Categoría: Actualidad

El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó que aplicó lo que denomina un “juicio revolucionario” a dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, secuestrados el 8 de mayo de 2025 en Arauca.

Según el grupo armado, se trata de una “sentencia condenatoria” contra los funcionarios, quienes están próximos a cumplir un año en cautiverio. Aunque el ELN indicó que no impondrá la “pena capital”, anunció una medida que denomina “prisión revolucionaria”.

De acuerdo con el comunicado, Jesús Antonio Pacheco deberá permanecer retenido durante 60 meses, mientras que Rodrigo López tendría una condena de 55 meses. El grupo señaló además que el tiempo que ya llevan privados de la libertad será contabilizado dentro de esas penas.

En el documento, la organización ilegal asegura que los funcionarios habrían incurrido en supuestos actos de espionaje, pertenecer a un aparato estatal que —según su versión— comete crímenes de lesa humanidad y participar en presuntos montajes judiciales contra civiles.

El anuncio se conoce en medio de rechazos desde el Gobierno nacional, que ha reiterado el llamado a la liberación inmediata de los secuestrados.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, denunció que en los últimos días ha recibido reportes sobre presiones de grupos armados ilegales a votantes en distintas regiones del país, con el propósito de incidir en las elecciones de primera vuelta previstas para el 31 de mayo.

Según explicó el aspirante, la información proviene de organizaciones sociales, autoridades locales y de la Defensoría del Pueblo, y advierte sobre acciones orientadas a influir en la intención de voto, incluso en algunos casos a favor de su candidatura.

Cepeda rechazó de manera tajante cualquier tipo de presión al electorado, incluidas aquellas que, según dijo, se realicen en su nombre mediante amenazas, “recomendaciones” o restricciones a la actividad proselitista en determinadas zonas del país. En ese sentido, aseguró que ni su campaña, ni el Pacto Histórico, ni las fuerzas de la denominada Alianza por la Vida avalan este tipo de prácticas.

El candidato advirtió que estas conductas constituyen violaciones al ordenamiento jurídico, al configurar constreñimiento al elector y vulnerar la Constitución. También envió un mensaje a los grupos armados ilegales, al señalar que no aceptará interferencias que afecten el libre ejercicio del voto ni condicionamientos a cambio de apoyos políticos.

Asimismo, sostuvo que cualquier eventual proceso de diálogo de paz debe estar sujeto al principio de no agresión contra la población civil, y descartó la posibilidad de avanzar en conversaciones en medio de hechos de violencia, asesinatos de líderes sociales o presiones armadas contra la ciudadanía.

Finalmente, Cepeda anunció que en los próximos días hará pública la información recopilada por su campaña sobre amenazas, hostigamientos y presiones en distintos territorios, las cuales —según afirmó— buscan afectar la libre expresión del voto tanto para su candidatura como para la de su fórmula vicepresidencial.

Tropas del Ejército Nacional de Colombia capturaron a alias ‘El Mono’, señalado como el presunto determinador del atentado en la vía Panamericana, ocurrido en zona rural de Cajibío, que dejó 20 personas muertas el pasado 25 de abril.

De acuerdo con información de inteligencia militar, el capturado haría parte de las disidencias de las FARC-EP bajo el mando de alias Iván Mordisco. Las autoridades lo señalan no solo de haber ordenado el ataque, sino también de gestionar la adquisición del material bélico utilizado. Alias ‘El Mono’ se desempeñaba como cabecilla de finanzas del Bloque Occidental ‘Jacobo Arenas’, una estructura clave en la expansión criminal en el suroccidente del país, y era considerado cercano a alias ‘Marlon’. Además, tendría una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

El comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, aseguró que el detenido era un hombre de confianza dentro de la organización y que, además de su rol financiero, coordinaba la compra de drones y material de guerra. Según indicó, estas capacidades habrían sido utilizadas en ataques contra la población civil y la Fuerza Pública, por lo que su captura representa un golpe significativo a las estructuras que financian y ejecutan acciones violentas en el suroccidente del país.

Las autoridades sostienen que su papel iba más allá del manejo de recursos, pues también articulaba la logística para la obtención de armamento y tecnología empleada en recientes atentados en la región. En ese sentido, su detención impactaría la capacidad operativa de estas estructuras ilegales, señaladas de intensificar la violencia en corredores estratégicos del departamento del Cauca.

La senadora María Fernanda Cabal volvió a agitar el debate político en Colombia al anunciar su intención de crear un nuevo movimiento de derecha, marcando distancia tanto del Centro Democrático como del expresidente Álvaro Uribe, a quien calificó como “socialdemócrata”. Su propuesta apunta a la construcción de una “nueva derecha” con influencias libertarias, inspirada en líderes como el presidente argentino Javier Milei.

El anuncio coincide con la promoción de su libro Yo soy Cabal, presentado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que reunió a más de 563.000 asistentes. En la obra, la congresista repasa su trayectoria y deja entrever su visión de país, así como su distanciamiento del uribismo, motivado —según afirma— por diferencias ideológicas y personales.

Aunque aseguró que cumplirá su periodo legislativo hasta el 20 de julio, Cabal reconoció que ya no participa activamente en las dinámicas del Centro Democrático y describió su relación con el partido como “distante”. Señaló haberse sentido excluida en varias ocasiones, lo que la llevó a plantear la creación de una nueva colectividad que represente una derecha más definida en lo ideológico y que, según sostiene, hoy no tiene una expresión clara en el país.

En ese contexto, explicó que su iniciativa busca llenar un vacío en el espectro político colombiano y recordó su cercanía con el proceso de Javier Milei, resaltando la necesidad de impulsar alternativas que prioricen la libertad económica y reduzcan el tamaño del Estado, sin eliminarlo por completo, sino fortaleciéndolo en funciones esenciales como el orden y la competencia.

Uno de los puntos más polémicos fue su afirmación de que Álvaro Uribe no puede ubicarse dentro de la derecha, sino más cerca de la socialdemocracia, pese a algunas políticas afines a ese sector. Para Cabal, la verdadera derecha debe centrarse en la defensa de la iniciativa privada, la reducción de la burocracia y la protección de las libertades individuales, incorporando elementos del libertarianismo con ciertos matices institucionales.

Al referirse a figuras afines en Colombia, mencionó a Luis Guillermo Vélez y Abelardo de la Espriella, además de destacar como referente histórico a Álvaro Gómez Hurtado por su capacidad de diálogo. Sin embargo, insistió en que su proyecto no busca integrarse a estructuras existentes, sino construir una nueva plataforma política desde cero.

La senadora también hizo un balance de su paso por el Centro Democrático, afirmando que enfrentó obstáculos internos que limitaron su proyección política y que dentro del partido no encontró el respaldo esperado pese a su caudal electoral. Incluso citó al ex primer ministro británico Winston Churchill para ilustrar su situación, al sugerir que sus principales opositores estaban dentro de su propia colectividad. Aun así, aseguró no guardar resentimientos y dijo estar enfocada en cerrar esta etapa de más de una década en el Congreso, con la intención de “pasar la página”.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) encendió las alarmas al calificar como una “urgencia nacional” la mortalidad de pacientes con estas patologías en el país. Entre el 1 de enero y el 13 de diciembre de 2025, se registraron 2.436 fallecimientos.

Según la organización, muchas de estas muertes estarían relacionadas con barreras de acceso al sistema de salud y la interrupción de tratamientos, lo que afecta a una población especialmente vulnerable que, en teoría, cuenta con protección bajo la Ley Estatutaria de Salud.

El director de Fecoer, Diego Gil, advirtió que la tasa de mortalidad muestra un aumento preocupante. Aunque la cifra total ya fue consolidada, señaló que aún no existe una desagregación oficial por parte del Ministerio de Salud que permita establecer cuántos de estos decesos están directamente asociados a la falta de acceso a terapias específicas.

Uno de los focos de mayor preocupación es la situación de la Nueva EPS. De acuerdo con los datos analizados, más de 530 muertes se registraron en usuarios afiliados a esta entidad, donde actualmente hay cerca de 16.000 pacientes con enfermedades raras.

Gil calificó como alarmante esta situación, al señalar que, pese a no ser la EPS con mayor número de afiliados con estas patologías, sí presenta indicadores de mortalidad elevados.

El directivo también advirtió que los pacientes se encuentran “literalmente a la deriva”, ante la falta de seguimiento y análisis de las causas de mortalidad, tanto por parte del Ministerio de Salud como de la misma EPS.

Esta preocupación ya había sido expuesta ante el Congreso de la República, donde se alertó sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia y garantizar la atención integral a personas con enfermedades huérfanas en Colombia.

El precio del diésel en Colombia vuelve a subir. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) confirmó un incremento cercano a los $200 por galón de ACPM, que comenzó a regir desde el lunes 4 de mayo.

El ajuste se suma al reciente aumento de $400 en la gasolina corriente y eleva el costo promedio de los combustibles en las principales ciudades del país.

Según el reporte oficial, los precios del diésel varían por región. Cali registra uno de los valores más altos, con $11.724 por galón, seguida de Villavicencio ($11.676) y Pereira ($11.663). En Bogotá, el precio quedó en $11.576, mientras que en Medellín se ubica en $11.601. En contraste, las zonas de frontera presentan los valores más bajos, como Cúcuta ($9.453) y Pasto ($10.496). El promedio ponderado en las principales capitales se sitúa en $11.282.

El incremento genera preocupación en sectores como el transporte de carga y de pasajeros, debido a su impacto directo en los costos de bienes y servicios.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, explicó que la medida busca revertir las reducciones aplicadas entre febrero y marzo, cuando el Gobierno disminuyó en $500 el precio del diésel tras una mejora temporal en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Según el funcionario, el aumento en los precios internacionales del petróleo, influido por tensiones en Medio Oriente, hace insostenible mantener subsidios a los combustibles. “No tiene sentido ni es viable para el país mantener subsidios a la gasolina en las condiciones actuales”, afirmó, al tiempo que calificó el ajuste como una decisión responsable para las finanzas públicas.

En medio de las alertas sobre el sistema de salud, el Gobierno Nacional puso el foco en la atención oncológica al anunciar los recursos destinados al Instituto Nacional de Cancerología (INC).

Según informó el Ministerio de Salud, entre 2022 y 2026 se han girado más de $416 mil millones al Instituto, con el objetivo de garantizar su funcionamiento, fortalecer la investigación en cáncer y modernizar su infraestructura tecnológica.

El anuncio se da en una coyuntura marcada por dificultades financieras en el INC y advertencias sobre la prestación de servicios en varias entidades, lo que ha generado preocupación por la continuidad de la atención a pacientes.

De acuerdo con la cartera de Salud, el Instituto arrastraba desde 2022 una situación crítica, con deudas cercanas a los $207 mil millones, principalmente por obligaciones pendientes de pago de EPS y otras instituciones. A pesar de ello, ha mantenido la atención especializada a pacientes de distintas regiones del país.

En cuanto al destino de los recursos, más de $313 mil millones han sido dirigidos al funcionamiento del Instituto, incluyendo servicios clínicos, gestión en salud pública y asesoría técnica. Estos aportes, según el Gobierno, han tenido incrementos progresivos como parte de una estrategia para estabilizar su operación.

Además, se han destinado más de $85 mil millones para la dotación de equipos médicos y cerca de $18 mil millones para investigación e innovación en cáncer. A esto se suman recursos para convenios científicos y una proyección de más de $76 mil millones en vigencias futuras, entre 2026 y 2032, para la producción de medicamentos biosimilares.

El Gobierno señaló que, pese al respaldo financiero, no se debe poner en riesgo la continuidad de los servicios del Instituto. Asimismo, reiteró la necesidad de garantizar la atención a pacientes oncológicos como un componente esencial del sistema de salud en el país.

Hay un nuevo gesto que podría destrabar la relación entre Colombia y Ecuador. El Gobierno ecuatoriano decidió reducir la tasa de seguridad aplicada a las importaciones colombianas, en medio de las tensiones recientes entre ambos países.

La medida, adoptada por el presidente Daniel Noboa, baja los aranceles del 100 % al 75 % para productos provenientes de Colombia. Aunque no elimina completamente la restricción, sí abre una ventana para retomar el diálogo bilateral y aliviar el impacto en el comercio.

Desde Colombia, la reacción apunta a reactivar los canales diplomáticos. La canciller Rosa Villavicencio señaló que se buscará un nuevo espacio de conversación con Ecuador, con el objetivo de superar la tensión arancelaria y normalizar el intercambio comercial.

“Buscaremos nuevamente dialogar con ellos, con el propósito de restablecer las relaciones”, afirmó la ministra.

Cabe recordar que el Gobierno colombiano ha insistido en la necesidad de un acercamiento con Quito, aunque hasta ahora no había recibido respuesta. Con esta decisión, se reabre la posibilidad de avanzar hacia una relación más estable entre los dos países.

El gobierno de Ecuador anunció la reducción del arancel a las importaciones provenientes de Colombia, que pasará del 100% al 75%, en un intento por abrir espacios de cooperación y disminuir las tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

La decisión se produce en un contexto de roces entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro, cuyas diferencias han impactado sectores como el comercio, el transporte de crudo y la cooperación energética.

El arancel, que inicialmente era del 30% en febrero, se elevó al 100% en abril en medio del deterioro de las relaciones bilaterales. La reducción comenzará a regir el 1 de junio, un día después de las elecciones presidenciales en Colombia. Noboa había señalado previamente que cualquier negociación se daría con el próximo gobierno colombiano.

En respuesta a estas medidas, Colombia adoptó aranceles recíprocos, con excepciones para insumos ecuatorianos utilizados en la producción nacional.

Las tensiones diplomáticas también han incluido el llamado a consultas de los embajadores de ambos países. En un comunicado, la Presidencia ecuatoriana aseguró que la reducción del arancel “ratifica la apertura del Gobierno Nacional de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral, especialmente en materia de seguridad”.

El gobierno de Noboa ha argumentado que la falta de control en el lado colombiano de la frontera —de aproximadamente 600 kilómetros— lo ha obligado a destinar cerca de 400 millones de dólares adicionales en seguridad.

En esta zona operan redes vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas, factores que han intensificado las diferencias entre ambos gobiernos. A esto se suman las críticas de gremios y transportadores a la denominada “tasa de seguridad”, al considerar que afecta el comercio y fomenta el contrabando.

Las fricciones también se han trasladado al plano político. Mientras Noboa cuestiona la supuesta falta de apoyo de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, Petro ha calificado como “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, lo que ha sido interpretado por el gobierno ecuatoriano como una injerencia en sus asuntos internos.

La producción nacional de petróleo mantuvo estabilidad operativa en marzo de 2026 y registró un crecimiento de 3,1% en el primer trimestre del año, informó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Al cierre de marzo, la producción de crudo alcanzó 740.497 barriles por día (Bppd), mientras que la producción comercializada de gas natural se ubicó en 700 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd). En promedio, entre enero y marzo, la producción llegó a 740.812 Bppd, por encima del escenario de reservas probadas (1P), estimado en 718.168 Bppd.

El incremento de marzo frente a febrero (5.573 Bppd) se explicó por la recuperación del campo Índico (Meta) tras superar bloqueos sociales, el aporte de nuevos pozos en Mateguafa (Casanare) y la entrada en operación de dos pozos en Castilla Norte (Meta).

No obstante, la ANH advirtió factores que afectan el desempeño en algunos campos, como el aumento del corte de agua en Arauca y Casanare, fallas eléctricas en el Meta y la declinación natural de yacimientos maduros.

En gas, la producción comercializada promedió 693 Mpcd en lo corrido del año, equivalente al 92,2% de las reservas probadas. En marzo, el volumen creció 0,6% frente a febrero, impulsado por la estabilización del campo Gibraltar y la recuperación en Pandereta y Cañahuate.

Las variaciones en gas han estado asociadas a factores técnicos —como producción de agua, arena en pozos y mantenimientos— y a una menor demanda estacional a finales de 2025 e inicios de 2026.

La ANH señaló que la producción se mantiene en línea con el perfil de reservas y que se continúa trabajando para mitigar la declinación natural de los campos y asegurar el suministro energético del país.

El Ministerio de Salud expidió la Resolución 695 de 2026, con la que actualiza el listado de servicios y tecnologías que no serán cubiertos por las EPS dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

La medida busca priorizar intervenciones esenciales y excluir aquellas sin evidencia científica, de carácter estético o de uso personal. Según la entidad, la decisión se tomó tras un proceso participativo con expertos, asociaciones científicas, pacientes y ciudadanos en 25 departamentos y Bogotá.

La actualización se sustenta en criterios de seguridad, eficacia clínica y pertinencia. En ese marco, se excluyen procedimientos sin respaldo técnico, no autorizados, experimentales o con fines cosméticos.

Entre los principales servicios excluidos figuran cirugías y procedimientos estéticos como rinoplastia, liposucción, mamoplastia, gluteoplastia, blefaroplastia por envejecimiento y estiramientos faciales, así como depilación láser, peelings y otras correcciones con fines de embellecimiento.

También quedan por fuera algunos medicamentos según su uso clínico, como combinaciones de analgésicos con opioides en ciertos contextos, diacereína para algunos casos de artritis, minoxidil para alopecia dentro del PBS y buprenorfina en indicaciones específicas.

En materia de fertilidad, la resolución excluye procedimientos de reproducción asistida como la fecundación in vitro y la inseminación artificial.

El Ministerio reiteró que estas exclusiones buscan optimizar los recursos públicos y garantizar la financiación de servicios con efectividad comprobada y mayor impacto en la salud de la población.

Las incautaciones de mercancía de contrabando realizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) aumentaron en más de $73 mil millones durante el primer trimestre de 2026 (con corte al 5 de abril), frente al mismo periodo de 2025.

Según el balance de la entidad, en 2025 se registraron 5.063 aprehensiones por un valor de $130.361 millones, mientras que en 2026 la cifra ascendió a 6.278 procedimientos, valorados en $204.292 millones, lo que representa un crecimiento del 56,7% en valor y del 12% en número de casos.

Por sectores, las incautaciones se concentraron en textiles y manufacturas (466 casos por $38.392 millones), maquinaria y equipos eléctricos (547 por $20.288 millones), calzado (217 por $20.394 millones), vehículos y autopartes (38 por $10.104 millones) y productos químicos (130 por $9.057 millones). Otros sectores sumaron 1.081 aprehensiones por $45.275 millones.

Entre los casos destacados, la Dian reportó el hallazgo, el 13 de marzo, de 1,2 toneladas de mercurio en el puerto de Cartagena, sustancia altamente tóxica asociada a la minería ilegal. La carga estaba declarada como mercancía plástica, pero inconsistencias en el peso alertaron a las autoridades.

En otro operativo, en Maicao (La Guajira), una acción conjunta con la Policía, la Fiscalía y el Gaula Militar permitió incautar 200.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

Adicionalmente, durante el 13 y 14 de marzo la entidad realizó una Jornada de Transparencia Fiscal en 40 ciudades, en la que más de 5.000 funcionarios verificaron el cumplimiento tributario de 12.390 contribuyentes, superando en 40% la meta de visitas.

La Dian señaló que continúa fortaleciendo sus capacidades para combatir el contrabando y delitos asociados como la evasión fiscal, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante el uso de inteligencia, analítica de datos y modelos de gestión articulados.

En medio de una nueva controversia política y judicial, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, respondió a los señalamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien presentó ante las autoridades un manuscrito que lo vincularía con la supuesta financiación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El mandatario regional negó de forma tajante las acusaciones y anunció acciones legales.

La polémica se originó por un documento cuya autenticidad aún está en verificación, en el que se asegura que Escobar habría viajado a Manta en marzo de 2025 para coordinar recursos destinados al crimen. Según lo expuesto por Uribe, el texto fue entregado por una fuente anónima que pidió reserva por motivos de seguridad.

Frente a estos señalamientos, el gobernador aseguró que se trata de un montaje sin sustento. “Nunca en mi vida he estado en Manta”, afirmó, al tiempo que sostuvo que existen registros verificables de su ubicación en las fechas mencionadas, incluyendo información de sus redes sociales y de sus esquemas de seguridad.

Escobar indicó que ya inició un proceso legal contra el exmandatario y contra quienes resulten responsables de la difusión del documento. En ese sentido, insistió en que serán los denunciantes quienes deberán probar las acusaciones.

El gobernador también confirmó que acudió a la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para conocer los detalles de la denuncia y avanzar en su defensa. Allí sostuvo reuniones con funcionarios del ente investigador y anunció que prepara una acción formal por injuria y calumnia.

Por su parte, la fiscal general Luz Adriana Camargo indicó que la denuncia fue radicada por Uribe y su colectividad política, y que será la justicia la encargada de establecer la veracidad de los hechos.

Uno de los puntos clave del caso es el origen del manuscrito. Aunque inicialmente se habló de una denuncia anónima, Escobar señaló que el documento contiene una firma, por lo que consideró que corresponde al exmandatario esclarecer quién se lo entregó. También cuestionó que la información se haya hecho pública antes de ser verificada en instancias judiciales.

Más allá del caso puntual, el gobernador enmarcó la situación en un contexto político más amplio. Aseguró que los señalamientos buscan desacreditar los avances en materia de paz en el departamento de Nariño.

En ese sentido, defendió los resultados de su administración y afirmó que se han reducido los índices de homicidio gracias a estrategias de paz territorial y programas de sustitución de cultivos ilícitos. Destacó, además, avances en municipios como Tumaco, donde, según indicó, los niveles de violencia han disminuido.

Finalmente, reconoció que, aunque se han logrado avances mediante procesos de desmovilización y ceses al fuego con algunos grupos armados, el departamento aún no alcanza una paz total.

A 28 días de las elecciones presidenciales, este 3 de mayo los candidatos Iván Cepeda y Paloma Valencia protagonizaron un nuevo cruce de señalamientos durante actos públicos realizados en distintas ciudades del país, donde cuestionaron de forma directa e indirecta las propuestas de su contendor. Entre los temas de confrontación estuvieron la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente desde sectores afines al Gobierno y la propuesta de eliminar el SOAT en ciertos casos, impulsada por la senadora.

Desde Ibagué, Valencia concentró su intervención en criticar las iniciativas del sector progresista y, en particular, las posturas asociadas a Cepeda. La candidata rechazó cualquier posibilidad de ampliar negociaciones con grupos armados ilegales y aseguró que, de llegar a la Presidencia, pondría fin a la política de “paz total”. En ese contexto, afirmó que el país no quiere más impunidad para los violentos y advirtió que una eventual constituyente sería, a su juicio, un mecanismo para debilitar la democracia.

La senadora también cuestionó la cercanía de Cepeda con el Gobierno nacional y con sectores que, según dijo, promueven concesiones a organizaciones armadas ilegales. Incluso sugirió que propuestas como la constituyente responderían a intereses de ese tipo de grupos.

Por su parte, desde Buga, Cepeda respondió durante la presentación de diez propuestas programáticas. El candidato aseguró que no permitirá el desmonte de programas sociales ni de beneficios económicos para los sectores más vulnerables, “así no le guste a la señora Valencia”, frase que reiteró en varios momentos de su discurso.

Cepeda defendió además el papel de los movimientos sociales, especialmente tras el estallido social, y sostuvo que su proyecto encarna una “ola progresista” con la capacidad de disputar el poder a la derecha, a la que acusó de hacer promesas engañosas.

El senador del Pacto Histórico también amplió sus críticas al uribismo y a sus principales figuras, incluyendo a Valencia y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Con ellos nos vemos en las urnas, con Uribe nos vemos en las urnas”, afirmó.

El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar críticas contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en medio de la actual crisis diplomática y comercial entre ambos países. A través de su cuenta en X, el mandatario colombiano acusó a sectores políticos cercanos al gobierno ecuatoriano de estar vinculados con estructuras criminales que, según afirmó, interfieren en la política de “paz total” que impulsa su administración.

De acuerdo con Petro, desde Ecuador se estaría saboteando tanto el programa de paz en Colombia como los esfuerzos de erradicación masiva y voluntaria de cultivos ilícitos en el sur del país. En esa línea, sostuvo que estos avances no serían bien recibidos por lo que denominó “la mafia ecuatoriana y sus políticos”, a quienes señaló de participar en un sabotaje integral que, aseguró, contaría incluso con la colaboración de policías corruptos en Estados Unidos y Colombia.

El jefe de Estado también acusó a Noboa de utilizar a Colombia y a su gobierno para desviar la atención sobre sectores de poder en Ecuador que, según dijo, estarían ligados al narcotráfico. En su mensaje, insistió en que esa relación entre política, poder y economías ilegales es la que fortalece el narcotráfico y alimenta la violencia en la región.

Petro además cuestionó la situación de seguridad en Ecuador, país que, según afirmó, se habría convertido en el mayor exportador de cocaína del mundo y tendría una tasa de homicidios que duplica la de Colombia.

Como sustento de sus denuncias, el mandatario aseguró que las armas utilizadas para cometer homicidios en el Cauca provienen de Ecuador, incluyendo municiones y explosivos que ingresarían por la frontera. También afirmó que, mientras el gobierno ecuatoriano lo acusa de tener nexos con bandas criminales, serían en realidad algunos políticos de ese país quienes tendrían esos vínculos y los estarían utilizando.

En el mismo sentido, señaló que desde Ecuador se habría intentado fracturar el proceso de paz en el sur de Colombia mediante acciones como la explosión de laboratorios, que —según indicó— han dejado decenas de civiles muertos. Agregó que se han solicitado extradiciones de personas vinculadas a procesos de paz, pese a que su gobierno, afirmó, ya ha extraditado a 800 individuos. Finalmente, aseguró que estas acciones buscan debilitar el comercio legal para favorecer el ilegal.

Con la llegada de la temporada del Día de la Madre, la segunda fecha más importante para la floricultura colombiana después de San Valentín, el Instituto Colombiano Agropecuario reafirmó su papel como aliado estratégico del sector. Para esta celebración, se proyecta la exportación de más de 61.000 toneladas de flores, lo que representaría ingresos cercanos a los 430 millones de dólares para el país.

El posicionamiento de las flores colombianas en más de 100 destinos internacionales responde a estrictos procesos de inspección y control. Según el Instituto, actualmente hay 1.042 empresas exportadoras y 5.239 lugares de producción registrados, que han recibido acompañamiento técnico en más de 2.800 visitas realizadas entre 2025 y los primeros meses de 2026. Este seguimiento ha contribuido a consolidar a Colombia como el principal exportador mundial de claveles y un proveedor clave en mercados exigentes como Estados Unidos, Canadá y Japón.

El sector floricultor, que aporta el 5,8 % de la producción agropecuaria nacional, mantiene una tendencia de crecimiento. En 2025 cerró con 340.000 toneladas exportadas por un valor de 2.400 millones de dólares. Solo en enero de este año se enviaron al exterior 26.204 toneladas, lo que representa un incremento del 12 % frente al mismo mes del año anterior.

De acuerdo con el subgerente de Protección Fronteriza del ICA, Wilkien Ramírez, la cosecha para el Día de la Madre proyecta un aumento del 18 % en valor frente a periodos anteriores. La producción se concentra principalmente en Cundinamarca, con el 70 %, seguido de Antioquia, con el 28 %, regiones que reúnen el 98 % de las 11.200 hectáreas cultivadas en el país. En cuanto a la logística, el 94 % de las flores se transporta por vía aérea y el 6 % por vía marítima, lo que garantiza su frescura, especialmente en especies como rosas, crisantemos y hortensias.

Con estas acciones, el Gobierno nacional y el ICA buscan fortalecer la labor de los floricultores y asegurar que el sector continúe ganando espacio en los principales mercados internacionales.

Luego de que la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines anunciara el cese definitivo de sus operaciones tras 34 años en el mercado, la Aeronáutica Civil activó un plan de contingencia para atender a los usuarios afectados.

La cancelación inmediata de todos los vuelos y la suspensión de su servicio de atención al cliente impacta a cerca de 10.000 pasajeros en Colombia, de acuerdo con la Aerocivil.

En un comunicado, la entidad señaló que la decisión tomó por sorpresa al sector, ya que la aerolínea había expresado hasta el último momento su intención de continuar operando con normalidad en el país.

Ante este panorama, se activaron los protocolos de atención para los viajeros. La Superintendencia de Transporte será la encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos de los pasajeros, mientras que otras aerolíneas comenzaron a anunciar medidas de apoyo. Avianca, por ejemplo, puso en marcha un plan de protección para reubicar sin costo a viajeros con tiquetes entre el 2 y el 16 de mayo, sujeto a disponibilidad. Por su parte, LATAM Airlines evalúa alternativas para atender la demanda.

Aunque Spirit Airlines informó que los pasajeros podrán solicitar reembolsos por los tiquetes adquiridos, aclaró que no brindará asistencia para la reprogramación de vuelos con otras aerolíneas, lo que deja a miles de viajeros afectados en plena temporada de desplazamientos.

Por ahora, la Aeronáutica Civil aseguró que mantendrá presencia en los aeropuertos para orientar a los usuarios y coordinar acciones con las distintas entidades del sector.