La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por las amenazas, intimidaciones y seguimientos denunciados por integrantes de una organización que representa a víctimas de crímenes de Estado en el Magdalena Medio. La alerta se conoce luego de que uno de sus miembros resultara herido en un ataque armado ocurrido el pasado 3 de noviembre.
Entre las personas afectadas se encuentra Melkin Hernán Castrillón, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio (Asorvimm), quien habría recibido amenazas de muerte y seguimientos por parte de individuos presuntamente vinculados a grupos armados no estatales. Las intimidaciones también estarían dirigidas contra otros miembros de la organización.
El pronunciamiento de Naciones Unidas se produjo después de que otro integrante de Asorvimm fuera atacado a tiros el 3 de noviembre. Según la información conocida, tres hombres le dispararon en seis oportunidades y le ocasionaron una herida en una de sus piernas. Sin embargo, el organismo internacional no reveló la identidad de la víctima ni confirmó si este hecho estaría relacionado con las amenazas denunciadas.
La oficina de la ONU manifestó que continuará haciendo seguimiento al caso y a las medidas de prevención y protección que implementen las autoridades para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos. Asimismo, instó al Estado colombiano a investigar los hechos, llevar ante la justicia a los responsables y adoptar acciones que permitan proteger a las personas y organizaciones amenazadas.
De igual manera, Naciones Unidas hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos humanos, las disposiciones del derecho internacional humanitario y el trabajo de quienes defienden los derechos de las comunidades.
Asorvimm es una organización constituida formalmente en 2006 que reúne a víctimas de crímenes de Estado en el contexto del conflicto armado colombiano. Entre sus principales actividades están la documentación de violaciones de derechos humanos, el acompañamiento a las víctimas y la recuperación de la memoria histórica en el Magdalena Medio.
La situación se presenta en una región históricamente afectada por la violencia y las disputas territoriales entre guerrillas y estructuras paramilitares, que han dejado miles de víctimas y graves consecuencias para organizaciones sociales, sindicales y defensoras de derechos humanos. En ese contexto, el pasado septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 antiguos integrantes de la fuerza pública y del área de seguridad de Ecopetrol por su presunta participación en la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2000.