En una alianza interinstitucional sin precedentes, el Gobierno Nacional ha suscrito el Convenio Marco para el Programa Nacional de Transformación Ecológica y Productiva, orientado a la sustitución de cultivos de uso ilícito en áreas clave para la biodiversidad. Participan en este esfuerzo los ministerios de Justicia, Agricultura y Ambiente, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y varios fondos gubernamentales.
El objetivo del programa es brindar alternativas sostenibles a las comunidades de zonas rurales que dependen de estos cultivos, promoviendo el cambio hacia economías legales. En los próximos dos años, el Gobierno destinará más de $200.000 millones, y se espera que el sector privado y la cooperación internacional también contribuyan.
Durante el evento COP16, Gloria Miranda, directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos, señaló que esta colaboración interinstitucional busca construir un modelo económico viable para los campesinos, protegiendo a la vez los recursos naturales. Destacó que las entidades gubernamentales se unen por primera vez en torno a esta causa común.
Miranda mencionó que muchas familias rurales cultivan coca por falta de opciones económicas. Con este convenio, el Gobierno aspira a ofrecer una alternativa viable que les permita subsistir y desarrollarse en armonía con el medioambiente.
En el evento también se discutió cómo las políticas antidrogas y los acuerdos internacionales deben incluir un enfoque ambiental, a fin de minimizar el impacto ecológico de estos cultivos y prevenir daños futuros en los ecosistemas del país.
