La conectividad a internet de 788 municipios de Colombia podría enfrentar interrupciones debido a los riesgos operativos y financieros que rodean la infraestructura de la red nacional de fibra óptica. La Contraloría General de la República advirtió sobre esta situación y expresó su preocupación por la continuidad de un servicio fundamental para las entidades públicas y las comunidades beneficiarias.
La alerta está relacionada con el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, una iniciativa orientada a ampliar la cobertura de internet en el territorio nacional. Para su desarrollo se destinaron más de $434.000 millones, recursos con los que se construyó la infraestructura que permite conectar a los municipios incluidos en el programa.
Uno de los factores que genera preocupación es la situación financiera de TV Azteca y su proceso de reorganización empresarial. De acuerdo con la advertencia del organismo de control, este panorama se ha relacionado con fallas operativas reportadas en diferentes regiones, antecedentes que podrían comprometer la estabilidad de la red y dar lugar a nuevas suspensiones del servicio.
A este escenario se suma un trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio relacionado con la autorización para la venta e integración de esta infraestructura con el operador TV Azteca. La Contraloría mantiene bajo seguimiento las condiciones de este proceso y sus eventuales repercusiones sobre la prestación del servicio de internet.
Una posible interrupción afectaría a alcaldías, hospitales, instituciones educativas, organismos de seguridad y otras entidades públicas que utilizan esta infraestructura para desarrollar sus actividades. Asimismo, las comunidades que dependen de la conectividad para acceder a servicios esenciales, adelantar trámites digitales y comunicarse podrían experimentar dificultades, especialmente en las zonas más apartadas del país.
Ante este panorama, la Contraloría anunció que continuará ejerciendo vigilancia fiscal para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la adecuada protección de los recursos públicos y la estabilidad de la infraestructura. Aunque la advertencia no significa que se haya confirmado una suspensión generalizada del servicio, sí pone de manifiesto la necesidad de garantizar la operación de una red estratégica para la conectividad de cientos de municipios colombianos.