Crisis política en Paraguay: Santiago Peña fue destituido y Pedro Alliana asumió la Presidencia

Paraguay atraviesa una profunda crisis política e institucional luego de la destitución de Santiago Peña, quien fue apartado de la Presidencia en medio de un escándalo financiero relacionado con Ueno Bank. La decisión fue adoptada por el Senado el pasado 6 de noviembre, después de que la Cámara de Diputados aprobara impulsar un juicio político contra el mandatario por presunto mal desempeño de sus funciones.

Tras la salida de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el periodo constitucional hasta agosto de 2028. El nuevo mandatario prometió trabajar para compensar a los afectados por la crisis bancaria y recuperar la confianza en las instituciones, en medio de las exigencias ciudadanas por la devolución de sus ahorros.

El escándalo tiene como principal protagonista a Ueno Bank, entidad financiera cuya intervención dejó a millones de clientes sin acceso a sus recursos. Las investigaciones apuntan a posibles irregularidades en sus operaciones crediticias, préstamos a empresas relacionadas con sus propietarios y problemas en la administración de activos. También surgieron cuestionamientos por sus vínculos con sectores del poder político y por la exposición de recursos de instituciones públicas.

La crisis derivó en investigaciones judiciales que alcanzaron al propio Peña, quien quedó bajo arresto domiciliario y deberá responder por señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de la entidad y posibles delitos como tráfico de influencias. Las actuaciones también involucran al expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y a antiguos directivos de la financiera. Entretanto, miles de ciudadanos han protagonizado manifestaciones para exigir explicaciones y recuperar sus recursos.

El escándalo también provocó divisiones dentro del Partido Colorado y la salida de funcionarios de alto nivel del Gobierno. Ahora, Pedro Alliana enfrenta el reto de estabilizar el panorama político, garantizar respuestas a los afectados por el colapso financiero y permitir que avancen las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.

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