El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó suspender temporalmente cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo, mientras recopila información sobre el plan piloto y adopta una decisión de fondo dentro de una acción de tutela. La medida se originó en una acción presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social contra el Gobierno y varias entidades, en la que se advierte sobre una posible afectación de derechos relacionados con la salud, el agua, el ambiente sano, la participación y la biodiversidad.

La decisión judicial se conoce después de que la Policía Nacional confirmara el pasado 10 de septiembre que implementará en Putumayo un plan piloto de aspersión aérea con este agroquímico. La operación fue presentada como experimental, limitada y temporal, y contempla inicialmente el uso de dos aeronaves AT-802. Ante la tutela, el juzgado solicitó información detallada para establecer las condiciones en las que se adelantaría el programa y sus posibles impactos.

Entre las primeras órdenes, el despacho judicial dio un plazo de 24 horas al Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa, la Dirección de Antinarcóticos y la Gobernación del Putumayo para informar cuáles municipios y áreas están incluidos en el plan y entregar la cartografía correspondiente. Las entidades también deberán precisar cuántas hectáreas han sido tratadas, cuántos días de operación se han realizado y cuánto falta para alcanzar los límites establecidos de siete días y 1.000 hectáreas.

Las autoridades deberán explicar además si se cumplió con la divulgación previa de cinco días contemplada en la Resolución 007 de 2026, aportar las pruebas correspondientes y señalar si existe una fecha prevista para iniciar, reanudar o continuar las aspersiones durante los próximos diez días. En un plazo de dos días, el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Justicia también tendrán que entregar los estudios técnicos, científicos, sanitarios y ambientales que sustentaron el piloto, además de información relacionada con comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y un eventual proceso de consulta previa.

El juez igualmente requirió información al Ministerio de Ambiente, el Instituto Colombiano Agropecuario, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, Corpoamazonia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Aeronáutica Civil, entre otras entidades. El despacho busca establecer los posibles riesgos de la aspersión para la salud, las fuentes hídricas, la biodiversidad, las abejas y otros polinizadores, los cultivos lícitos y los ecosistemas amazónicos. Con estos elementos, la justicia continuará el estudio de la tutela y determinará el alcance de las medidas adoptadas sobre el controvertido plan de aspersión.