La curul del senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, fue demandada ante el Consejo de Estado mediante una acción de pérdida de investidura, luego de que fuera condenado en primera instancia por hechos de corrupción.
La solicitud fue presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno, quien pidió retirar al congresista de su cargo e inhabilitarlo para ejercer funciones públicas, tras la sentencia a 23 años de prisión en el caso conocido como “Marionetas 2.0”.
El demandante anunció que entregará la credencial que acredita a Ramírez como senador para el periodo en el que ocurrieron los hechos investigados, requisito solicitado por el alto tribunal para admitir la demanda, que será estudiada por el magistrado Wilson Arias Girón.
Según explicó Moreno, el despacho del magistrado consideró que los hechos y conductas ya estaban debidamente sustentados, pero pidió subsanar ese requisito formal antes de dar trámite al proceso. En ese sentido, indicó que la corrección se presentará para que la acción continúe su curso.
En la demanda, de más de 500 páginas, se argumenta que las conductas por las cuales fue condenado el senador constituyen tráfico de influencias e indebida destinación de recursos públicos, lo que daría lugar a la llamada “muerte política”.
De acuerdo con el documento, Ramírez habría intervenido para favorecer la adjudicación de al menos 13 contratos por cerca de 24.000 millones de pesos desde el Departamento para la Prosperidad Social a la empresa Proyecta Quindío, a cambio de beneficios económicos y electorales.
El texto también señala que el congresista habría utilizado su investidura para influir en funcionarios públicos, apoyándose en su equipo de trabajo para coordinar reuniones con contratistas y autoridades regionales, en un esquema que, según el demandante, fue acreditado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Para el accionante, estas actuaciones evidencian una desviación del poder con fines particulares, afectando la moralidad pública y la confianza de los ciudadanos en sus representantes. Además, sostiene que hubo una utilización indebida de recursos públicos mediante el direccionamiento de contratos y el pago de dádivas.
La demanda también solicita la práctica de pruebas testimoniales, entre ellas la de la gerente de la empresa involucrada, con el fin de ampliar los elementos de juicio dentro del proceso.
El Consejo de Estado deberá ahora evaluar la solicitud y determinar si procede la pérdida de investidura del congresista, una de las sanciones más severas en el ordenamiento político colombiano.