El Gobierno nacional presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley “por medio del cual se penaliza de manera autónoma el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos”, una iniciativa que incorpora un nuevo delito en el Código Penal y fortalece la capacidad del Estado para anticiparse a la expansión de esta sustancia en el país.

Durante la radicación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el proyecto tiene un enfoque preventivo y de control temprano frente al fenómeno del fentanilo. “Buscamos impedir que los laboratorios de fentanilo que operan en otros países lleguen a Colombia. Todo lo relacionado con su fabricación, transporte, desvío, distribución o exportación será penalizado con penas de 10 a 30 años”, afirmó.

La iniciativa crea el artículo 376A del Código Penal, con penas de 140 a 360 meses de prisión y multas entre 1.334 y 50.000 salarios mínimos legales para quienes, sin autorización, introduzcan, saquen, transporten, almacenen, financien, elaboren o suministren fentanilo. Además, fortalece los mecanismos de prevención, vigilancia sanitaria y pedagogía pública.

Por su parte, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, señaló que el proyecto establece un tipo penal específico, con agravantes y exclusión de beneficios penales, que mejora la capacidad de judicialización, desincentiva el mercado ilícito y promueve la cero tolerancia frente al desvío de fentanilo desde el sector salud y entornos vulnerables.

La iniciativa también refuerza la vigilancia de la cadena de suministro, asigna responsabilidades claras a entidades como el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, y fortalece las sanciones para profesionales que utilicen fentanilo fuera de la norma. Según el ministro Benedetti, es una respuesta integral, basada en experiencias internacionales, que protege la salud pública y la seguridad del país.