie de búsqueda del poder administrativo del poder judicial”, añadió.
Dijo que esa reforma debe ser más simple, buscando que la justicia llegue “más al ciudadano y ciudadana del común”.
“Eso implica más jueces y ahí debería centrarse la llamada reforma a la justicia; que tuviéramos más jueces y más posibilidades de cercanía, entre la justicia y la ciudadanía; más jueces significa más presupuesto; más presupuesto debe estar en el marco de una mayor autonomía, de un empoderamiento real de la rama judicial.
La lucha que han tenido los Ejecutivos, los gobiernos, por tratar de controlar la justicia, de politizarla en muchos casos, durante estos últimos años, lleva es precisamente a la destrucción de esa autonomía”, dijo.
El Mandatario anunció que en febrero de 2023 dentro de la adición presupuestal que el Ejecutivo radicará ante el Congreso estarán contemplados los recursos que se necesitan para cumplir con este objetivo y que provendrán de la Reforma Tributaria, que será sancionada esta semana.
“Dentro de esos nuevos recursos, entre los diferentes fines que hemos propuesto como prioridades de esa nueva inversión del dinero público, debe estar incluida la del fortalecimiento de la rama judicial”, puntualizó.
Convocó, además, a la administración de la justicia y al Consejo Superior de la Judicatura a dialogar con el Gobierno del Cambio “para establecer en estas semanas dónde podríamos priorizar la irrigación de nuevos recursos derivados de la Reforma Tributaria para la rama judicial”.
“Ese diálogo, que hace parte de esto que yo llamo el Pacto Social, hay que abrirlo en enero para tener una idea clara sobre los nuevos recursos que pueden llegar a la rama judicial, y que deben ir a lo que consideraríamos la prioridad”, añadió.
Nuevo Pacto en Colombia
Para el Presidente Petro hacer realidad una mayor justicia en Colombia, es decir justicia social y justicia ambiental, se debe constituir un nuevo pacto o contrato social entre los colombianos.
“Si hay más justicia, tendremos indudablemente justicia social y ambiental; y si tenemos justicia social y ambiental podremos construir un nuevo Pacto Social en Colombia, que garantice paz y democracia. Paz y democracia son dos objetivos que aún no se perfeccionan en Colombia, pero que me parecen la posibilidad de realizar un sueño de país”, remarcó.
Con justicia social se puede superar la realidad de ser una de las sociedades más desiguales del planeta, y en Colombia confluyen tres grandes bloques poblacionales que encarnan dicha desigualdad: pobreza, mujeres y migrantes. Y esta justicia social debe ir articulada con la ambiental, dijo el Presidente Petro, por la realidad de la crisis climática, que amenaza la existencia humana.
La orden al mérito judicial
La Condecoración José Ignacio de Márquez al ‘Mérito Judicial’ es impulsada por el Consejo Superior de la Judicatura y resalta las calidades de quienes trabajan por hacer de la administración de justicia en Colombia una institución al servicio de la ciudadanía.
Fueron condecorados, en la categoría oro, la Presidente de la Corte Constitucional, magistrada Cristina Pardo Schlesinger; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo; el Presidente del Consejo de Estado, magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio; el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Jorge Luis Trujillo Alfaro; el Presidente Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Diana Marina Vélez Vásquez; el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Francisco Acuña Vizcaya, y la expresidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Lucía Olano Guzmán.
