El abogado y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, anunció que presentará una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la elección presidencial de Abelardo De La Espriella, con el objetivo de impedir que el mandatario electo se posesione el próximo 7 de agosto y lograr la convocatoria de nuevas elecciones.
Pérez explicó que la acción judicial se sustenta en cuatro argumentos que, a su juicio, comprometen la legalidad del proceso electoral. Aclaró que la demanda no busca desconocer el resultado de las urnas por razones políticas, sino que la jurisdicción contencioso-administrativa examine presuntas irregularidades que, según afirmó, afectan la validez de la elección.
El primer cargo está relacionado con la doble nacionalidad de De La Espriella. Según el exmagistrado, el presidente electo conserva la ciudadanía estadounidense, una condición que, desde su interpretación de la Constitución, resulta incompatible con el ejercicio de la Presidencia de la República. «Lo que evitamos es que pueda posesionarse a través de esa demanda porque es absolutamente incompatible el hecho de que sea ciudadano estadounidense y pretenda ejercer como jefe de Estado en Colombia», sostuvo.
Pérez precisó que el cuestionamiento no radica en la posibilidad de tener doble nacionalidad, sino en los compromisos de lealtad que, según él, adquiere quien jura fidelidad a la Constitución y las leyes de Estados Unidos. Además, recordó que este argumento fue expuesto cuando De La Espriella inscribió su candidatura, aunque aseguró que el Consejo de Estado respondió en ese momento que solo podría pronunciarse si el aspirante resultaba elegido.
El segundo argumento de la demanda hace referencia a una presunta vulneración de la soberanía nacional por la supuesta intervención de actores extranjeros durante la campaña presidencial. El abogado citó declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según afirmó, aseguró que la victoria de De La Espriella fue posible gracias a su apoyo. «El Consejo de Estado tiene que anular esta violación grosera de nuestra soberanía nacional», manifestó.
Asimismo, recordó que el mandatario electo ha reconocido públicamente su cercanía con el Partido Republicano de Estados Unidos y consideró que ese hecho, junto con otras denuncias sobre posibles apoyos internacionales, deberá ser valorado por el alto tribunal. Sin embargo, admitió que varias de las acusaciones aún carecen de pruebas. «He escuchado que llegaron 10 millones de dólares para las iglesias evangélicas para que compraran los votos de sus feligreses. Eso hay que probarlo, eso no puede ser solamente especulación», afirmó.
El tercer cargo está relacionado con el lenguaje utilizado por De La Espriella durante la campaña presidencial. Pérez aseguró que desde julio de 2025 interpuso una denuncia penal por presuntos delitos como amenazas, hostigamiento, instigación a delinquir y apología del genocidio. En particular, cuestionó expresiones como las referencias al «tigre» y la «manada», al considerar que constituyen mensajes de intimidación.