El Juzgado Primero Penal Especializado de Neiva, con Función de Conocimiento, profirió una contundente sentencia condenatoria contra Jhon Edison Torrejano Sandoval, exsecretario de Hacienda del municipio de Baraya, hallado responsable de un millonario desfalco a las arcas públicas. La decisión judicial, que se convierte en un hito dentro de la lucha contra la corrupción en el Huila, también cobijó a tres particulares que participaron activamente en la estructura criminal.
Según lo establecido en el proceso, Torrejano Sandoval, aprovechando su posición de servidor público y su experiencia en el sector, desvió recursos municipales que tenían destinación específica hacia cuentas particulares. El juez señaló que el exfuncionario actuó “con pleno conocimiento y voluntad de apartarse de la legalidad… con el perverso fin de defraudar las arcas públicas”.
Las investigaciones revelaron que los giros, que debían dirigirse a entidades como Empubaraya y Electrohuila, terminaron en manos de Luis Miguel Charry Forero, Jhon Edison Castro Sandoval y Edisson Izquierdo Sabogal, quienes prestaron sus cuentas bancarias para consumar el fraude.
El juez determinó que los procesados conformaron una organización criminal con roles definidos y permanentes. “Quedó evidenciado que estos sujetos no fueron ajenos ni circunstanciales frente al entramado delictivo, sino que mantenían vínculos estables y funcionales con la organización”, precisó el togado.
Estas fueron las condenas
Jhon Edison Torrejano Sandoval: 18 años y 8 meses de prisión y multa de 15.847 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de 27 mil millones de pesos.
Luis Miguel Charry Forero: 14 años y 6 meses de prisión y multa de 10.495 salarios mínimos, por más de 18 mil millones de pesos.
Jhon Edison Castro Sandoval: 12 años y 1 mes de prisióny multa de 6.917 salarios mínimos, equivalentes a más de 12 mil millones de pesos.
Edisson Izquierdo Sabogal: 10 años y 8 meses de prisión y multa de 2.785 salarios mínimos, por más de 4 mil millones de pesos.
El juez negó cualquier beneficio de suspensión condicional de la pena o prisión domiciliaria, ordenando la expedición inmediata de las boletas de captura y su traslado a establecimientos penitenciarios bajo la dirección del Inpec.
El fallo destacó que todos los condenados tenían plena capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y de actuar conforme a la ley, pero eligieron conscientemente la ilegalidad. “Ninguno de ellos demostró haber obrado bajo coacción ajena, miedo insuperable o estado de necesidad exculpante”, puntualizó el juez.
Asimismo, se subrayó la especial responsabilidad de Torrejano Sandoval como servidor público, quien debía velar por el manejo transparente de los recursos municipales. Su participación fue considerada determinante para la ejecución del fraude.
El desfalco afectó directamente recursos destinados a convenios y proyectos esenciales para la comunidad de Baraya, dejando en evidencia la vulnerabilidad de las finanzas públicas frente a prácticas corruptas. La sentencia busca enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad penal de quienes, desde cargos públicos o privados, se prestan para desviar fondos estatales.