El Ministerio de Defensa solicitó a la Procuraduría General de la Nación una actuación preventiva frente a seis requerimientos de información presentados por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, los cuales contienen un total de 1.360 preguntas dirigidas a la cartera, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y 18 entidades descentralizadas del Sector Defensa.

En el documento radicado ante el Ministerio Público, la entidad aclaró que la solicitud no busca limitar las funciones de control político del Congreso ni las facultades de la oposición. No obstante, pidió que se evalúe si la forma en que fueron presentados los requerimientos constituye un uso desproporcionado de estos mecanismos. Según el Ministerio, las solicitudes fueron radicadas entre el 3 y el 14 de julio y abarcan información correspondiente al periodo 2022-2026.

La cartera explicó que, de acuerdo con una estimación conservadora, las 1.360 preguntas representan más de 6.000 unidades de información que deben ser ubicadas, verificadas, consolidadas y revisadas por distintas dependencias. Además, señaló que varias de las respuestas requieren soportes documentales, códigos, versiones, fechas, responsables y otros anexos, incluyendo información que podría estar protegida por reserva o razones de seguridad y defensa nacional.

El Ministerio también cuestionó la concentración de los requerimientos en un corto periodo de tiempo. Indicó que cuatro de las seis solicitudes fueron presentadas el 14 de julio entre las 3:34 y las 3:39 de la tarde, acumulando cerca de 1.100 preguntas. A juicio de la entidad, esta situación podría generar un desgaste administrativo, afectar el funcionamiento institucional y ejercer una presión indebida sobre los servidores públicos encargados de responder.

Finalmente, Defensa manifestó que su petición a la Procuraduría no está relacionada con el contenido de las preguntas formuladas por el congresista, sino con la proporcionalidad en el uso de las herramientas de control político. Por ello, solicitó al Ministerio Público acompañar el proceso de respuesta, evaluar si existe un uso excesivo de estas facultades y dejar constancia de las actuaciones adelantadas por la entidad para atender los requerimientos.