Con la entrada en vigor de la Ley 2494 de 2025, sancionada por el presidente Gustavo Petro, desde este 1 de noviembre pueden volver a publicarse las encuestas electorales en Colombia, especialmente las relacionadas con la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026. La normativa establece nuevas reglas para garantizar transparencia, rigor técnico y representatividad en los sondeos de opinión.
Según la ley, las encuestas electorales deberán incluir a todos los candidatos inscritos y publicar información detallada sobre la metodología utilizada. Entre los requisitos se encuentran la identificación de los responsables del estudio, los microdatos anónimos de las respuestas, el método de selección de las muestras y el margen de error por pregunta.
El texto legal precisa que las encuestas sobre intención de voto solo podrán realizarse a partir de los tres meses previos al inicio de inscripciones de candidatos, y una vez cerrado este proceso, deberán contemplar a todos los aspirantes oficialmente inscritos. Además, se exige que los sondeos garanticen representatividad científica, incluyendo a todos los municipios y distritos del país con más de 800.000 habitantes.
La Ley 2494 también ordena la creación de una Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas adscrita al Consejo Nacional Electoral (CNE), conformada por cinco expertos en estadística propuestos por universidades acreditadas. No obstante, la comisión aún no se ha constituido, lo que ha generado preocupación entre analistas.
Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE, advirtió que la falta de conformación del comité puede afectar la supervisión de los estudios. “Vamos a tener encuestas que deberán publicarse sin la debida inspección de esta comisión”, señaló.