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Las delegaciones del Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional -ELN- han concluido el primer ciclo de trabajos de la Mesa de Diálogos de Paz llevado a cabo entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022 en el Hotel Humboldt, en Waraira Repano, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

La Mesa retoma el proceso truncando en agosto 2018 y ratifica su decisión de construir sobre lo construido, así mismo reitera el compromiso de respetar el papel de los países garantes, evitando que vuelva a presentarse una situación contraria al derecho internacional, tal como aconteció en el pasado gobierno, cuando se desconocieron los protocolos acordados y se agredió a los países garantes, especialmente a Cuba.

Este proceso de paz en el que las voluntades y coherencia de las Partes se pone de manifiesto, como una luz de esperanza en un mundo sumido en situaciones de guerra y tensión destructiva. Es una apuesta por la razón, por la responsabilidad ética, por el diálogo para afrontar las causas y consecuencias de las violencias y los conflictos armados.

Durante este primer ciclo se llegó a los siguientes acuerdos:

1º- Acuerdo sobre la Agenda de Diálogos: la Mesa retomó como guía el acuerdo de agenda y sus ejes esenciales firmado en marzo de 2016, realizó por consenso cambios en la misma, elementos producidos por el nuevo contexto nacional e internacional. Los ajustes fueron discutidos, aprobados y están en proceso de redacción.

2º- Acuerdo sobre la institucionalización de la Mesa de Diálogos de Paz: Se elaboró una normativa que regula y potencia su trabajo. Se adoptaron los principios y procedimientos básicos para su funcionamiento, estableciendo protocolos con reglas claras para las delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN, referidas también al apoyo de la comunidad internacional que se materializa a través de los países garantes y su papel de testigos, de la presencia de las Naciones Unidas como organismo acompañante permanente y la reactivación del Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación, GPAAC. Igualmente, de la Conferencia Episcopal de Colombia como institución acompañante permanente.

3º- Acuerdo sobre Acciones y Dinámicas Humanitarias: Las Partes reconocen la grave situación de violencia que se presenta en los territorios y decidieron poner en ejecución un Acuerdo parcial de atención de emergencias, que iniciará a partir de enero de 2023, sobre el Bajo Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó). Así mismo, reconocen la grave situación humanitaria que se vive en las cárceles y acordaron la atención de emergencia humanitaria a un grupo de presos políticos del Ejército de Liberación Nacional – ELN.

4º- Pedagogía y Comunicaciones: Se desarrollaron trabajos para acordar la estrategia y el plan de comunicaciones y pedagogía, con el propósito de fortalecer y ampliar el apoyo y participación de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional en el proceso de diálogos.

Las Partes informan que desde el pasado 7 de agosto a la fecha, en manifestación clara de su compromiso con la paz de Colombia, el ELN ha dejado en libertad a 20 personas entre civiles e integrantes de la fuerza pública.

Las Delegaciones agradecen a la República Bolivariana de Venezuela, al Presidente Nicolás Maduro y a su delegado, el General Carlos Eduardo Martínez, su apoyo solidario y eficaz para el desarrollo de este primer ciclo. Agradecen también a los otros países garantes presentes en esta ronda: el Reino de Noruega, la República de Cuba y la República de Chile, país que se reincorporó a su condición de garante y a México por su aceptación como país garante.

El compromiso de las Partes se fortalece con la presencia en este ciclo de los acompañantes permanentes, de Carlos Ruíz Massieu, Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas, y de monseñor Héctor Fabio Henao delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia.

Por último, las representaciones del Gobierno de Colombia y del ELN destacan el ambiente respetuoso, transparente y cordial vivido durante estas semanas de labores, el cual acrecienta la esperanza de Colombia y de la región para una paz integral y definitiva.

El Gobierno del Cambio expidió el Decreto 2422 del 2022, por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que tendrá como tarea fundamental “la coordinación y articulación para la ejecución de la facultad presidencial de admitir como voceros a ciudadanos o ciudadanas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad”.

Según el decreto, firmado por el Presidente Gustavo Petro, la Comisión estará integrada por el Ministro del Interior, Alfonso Prada; el Ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna; el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano.

Esta Comisión, que será presidida por el Ministro de Justicia, tendrá entre sus funciones la de “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos o ciudadanas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros”.

Además, la Comisión definirá “los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022”, es decir, admitir como voceros a ciudadanos o ciudadanas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias privados de la libertad.

En el mismo sentido, el Decreto 2422 determina que la Secretaría Técnica de la Comisión estará a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y señala que entre sus tareas está la de convocar a las sesiones de manera ordinaria, por lo menos una vez cada trimestre.

En la firma del Decreto al Jefe de Estado lo acompañan los Ministros del Interior y de Defensa, así como la Viceministra de Promoción de la Justicia encargada de las funciones del despacho del Ministro, Jhoana Alexandra Delgado Gaitán y el Director del Dapre, Mauricio Lizcano.

La temporada navideña ya inició con diferentes eventos culturales y la pólvora sigue siendo uno de los problemas que afecta la salud de los Colombianos, durante estas celebraciones, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó este 10 de diciembre un total de 241 casos de lesionados por el empleo inadecuado de estos productos, lo que representa una variación de -15,73 % comparado con 2021.

De acuerdo con el informe, 92 de los lesionados son menores de edad y 10 de ellos estaban en compañía de un adulto bajo los efectos del alcohol en el momento en que sufrieron sus quemaduras.

Las 149 personas restantes eran mayores de 18 años, de las cuales 55 estaban en estado de embriaguez.

El INS detalló que en los primeros 10 días de diciembre no hubo ningún fallecido debido al empleo inadecuado de la pólvora; sin embargo, el 91,7 % de los casos son quemaduras.

De estos, el 60,6 % por laceración, el 19,9 % por contusión, el 5 % por amputación, el 3,3 % por daño auditivo y el 5 % por daño ocular.

Departamentos con más casos de quemados

El instituto precisó cuáles fueron los departamentos en donde se presentaron más lesionados: Bogotá (36), Antioquia (29), Cauca (13), Magdalena (13) y Cundinamarca (12).

Los demás fueron: Córdoba (11), Santander (11), Valle del Cauca (10), Atlántico (9), Cali (9), Nariño (9), Quindío (8), Risaralda (8), Barranquilla (7), Cesar (7), Tolima (6), Boyacá (5), Caldas (5), La Guajira (5), Bolívar (4), Cartagena (4), Sucre (4), Huila (3), Norte de Santander (3), Buenaventura (2), Meta (2), Putumayo (2), Arauca (1), Caquetá (1), Casanare (1) y Santa Marta (1).

En total, el 66,8 % de los quemados fueron atendidos por la manipulación inadecuada de pólvora, mientras que el 22,4 % se encontraban observando, el 7,9 % fueron por otra actividad, el 1,7 % por almacenamiento, el 0,8 % por venta y el 0,4 % por el transporte ilegal del producto. Asimismo, hubo 21 casos de intoxicación por metanol, de los cuales nueve han fallecido.

En la última semana, del 2 al 7 de diciembre de 2022, fueron procesadas 43.882 pruebas, de las cuales 19.779 fueron PCR y 24.103 de antígenos.

El informe de la cartera de Salud y Protección Social también señala que 32 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en la última semana. De esta manera, el país llega a un total de 141.943 muertes a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a un total de 6.323.357 contagios, de los cuales 5.887 son casos activos y 6.145.467 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

‘Perro del infierno’ la variante del Covid-19, ya es dominante en Colombia

Luego de un estudio genómico, realizado por el Instituto Nacional de Salud, INS, se evidenció que la variante del Covid-19 BQ.1.x de ómicron, también conocida como ‘Perro del infierno’, ya es dominante en Colombia.

Según la entidad, la presencia de esta variante ya se registra en un 83 % del territorio nacional, desplazando así a las otras variantes que empezaron a circular por el país en los últimos meses. 

“Reporte de #VigilanciaGenómicaINS evidenció la evolución de la variante de Ómicron BQ.1.x (83%) que inició su ingreso en octubre, y para diciembre es dominante en el país, desplazando por completo BA.4.x. y BA.5.x, que aún circula, pero en menor proporción”, subraya el informe, vía Twitter.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, culminó la cuarta fase de entrega de bienes al Fondo para la Reparación a las Víctimas, al poner a disposición 73 Inmuebles que harían parte del patrimonio ilegal obtenido por las estructuras de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las propiedades, avaluadas en 52.726 millones de pesos, están ubicadas en Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Risaralda y Valle del Cauca.

Su origen ilícito quedó en evidencia gracias al trabajo investigativo realizado de manera articulada con el CTI de la Fiscalía, y sus grupos especializados de peritos, contadores, forenses y topógrafos, entre otros.

En esta cuarta fase sobresalen ocho inmuebles ubicados en Bogotá, que estarían vinculados a Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, y al Bloque Central Bolívar de las AUC, y cuyo valor asciende a 9.784 millones de pesos.

Asimismo, figuran cuatro fincas en Cáceres (Antioquia) relacionadas con el Bloque Héroes de Granada de las AUC, avaluadas en 6.127 millones de pesos; y un predio en Necoclí (Antioquia), asociado al Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, por 3.027 millones de pesos. En algo más de 33 meses, desde febrero de 2020, la Fiscalía ha entregado 996 bienes al Fondo para la Reparación a las Víctimas, que ascienden en valor a 796.099 millones de pesos.

El Presidente de la República, Gustavo Petro, propuso este viernes al pueblo guajiro que la Nación asumirá el mantenimiento de la infraestructura del agua en el departamento, una de las falencias regionales por las cuales mueren niños y niñas por falta del vital líquido.

El Jefe de Estado estuvo por tercera vez en territorio guajiro, esta vez para el lanzamiento del Plan de Abastecimiento de Agua Potable para la Guajira ‘Wüin Üles’, y aseguró que una nueva inversión multimillonaria en esta infraestructura, sin un claro programa de mantenimiento, sería perder recursos de nuevo.

“Esto no está funcionando. Y si volvemos y metemos un billete, y no se hace el mantenimiento, en tres años la mitad de lo que hagamos ya no está sirviendo. Entonces, hay que hacer un acuerdo que, en mi opinión, conociendo un poco el territorio, es que la Nación asuma el mantenimiento”, declaró.

Insistió en que, si se habla de un sistema de agua para la región, tener claridad en cuanto a los datos sobre la misma infraestructura y sobre la gestión de los recursos es fundamental.

“Un sistema es saber dónde está la infraestructura y cuánto cuesta el mantenimiento de cada pozo. Y el costo de reposición de la maquinaria, porque tiene vida útil que se acaba. Y si no se está guardando esa plata, porque nadie la pone, ahí hay un problema. Esos datos no los tenemos, esos datos hay que hacerlos”, agregó.

Preguntó cuánto cuesta mensualmente el mantenimiento de los 565 puntos del agua en La Guajira y quién debe administrar dichos recursos, que provienen del llamado Sistema General de Participación (SGP).

“¿Cómo se hace para que desde el Sistema General de Participación se gire una plata, digamos a un comité para que guarde la plata? Podría guardarla el municipio y cada vez que haya la necesidad del mantenimiento se pueda distribuir; pero eso no lo están haciendo los municipios de La Guajira”, añadió.

De otro lado, el Presidente Petro hizo un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para cambiar totalmente la política pública de atención a las familias y a la primera infancia.

Según el Jefe de Estado, esta entidad desconoce el concepto de familia que tiene el pueblo wayú, por ejemplo, y también la importancia del agua. Por tanto, el cambio debe partir desde allí.

“¿Cuál es el programa del ICBF para lograr que la Guajira tenga agua potable? El ICBF no tiene ni uno, no ha pensado en eso. Imagínese: el Bienestar Familiar y no ha pensado que la familia necesita agua. Claro, se puede crear, se puede articular, pueden ayudar instituciones estatales que sepan más del agua, pero de partida estamos funcionando mal, porque estamos intentando que un modelo muy cachaco y miserablista de atención a los niños, no se adapte a las condiciones culturales del pueblo wayú, si no al revés, a ver cómo se encajona el pueblo wayú en lo que han ideado en Bogotá, y resulta que eso no es posible”, puntualizó.

El Presidente Petro también reiteró la importancia del departamento en la generación de riqueza a través de su enorme potencial en la generación de energía solar y eólica e invitó al sector privado y a las comunidades, como a las autoridades regionales, a trabajar en el desarrollo de esta iniciativa.

Datos y acciones para el agua en La Guajira

En este caso se han priorizado cuatro intervenciones de alta importancia para la comunidad y con alto impacto, concertadas con varias ONG que aportan recursos, en obras de rehabilitación de sistemas de agua potable o pozos en Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao.

Por otro lado, el Plan proyecta la terminación de 13 sistemas comunitarios de abastecimiento de agua potable que se tienen previstos, por $90 mil millones, recursos de la Nación, y cuya ejecución está a cargo del Plan Departamental de Aguas de La Guajira. Con estos proyectos se espera beneficiar al menos a 100.000 personas de la comunidad wayú.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que la ultraderecha latinoamericana tiene «desatada» su ansiedad de golpes y demuestra que no le importa «la voluntad popular».

«Está desatada la ansiedad de golpes en nuestra ultraderecha latinoamericana. Les importa un bledo la voluntad popular», dijo Petro en respuesta a un mensaje en Twitter de la senadora uribista María Fernanda Cabal.

La congresista Cabal publicó un mensaje el jueves en tono amenazante para decir que «los ejércitos con vocación son anticomunistas», y que esa era «una realidad con la que no cuentan los comunistas».

Luego de que el Gobierno nacional decretó que entre octubre, noviembre y diciembre d el precio de la gasolina tendrá un incremento de 200 pesos en cada uno de esos meses -quedando así a finales de 2022 en $600 pesos más cara-, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que en 2023 habrá una nueva alza.

El Jefe de la Cartera, reveló que desde el Ejecutivo acelerarán el costo de otros hidrocarburos como el ACPM y, de paso, se crearán nuevos impuestos para la gasolina corriente. Eso sí, aclaró que será de manera gradual para no afectar a los transportadores.

“Esto es heredado de la decisión del Gobierno anterior de no aumentar precios de combustibles: el déficit está en 2.5. Ya el año entrante hay un presupuesto aprobado de 29 billones para pagar Fepc y estamos tratando de conseguir recursos adicionales”, añadió el coequipero del jefe de Estado.

Sin embargo, dejó en claro que, atendiendo a las presiones de inflación que vive la nación -que han sobrepasado cifras históricas-, desde la cartera tomarán otras acciones para no afectar a las familias colombianas y, por ende, a los empresarios, que es una de las críticas que más han recibido por ese tipo de alzas.

“Esto se hace de modo que el poder adquisitivo de los hogares y la estructura de costos de las empresas no se vean afectadas”, manifestó Ocampo.

Ya se comenzó a conocerse las decisiones que Jaime Dussan, nuevo presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

El proyecto que tiene Dussan, que es uno de los líderes sindicales más conocidos del país y lideró por algunos años a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), es el de velar para que todos los colombianos accedan a una pensión.

“Tenemos un mandato, el que nos dieron más de 11 millones de colombianos, que nos dijeron con claridad que, a partir del Gobierno del Cambio, no solo ninguna persona que tenga derecho a pensión podrá perderla. Todos los colombianos van a tener pensiones porque vamos a modificar las normas que lo han impedido”, anunció el dirigente de Colpensiones.

Esto, en el marco de la reforma pensional que ya está evaluando y tramitando el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Trabajo.

“Quien no tenga la edad ni los recursos, el Estado colombiano se hará responsable de ellos”, anunció el coequipero del primer mandatario y quien ahora tiene sobre sus hombres el régimen pensional público de la nación.

El Presidente Gustavo Petro afirmó este miércoles que el Gobierno del Cambio apoyará la estrategia de convivencia ‘Buenaventura, potencia de la vida en Paz Total’, y planteó que este proceso de paz urbana, que ha derivado en una reducción considerable de homicidios en este puerto del Pacífico, se extienda a otras regiones del país con problemáticas de violencia.

“Vamos a meternos, por tanto, en este proceso inédito y a hacer las transformaciones que el mismo Gobierno necesita en su interior para cumplir con lo que se acuerde. Si aquí se cumple, esto se extenderá a Barranquilla, a Cartagena, a Montería, se extenderá a Tumaco, se extenderá a las barriadas populares de Medellín, de Cali, de Bogotá. Aquí nace un faro para alumbrar las posibilidades de Colombia”, resaltó el Jefe de Estado.

En el acto, que tuvo lugar en la plazoleta Bulevar de Buenaventura, el Mandatario destacó el hecho de que la ciudad complete 85 días sin homicidios ni enfrentamientos entre los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’, dos grupos que han estado en conflicto desde hace meses por el control del narcotráfico y otras actividades ilegales como la extorsión o secuestro.

De hecho, les envió un mensaje de paz a los jóvenes que hacen parte de estos grupos ilegales: “Estaremos atentos al desarrollo de este proceso. Son 1.760 jóvenes a los que hoy les damos un abrazo, el gran abrazo de la paz”.

En el mismo sentido, subrayó que el Gobierno cobija este proceso en Buenaventura, el cual no tiene un origen de tipo político como ha ocurrido en el país con las organizaciones subversivas.

“El proceso inédito es que el Estado avala, cobija, protege un proceso de negociaciones entre dos agrupaciones que poco tienen de política en el sentido clásico de palabra, pero mucho de organización juvenil armada, excluida y violenta. Organizaciones que se han matado entre sí, que llevaron a Buenaventura a ser una de las ciudades más violentas del mundo, y que hoy apuestan e inician un proceso de confianza en un Gobierno que ha hablado de Paz Total”, manifestó el Mandatario.

Priorización de recursos

Asimismo, el Jefe de Estado se refirió a la importancia de priorizar la inversión de los recursos del Estado para favorecer a los más vulnerables en los territorios.

“Lograr un proceso de emancipación de la región, yo creo que es la base de la pacificación real del Pacífico. Los jóvenes de los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’, lo que van a terminar demandándonos son oportunidades” de educación, de ingresos y de hábitat digno, indicó el Presidente, quien agregó que eso implica priorizar los recursos para que lleguen “primero a la población más excluida de Colombia”.

El Presidente Petro estuvo en los actos de cierre del evento acompañado por la Vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina; el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda; representantes de la comunidad internacional y miembros del Gobierno Nacional y regional.

Luego de permanecer casi un mes en poder de las disidencias de las FARC, fue liberado el soldado Edward Enrique Delgado Cabrera.

El uniformado había sido secuestrado el 19 de noviembre del presente año, por la disidencia ‘Carolina Ramírez’, mientras se encontraba de permiso y se disponía a viajar desde el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, hasta el caserío de Puerto Arango, zona rural del departamento de Caquetá.

Voceros militares manifestaron que la liberación del soldado se produjo tras la gestión de Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Defensoría del Pueblo.

«En horas de la noche de ayer, martes 6 de diciembre, fue trasladado y recibido por el Comando de la Décima Segunda Brigada en la ciudad de Florencia, Caquetá», dijo el portavoz militar.

Agregó que una vez liberado, el soldado fue remitido a un centro asistencial en donde recibe atención médica y psicológica por parte de personal especializado.

«Rechazamos el secuestro y condenamos este crimen atroz que atenta contra los Derechos Humanos, y genera angustia, tristeza y desolación a las familias».

El Presidente Gustavo Petro advirtió este martes que cuando el Gobierno del Cambio llama al diálogo, a la reconciliación y a construir una Paz Total, “nosotros no estamos dando permiso para traquetear. Estamos dando un permiso para acabar definitivamente la violencia”.

En la ceremonia de acenso de oficiales del Ejército Nacional, el Jefe de Estado expresó que “nosotros, cuando estamos hablando de diálogo, no estamos dando permisos para lo ilegal. Estamos dando permisos para hablar. Pero tiene que haber una voluntad”.

En su intervención, ante los 280 hombres y mujeres que ascendieron al grado de subtenientes del Ejército, el Mandatario añadió que “no puede en la mente de las personas que hoy ejercen violencia haber un espacio creyendo que una opción de diálogo es una opción para aprovechar en el sentido de aumentar las condiciones de construcción de una economía ilegal”.

En el campo de paradas de la Escuela de Cadetes José María Córdova, en el occidente de Bogotá, el Presidente Petro enfatizó que “no vamos a dar permiso para desarrollar economías ilegales que, finalmente, traerán más muerte, más sangre. O se aprovecha el diálogo para salir de las armas, de la violencia, o no hay”.

Por el contrario, dijo: “Estamos dando un permiso para acabar definitivamente la violencia y pasar a territorios que, como en el caso de Buenaventura, se puedan construir con una visión común de prosperidad, de dejar la exclusión del territorio colombiano”.

Rechazo a recientes actos de violencia

En su discurso, el Gobernante rechazó los recientes hechos de violencia ocurridos en los departamentos en Arauca y Putumayo.

En ese sentido indicó que “estamos hablando de una planificación que –por las informaciones que he recibido– tenía como base el criterio de que allí tenía que abandonar el territorio la Fuerza Pública”.

Por esa razón, afirmó: “¿Por qué debe salir el Estado de esa zona? ¿Por qué un proceso de paz tendría que implicar que saliera el Estado? Y peor aún, ¿por qué se podría pensar que el Estado tendría que salir, cuando ni siquiera hay un proceso de paz, sino el uso del territorio para traquetear? Pues eso no se puede esperar de este Gobierno”.

Eficacia para lograr la paz

Aunque reiteró que “la paz, por tanto, en medio de la violencia, en mi opinión, sigue siendo importante, sigue siendo la ilusión de Colombia, sigue siendo la única posibilidad real de construir una nación”.

El Presidente fue enérgico en señalar que la paz “no puede ser ingenua” y que, por lo tanto, “el diálogo no es para matar jóvenes. El diálogo es para hacer vivir a la juventud colombiana. No tiene otro propósito. Si lo que vamos a empezar implica la muerte en cadena de jóvenes, no tiene sentido. Nuestra juventud no está para ser sacrificada”.

En ese orden de ideas, dijo, “lo que yo estoy pensando como Presidente de Colombia no es sacrificar una generación de jóvenes, como tantas, en medio de un conflicto y un desangre”.

A lo cual, concluyó: “No es un diálogo por diálogo. Es un diálogo para la eficacia. Y la eficacia consiste en dejar la economía ilegal y en dejar la violencia. Lo demás es retórica, discursos. En la acción política, además de la retórica, lo que necesitamos esencialmente es eficacia y si se trata de paz, la eficacia consiste en dejar de matar, en dejar de traquetear, en dejar definitivamente la violencia”.

El Presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que la táctica del Ejército Nacional en el departamento del Cauca debe cambiar, en cuanto a número de hombres que prestan su servicio militar y los soldados profesionales.

La declaración fue hecha al término del Consejo de Seguridad que se llevó a cabo este martes en Buenos Aires, epicentro del asesinato de seis soldados y heridas a ocho más, en una emboscada que hizo un grupo armado ilegal, en la vereda Munchique, perteneciente a este municipio.

“La visita ha arrojado los siguientes hechos: tiene que haber un cambio táctico en la disposición del Ejército en el departamento del Cauca, disminuyendo sustancialmente el número de soldados de servicio militar y aumentando sustancialmente el porcentaje de soldados profesionales para darle más capacidad al Ejército en la región”, declaró.

El Mandatario expresó que la región presenta este año un aumento en la tasa de homicidios que ya llega al 60%, y confirmó que se demuestra la carencia de inversión social en el territorio. “En Munchique, por ejemplo, las vías, la situación de alto riesgo climático que se vive en la vereda, la falta de compra de cosechas y sobre todo la exclusión de la población juvenil, que es numerosísima en el territorio caucano”, puntualizó.

Y esta falta de oportunidades sociales genera un vacío que busca ser llenado por los grupos armados ilegales que reclutan a los jóvenes excluidos del departamento. Dichos grupos usan el territorio como paso hacia el océano Pacífico y buscan explotar las economías ilegales.

“Ese reclutamiento de juventudes afro, de juventudes, en general caucanas, hace del Cauca un territorio donde una parte de esa juventud se mata con la otra, aumentando la tasa de homicidios y condenando al territorio a un empobrecimiento permanente”, apuntó.

Y manifestó que para enfrentar el reclutamiento forzado el Estado debe actuar. Así que anuncio que se hará una fuerte política social en el Cauca, “ligada a una mayor capacidad del Ejército en el control del territorio”.

“La posibilidad de diálogos hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares”, advirtió este martes el Presidente Gustavo Petro, al término de un Consejo de Seguridad Extraordinario, que se realizó en la sede del Ministerio de Defensa en Bogotá, durante el cual se adoptaron medidas especiales tras el ataque contra la Fuerza Pública en el departamento del Cauca.

Al respecto, el Jefe de Estado precisó: “Solo hay un proceso concreto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Y se va a abrir (otro), el día de mañana, con unas formaciones que son diferentes, que es una experiencia nueva, inédita, que es con organizaciones de jóvenes armados, muy ligados al narcotráfico en barrios populares de Buenaventura, que son los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’”.

Explicó que este último es “un proceso de pacificación urbano y tiene más que ver con procedimientos de acogimiento a la justicia, no sin que haya un compromiso del Estado para resolver problemas sociales muy profundos, de muy público conocimiento, que se localizan en la ciudad en Buenaventura”.

A renglón seguido, el Presidente Petro ratificó que “en lo que resta, la posición es que la acción militar no cesa mientras haya una voluntad real de negociación; así que la Fuerza Pública no va a salir de la región caucana que desemboca en El Naya”.

Asimismo, en su declaración al término del Consejo de Seguridad Extraordinario, el Jefe de Estado lamentó la muerte de los integrantes del Ejército en el Cauca, que son jóvenes de entre 18 y 20 años de edad.

De acuerdo con el Presidente, la operación en la que murieron los uniformados es “de infiltración, es decir, premeditadamente se buscó el ataque, se planificó, de parte de la columna ‘Jaime Martínez’, que es de las Farc originales”.

En este sentido, el Jefe de Estado indicó que “el Consejo de Seguridad, además de lamentar la muerte de estos muchachos, tomó unas medidas de reacción, de acción, que se van a desencadenar en Putumayo, en la zona caucana que he mencionado y en Arauca, donde también se están presentando conflictividades en crecimiento”.

Sobre estas operaciones que están en proceso, indicó que sus resultados se comunicarán posteriormente.

De igual manera, reiteró que “el Ejército no va a abandonar la zona en donde permanece en este momento en el Cauca, que es a la entrada de la región de El Naya, que es la forma geográfica desde la Cordillera hasta el Océano Pacífico”.

“Obviamente, tiene que ver con rutas de narcotráfico y otros, que utilizan el área difícil de El Naya para llegar hasta el Mar Pacífico”, puntualizó el Presidente de la República.

El presidente Gustavo Petro confirmó que la disidencia ‘Jaime Martínez’ es la responsables de la emboscada en Buenos Aires en el Cauca, que dejó cuatro militares muertos y otros seis heridos.

El ataque se presentó en la vereda Munchique, lugar donde hace presencia las disidencias de las Farc Jaime Martínez.

Segun la información preliminar, el grupo armado ilegal lanzó tatucos y granadas contra los militares que hacen parte del Batallón Pichincha.
«El ejercito no va abandonar la zona en donde permanece en este momento en el Cauca, la región del Naya», dijo el presidente Petro.
Agregó que la zona en la que se produjo esta masacre es una ruta de narcotráfico y otros, que utilizan la zona para llegar hasta el mar pacífico.
«La operación que hicieron fue de infiltración, predeterminadamente se buscó el ataque, se planificó por parte de la columna Jaime Martínez, que es de las FARC originales», destacó sobre la masacre.

El mandatario aseguró que se adoptaron medidas de reacción, acción que se van a desarrollar en la zona del Putumayo, en la región del Cauca y en Arauca, «donde se están presentando conflictividades en crecimiento».
En cuanto a la posibilidad de diálogos, el jefe de Estado aseguró que no está circunscrita al cese de las operaciones militares, pues “hasta ahora se ha hablado de una posibilidad”.

También indicó que hay un solo proceso concreto hasta el momento y es con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se abrirá este 7 de diciembre con organizaciones de jóvenes armados en Buenaventura

El Gobierno del Cambio anunció que la protección del poder adquisitivo de las y los trabajadores en el país es el factor central para desarrollar la concertación del salario mínimo para 2023.

“Queremos proteger el valor adquisitivo del salario. Buscamos una cifra que nos permita que las mayorías nacionales puedan dignificar sus condiciones de vida”, declaró la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al término de la sesión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que contó con los representantes de los gremios y de las centrales de trabajadores, además de funcionarios del Gobierno Nacional.

“Desde el Gobierno se tienen propuestas claras, como desamarrar las alzas de algunos productos y servicios del salario mínimo; avanzar con los subsidios para agroinsumos y fertilizantes, y transferencias efectivas para las poblaciones más vulnerables y afectados por la ola invernal, entre otros”, agregó.

Al respecto, el Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, resaltó la buena disposición del Gobierno para concertar el incremento que tendrán los colombianos en el salario mínimo y dijo que “ojalá, el 15 de diciembre podamos darles una buena noticia de un nuevo salario mínimo, que refleje la recuperación del poder adquisitivo de los salarios”.

A su turno, el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, expresó la voluntad de llegar a un acuerdo e incluir otros componentes de política económica que permitan mantener el poder adquisitivo.

Agregó que se está en “la construcción de la cifra que llevaremos a la mesa de concertación para el incremento y creemos que es importante desatar otros servicios del salario mínimo”.

En la próxima sesión que se desarrollará este martes, el Banco de la República y el DANE presentarán sus informes, que complementarán los expuestos en esta jornada por los Ministerios de Agricultura, Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló la variación del Índice de Precios al Consumidor, que continúa en aumento.

Según el informe entregado por el DANE, La variación mensual del IPC registrada en noviembre fue del 0,77 % en comparación con el mes de octubre de este 2022, es decir que la inflación de lo corrido en 2022 llega a 11,72 % a comparación de 4,86 % en 2021.

En cuanto a las ciudades entre las que más tienen una inflación alta en noviembre, Cúcuta sigue siendo la de mayor variación mensual del IPC. Después de Pasto, Riohacha y Armenia. Las que menos son Tunja, Santa Marta y Popayán.

Sobre la variación anual, por debajo del total nacional del IPC se encuentran Manizales y Bogotá. El resto de las ciudades están por encima del promedio.

El mercado, por su parte, proyectaba una variación de 12,22 % y 12,29 %. Es decir, el dato real superó las proyecciones de los analistas.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas siguen siendo el rubro que más pesa sobre el IPC, con una variación de 0,21 % para noviembre. Es decir, tres puntos porcentuales más que en octubre.

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Los alimentos fueron los que jalonaron el dato de noviembre, después transporte, restaurantes y hoteles (1,50 %). Después siguen los bienes y servicios. Respecto al dato anual, los alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron un aporte de 4,60 %, después de alojamiento, agua, electricidad y gas con 2,24 %.

La declaración fue hecha durante el diálogo con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal en Pasto. El presidente también afirmó que el derecho a la movilización y a la protesta es un derecho democrático que y los gobiernos que ordenan a la policía matar, torturar y encarcelar jóvenes “no son gobiernos democráticos”.

“El derecho a la protesta, es un derecho democrático, el derecho a expresarse, a movilizarse, es un derecho democrático. Los gobiernos que ordenan a su policía matar, encarcelar, torturar y encarcelar jóvenes no son gobiernos democráticos. Y este es el gobierno del cambio. Este lugar donde el miedo cundió y se llenó el espacio del temor debe ser resignificados. Acá anunció que centenares jóvenes detenidos por participar en protestas serán declarados gestores de paz antes de noche buena en Colombia”, expresó el Mandatario de los colombianos

Este anuncio se corresponde con las acciones y promesas de campaña propuestas desde el Pacto Histórico desde antes de las elecciones presidenciales, sector político que considera a estos capturados como prisioneros políticos.

El Presidente Gustavo Petro pidió este sábado ampliar a otros territorios del país el primer acuerdo logrado entre el Gobierno Nacional y el ELN, mediante el cual esa organización facilitará el retorno de comunidades emberas desplazadas a sus lugares de origen, entre ellos el municipio de Murindó, Antioquia.

Así lo afirmó el Mandatario al intervenir en el Encuentro de Dirigentes del Occidente Antioqueño, evento que se realizó en Dabeiba, donde recalcó que el Gobierno del Cambio no puede permitir que la violencia convierta a Murindó en un municipio moribundo.

Al respecto, el Jefe de Estado expresó: “Murindó, indudablemente, es un municipio excluido en Antioquia. No debería ser así. Murindó es de mayorías étnicas: indígenas y afros. Murindó también políticamente no se comporta como la mayoría de los municipios de Antioquia. Murindó es un municipio organizado socialmente y afectado por la violencia, y la violencia prácticamente está desplazando a su población”.

“Han vuelto a Murindó un municipio moribundo, y nosotros no podemos permitir eso”, reiteró.

En su discurso, el Jefe de Estado recordó que el pueblo embera ha sido afectado por distintos actores de la violencia, “quitándoles la tranquilidad de vivir en sus territorios”.

Frente a esta situación, destacó el acuerdo logrado entre el Gobierno Nacional y el ELN, en cuestión de una semana, en el marco de los diálogos de paz que se llevan a cabo en Caracas, Venezuela.

“Con el ELN se ha empezado una conversación, un diálogo de paz. El primer punto de acuerdo que logramos con el ELN, en escasamente una semana que llevan estos diálogos, es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas emberas a sus resguardos, con garantía de no repetición y de retorno”, precisó.

“Esto hay que aplicarlo a otras poblaciones. Es decir, el retorno debe ser posible en todo el territorio nacional para cualquier grupo étnico de la población”, dijo.

Puntualizó que se requiere “el cese de la hostilidad sobre la población en Murindó, de tal manera que su población afro e indígena pueda por lo menos empezar a vivir en paz”, como un paso necesario para encontrar opciones de desarrollo que beneficien a esta población excluida.

Al intervenir en la Primera Convención Nacional Campesina, que sesionó este viernes en la Universidad Nacional en Bogotá, el Presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno se apresta a iniciar, en las próximas semanas, una reforma agraria, de manera pacífica y sin despojar a los indígenas de sus tierras.

“Comenzar la reforma agraria, de manera pacífica, he ahí el reto”, dijo el Mandatario y afirmó que “los países se han industrializado allí donde han repartido democráticamente la tierra”.

En tal sentido, consideró que “esa no ha sido una consigna comunista, como ahora dirán”, sino que “repartir democráticamente la tierra para industrializar un país es el principio de la sociedad capitalista”.

Sostuvo que “eso ni siquiera se ha hecho en Colombia”, ya que “en Colombia nos han querido mantener en el feudalismo”, en “una exclusión de las mayorías nacionales, de las cuales hace parte el campesinado colombiano”.

“Nosotros queremos comenzar a hacer una reforma agraria, y por las buenas, sin quitarle la cabeza al Rey, sin robarles la tierra a los indígenas, sin estatizar la tierra, como hicieron en China o en la Unión Soviética”.

El Mandatario explicó que el objetivo de su administración es, como ocurrió en Japón o Corea del Sur, comprar la tierra, incluso a un precio comercial.

“Ese Estado que hemos recibido tiene, en el corto plazo, en cuestión de semanas, que prepararse para comprar grandes cantidades de tierra fértil y tiene que combinar esa actividad con el crédito del Banco Agrario, al cual hay que convertir, también de manera rápida, en el primer banco de Colombia”, resaltó.

Respecto al Banco Agrario, el Jefe de Estado además subrayó que “no se puede priorizar la producción de alimentos y su industrialización si no hay una palanca financiera”, que apoye al campesinado.

Además, indicó que se busca impulsar la compra de cosechas, para que los campesinos y campesinas no estén supeditados a las especulaciones de precios, sino que el Estado adquiera los productos y los lleve especialmente a los sitios donde hay hambre.

Igualmente, el Presidente hizo hincapié en que la reforma agraria beneficie, a través de la política de titulación, a las mujeres que viven en las zonas rurales, las cuales prioritariamente también deben ser dueñas de la tierra.

“La reforma agraria necesita de ustedes”, les dijo el Presidente Petro a los representantes de las organizaciones participantes en la Convención Agraria, al considerar que es preciso “hacer sentir la voz campesina en la sociedad colombiana”.

“Una reforma agraria implica una condición básica: que haya campesinos y campesinas para cultivar esa tierra”, reiteró.

El Mandatario citó a la filósofa Hanna Arendt, quien dijo: “No hay nación en el mundo que se haya configurado sino cuando el campesinado levanta la bandera nacional”.

De acuerdo con el Jefe de Estado, la filósofa judía “no estaba equivocada; lo había visto en Francia y Estados Unidos. Aquí, al contrario”, lo que se ha querido es “enterrar al campesinado en el páramo, en el desierto y en una fosa común”.

“Pues este Gobierno del Cambio quiere la alianza con el campesinado para que el campesinado levante la bandera nacional y podamos construir una Colombia en paz”, una Colombia que se pueda “llamar, con dignidad, con acierto, con legitimidad, una Potencia Mundial de la Vida y para la vida”, puntualizó el Presidente de la República.