La plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que establece impuestos al consumo de vapeadores, cigarrillos electrónicos y productos de nicotina oral. La iniciativa también actualiza los gravámenes existentes para el tabaco y los cigarrillos tradicionales, con el propósito de desincentivar su consumo y aumentar los recursos destinados a la salud y el deporte.

El senador Juan Caicedo, ponente del proyecto, explicó que los vapeadores y otros productos de nicotina no estaban incluidos anteriormente en este esquema tributario, por lo que la iniciativa establece por primera vez un impuesto específico para ellos. Según las proyecciones, la medida permitiría recaudar cerca de un billón de pesos anuales, de los cuales el 84 % se destinaría a salud y el 16 % al deporte.

El nuevo impuesto para los vapeadores tendrá dos componentes: una tarifa fija de 2.000 pesos por cada mililitro de líquido y otro gravamen equivalente al 20 % del precio de venta al público. Como ejemplo, el ponente señaló que un dispositivo cuyo valor comercial sea de 50.000 pesos podría aumentar aproximadamente 20.000 pesos, debido a la aplicación de los nuevos tributos.

En cuanto a la entrada en vigor, los impuestos para vapeadores, cigarrillos electrónicos y productos de nicotina oral comenzarán a cobrarse seis meses después de la vigencia de la ley. Por su parte, los ajustes tributarios para el tabaco y los cigarrillos tradicionales se aplicarán inmediatamente una vez entre en vigor la normativa, debido a que estos productos ya cuentan con gravámenes al consumo.

El Congreso busca que los nuevos impuestos reduzcan el consumo de productos asociados a la nicotina y fortalezcan las finanzas departamentales para financiar programas de salud y prevención. Sin embargo, durante la discusión también se advirtió sobre el riesgo de que las tarifas elevadas incentiven el contrabando. Frente a los cuestionamientos del Ministerio de Salud sobre el impacto tributario en los cigarrillos tradicionales, Caicedo defendió las tarifas aprobadas y aseguró que la presión fiscal para estos productos quedaría en el 81 %, en línea con los parámetros que, según afirmó, recomienda la Organización Mundial de la Salud.