El Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó en entredicho por un error en su trámite legislativo, denunciado por la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández. La irregularidad habría impedido que el proyecto cumpliera con todos los requisitos legales para su aprobación, por lo que el Gobierno tendrá que expedirlo mediante decreto.
La congresista llegó a esta conclusión tras revisar detalladamente las grabaciones de los debates realizados en el Congreso, en las que identificó inconsistencias en la aprobación del artículo 65 del presupuesto, situación que habría dejado el texto sin validez jurídica.
El trámite se desarrolló bajo una intensa presión por el tiempo, pues el Senado y la Cámara de Representantes debían completar la aprobación antes del vencimiento del plazo legal, fijado para las 11:59 de la noche del martes.
Mientras el Senado concluyó su sesión con relativa rapidez, la Cámara extendió el debate hasta las 3:45 de la madrugada. Para agilizar el procedimiento y cumplir con los tiempos establecidos, el Congreso optó por evitar la conciliación, mecanismo necesario cuando ambas corporaciones aprueban versiones diferentes de un mismo proyecto.
En lugar de adelantar ese proceso, la Cámara de Representantes aprobó por bloques los artículos del presupuesto, siguiendo el texto que previamente había avalado el Senado y sus respectivas proposiciones.
Sin embargo, de acuerdo con la denuncia de Hernández, esta metodología no se aplicó de manera uniforme en el artículo 65. En ese punto se habría aprobado en la Cámara una proposición que no recibió el respaldo del Senado, debido a que su autor la retiró durante el debate.
La diferencia entre las versiones aprobadas por ambas corporaciones habría hecho obligatoria la conciliación, un paso que finalmente no se llevó a cabo por las limitaciones de tiempo.
Fuentes del Gobierno confirmaron la existencia de la irregularidad en el procedimiento legislativo, lo que apunta a que el Presupuesto General de la Nación de 2027 deberá ser expedido mediante decreto para garantizar su entrada en vigor.