El Congreso de Paraguay rechazó tramitar la renuncia del presidente Santiago Peña y decidió continuar con el juicio político en su contra, en medio de la crisis financiera que rodea a Ueno Bank y los cuestionamientos por los millonarios recursos públicos que habrían llegado a esa entidad durante su Gobierno. La decisión mantiene al mandatario en el cargo mientras el Legislativo estudia las acusaciones que podrían terminar con su destitución.
En medio del proceso, los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda acudieron al Senado para presentar la defensa jurídica del gobernante, quien fue convocado personalmente, pero decidió no comparecer y delegar su representación. Los defensores llegaron después de que el Legislativo negara una solicitud de prórroga de 72 horas presentada por Peña, quien había cuestionado que el plazo de 12 horas concedido para preparar su defensa resultaba insuficiente.
La controversia también gira alrededor de las consecuencias jurídicas de una eventual salida del mandatario. Si su renuncia fuera aceptada, Peña conservaría los privilegios asociados a su condición de senador vitalicio, mientras que una destitución mediante juicio político implicaría la pérdida de esas prerrogativas. Esta diferencia explica parte de la disputa política alrededor de la dimisión que presentó el jueves y que no llegó a ser tramitada por el Congreso.
El origen de la crisis está en la intervención del Banco Central del Paraguay sobre Ueno Bank, entidad que administraba los recursos de más de 2,9 millones de clientes. El organismo regulador detectó que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, luego de ajustes realizados a sus estados financieros durante un proceso de regularización. El caso adquirió mayores dimensiones por los señalamientos sobre los vínculos entre la entidad y el Gobierno, así como por los recursos que instituciones públicas habrían depositado en el banco.
Con el juicio político en marcha y la renuncia sin aceptación, el futuro de Santiago Peña quedó en manos del Congreso paraguayo. La decisión de los legisladores determinará si el mandatario continúa en la Presidencia o es apartado del cargo, en un escenario que también podría tener repercusiones sobre sus prerrogativas institucionales y el panorama político del país.