Categoría: Actualidad

Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana estuvo a punto de despegar en el aeropuerto Jorge Enrique González de San José del Guaviare, pero una falla técnica obligó a suspender la maniobra.

La aeronave retornó a plataforma antes de iniciar el vuelo. Aunque no se reportaron heridos, se activaron los protocolos de seguridad en pista.

El trayecto previsto tenía como destino Tolemaida, en Tolima, y contemplaba el traslado de personal militar.

De acuerdo con información oficial, el despegue se mantendrá suspendido hasta que los técnicos verifiquen que existen condiciones seguras para volar.

Entretanto, las unidades fueron regresadas a la Brigada 22 de Selva, mientras se define la reanudación del vuelo en las próximas horas.

El Gobierno nacional anunció una ofensiva militar y policial sin precedentes, apoyada en tecnología avanzada y una bolsa de recompensas, con el objetivo de desarticular estructuras criminales que operan en el suroccidente del país y restablecer la seguridad en la región.

Tras los recientes hechos violentos, el Ejecutivo lideró un consejo de seguridad extraordinario en Palmira para definir una hoja de ruta inmediata. Como parte de las medidas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció recompensas de hasta 5.000 millones de pesos por alias ‘Marlon’, 500 millones por alias ‘Max Max’ y 200 millones por alias ‘Yogui’.

Además, se estableció un incentivo de hasta 200 millones de pesos para quienes suministren información que permita prevenir nuevos atentados, como parte de una estrategia que busca fortalecer la colaboración ciudadana a través de la línea 157.

En el plano operativo, el Gobierno confirmó el refuerzo del dispositivo de seguridad con la llegada de ocho nuevos pelotones del Ejército Nacional y dos unidades blindadas, que serán desplegadas en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Asimismo, se incorporarán sistemas aéreos no tripulados (drones) para mejorar las labores de vigilancia y monitoreo, con el fin de optimizar la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública.

El jefe de la cartera de Defensa rechazó el uso de artefactos explosivos en zonas urbanas y la utilización de vehículos escolares por parte de grupos armados, calificando estas prácticas como graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. “Los atentados terroristas son una muestra cobarde de debilidad. Doblegarnos es darle espacio al terrorismo y no vamos a permitir que sigan afectando a la población civil”, advirtió.

La estrategia también contempla un enfoque en la asfixia financiera de estas estructuras, con el fortalecimiento de operaciones contra el narcotráfico y la minería ilegal, consideradas como principales fuentes de financiación de la violencia. En ese sentido, el ministro hizo un llamado a los integrantes de estos grupos a someterse a la justicia y evitar la acumulación de nuevos delitos.

El consejo de seguridad contó con la participación de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quienes destacaron la articulación con el Gobierno nacional para enfrentar la situación.

Finalmente, el ministro reiteró que el Estado utilizará toda su capacidad para garantizar el orden público y mantener una ofensiva sostenida contra quienes atenten contra la Fuerza Pública y la ciudadanía.

Un caso poco común volvió a poner sobre la mesa una pregunta que para muchos parece improbable: ¿pueden dos mellizos tener padres diferentes? De acuerdo con la ciencia, la respuesta es sí.

Así lo explicó el biólogo y doctor en genética William Usaquén, director del grupo de genética de poblaciones e identificación humana de la Universidad Nacional de Colombia, quien analizó un caso de este tipo registrado en el país. Según el experto, se trata de un evento extremadamente inusual dentro de la práctica científica.

El fenómeno, conocido como superfecundación, ocurre cuando una mujer libera más de un óvulo durante un mismo ciclo menstrual. En estos casos, los óvulos pueden ser fecundados en momentos cercanos, incluso con diferencia de uno a tres días.

Para que esto suceda, es necesario que haya relaciones sexuales con diferentes personas en un periodo muy corto, lo que permite que cada óvulo sea fecundado por un padre distinto.

El caso fue detectado mediante una prueba de paternidad. El análisis genético evidenció que uno de los mellizos coincidía plenamente con el presunto padre, mientras que el otro presentaba incompatibilidades. Ante este tipo de hallazgos, los especialistas aplican protocolos estrictos, que incluyen la repetición de las pruebas y la verificación de todas las muestras para garantizar la confiabilidad del resultado.

Aunque se trata de una situación excepcional, el experto señaló que podría haber más casos de los que se han documentado. Hasta ahora, desde el punto de vista científico, se han reportado alrededor de 20 en el mundo.

Finalmente, explicó que estas pruebas se basan en el estudio detallado del ADN, mediante el análisis de puntos específicos del genoma que permiten determinar qué información genética proviene de la madre y cuál del padre.

En medio del inicio de la carrera hacia la Casa de Nariño, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, avalado por el Partido Demócrata Colombiano, presentó sus principales propuestas de gobierno y marcó distancia con el Centro Democrático, colectividad de la que salió tras un proceso que calificó como “injusto”.

El aspirante aseguró que su candidatura surgió luego de ser excluido del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Señaló que cumplió con todas las normas internas, pero que su salida obedeció a decisiones sin debido proceso, y calificó al exmandatario como “autoritario” y “caudillo”.

Uribe Londoño explicó que su aspiración presidencial está motivada por continuar el legado de su hijo, Miguel Uribe Turbay, cuyo programa de gobierno —según dijo— decidió retomar. En materia de seguridad, planteó una postura crítica frente a la política de “paz total” y sostuvo que debe terminar el 7 de agosto, insistiendo en que los responsables de delitos deben ser judicializados. También vinculó el asesinato de su hijo con su oposición a esta estrategia, al asegurar que este hecho se dio por sus denuncias sobre sus implicaciones.

El candidato confirmó además que su relación con Álvaro Uribe Vélez “se terminó” y cuestionó a la senadora Paloma Valencia, a quien no ve con posibilidades de llegar a segunda vuelta. En contraste, destacó al también candidato Abelardo de la Espriella como un “profesional exitoso” y aseguró que lo respaldaría en una eventual segunda vuelta, al tiempo que se definió como “la tercera vía de la derecha” y una alternativa dentro de ese sector político.

Sobre la investigación por el asesinato de su hijo, indicó que aún no se han identificado plenamente los autores intelectuales. “Tengo indicios, pero no pruebas”, afirmó, aunque aseguró que estos estarían en Colombia. Finalmente, pidió el respaldo ciudadano resaltando su experiencia en el sector privado y su capacidad de gestión, con un mensaje directo a los votantes: “Confíen en mí, apóyenme”.

En el marco de la conmemoración del Día del Niño y la Niña, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre la persistencia de vulneraciones a los derechos de los menores en el país, a partir de cifras recientes que reflejan un panorama preocupante.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y febrero de 2026 se registraron 15 casos de reclutamiento de menores por grupos armados. Del total, el 73% corresponde a niños y adolescentes hombres, mientras que el 27% involucra a niñas y adolescentes mujeres.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó 62 casos de menores que han sido desvinculados de estas estructuras en lo corrido del año.

En relación con la violencia intrafamiliar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que entre enero y febrero se realizaron 1.062 valoraciones médico-legales a menores de edad.

En cuanto a la violencia sexual, la cifra asciende a 2.051 casos, siendo los menores entre los 10 y 14 años el grupo más afectado.

Frente a este escenario, la Procuraduría reiteró el llamado a reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional, e instó a las entidades del orden nacional, departamental y municipal a fortalecer la implementación de políticas públicas efectivas que garanticen el acceso a salud integral, educación con enfoque diferencial, espacios de recreación, participación y protección.

El Ministerio Público enfatizó que asegurar condiciones de vida digna, libres de violencia y con pleno goce de derechos para la niñez es una responsabilidad inaplazable tanto del Estado como de la sociedad, lo que exige una articulación efectiva entre instituciones y comunidades.

El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a la reciente ola de atentados en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, y aseguró que los responsables deben ser considerados “terroristas” y “criminales contra la humanidad”. En ese contexto, ordenó intensificar la ofensiva militar contra las disidencias armadas.

El mandatario hizo referencia puntual al ataque ocurrido en Cajibío, donde siete civiles murieron y 17 más resultaron heridos, varios de ellos pertenecientes a comunidades indígenas. Según explicó, los responsables estarían vinculados a estructuras ilegales bajo el mando de alias “Marlon”, quien ya habría sido identificado por los organismos de inteligencia.

Petro instruyó reforzar las acciones contra estos grupos, incluyendo el aumento de operaciones militares, el seguimiento a sus finanzas a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la activación de mecanismos de persecución internacional. “Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”, afirmó.

Asimismo, anunció que su Gobierno avanzará en una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional, con el objetivo de que los cabecillas de estas organizaciones sean investigados por crímenes graves.

El jefe de Estado señaló que el terrorismo busca generar miedo masivo en la población mediante la violencia, y advirtió que esta práctica ha sido utilizada históricamente tanto por regímenes autoritarios como por estructuras del narcotráfico para ejercer control social.

Finalmente, el presidente también responsabilizó a los frentes comandados por alias Iván Mordisco, a los que calificó como organizaciones criminales que deben responder por delitos de lesa humanidad. Según indicó, estos grupos tendrían intereses en favorecer a sectores políticos extremos con el fin de mantener sus economías ilegales ligadas al narcotráfico y la minería ilícita.

Un nuevo atentado con explosivos se registró en la tarde de este sábado 25 de abril en el municipio de Cajibío, afectando uno de los corredores viales más importantes del suroccidente del país: la vía Panamericana, en el tramo entre Piendamó y Popayán.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió en el sector conocido como El Túnel, donde un cilindro bomba impactó contra una buseta que transitaba por la zona. El hecho deja, de manera extraoficial, al menos siete personas muertas y otras 17 heridas.

La explosión causó graves daños en el vehículo, especialmente en el techo y las ventanas, como se observa en videos difundidos en redes sociales por testigos. Otros automotores que circulaban por el lugar también resultaron afectados por la onda expansiva.

Además, el estallido provocó daños en un tramo de la carretera, donde parte de la calzada habría quedado destruida. Esta situación podría generar restricciones en la movilidad y afectar el transporte en este importante eje vial.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial de víctimas. Sin embargo, se conoció que este sería el atentado número 11 registrado en menos de 24 horas en la región.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, concluyeron en Caracas un nuevo encuentro bilateral centrado en el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países.

La reunión se dio en el marco de la tercera Comisión de Vecindad, cuya acta final fue firmada por los cancilleres, y abarcó áreas como educación, comercio, ambiente, salud, seguridad y defensa. Según explicó Rodríguez, los dos gobiernos han trabajado en la recuperación de la relación binacional desde la reapertura de la frontera en 2022, luego de una fuerte caída en el intercambio comercial.

La mandataria venezolana destacó que, pese a las dificultades externas, el comercio entre ambos países ha mostrado señales de recuperación. Además, señaló que durante el encuentro se discutieron proyectos de interconexión eléctrica y gasífera, así como la reactivación de rutas aéreas para impulsar el turismo y el intercambio económico.

En materia de seguridad, Rodríguez aseguró que se avanza en estrategias conjuntas contra grupos criminales, incluyendo mecanismos de intercambio de información e inteligencia. Este enfoque ha sido uno de los ejes centrales del encuentro, dada la presencia de estructuras armadas en la extensa frontera común.

Por su parte, Petro hizo un llamado a profundizar la integración regional y evitar escenarios de confrontación. El mandatario insistió en que la relación entre ambos países debe basarse en la unidad, al considerar que comparten historia y vínculos más allá de la vecindad.

El encuentro en Caracas se produce semanas después de la reunión que estaba prevista para el 13 de marzo en la frontera y que fue suspendida por el Gobierno venezolano por razones de seguridad. A pesar de ese antecedente, la cita marca un nuevo paso en el restablecimiento y fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Dos acciones terroristas registradas en las últimas horas en Cali, Valle del Cauca, encendieron nuevamente las alarmas sobre el deterioro del orden público en el suroccidente colombiano, una zona marcada por la presencia de grupos armados ilegales.

El hecho más grave ocurrió cerca del batallón Pichincha, sede de la Tercera Brigada del Ejército, donde desconocidos lanzaron cilindros explosivos contra la instalación militar. Aunque uno de los artefactos no detonó, otro explotó en un bus cercano, provocando un incendio y dejando al menos dos personas heridas, sin gravedad.

De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, el ataque habría sido perpetrado por el frente Jaime Martínez, una disidencia de las antiguas FARC que opera en la región. Los responsables habrían utilizado un vehículo como plataforma para lanzar los explosivos antes de huir del lugar.

Horas después, las autoridades realizaron una detonación controlada del artefacto que no explotó inicialmente, mientras se desplegaban operativos para dar con los responsables. La Alcaldía de Cali ofreció recompensa por información que permita su captura.

Finalmente y en horas de la noche un nuevo atentado se presentó en Palmira, concretamente en inmediaciones del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, no se reportaron heridos.

La situación ha generado preocupación entre autoridades y ciudadanía, que advierten sobre el riesgo de una nueva escalada de violencia, en medio de las dificultades del Estado para controlar territorios estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilegales.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que durante la revisión de procesos licitatorios en curso se identificó la participación de estructuras empresariales que estarían relacionadas con el condenado por corrupción Emilio Tapia.

Según la funcionaria, estas organizaciones habrían intentado participar en al menos cuatro procesos de contratación estatal mediante la figura de consorcios, un mecanismo permitido por la normativa que posibilita la presentación conjunta de varias empresas sin que todas figuren directamente.

La alerta surgió en medio del análisis de un proceso vinculado al proyecto vial La Llanada–Sotomayor, donde se detectó que una de las firmas integrantes del consorcio aportaba la experiencia requerida para la licitación, pese a su situación jurídica.

De acuerdo con la revisión adelantada junto al Invías, la empresa en cuestión presenta antecedentes sancionatorios, se encuentra en proceso de liquidación judicial y requería autorización del liquidador para participar, requisito que no habría sido cumplido.

Tras la verificación de esta situación, el proceso licitatorio fue suspendido mientras se adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Desde el Ministerio se indicó que, bajo la legislación actual, este tipo de participación a través de consorcios no está restringida de manera automática, lo que limita la capacidad de impedir la intervención de empresas con antecedentes en contratación pública.

Finalmente, se emitió una alerta a otras entidades del Estado para que revisen sus procesos y verifiquen posibles situaciones similares, con el fin de fortalecer los controles en la contratación pública.

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, se refirió a la medida del Gobierno que ordena a los fondos privados de pensiones trasladar cerca de 25 billones de pesos correspondientes al ahorro de algunos afiliados hacia el régimen público.

La disposición no aplica para todos los cotizantes. Está dirigida a personas que previamente decidieron cambiarse de régimen pensional, pasando del sistema privado a Colpensiones. Este grupo representa alrededor de 127.000 afiliados dentro de un universo cercano a los 18 millones de aportantes activos.

Según lo explicado, el traslado de recursos responde al incremento de personas que han optado por cambiarse al régimen público mediante mecanismos como la doble asesoría. De ese total, cerca de 24.000 afiliados ya tienen derechos pensionales consolidados, lo que equivale a aproximadamente 5 billones de pesos.

El monto restante, cercano a los 20 billones de pesos, corresponde a afiliados que realizaron el traslado de manera voluntaria, pero que aún no cumplen los requisitos para pensionarse.

Desde Colpensiones se indicó que los recursos trasladados mantendrán su destinación pensional y estarán bajo administración del sistema público, en cumplimiento de la normativa vigente que establece que un afiliado solo puede pertenecer a un régimen a la vez.

La medida establece un plazo de un mes para que los fondos privados realicen el traslado de los recursos correspondientes.

Angie Rodríguez amplió ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por el delito de extorsión, en la que señala a varias personas, entre ellas el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo; Juliana Guerrero; y una persona privada de la libertad.

Dentro de la ampliación, la denunciante aportó información relacionada con números telefónicos y cuentas bancarias que habrían sido utilizadas para exigir consignaciones de dinero.

Rodríguez, quien se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), indicó que durante reuniones habría sido grabada sin su conocimiento y que posteriormente recibió exigencias económicas a cambio de no divulgar esos registros.

Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para verificar los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

La Contraloría General de Antioquia reactivó varios procesos relacionados con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que habían sido archivados anteriormente por falta de pruebas, con el fin de avanzar en la verificación de posibles irregularidades.

Las actuaciones abarcan 12 contratos que están bajo observación, entre ellos proyectos asociados al sistema de bicicletas públicas Encicla, el Parque de las Aguas y el Parque de Artes y Oficios en el municipio de Bello.

Uno de los procesos más avanzados corresponde a contratos vinculados al cuerpo de bomberos de Itagüí, en los que se investigan presuntas irregularidades por cerca de 18.000 millones de pesos. En este caso han sido vinculadas varias personas, entre ellas exfuncionarios y exdirectivos relacionados con dichas entidades.

De acuerdo con la entidad de control, se han abierto nuevas indagaciones preliminares y una investigación formal, además de una denuncia sobre el conjunto de contratos analizados. En el proceso han sido vinculadas al menos cinco personas.

La reactivación de estos casos fue posible tras la incorporación de nuevas pruebas provenientes de actuaciones judiciales, lo que permitió retomar las investigaciones que buscan establecer posibles responsabilidades en hechos ocurridos entre 2020 y 2023.

Por ahora, las autoridades avanzan en las audiencias correspondientes y en la evaluación de medidas dentro del proceso, mientras se define la situación jurídica de algunos de los implicados.