En medio de una nueva controversia política y judicial, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, respondió a los señalamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien presentó ante las autoridades un manuscrito que lo vincularía con la supuesta financiación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El mandatario regional negó de forma tajante las acusaciones y anunció acciones legales.
La polémica se originó por un documento cuya autenticidad aún está en verificación, en el que se asegura que Escobar habría viajado a Manta en marzo de 2025 para coordinar recursos destinados al crimen. Según lo expuesto por Uribe, el texto fue entregado por una fuente anónima que pidió reserva por motivos de seguridad.
Frente a estos señalamientos, el gobernador aseguró que se trata de un montaje sin sustento. “Nunca en mi vida he estado en Manta”, afirmó, al tiempo que sostuvo que existen registros verificables de su ubicación en las fechas mencionadas, incluyendo información de sus redes sociales y de sus esquemas de seguridad.
Escobar indicó que ya inició un proceso legal contra el exmandatario y contra quienes resulten responsables de la difusión del documento. En ese sentido, insistió en que serán los denunciantes quienes deberán probar las acusaciones.
El gobernador también confirmó que acudió a la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para conocer los detalles de la denuncia y avanzar en su defensa. Allí sostuvo reuniones con funcionarios del ente investigador y anunció que prepara una acción formal por injuria y calumnia.
Por su parte, la fiscal general Luz Adriana Camargo indicó que la denuncia fue radicada por Uribe y su colectividad política, y que será la justicia la encargada de establecer la veracidad de los hechos.
Uno de los puntos clave del caso es el origen del manuscrito. Aunque inicialmente se habló de una denuncia anónima, Escobar señaló que el documento contiene una firma, por lo que consideró que corresponde al exmandatario esclarecer quién se lo entregó. También cuestionó que la información se haya hecho pública antes de ser verificada en instancias judiciales.
Más allá del caso puntual, el gobernador enmarcó la situación en un contexto político más amplio. Aseguró que los señalamientos buscan desacreditar los avances en materia de paz en el departamento de Nariño.
En ese sentido, defendió los resultados de su administración y afirmó que se han reducido los índices de homicidio gracias a estrategias de paz territorial y programas de sustitución de cultivos ilícitos. Destacó, además, avances en municipios como Tumaco, donde, según indicó, los niveles de violencia han disminuido.
Finalmente, reconoció que, aunque se han logrado avances mediante procesos de desmovilización y ceses al fuego con algunos grupos armados, el departamento aún no alcanza una paz total.