El presidente Abelardo De La Espriella entregó un balance de las movilizaciones realizadas el 14 de octubre en rechazo a las políticas de su Gobierno. Según el mandatario, cerca del 98 % de las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica, mientras que las autoridades tuvieron que intervenir en seis puntos del país por alteraciones del orden público.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el jefe de Estado afirmó que su administración respeta el derecho a la protesta siempre que se ejerza de forma pacífica. “Si así lo hacen, bien pueden hacerlo todos los días. El Gobierno no tiene problema con la marcha pacífica”, expresó. De acuerdo con su balance, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) intervino en dos puntos de Bogotá, dos de Ibagué, uno de Popayán y uno de Medellín.
Frente a la participación ciudadana, De La Espriella señaló que aproximadamente 62.000 personas salieron a las calles en diferentes ciudades colombianas. El mandatario consideró que esta cifra representa una proporción reducida de la población nacional, aunque reconoció que los derechos y las garantías de quienes se movilizaron deben ser respetados por el Estado. Asimismo, cuestionó el alcance de las convocatorias y reiteró su disposición a permitir las manifestaciones pacíficas.
El presidente también advirtió que su Gobierno mantendrá una postura de tolerancia cero frente a lo que calificó como terrorismo urbano y aseguró que la Fuerza Pública está preparada para responder ante hechos de violencia. En el balance presentado, reportó seis capturas relacionadas con presuntos actos vandálicos: tres en Montería, una en Pasto y dos en Ibagué. Con estos resultados, el mandatario calificó como positivo el desarrollo general de la jornada, pese a los incidentes registrados en algunos lugares.
Por su parte, el ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Eduardo Mora, destacó la actuación de los integrantes de la Fuerza Pública durante las movilizaciones y agradeció su labor. Las autoridades insistieron en la importancia de garantizar el ejercicio de la protesta social y, al mismo tiempo, preservar el orden público. El balance oficial se conoce en medio del debate nacional sobre las condiciones para las manifestaciones y los protocolos de intervención de los organismos de seguridad.