El Ministerio del Trabajo publicó un borrador de decreto que busca actualizar las reglas de contratación en la industria de hidrocarburos, con un énfasis en la vinculación de mano de obra local. La iniciativa pretende que las comunidades donde se desarrollan estos proyectos se beneficien directamente, al tiempo que promueve la equidad laboral y la inclusión social.
Uno de los principales cambios establece que al menos el 50 % de los empleos calificados —como técnicos, tecnólogos y profesionales— deberán ser ocupados por residentes del área de influencia. Asimismo, se mantiene la obligación de que el 100 % de la mano de obra no calificada provenga de estas comunidades.
El borrador también introduce criterios de inclusión para poblaciones vulnerables, como mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto armado y habitantes de municipios PDET y ZOMAC, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales en sectores históricamente excluidos.
En cuanto a situaciones especiales, como cargos transversales —que prestan servicios a varios proyectos— y emergencias operativas, la propuesta contempla procedimientos más flexibles que permitan responder con rapidez sin incumplir las normas generales de priorización.
Otro de los puntos clave es la promoción de la reconversión laboral, incentivando la capacitación de trabajadores locales para adaptarse a los retos de la transición energética y la carbono neutralidad. Además, las empresas deberán reportar periódicamente su nómina y vacantes al Ministerio del Trabajo, lo que permitirá fortalecer la supervisión del cumplimiento.
La propuesta se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que fija metas de empleo local en proyectos regionales, y refuerza el principio de priorización territorial. En ese sentido, las empresas deberán seguir un orden: primero contratar en el área de influencia, luego en municipios vecinos, después en el resto del departamento y, solo en última instancia, a nivel nacional.