El Gobierno Nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, anunció una alianza que permitirá a mujeres en condiciones de marginalidad cumplir sus condenas mediante servicios comunitarios en lugar de prisión, bajo la Ley de Utilidad Pública (Ley 2292 de 2023).
En Colombia, 5.942 mujeres cumplen los requisitos para acceder a este beneficio, con 1.423 potenciales beneficiarias solo en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
Hasta la fecha, 105 mujeres han sido liberadas gracias a esta medida, y se han habilitado 2.549 cupos a nivel nacional en colaboración con 27 aliados, entre ONG y entidades públicas. El Ministerio de Justicia lidera el acompañamiento jurídico y social para identificar quiénes cumplen los requisitos y guiar a las beneficiarias en el proceso de solicitud.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, destacó la prioridad de ampliar la cobertura y el enfoque institucional del programa. El ministerio ha trabajado directamente con mujeres privadas de la libertad para entender sus expectativas y brindarles asesoría jurídica personalizada. Este esfuerzo busca garantizar una implementación efectiva de la Ley de Utilidad Pública.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió la resolución 003 de 2024 para garantizar un enfoque diferencial y de género en la aplicación de la ley. Se desarrollaron guías pedagógicas dirigidas a jueces, defensores públicos y asistentes sociales, enfocándose en conceptos como marginalidad y condición de cabeza de hogar, elementos clave para la implementación de esta medida alternativa.
La Fiscalía General también emitió lineamientos para promover el uso de la Ley de Utilidad Pública durante los procesos judiciales. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, instó a los fiscales a investigar las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres procesadas, facilitando la aplicación de esta medida desde la etapa de sentencia condenatoria. Este esfuerzo conjunto busca garantizar los derechos de las mujeres en reclusión y brindarles nuevas oportunidades.