El Gobierno de España tiene previsto aprobar el próximo martes un real decreto con ayudas económicas para las víctimas y familiares de los afectados por el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, que dejó un saldo de 69 personas fallecidas. Mientras avanzan las labores de atención e investigación, las autoridades informaron que 56 de las víctimas mortales ya han sido identificadas y que, cuatro días después del siniestro, se han retirado cinco vagones de los dos trenes involucrados.
De acuerdo con fuentes del Ejecutivo citadas por la agencia EFE, tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ofrecerá una rueda de prensa para presentar un informe sobre las circunstancias del accidente. Posteriormente, comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso para entregar información sobre las posibles causas del siniestro, en el que un tren de alta velocidad de Renfe embistió a otro de la compañía Iryo que se encontraba detenido en la misma vía. El ministro ha recibido cuestionamientos por lo ocurrido, aunque ha descartado renunciar a su cargo.
En cuanto al balance de víctimas, además de los 69 fallecidos, más de un centenar de personas resultaron heridas, de las cuales 31 permanecían hospitalizadas este domingo en cuatro centros médicos de Castilla-La Mancha. Entretanto, cerca de 50 agentes de la Guardia Civil continúan trabajando en el lugar del accidente. Según explicó el portavoz de la institución, Pedro Pablo Garrido, hasta el momento han sido retirados tres vagones del tren Iryo y dos del AVE de Renfe, mientras que otros permanecen a los costados de la vía.
Por otra parte, Renfe trabaja en nuevas instrucciones de seguridad para sus maquinistas, luego de que el accidente pusiera el foco sobre el funcionamiento del sistema de protección ferroviaria LZB. Las medidas estarían orientadas a establecer que, ante un bloqueo parcial de este mecanismo, los trenes reanuden la marcha a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora y bajo conducción a la vista, de acuerdo con informaciones divulgadas por medios españoles. Sin embargo, la compañía todavía no ha presentado un documento definitivo. El Gobierno también anunció que las ayudas seguirán el precedente establecido tras el accidente de Adamuz, Córdoba, que dejó 46 muertos y para cuyas víctimas se aprobaron indemnizaciones superiores a los 210.000 euros por fallecido.
El accidente de Urda también ha generado repercusiones en el escenario político español, a menos de un mes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. El ministro Óscar Puente enfrenta solicitudes de dimisión por parte de sectores de la oposición y de algunos partidos aliados del Gobierno, mientras el presidente Pedro Sánchez también ha recibido cuestionamientos por la gestión de la red ferroviaria. El Partido Popular anunció que se personará en la investigación judicial para exigir el esclarecimiento de los hechos y determinar las posibles responsabilidades.