El Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación por la muerte de Jorge Alberto Echeverry Correa, magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ocurrida durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

La alta corte concluyó que el fallecimiento del funcionario judicial se debió no solo a la acción violenta del M-19, sino también a la omisión del Estado en garantizar su seguridad y al uso desproporcionado de la fuerza durante la operación militar de recuperación del edificio.

En la sentencia, que condena a la Nación y al Ministerio de Defensa, el Consejo de Estado afirmó que la toma del Palacio de Justicia no puede considerarse una hazaña política ni un acto heroico, sino “la afrenta más grave al Estado de derecho desde la fundación de la República” y una amenaza directa contra la institucionalidad y la justicia.

Además de ordenar el pago de perjuicios morales y lucro cesante a los familiares del magistrado Echeverry, la corporación dispuso que el fallo sea publicado en un medio de amplia circulación y que se realice un acto público de perdón en memoria de la víctima.

El Consejo de Estado también exhortó al Ministerio de Defensa a iniciar una acción de repetición contra el M-19 o sus máximos comandantes, con el fin de que asuman la responsabilidad correspondiente por la tragedia del Palacio de Justicia y la muerte del magistrado auxiliar.