Categoría: Actualidad

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó sobre una solicitud que busca revocar la inscripción del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en el marco de las elecciones del próximo 31 de mayo, tras una petición ciudadana que pone en duda la validez de los apoyos presentados para su candidatura.

Según el auto, el CNE consideró necesario recaudar y verificar el material probatorio que permita esclarecer los hechos señalados, por lo que ordenó la práctica de pruebas antes de adoptar una decisión de fondo. En ese contexto, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil certificar el número total de firmas entregadas, cuántas fueron válidas y, en caso de inconsistencias, explicar las razones de su anulación.

La solicitud de revocatoria fue presentada por el ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien sostiene que la inscripción del candidato se habría realizado con documentos falsos y firmas que no corresponderían a los ciudadanos, lo que, a su juicio, vulnera el principio de buena fe.

Además de requerir información a la Registraduría, el CNE pidió al candidato y al comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos “Defensores de la Patria” que se pronuncien sobre los hechos. También solicitó al denunciante precisar la causal de revocatoria y aportar las pruebas que respalden sus señalamientos.

El tribunal electoral recordó que tiene la facultad de revocar inscripciones cuando exista plena prueba de una causal de inhabilidad, aunque subrayó que cualquier decisión debe respetar el debido proceso y el calendario electoral vigente.

Por ahora, el caso se encuentra en etapa probatoria y no implica una decisión definitiva sobre la candidatura de De la Espriella.

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X sobre la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos contra Cuba, frente a la cual expresó su rechazo y pidió preservar la estabilidad en la región.

El mandatario advirtió que un eventual ataque no solo afectaría a la isla gobernada por Miguel Díaz-Canel, sino que tendría repercusiones en toda América Latina. “No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica”, señaló.

Asimismo, reiteró su postura sobre el papel del Caribe en el contexto internacional, al insistir en que debe mantenerse como una zona libre de conflictos armados. “Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse”, escribió.

Petro también defendió el principio de soberanía, afirmando que “son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país”.

“El continente americano vivirá en paz si nadie pretende imponerse sobre los demás”, concluyó.

El Consejo Nacional Electoral instó a las 13 campañas presidenciales a postular cuanto antes a sus auditores de sistemas, con el fin de fortalecer la vigilancia técnica y garantizar su participación en los simulacros previos a las elecciones de 2026.

Estos auditores desempeñan un papel fundamental en el acompañamiento, verificación y auditoría de los componentes tecnológicos del proceso electoral, contribuyendo a asegurar la transparencia, la legitimidad y las garantías institucionales.

Para este proceso se han programado cuatro simulacros: preconteo (16 de mayo), escrutinio (19 y 20 de mayo), digitalización del formulario E-14 (21 de mayo) y el sorteo de jurados de votación (del 4 al 6 de mayo en 1.104 municipios).

Las campañas que postulen auditores antes del 15 de mayo podrán participar en los ejercicios de preconteo, escrutinio y digitalización. En tanto, quienes los inscriban antes del 3 de mayo podrán hacerlo en el simulacro de sorteo de jurados.

De acuerdo con la Resolución 1084 de 2026, cada agrupación política podrá acreditar hasta dos auditores por centro de cómputo o de procesamiento de datos en los niveles municipal, distrital, departamental y nacional.

Hasta el momento, se han postulado 566 auditores a través de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales.

El plazo máximo para la inscripción vence el 17 de mayo a las 11:59 p. m. Las elecciones de presidente y vicepresidente de la República se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026.

Un nuevo caso de sarampión fue confirmado en Cartagena de Indias. Se trata de un hombre de 25 años cuya fuente de contagio aún se encuentra en investigación.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, el paciente presenta buen estado de salud y permanece bajo seguimiento médico, mientras se adelanta el rastreo de contactos estrechos para evitar posibles cadenas de transmisión.

Las autoridades informaron que el caso fue confirmado en el marco de una Sala de Análisis de Riesgo (SAR), mecanismo mediante el cual se evalúan este tipo de eventos en salud pública.

Con este reporte, el país completa seis casos de sarampión en lo corrido del año: cuatro importados desde México, uno desde Estados Unidos y este último, cuyo origen aún está en estudio.

El nuevo contagio se registra en medio de una alerta regional por brotes activos en países como Estados Unidos, México y Canadá. Por ello, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente en personas que tengan previsto viajar al exterior.

El Ministerio de Salud, en articulación con el Instituto Nacional de Salud, señaló que continúa reforzando las acciones de vigilancia epidemiológica y respuesta ante el riesgo de introducción y propagación del virus.

Ante la presencia de síntomas o sospecha de exposición, se recomienda acudir de inmediato a los servicios de salud, mantener aislamiento preventivo y evitar el contacto con poblaciones vulnerables. Asimismo, se insiste en medidas como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en caso de síntomas respiratorios y la adecuada ventilación de espacios cerrados.

Las autoridades recalcaron que la vacunación oportuna y la detección temprana siguen siendo las principales herramientas para prevenir la propagación del sarampión en Colombia.

La curul del senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, fue demandada ante el Consejo de Estado mediante una acción de pérdida de investidura, luego de que fuera condenado en primera instancia por hechos de corrupción.

La solicitud fue presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno, quien pidió retirar al congresista de su cargo e inhabilitarlo para ejercer funciones públicas, tras la sentencia a 23 años de prisión en el caso conocido como “Marionetas 2.0”.

El demandante anunció que entregará la credencial que acredita a Ramírez como senador para el periodo en el que ocurrieron los hechos investigados, requisito solicitado por el alto tribunal para admitir la demanda, que será estudiada por el magistrado Wilson Arias Girón.

Según explicó Moreno, el despacho del magistrado consideró que los hechos y conductas ya estaban debidamente sustentados, pero pidió subsanar ese requisito formal antes de dar trámite al proceso. En ese sentido, indicó que la corrección se presentará para que la acción continúe su curso.

En la demanda, de más de 500 páginas, se argumenta que las conductas por las cuales fue condenado el senador constituyen tráfico de influencias e indebida destinación de recursos públicos, lo que daría lugar a la llamada “muerte política”.

De acuerdo con el documento, Ramírez habría intervenido para favorecer la adjudicación de al menos 13 contratos por cerca de 24.000 millones de pesos desde el Departamento para la Prosperidad Social a la empresa Proyecta Quindío, a cambio de beneficios económicos y electorales.

El texto también señala que el congresista habría utilizado su investidura para influir en funcionarios públicos, apoyándose en su equipo de trabajo para coordinar reuniones con contratistas y autoridades regionales, en un esquema que, según el demandante, fue acreditado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

Para el accionante, estas actuaciones evidencian una desviación del poder con fines particulares, afectando la moralidad pública y la confianza de los ciudadanos en sus representantes. Además, sostiene que hubo una utilización indebida de recursos públicos mediante el direccionamiento de contratos y el pago de dádivas.

La demanda también solicita la práctica de pruebas testimoniales, entre ellas la de la gerente de la empresa involucrada, con el fin de ampliar los elementos de juicio dentro del proceso.

El Consejo de Estado deberá ahora evaluar la solicitud y determinar si procede la pérdida de investidura del congresista, una de las sanciones más severas en el ordenamiento político colombiano.

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó iniciar una actuación especial de inspección y vigilancia sobre el modelo de salud del magisterio (FOMAG), con el fin de evaluar su funcionamiento, la calidad en la prestación de los servicios y la administración de los recursos.

La medida fue adoptada por el superintendente Daniel Quintero Calle, tras una solicitud del presidente Gustavo Petro, quien pidió indagar posibles irregularidades dentro del sistema.

La investigación tendrá carácter prioritario e incluirá una revisión integral de aspectos como los procesos de contratación, la red de atención, el suministro de medicamentos, las autorizaciones médicas, la gestión de quejas y el flujo de recursos destinados a docentes, pensionados y sus beneficiarios.

Asimismo, la Supersalud analizará el papel de los distintos actores involucrados en la operación del modelo, entre ellos la Fiduprevisora, además de prestadores de servicios de salud, operadores y gestores farmacéuticos.

Según el documento oficial, se revisará la actuación de todas las entidades vinculadas al sistema, incluyendo interventorías y demás instancias relacionadas con la administración de los recursos del Fondo.

Entre las acciones previstas se contempla la elaboración de una matriz de riesgos, la identificación de posibles responsables y el eventual traslado de hallazgos a organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

La decisión se produce en medio de denuncias por presuntas irregularidades en el sistema de salud del magisterio, que actualmente atiende a cientos de miles de afiliados en el país.

La entrada en vigencia de una nueva resolución del Ministerio de Transporte sobre vehículos y transporte de carga despertó la crítica de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), que aseguró que la medida introduce restricciones que afectan el acceso al mercado y alteran su funcionamiento. El gremio sostiene que los cambios al reglamento del sector impactan directamente la dinámica de renovación del parque automotor de carga, así como las condiciones de entrada de nuevos vehículos al país.

De acuerdo con el pronunciamiento de Aconauto, uno de los puntos centrales es la obligación de realizar aportes al Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (FOPAT) como requisito para matricular vehículos nuevos. La organización afirma que esta condición podría desacelerar el proceso de modernización del parque automotor, al exigir un pago equivalente al 25 % del valor del vehículo para acceder a la matrícula. Además, cuestiona que la medida se justifique en la formalización de transportadores, al considerar que esa responsabilidad no debería trasladarse al conjunto de actores del mercado.

El gremio advierte que las nuevas condiciones podrían generar distorsiones tanto en la oferta como en la demanda de vehículos de carga, con efectos como restricciones para el ingreso de unidades nuevas, un posible encarecimiento de los procesos de matrícula y alteraciones en los precios. También menciona riesgos asociados a esquemas ya utilizados en el pasado, como el mecanismo de reposición, que implica retirar un vehículo antiguo para permitir el ingreso de uno nuevo y que, según su evaluación, generó efectos negativos en experiencias anteriores.

En su comunicación oficial, el Ministerio de Transporte señaló que la reglamentación busca impactar positivamente al sector logístico del país y fortalecer un segmento estratégico encargado de movilizar mercancías y garantizar el abastecimiento en distintas regiones. La entidad explicó que el ingreso de nuevos vehículos podrá realizarse mediante esquemas como la reposición y la posibilidad de cambiar el servicio de vehículos de uso particular a público.

Aconauto también manifestó preocupaciones sobre la implementación de los cambios en el servicio de los vehículos, al considerar que la normativa no detalla completamente las condiciones para este proceso, lo que podría generar incertidumbre. Asimismo, advirtió que limitar el ingreso de nuevas unidades podría afectar la eficiencia del sistema logístico, así como aspectos relacionados con la seguridad y la competitividad del sector transporte.

El pronunciamiento del gremio incluyó críticas directas a la medida y a sus posibles consecuencias. El presidente ejecutivo de Aconauto, Pedro Nel Quijano, afirmó: «En la mentalidad retorcida del presidente Petro, la inversión en vías está proscrita porque -dice él- que son para los ricos que tienen carro. Con esa premisa, en Colombia no hay pobreza porque entre vehículos y motos hay 22 millones de ricos».

El Consejo de Estado de Colombia admitió una demanda que solicita la pérdida de investidura del congresista Germán Rogelio Rozo Anís, del Partido Liberal Colombiano, reelegido por el departamento de Arauca para el período 2026-2030.

Según el recurso, Rozo Anís habría incurrido en presunto tráfico de influencias e indebida destinación de recursos públicos. La solicitud fue presentada por el activista Dumar Eliecer Blanco Ruiz, quien cumplió con los requisitos para iniciar el trámite, lo que permitió que el caso fuera admitido para estudio en la Sección Quinta.

El proceso corresponde a una fase inicial, por lo que aún no existe un fallo de fondo. Se trata, además, de la segunda demanda relacionada con representantes electos por Arauca.

La otra acción judicial fue interpuesta por José Trinidad Sierra Sierra, excandidato de la lista liberal, quien reclama que la segunda curul del departamento le sea asignada a él y no a Manuel Alexander Pérez Rueda, del Centro Democrático.

En este caso, el alto tribunal, bajo la ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, también decidió dar trámite a la demanda que cuestiona la legalidad de la elección de Pérez Rueda para el período legislativo que inicia el 20 de julio de 2026.

La controversia se centra en la forma en que fueron asignadas las curules tras las elecciones legislativas de marzo. El demandante sostiene que la Comisión Escrutadora Departamental aplicó un mecanismo que no se ajusta al modelo constitucional vigente.

El debate radica en que, aunque el liberalismo obtuvo una mayor votación, no necesariamente le corresponderían ambas curules, dado que en departamentos como Arauca, donde se eligen solo dos representantes, uno de los escaños se asigna mediante el cuociente electoral para garantizar la representación de fuerzas minoritarias y evitar la concentración del poder político.

La Federación Colombiana de Ganaderos alertó sobre un proyecto de decreto del Ministerio de Comercio Industria y Turismo que busca limitar la exportación de ganado en pie, al considerar que la iniciativa genera incertidumbre en el sector y podría tener problemas de legalidad.

El borrador establece un cupo máximo de 66.700 toros menores de dos años que podrían exportarse durante seis meses, una medida aplicable a animales clasificados en una subpartida arancelaria específica. En la práctica, esto implicaría un tope a las ventas externas de este tipo de ganado.

El presidente ejecutivo del gremio, José Félix Lafaurie Rivera, sostuvo que Colombia no tendría margen para imponer este tipo de restricciones debido a compromisos internacionales vigentes.

Según explicó, el país incorporó a su legislación el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio mediante la Ley 170 de 1994, que contempla la eliminación de restricciones cuantitativas a las exportaciones, incluyendo contingentes o cupos. Bajo esa interpretación, el límite propuesto en el decreto se configuraría como un contingente de exportación, figura prohibida por ese acuerdo y que podría entrar en conflicto con normas de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico colombiano.

El gremio advirtió que, de aprobarse en su forma actual, el decreto podría ser demandado y eventualmente anulado en la jurisdicción contencioso administrativa. También señaló posibles efectos en el ámbito internacional, como controversias comerciales o eventuales represalias en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

Más allá del debate jurídico, FEDEGÁN indicó que una medida de este tipo podría impactar al sector ganadero, en un momento en que la exportación de ganado en pie se ha consolidado como una fuente relevante de ingresos para los productores.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, denunció una escalada de ataques atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) mediante el uso de drones en el municipio de Río Iró, donde en las últimas horas se han registrado seis acciones con cinco detonaciones que dejaron dos patrulleros de la Policía Nacional de Colombia heridos por explosivos.

“En este momento el ELN ataca con drones la estación de Policía de Santa Rita, cabecera municipal de Río Iró. Al momento tenemos dos patrulleros de la Policía Nacional heridos por los explosivos”, señaló la mandataria.

La gobernadora precisó que los hechos corresponden a “seis acciones con cinco detonaciones”, que han afectado tanto a los miembros de la fuerza pública como a la infraestructura de la estación, lo que evidencia la intensidad de la ofensiva en esta zona del país.

Asimismo, advirtió que el uso de drones en este tipo de ataques “es repetitivo” en Río Iró y sus alrededores, y sostuvo que “las medidas ordinarias ya no dan abasto frente a esta arremetida criminal que pone en jaque la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía”.

De acuerdo con un reporte oficial de la Policía, el primer incidente se registró hacia las 3:25 de la tarde, cuando un artefacto explosivo improvisado fue lanzado desde un dron contra la estación de Santa Rita. Posteriormente, hacia las 5:05 p.m., ya se contabilizaban cinco detonaciones, además de un sexto artefacto que habría caído en el patio trasero de la instalación y que está pendiente de verificación.

El informe preliminar indica que los uniformados lesionados son el mayor César Augusto Jerez Ballén, comandante de la estación, quien presenta una herida en el cuello por esquirlas, y el patrullero Heiler Chaverra Perea, secretario de la estación, con una herida en la pierna izquierda. Ambos están siendo evaluados para determinar la gravedad de sus lesiones.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a una publicación en redes sociales sobre el aumento en el precio de la gasolina en el país.

El contenido señalaba que desde el primero de mayo el galón subió 400 pesos, alcanzando un promedio cercano a los 16.000 pesos. También indicaba que en algunas estaciones de servicio de Tunja el incremento aún no se refleja debido a las reservas disponibles.

A través de su cuenta en X, el mandatario recomendó a los usuarios de vehículos a gasolina, gas o diésel migrar hacia vehículos eléctricos. Según afirmó, estos pueden cargarse con energía solar de forma gratuita, lo que representaría un ahorro para los hogares y un aumento en los ingresos reales de quienes dependen de sus vehículos para trabajar.

El pronunciamiento se da en medio de las discusiones por los incrementos sostenidos en el precio de los combustibles, una medida que el Gobierno ha defendido como necesaria para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

El presidente Gustavo Petro reveló, a través de su cuenta en X, nuevos detalles sobre la propuesta de asamblea constituyente impulsada por su gobierno. El mandatario indicó que, de reunirse las firmas necesarias, la iniciativa sería presentada ante el nuevo Congreso de la República el próximo 20 de julio.

Según explicó, la eventual constituyente incluiría capítulos orientados a garantizar los derechos fundamentales de los colombianos, en línea con las reformas sociales que, aseguró, han sido bloqueadas por sectores del Congreso y algunas instancias judiciales. También planteó una reforma al sistema político y judicial con el objetivo de combatir la corrupción. “No cambiaremos más”, afirmó.

El jefe de Estado subrayó que la propuesta mantendría el modelo de Estado Social de Derecho y aseguró que no se afectaría ni la actividad del nuevo Congreso ni las funciones de la Corte Constitucional.

En su mensaje, Petro insistió en que las reformas sociales y los cambios estructurales en los sistemas político y judicial son claves para ampliar las oportunidades y avanzar en el desarrollo del país.

Por otra parte, en una publicación adicional, el mandatario solicitó a las mesas directivas del Congreso remitir al Consejo de Estado los registros de inasistencia de los legisladores a comisiones y plenarias, con el fin de aplicar las sanciones previstas en la ley.

“El Gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados conforme a las normas”, señaló el presidente.

De acuerdo con la legislación vigente, un congresista puede perder su investidura si acumula seis inasistencias en un mismo periodo a sesiones plenarias donde se debatan proyectos, actos legislativos o mociones de censura, lo que además le impediría aspirar nuevamente a cargos de elección popular.

El exconcejal Juan Martín Bravo Castaño radicó una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se investiguen presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Iván Cepeda durante la consulta realizada el 26 de octubre de 2025.

A través de sus redes sociales, Bravo dio a conocer apartes del documento, en el que se detallan los antecedentes y el estado actual del proceso. La actuación se conoce en medio de la campaña presidencial, cuya primera vuelta está prevista para el próximo 31 de mayo.

Según el documento, el CNE inició una indagación preliminar contra el candidato, en aplicación del artículo 23 de la Ley 1475 de 2011. En ese marco, se solicitó que en un plazo de diez días hábiles se entregue una copia completa del informe de ingresos y gastos de la campaña, junto con su respectiva revisión técnica.

También se requirió la remisión de documentos, soportes y anexos registrados en el aplicativo Cuentas Claras, así como copias de los formularios de inscripción (E-6, E-7 y E-8) y los documentos que acrediten el aval del partido o movimiento político.

De igual forma, el organismo pidió al candidato un pronunciamiento sobre los hechos materia de investigación, además de los documentos que pretenda hacer valer como prueba. En la solicitud también se mencionan otros cuatro hechos que podrían configurar una posible violación al régimen de financiación de campañas.

Tras hacer pública la información, Bravo aseguró que podrían derivarse sanciones como resultado de esta indagación preliminar. Hasta el momento, Iván Cepeda no se ha pronunciado sobre el caso y se está a la espera de nuevos avances.

En paralelo, el candidato anunció movilizaciones para este 1 de mayo en respaldo a las familias afectadas por recientes hechos de violencia en el país. El anuncio se dio luego de una jornada violenta que deja al menos 20 víctimas mortales.

Cepeda indicó que estas acciones buscan rechazar los ataques y envió un mensaje político frente al contexto actual. “Lo que se pretende es generar miedo y la sensación de que se debe volver a fórmulas que ya han fracasado. Buscan fortalecer proyectos de extrema derecha y frenar la movilización de quienes nos respaldan”, afirmó.

En la recta final de la campaña presidencial, ya quedaron definidas las fechas para los debates en el sistema de medios públicos. Tras una reunión en Bogotá entre delegados de las campañas y RTVC, se acordó la realización de tres encuentros que se llevarán a cabo los días 6, 13 y 20 de mayo, en horario de 8:00 a 10:00 de la noche.

Los debates tendrán lugar en el Estudio 1 de RTVC y contarán con una duración máxima de dos horas. También se establecieron los temas que marcarán cada jornada: el primero estará enfocado en justicia, el segundo en agenda social y el tercero en economía, con el propósito de abordar los principales ejes de la discusión nacional en medio de la contienda electoral.

El anuncio representa un avance luego de varias semanas de incertidumbre sobre la realización de estos espacios, cuya organización había sido exigida por distintos sectores. No obstante, aún quedan aspectos por definir, como la metodología de los debates, el formato de participación de los candidatos y la elección de los moderadores, puntos que deberán resolverse en los próximos días.

Este escenario se da después de que al menos siete candidaturas, entre ellas las de Claudia López, Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo, Roy Barreras y Carlos Caicedo, solicitaran formalmente estos encuentros. Los aspirantes argumentaron la necesidad de garantizar condiciones equitativas en la campaña y ofrecer a la ciudadanía un contraste real de propuestas.

En su momento, los candidatos advirtieron que la ausencia de debates podría afectar el nivel de información con el que los colombianos acuden a las urnas, en un proceso clave para definir el rumbo del país.

Con el calendario ya establecido, la atención ahora se centra en la forma en que se desarrollarán estos encuentros y en si lograrán responder a las expectativas de una ciudadanía que, a pocas semanas de votar, espera ver a los aspirantes confrontar sus ideas en igualdad de condiciones.

El Ministerio de Salud introdujo cambios significativos en las reglas de acceso a la eutanasia en Colombia con la expedición de la Resolución 813 de 2026. La nueva normativa actualiza la regulación del derecho a morir dignamente y elimina una de las principales barreras existentes: ya no será obligatorio que el paciente se encuentre en fase terminal para solicitar el procedimiento.

A partir de ahora, también podrán acceder personas que padezcan un sufrimiento intenso derivado de una enfermedad grave e incurable o de una condición de salud extrema, incluso si no están en los últimos meses de vida. Esta decisión responde a fallos de la Corte Constitucional que habían ordenado facilitar el acceso a este derecho y garantizar su aplicación sin obstáculos.

La resolución, además, plantea un enfoque más amplio que trasciende el procedimiento eutanásico. El derecho a morir dignamente se entiende como un proceso integral que incluye alternativas como los cuidados paliativos, orientados a aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida, así como la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, que permite suspender tratamientos que únicamente prolongan el sufrimiento del paciente.

Estas opciones no son excluyentes, por lo que cada persona puede decidir, de acuerdo con sus valores y su situación médica, cómo afrontar el final de su vida. En ese sentido, la norma también establece que no es obligatorio agotar todos los tratamientos disponibles para acceder a la eutanasia.

Otro de los cambios clave está en el fortalecimiento de la autonomía del paciente. La decisión debe ser libre, informada y sin ningún tipo de presión externa. En los casos en los que la persona no pueda expresar su voluntad, se contemplan mecanismos como el consentimiento sustituto o la interpretación de manifestaciones previas verificables, siempre con el objetivo de respetar lo que el paciente habría decidido.

La norma es enfática en que nadie puede tomar decisiones sin un sustento claro de la voluntad del paciente. Asimismo, se actualiza el rol de los comités médicos: los comités de eutanasia deberán evaluar cada caso, mientras que los comités de ética hospitalaria acompañarán las decisiones más complejas dentro del sistema de salud.

Con estos ajustes, la Resolución 813 de 2026 representa un cambio de fondo en la regulación del derecho a morir dignamente en el país, al ampliar el acceso, eliminar barreras y situar la autonomía del paciente como eje central de este proceso.

Comenzó el año y con ello Colombia tiene un nuevo incremento el precio de la gasolina, esto luego de que el ministro de Hacienda anunciara un alza de $400 por galón, con lo que el valor promedio en el país se ubica cerca de los $16.000.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la decisión responde al contexto internacional, especialmente a las tensiones en Medio Oriente.

El ajuste se suma a las recientes variaciones en el precio del combustible. A comienzos de año, el Gobierno había reducido la gasolina en $1.000, pero en abril revirtió parcialmente esa medida con un aumento de $375, al que ahora se adiciona este nuevo incremento.

Con el alza, los precios de referencia en algunas ciudades quedarían así: en Bogotá alrededor de $16.291, en Medellín cerca de $16.211 y en Cali sobre los $16.300 por galón.

El incremento está directamente relacionado con el encarecimiento del petróleo a nivel internacional, impulsado por el conflicto en Medio Oriente y la posible afectación del tránsito de crudo por el Estrecho de Ormuz, ruta clave por donde circula cerca del 20% del suministro mundial.

En el ámbito local, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha servido para amortiguar estas variaciones. No obstante, el déficit acumulado de este mecanismo llevó al Gobierno a aplicar incrementos progresivos desde 2022 con el fin de reducir la deuda.

El desempleo en Colombia se ubicó en 8,8 % durante marzo, la cifra más baja para este mes en los últimos ocho años, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El indicador representa una reducción de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior, cuando la tasa de desocupación nacional fue de 9,6 %.

Según el reporte oficial, en el último año se generaron cerca de 650.000 nuevos puestos de trabajo, impulsados principalmente por sectores como la administración pública, defensa, educación y salud. También se registraron aportes positivos en actividades financieras y de seguros, así como en el área de servicios públicos.

En contraste, la agricultura y la industria fueron los sectores más afectados, con la pérdida de más de 242.000 y 166.000 empleos, respectivamente, siendo las únicas ramas de la economía que registraron caídas en el periodo analizado.

Del total de empleos creados, la mayoría correspondió a trabajo por cuenta propia, con 457.000 nuevos ocupados, superando ampliamente los 361.000 empleos generados por empresas privadas.

La reducción del desempleo estuvo acompañada por una disminución en la informalidad, que pasó de 57,7 % a 55,6 %, reflejando una leve mejora en la calidad del empleo en el país.

El Gobierno colombiano avanza en su estrategia para el manejo del hipopótamo como especie invasora y confirmó que radicó una solicitud formal ante el Gobierno de India para evaluar la posibilidad de trasladar 80 ejemplares desde el país hacia el centro Vantara, iniciativa vinculada a la red de Reliance Industries.

La petición busca no solo el aval diplomático, sino también verificar que este centro cuente con permisos ambientales vigentes, respaldo científico y condiciones zoosanitarias adecuadas para recibir a los animales. El proceso se rige por los lineamientos de la Convención CITES, que regula el comercio internacional de especies.

Desde el Ministerio de Ambiente se reiteró que la translocación no depende exclusivamente de actores privados, sino que requiere autorizaciones gubernamentales y el cumplimiento estricto de acuerdos internacionales en materia de biodiversidad.

El traslado hace parte de las medidas contempladas en el Plan para la Prevención, Control y Manejo del Hipopótamo, adoptado en 2024, y responde a decisiones basadas en evidencia científica y en fallos judiciales vigentes.

Entre las prioridades del Gobierno se mantienen la protección de los ecosistemas, la conservación de las especies nativas y la mitigación del impacto que los hipopótamos han generado en distintas regiones del país, donde han alterado el equilibrio ambiental. Asimismo, se busca avanzar en soluciones técnicas y diplomáticas que permitan un manejo integral y sostenible de esta problemática.