La Procuraduría General de la Nación activó una vigilancia preventiva sobre un millonario proceso contractual de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional relacionado con las operaciones de erradicación manual de cultivos ilícitos en diferentes regiones del país.
La actuación busca garantizar el funcionamiento integral de los Grupos Móviles de Erradicación (GME), encargados de intervenir zonas afectadas por el narcotráfico y otras economías ilegales. La decisión se adoptó tras identificar observaciones, solicitudes de verificación y reclamaciones presentadas durante la etapa de evaluación de las propuestas.
A través de un requerimiento dirigido al director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos, el Ministerio Público solicitó información detallada sobre el estado del proceso, las reclamaciones formuladas por los participantes y las verificaciones adelantadas por la entidad, en momentos en que se aproxima la decisión sobre la adjudicación del contrato o una eventual declaratoria de desierto.
La Procuraduría también pidió explicaciones sobre las medidas implementadas para garantizar principios como transparencia, publicidad, igualdad, responsabilidad y selección objetiva. Además, ordenó remitir copia de la decisión final junto con los soportes técnicos y jurídicos que la respalden.
El procurador delegado Samuel Benjamín Arrieta Buelvas otorgó un plazo de un día hábil para entregar la información requerida. No obstante, el organismo aclaró que esta actuación tiene carácter preventivo y no implica interferencia alguna en las competencias de la Policía Nacional ni un prejuzgamiento sobre el resultado del proceso contractual.