Categoría: Actualidad

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció la retención de tres ciudadanos colombianos que viajaban en la denominada Flotilla de la Libertad, la cual se dirigía hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

De acuerdo con lo expresado por el mandatario, las embarcaciones habrían sido interceptadas por fuerzas de Israel en aguas internacionales, situación que calificó como un “secuestro”. Según la información oficial, los tres colombianos se encontraban a bordo de diferentes barcos que integraban la flotilla.

Por su parte, autoridades israelíes informaron sobre la detención de cerca de 175 activistas que participaban en la misión, quienes estarían siendo trasladados a territorio israelí tras la interceptación de varias embarcaciones en aguas internacionales, cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de Gaza.

Reportes de seguimiento a la misión señalaron que al menos 22 barcos fueron interceptados durante la operación. Previamente, se había advertido que unidades militares israelíes habían rodeado la flotilla y emitido amenazas de intervención.

La llamada Flotilla de la Libertad había zarpado días antes desde el puerto de Augusta, en el sur de Italia, con el objetivo de llevar asistencia humanitaria a la población palestina en la Franja de Gaza.

El Comité Nacional de Cafeteros aprobó por unanimidad la propuesta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para poner en marcha el programa ‘Cosecha de Derechos Cafeteros – Fertilización para la Vida’, que contempla una inversión cercana a los 52.000 millones de pesos con el objetivo de proteger la caficultura frente a choques climáticos, económicos y de mercado asociados al Fenómeno de El Niño y a la coyuntura global de fertilizantes.

La iniciativa se proyecta como una de las principales apuestas del Gobierno en 2026 para salvaguardar el ingreso, la productividad y la estabilidad de cientos de miles de familias cafeteras. Tendrá alcance en 610 municipios de 23 departamentos, con impacto en cultivos tanto en proceso de renovación como en etapa productiva.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino Villegas, resaltó el papel de la caficultura como motor de la economía agropecuaria y señaló que el programa permitirá implementar acciones de prevención y mitigación, fortalecimiento de coberturas vegetales y fertilización de cultivos para garantizar la sostenibilidad del café colombiano.

Los recursos provienen del Fondo de Estabilización de Precios del Café y del programa Faia Mitigación 2026 del Ministerio. Se estima que hasta 108.000 productores recibirán apoyos directos, que incluyen subsidios de hasta el 40% para fertilización en cultivos en renovación, 30% para producción, un 5% adicional para mujeres y jóvenes, y beneficios que pueden alcanzar 1.800.000 pesos por productor.

Durante la formulación del programa se tuvo en cuenta que la falta de fertilización puede reducir la productividad entre un 20% y un 46%, mientras que una nutrición adecuada puede elevar la producción de 12 a 17 cargas por hectárea, lo que representa incrementos cercanos al 42%. En ese sentido, garantizar una adecuada nutrición de los cultivos no solo protege la producción, sino también los ingresos de las familias rurales y la capacidad de respuesta del sector frente al cambio climático.

El Ministerio subrayó que esta estrategia no se plantea como un subsidio convencional, sino como un mecanismo de protección anticipada del ingreso y fortalecimiento productivo del campo. En Colombia, el 97% de los caficultores son pequeños productores y el 91% cultiva en menos de tres hectáreas, lo que evidencia la relevancia social y económica del sector. En ese contexto, respaldar la caficultura implica no solo proteger un producto de exportación, sino también preservar el empleo rural, el tejido social y la estabilidad económica de miles de familias.

Clara Rodríguez, directora de la Asociación de la Industria Farmacéutica, advirtió que en los últimos años el país ha registrado una leve reducción en el número de plantas farmacéuticas, especialmente al comparar el periodo entre 2021 y 2024-2025. Según explicó, este comportamiento está asociado al endurecimiento de los estándares de calidad a nivel nacional e internacional, lo que exige inversiones elevadas que no todas las compañías pueden asumir, afectando la viabilidad de estas instalaciones.

La directiva señaló que, en contraste con la disminución de plantas de producción, ha crecido el número de establecimientos autorizados para comercializar medicamentos en Colombia, lo que evidencia una mayor dependencia de productos importados. En ese contexto, hizo un llamado a fortalecer la industria nacional, al considerar que se trata de un sector estratégico que requiere ampliar su capacidad instalada, no solo para la producción actual, sino también para el desarrollo de nuevas tecnologías que respalden la autonomía sanitaria del país. Advirtió que esta tendencia podría generar impactos en el mediano y largo plazo, particularmente en el abastecimiento y la soberanía farmacéutica, al aumentar la dependencia de medicamentos fabricados en el exterior.

De otra parte, Rodríguez afirmó que la industria atraviesa una compleja situación financiera derivada de la cadena de deudas en el sistema de salud. Indicó que los laboratorios, como eslabón final del proceso, enfrentan retrasos en los pagos por parte de EPS, operadores logísticos, clínicas y hospitales, lo que limita su capacidad operativa. De acuerdo con sus estimaciones, la cartera adeudada a la industria farmacéutica nacional ronda los 4 billones de pesos, con plazos de pago cercanos a los 280 días. Añadió que, además de los retrasos, se presentan casos de incumplimiento, lo que en algunos escenarios ha derivado en la suspensión del suministro de medicamentos.

Finalmente, la directora insistió en la necesidad de normalizar el flujo de recursos dentro de la cadena del medicamento, al subrayar que más allá de las fallas en la intermediación, la sostenibilidad de la producción depende de pagos oportunos. Aunque los medicamentos cuentan con precios regulados y accesibles, advirtió que la falta de liquidez pone en riesgo la continuidad en la entrega a los pacientes.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se pronunció sobre el allanamiento a más de 400 establecimientos de Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos, operaciones que ascenderían a cerca de 730.000 millones de pesos.

La entidad indicó que, una vez la Fiscalía General de la Nación concluya el proceso de incautación, asumirá la administración de los bienes vinculados a las diligencias. Agregó que el plan de manejo dependerá de un diagnóstico integral sobre la situación financiera, contable, contractual y laboral de la compañía, así como de su capacidad productiva, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección del valor de los activos.

En ese contexto, la SAE aseguró que ha sostenido reuniones con delegados del Ministerio del Trabajo para evaluar las condiciones de los más de 2.000 empleados de la sociedad y avanzar en acciones orientadas a proteger sus derechos laborales. La presidenta de la entidad, Amelia Pérez, afirmó que las directivas de la empresa habrían tenido conocimiento previo de los operativos y que, según indicó, dejaron a las trabajadoras sin acompañamiento durante las diligencias. También señaló que no se encontraban los gerentes o que estos habrían sido enviados a trabajo en casa.

Finalmente, la SAE anunció que solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para verificar el estado actual de la empresa y garantizar la transparencia del proceso.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que permitió a la Fiscalía identificar un presunto conglomerado empresarial que, bajo la fachada de la marca de ropa femenina, habría facilitado el ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país. Según las autoridades, las maniobras incluirían la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y estrategias para evadir controles aduaneros y dificultar la trazabilidad del dinero, permitiendo su incorporación al sistema económico formal.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctima directa a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como ‘Simón Trinidad’, dentro del caso 06 que investiga el genocidio contra el partido político Unión Patriótica.

Desde diciembre de 2025, ‘Simón Trinidad’ había solicitado este reconocimiento por hechos ocurridos entre 1985 y 1987, cuando militaba en la Unión Patriótica en Valledupar, periodo en el que asegura haber sido víctima de persecución política antes de ingresar a la guerrilla de las FARC, donde posteriormente fue negociador de paz y firmante del Acuerdo de 2016.

Con esta acreditación, el exintegrante de las FARC podrá participar como interviniente especial en todas las fases del caso 06, relacionado con el exterminio de la Unión Patriótica. Según la decisión de la Sala, se deberán garantizar sus derechos procesales, probatorios y de acceso a recursos judiciales efectivos, en línea con estándares nacionales e internacionales, lo que le permitirá intervenir de manera activa en las actuaciones de la JEP.

No obstante, este reconocimiento no modifica su situación judicial en Estados Unidos, donde permanece detenido cumpliendo una condena de 60 años de prisión por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses en 2003. Asimismo, la JEP precisó que su acreditación como víctima no implica una priorización automática dentro de la investigación del caso, ya que esto dependerá del desarrollo mismo del proceso.

El Consejo Nacional Electoral confirmó este miércoles la sanción contra la campaña Gustavo Petro Presidente 2022, al concluir que se violaron los topes de financiación y se recibieron recursos de manera irregular. La decisión fue adoptada con apoyo de conjueces y una votación de 6-3, al resolver los recursos presentados contra el fallo de primera instancia.

En la decisión inicial, cuyos ponentes fueron los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, se estableció que la campaña superó los límites legales en cerca de 3.500 millones de pesos. El caso marca un precedente, al ser la primera vez que la autoridad electoral sanciona una campaña presidencial por irregularidades en su financiación.

El fallo ratifica la imposición de multas a los responsables del manejo financiero de la campaña, entre ellos su entonces gerente, Ricardo Roa. Junto a él, también deberán responder la tesorera y la auditora por montos relacionados con financiación indebida y exceso en los topes tanto en primera como en segunda vuelta.

Asimismo, las colectividades Colombia Humana y Unión Patriótica, que respaldaron la candidatura, fueron sancionadas con una multa de 1.100 millones de pesos cada una. No obstante, sectores del Pacto Histórico han señalado que aún cuentan con la posibilidad de acudir al Consejo de Estado para apelar la decisión.

En cuanto a eventuales consecuencias para el presidente, el Consejo de Estado determinó que el CNE tiene competencia para adelantar investigaciones administrativas sobre la financiación de campañas. Sin embargo, cualquier proceso que implique una eventual pérdida del cargo corresponde al Congreso de la República, específicamente a través de la Comisión de Acusaciones, en caso de que los hallazgos deriven en una actuación de esa naturaleza.

La Asociación Nacional de Industriales (Andi) solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible la emergencia económica decretada por el Gobierno, al considerar que no cumple con los requisitos exigidos por la Constitución.

En el concepto enviado al alto tribunal, firmado por su presidente Bruce Mac Master, el gremio reconoce la gravedad de la situación provocada por la ola invernal en regiones como Córdoba. Sin embargo, sostiene que se trata de un fenómeno previsible y no de un hecho sobreviniente, condición necesaria para justificar un estado de excepción.

La Andi argumenta que el Decreto 0150 de 2026 no satisface los criterios constitucionales, ni en el aspecto fáctico ni en el juicio de valoración. Aunque admite que las lluvias han generado pérdidas humanas y afectaciones en vivienda, infraestructura, producción agropecuaria y ecosistemas, asegura que estas consecuencias pueden ser atendidas con los mecanismos ordinarios del Estado.

Ahora, la Corte Constitucional deberá analizar este y otros conceptos presentados frente a la medida. Se espera que en los próximos días los magistrados evalúen también las solicitudes de suspensión provisional que cursan contra el decreto.

Un nuevo atentado con explosivos se registró en el sector de La Agustina, en jurisdicción de Santander de Quilichao, norte del Cauca. De acuerdo con información preliminar, el artefacto fue detonado al paso de un tractocamión que transitaba por este corredor de la vía Panamericana.

El hecho generó afectaciones en la movilidad, con cientos de vehículos represados en la zona. Mientras tanto, las autoridades adelantan labores de verificación para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsables. A los conductores se les recomienda transitar con precaución.

En paralelo, las obras en este mismo tramo de la vía Panamericana, entre Popayán y Santander de Quilichao, fueron suspendidas tras amenazas de grupos armados contra los trabajadores de la Concesión Nuevo Cauca.

Según denuncias, hombres armados que se movilizaban en motocicleta intimidaron al personal y les exigieron abandonar el lugar para evitar atentados contra sus vidas y la maquinaria. “Me dieron una hora para salir de la vía y dijeron que no querían ver trabajadores ni equipos en el sector”, relató uno de los afectados.

La situación mantiene en alerta a las autoridades y evidencia las dificultades de orden público que persisten en esta zona del país.

Colombia se mantiene en alerta sanitaria tras la confirmación de un quinto caso importado de sarampión en lo que va de 2026, en medio de un aumento de viajes hacia países donde circula el virus. Autoridades y expertos insisten en reforzar la vacunación y las medidas de prevención para evitar posibles cadenas de contagio.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), con corte al 14 de abril se han reportado 642 casos sospechosos, de los cuales 466 fueron descartados y cuatro confirmados mediante criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Los contagios identificados están asociados a viajes internacionales: cuatro en Bogotá y uno en Santander.

Aunque no se han detectado casos de transmisión local, el monitoreo epidemiológico sigue activo, con especial seguimiento a contactos cercanos y entornos familiares de los pacientes. La vigilancia se intensifica ante la salida de más de 100.000 colombianos hacia destinos como Estados Unidos, México y Canadá, lo que eleva el riesgo de ingreso del virus al país.

El sarampión es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas. Puede transmitirse desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de la erupción cutánea, lo que facilita su propagación incluso antes de que se evidencien los síntomas. Entre los signos iniciales están la fiebre alta, la tos, la secreción nasal, la conjuntivitis y lesiones en la boca, seguidos por el brote en la piel.

Óscar León, director médico de Primero Salud, explicó que el riesgo de contagio es bajo en personas con esquema completo de vacunación, pero aumenta en quienes no están inmunizados o tienen esquemas incompletos. Los grupos más vulnerables incluyen niños menores de cinco años, personas inmunosuprimidas y adultos jóvenes sin refuerzos.

Las autoridades recomiendan verificar el carné de vacunación —físico o digital—, donde la dosis aparece como SRP o triple viral. En menores se deben cumplir los esquemas según la edad, y en adultos sin antecedente vacunal la inmunización sigue siendo clave.

Ante síntomas compatibles o sospecha de exposición, se aconseja acudir de inmediato a los servicios de salud, mantener aislamiento domiciliario y evitar el contacto con poblaciones vulnerables. También se reiteran medidas como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en caso de síntomas respiratorios y la ventilación de espacios cerrados.

La vacunación y la detección oportuna continúan siendo las principales herramientas para prevenir la propagación del sarampión en el país.

Tras varias horas de reunión entre las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal, realizadas en la casa del expresidente César Gaviria, la colectividad decidió respaldar la candidatura de la senadora Paloma Valencia.

La determinación, adoptada mediante votación interna, deja sin margen a algunos sectores del partido para apoyar otras campañas, como la de Iván Cepeda. Entre ellos estarían congresistas cercanos al petrismo, como el grupo conocido como “Liberales Sin Piedad” y el representante Héctor Chaparro.

El secretario general del Partido Liberal, Jaime Jaramillo, destacó la importancia de la decisión y aseguró que la colectividad trabajará de forma decidida por esta aspiración. Según señaló, se trata de una de las fuerzas políticas con mayor presencia en el país.

Con este respaldo, Valencia suma el apoyo de los principales partidos tradicionales, pues ya contaba con el acompañamiento del Partido Conservador y el Partido de la U, consolidando así una amplia alianza política en torno a su candidatura.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualizó la cifra de víctimas de falsos positivos en Colombia, que pasó de 6.402 casos —consolidados desde 2021— a 7.837, tras una nueva revisión del Caso 03, que investiga ejecuciones extrajudiciales como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, explicó que el incremento se debe a la ampliación del periodo de análisis, que ahora abarca desde 1990 hasta 2016, y no únicamente entre 2002 y 2008 como se había establecido inicialmente. Esta extensión permitió incorporar hechos que no estaban incluidos en el conteo anterior.

Además, el ajuste responde al cruce de nuevas fuentes de información. Según detalló Ramelli, se integraron bases de datos de la Procuraduría y cerca de mil informes adicionales presentados por víctimas, insumos que no habían sido considerados en la cifra inicial.

La JEP precisó que los 7.837 casos corresponden exclusivamente al Caso 03, por lo que se trata de una cifra provisional. Aún falta incluir la información que recopila la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que adelanta audiencias territoriales con responsables no máximos que han comenzado a reconocer ejecuciones extrajudiciales no investigadas previamente.

Por ello, el tribunal no descarta que el número de víctimas continúe en aumento a medida que avance la recolección y verificación de nuevos datos.

El caso de Kevin Acosta, el menor que falleció tras no recibir oportunamente el medicamento para tratar la hemofilia por parte de la Nueva EPS, volvió a generar discusión pública luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en su más reciente alocución.

“Medicina Legal sabe por qué murió y la Fiscal General dijo que no nos lo entregaban (el informe). Eso es manejo político de la muerte porque no hay pruebas de que fue por culpa de la Nueva EPS”, afirmó el jefe de Estado.

Ante estas declaraciones, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, aclaró que la entidad, en su condición de auxiliar de la justicia, no está facultada para entregar resultados de necropsias sin una orden judicial, y que estos informes solo pueden ser remitidos a las autoridades competentes encargadas de las investigaciones.

Medicina Legal explicó, además, que el pasado 4 de marzo recibió un requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social solicitando la historia clínica y el informe de necropsia del menor. Frente a esta solicitud, la entidad indicó que dio respuesta conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Posteriormente, el 25 de marzo, el Ministerio de Salud interpuso una acción de tutela por una presunta vulneración del derecho fundamental de petición. Sin embargo, el 14 de abril, un juzgado de Bogotá declaró improcedente dicha acción.

El caso ha sido objeto de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, que concluyó que la muerte del menor estaría relacionada con presuntas fallas en la atención por parte de la Nueva EPS, especialmente por la falta de entrega oportuna del tratamiento requerido para la hemofilia que padecía.

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto del Gobierno nacional que ordenaba trasladar más de 20 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones, dejando en pausa la medida mientras se define su legalidad de fondo.

La decisión se produce en medio de cuestionamientos de distintas entidades. El Banco de la República, la Contraloría General de la República y Asofondos advirtieron que el traslado masivo de recursos contradecía la reforma pensional, que establece que los ahorros deben permanecer en las cuentas individuales hasta que los afiliados cumplan los requisitos para pensionarse.

De acuerdo con los análisis expuestos durante el proceso, de los cerca de 120.000 afiliados incluidos en la medida, solo unos 20.000 estarían actualmente en edad o condición de acceder a una pensión, uno de los elementos considerados por el alto tribunal para decretar la suspensión provisional.

Al estudiar el caso, el Consejo de Estado interpretó lo dispuesto en la Ley 2381 de 2024, que señala que los recursos deben permanecer bajo administración de los fondos privados hasta que se consolide el derecho pensional. Esta lectura es reforzada por el Decreto 1225 de 2024, que reitera que los dineros no pueden trasladarse antes de que se cause la pensión.

Con esta determinación, el proceso queda temporalmente detenido y será el propio Consejo de Estado el que, en los próximos meses, decida si el decreto se ajusta al marco legal, en un debate clave para el futuro de la reforma pensional y el manejo de los ahorros de millones de afiliados en el país.

El exsubdirector de fiscalización de la DIAN, Christian Quiñónez, explicó cómo se habrían detectado operaciones sospechosas relacionadas con la empresa Lili Pink, en una investigación que derivó en allanamientos a cerca de 400 establecimientos en el país.

Según el exfuncionario, las indagaciones comenzaron en 2022 tras solicitudes de devolución de IVA presentadas por la compañía. Durante una primera visita de verificación, las autoridades encontraron una libreta con nombres de funcionarios de la entidad, lo que llevó a realizar un “hackeo ético” que, presuntamente, evidenció vínculos irregulares con procesos de devolución tributaria.

Quiñónez señaló que, en medio de las auditorías, se detectaron proveedores que no tendrían existencia real. “Cuando una empresa solicita devoluciones de saldos a favor, entra en procesos de fiscalización. Allí se identificaron supuestas empresas proveedoras que, en la práctica, no existían”, indicó.

Al verificar estas compañías, los investigadores no encontraron insumos básicos para la producción de prendas, como telas, botones o cremalleras, lo que generó sospechas sobre la posible utilización de empresas fachada.

El exfuncionario explicó que este tipo de esquemas podría estar relacionado con el llamado “contrabando técnico”, mediante el cual productos importados —principalmente de países como China— serían reetiquetados como nacionales para reducir costos y aparentar legalidad.

También advirtió que las labores de inspección enfrentaron dificultades, ya que, según dijo, algunas visitas eran anticipadas a la empresa, lo que habría comprometido los procedimientos. Incluso, aseguró que funcionarios de la DIAN habrían recibido amenazas durante el proceso.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación indicó que la investigación apunta a un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, utilizado para ingresar mercancía como ropa, juguetes y cosméticos, que luego se distribuía en el mercado nacional.

De acuerdo con el ente acusador, las maniobras buscaban evadir controles aduaneros, fragmentar transacciones y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su ingreso al sistema económico formal.

La Fiscalía ha documentado posibles delitos como lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones, decomisos de mercancía por más de 54.000 millones y un presunto contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos.

El caso continúa en investigación mientras avanzan los operativos judiciales en diferentes regiones del país.

El empresario indio Anant Ambani propuso acoger a 80 hipopótamos que habitan en Colombia, descendientes de los ejemplares introducidos en los años 80 por el narcotraficante Pablo Escobar, con el objetivo de evitar su sacrificio, una medida contemplada por las autoridades ambientales del país.

A través de un comunicado, Ambani —hijo del magnate Mukesh Ambani— solicitó al Gobierno colombiano suspender la eutanasia autorizada recientemente para parte de estos animales, cuya proliferación ha generado impactos negativos en los ecosistemas, especialmente en la cuenca del río Magdalena.

Como alternativa, el empresario planteó una “reubicación segura y científicamente planificada” de los hipopótamos hacia el centro de conservación Vantara, ubicado en el estado de Guyarat, en India. Según la propuesta, el traslado incluiría procesos de captura, atención veterinaria especializada y la adecuación de un entorno natural diseñado para garantizar el bienestar de los animales.

El complejo, considerado uno de los mayores centros de rescate y cuidado de fauna silvestre, alberga actualmente cientos de especies, entre ellas elefantes, tigres, leones, leopardos y cocodrilos, de acuerdo con la Autoridad Central de Zoológicos de la India. No obstante, expertos han advertido sobre la alta concentración de animales en el lugar, así como la importación de especies raras o en peligro crítico.

Los hipopótamos en Colombia tienen su origen en cuatro ejemplares traídos por Escobar durante la década de 1980 a su hacienda. Tras su muerte en 1993, los animales escaparon y se reprodujeron en libertad, estableciéndose en zonas ribereñas del Magdalena, donde incluso se han reportado ataques a pescadores.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, actualmente hay cerca de 200 hipopótamos en el país y, sin medidas de control, la población podría alcanzar los 500 individuos hacia 2030. Ante esta situación, se han evaluado alternativas como la esterilización, el traslado o el sacrificio, aunque los altos costos han dificultado su implementación.

Ambani aseguró que Vantara cuenta con la infraestructura, la experiencia y la capacidad para asumir el proceso de reubicación bajo los lineamientos de Colombia. “Estos hipopótamos no eligieron dónde nacieron ni las circunstancias que enfrentan”, señaló en el comunicado.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, explicó recientemente que algunos ejemplares presentan mutaciones genéticas asociadas a la endogamia, lo que ha limitado la posibilidad de su traslado a otros países. Bajo este argumento, el Gobierno autorizó el sacrificio de 80 individuos, una decisión que ha sido cuestionada por organizaciones animalistas y que actualmente enfrenta recursos en los tribunales.

El proyecto de ley nuclear en Colombia quedó nuevamente en pausa tras la suspensión de la sesión en la Comisión Primera del Senado, donde debía continuar su trámite. La iniciativa, que ya superó dos debates en la Cámara de Representantes, no pudo ser discutida por la ausencia de congresistas en un momento clave del calendario legislativo.

Aunque el proyecto cuenta con ponencia positiva y está listo para su tercer debate, la falta de quórum ha reducido el margen de tiempo para que complete los dos debates restantes necesarios para convertirse en ley.

Camilo Prieto, director de la Red Nuclear Colombiana, hizo un llamado a los integrantes de la comisión para retomar la discusión. Señaló que el avance de la iniciativa depende de la asistencia de los senadores y lamentó que en semanas recientes no haya sido posible sesionar. También invitó a las congresistas Paloma Valencia y Aida Quilcué a participar activamente en el debate.

Prieto reconoció que el contexto político y las campañas electorales han influido en la dinámica legislativa, aunque insistió en que la discusión del proyecto podría enviar un mensaje de unidad en medio de las diferencias.

La iniciativa busca establecer un marco legal para el uso pacífico y regulado de la energía nuclear en el país, con aplicaciones en sectores como salud, agricultura, industria y medio ambiente. En el ámbito sanitario, el proyecto cobra relevancia debido a que el cáncer es una de las principales causas de muerte en Colombia, lo que plantea la necesidad de fortalecer herramientas de diagnóstico y tratamiento.

Además, la propuesta pretende reducir la dependencia de insumos médicos importados, una situación que actualmente impacta los costos, los tiempos de atención y el acceso a tecnologías especializadas.

Por ahora, el futuro del proyecto dependerá de que la Comisión Primera del Senado logre sesionar y avanzar en su discusión antes de que termine la legislatura.

El presidente Gustavo Petro informó que la Corte Penal Internacional admitió una denuncia presentada por el Estado colombiano relacionada con acciones atribuidas a disidencias armadas.

De acuerdo con el documento expuesto durante una alocución presidencial, la solicitud ante la Fiscalía del alto tribunal se centra en Néstor Gregorio Vera Fernández, señalado como comandante del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC-EP.

La denuncia busca que se evalúe la posible comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que habrían ocurrido de manera continuada entre 2017 y 2026.

El mandatario también indicó que pidió extender la investigación a otros integrantes de estas estructuras armadas, entre ellos un hombre conocido con el alias de “Marlon” y jefes de frentes que operan en el departamento del Cauca.

En ese contexto, el presidente sostuvo que estos grupos no corresponderían a las antiguas FARC, sino a estructuras ligadas al narcotráfico, y cuestionó el avance de las investigaciones a nivel nacional.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que, tras labores de inteligencia, fue descartada cualquier amenaza contra la integridad de la candidata presidencial Paloma Valencia.

Según explicó el funcionario, la alerta inicial había sido atribuida a la estructura 42 de las extintas FARC o a un individuo conocido con el alias de “Buche de Tula”, con antecedentes en delincuencia común. Sin embargo, las verificaciones permitieron desestimar el riesgo.

“El resultado de esta evaluación ya fue comunicado al equipo de campaña y a la candidata”, indicó el ministro a través de su cuenta en la red social X.

El jefe de la cartera de Defensa añadió que se mantiene un esquema de vigilancia especial para garantizar la seguridad de todos los aspirantes presidenciales en el país.

La propia Paloma Valencia había señalado previamente que recibió información de inteligencia sobre un supuesto plan para atentar contra su vida, el cual habría sido atribuido, en un inicio, a grupos disidentes de las FARC.