El Gobierno colombiano enfrenta un complejo panorama financiero tras la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, medida que ha derivado en el bloqueo de sus cuentas bancarias en el país.

Desde el pasado viernes, cuando se conoció la sanción que también involucra a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti, la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda han sostenido reuniones de emergencia para encontrar un mecanismo que permita efectuar el pago de la quincena presidencial.

Las restricciones internacionales impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impiden que cualquier entidad financiera realice transacciones a nombre del mandatario. Ante esta situación, una de las alternativas en estudio es efectuar el pago a través del Banco Agrario, por tratarse de una entidad pública.

Sin embargo, esta opción enfrenta obstáculos normativos. Aun cuando el presidente intentara abrir una cuenta nueva, las operaciones podrían ser bloqueadas automáticamente debido a que el Banco Agrario está conectado con redes internacionales de compensación vinculadas con el sistema financiero estadounidense.

Fuentes del alto gobierno explicaron que la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda evalúan una sentencia de la Corte Constitucional de 1999, que podría permitir al Banco Agrario realizar el pago directamente. No obstante, la interpretación jurídica aún genera dudas.

El caso es inédito en Colombia: por primera vez un presidente en ejercicio se enfrenta a sanciones internacionales que afectan su relación con el sistema bancario nacional.

Aunque el jefe de Estado ha asegurado no tener bienes ni cuentas en Estados Unidos, las medidas de la OFAC impactan indirectamente a las instituciones financieras del país, dada su interconexión con la banca norteamericana.