Un informe de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales advierte sobre un panorama de riesgo para alcaldes y funcionarios públicos en el país, con amenazas, alertas de atentado y otros hechos registrados entre el 1 de enero de 2024 y el 21 de abril de 2026. El reporte documenta al menos 11 alcaldes de ciudades capitales afectados, además de más de ocho casos contra servidores públicos.
Entre los mandatarios mencionados se encuentra Jorge Acevedo, quien denunció amenazas en 2024 y 2025 atribuidas a la banda AK-47. En Florencia, Marlon Monsalve Ascanio reportó intimidaciones en 2024 y 2026 relacionadas con presuntas disidencias. En Cartagena, Dumek Turbay Paz recibió una amenaza directa vinculada a medidas de movilidad, mientras que en Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán enfrenta un presunto plan de atentado contra él y su familia.
El informe también incluye a Rafael Bolaños Pino, quien reportó amenazas contra su entorno cercano y equipo de trabajo; a Nicolás Toro Muñoz, con una amenaza confirmada y alertas sobre su esquema de protección; y a Federico Gutiérrez, quien cuenta con una alerta de atentado en investigación.
En Cali, Alejandro Eder denunció un plan atribuido a presuntas disidencias de las FARC, mientras que en Bogotá, Carlos Fernando Galán registra una alerta en verificación. En Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello presenta antecedentes de riesgo, y en Barranquilla, Alejandro Char Chaljub reportó un presunto plan en su contra y contra su familia en 2026.
El documento identifica un patrón denominado “extensión del riesgo hacia las familias”, evidenciado en ciudades como Bucaramanga, Quibdó, Barranquilla, Cali y Florencia, donde las amenazas buscan presionar a los mandatarios y afectar sus decisiones. También se incluye el caso del secretario de Movilidad de Cali dentro de este fenómeno.
Según el informe, estos hechos se presentan en contextos de operativos contra estructuras criminales, control del espacio público, regulación de la movilidad y acciones contra economías ilegales como la extorsión y el microtráfico. Los responsables varían según la ciudad e incluyen bandas criminales, estructuras urbanas y grupos con presencia local, mientras que en varios casos aún no hay atribuciones claras.
El reporte también registra al menos ocho casos contra funcionarios públicos. En Bogotá, se mencionan equipos del DADEP y comisarías de familia; en Santa Marta, personal de la alcaldía; en Florencia, el personero y funcionarios administrativos; y en Medellín, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, además de concejales. En Arauca, el jefe de protección del alcalde fue asesinado en 2025, y en Cali se reportan amenazas contra el secretario de Movilidad, Sergio Moncayo, y agentes de tránsito.