Categoría: Nacional

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que alias ‘Iván Mordisco’ no se encuentra entre los cuerpos recuperados tras el reciente bombardeo realizado en zona selvática entre Guaviare y Vaupés.

Según el informe oficial del 29 de marzo de 2026, la entidad concluyó los análisis forenses de seis cuerpos que ingresaron el día anterior. Las víctimas corresponden a cuatro mujeres y dos hombres, presuntamente vinculados a estructuras armadas que operan en la región.

Los estudios permitieron la identificación plena de cuatro personas: Ehisen Camilo Orozco Viscue (19 años), Claudia Yaneth Valencia (26), Angeline Andrea González Córdoba (18) y Yeiferson José Rincón Becerra (24). Otros dos cuerpos, ambos femeninos, permanecen sin identificar mientras continúan los procedimientos técnicos.

En el reporte no aparece el nombre de Gregorio Vera Fernández, conocido como ‘Iván Mordisco’, considerado uno de los hombres más buscados del país, lo que descarta su muerte en este operativo militar.

No obstante, fuentes cercanas a la operación señalan que el cabecilla habría resultado gravemente herido y estaría en fuga en la selva amazónica. En el lugar del ataque también se hallaron municiones y objetos personales que podrían pertenecerle, entre ellos unas gafas que, según versiones preliminares, serían de su uso.

El Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), definió una estrategia interinstitucional junto a siete sectores para garantizar una respuesta articulada, eficiente y oportuna frente a las emergencias registradas en el país.

Del total de recursos anunciados, 6,3 billones de pesos serán canalizados por la UNGRD, que se encargará de transferirlos a cada sector para su ejecución directa en las regiones más afectadas.

El plan contempla intervenciones en transporte, vivienda, energía, educación, ambiente y atención social. Entre las principales acciones se destacan la rehabilitación de vías y puentes, el restablecimiento del servicio eléctrico, la entrega de soluciones habitacionales y la recuperación de infraestructura educativa, así como el apoyo al sector agrícola.

En el componente ambiental, se priorizará la restauración de ecosistemas estratégicos y la puesta en marcha del Centro Regional de Monitoreo, Pronóstico y Alertas del Valle del Sinú.

Aunque los recursos estarán disponibles a partir de abril, la UNGRD ya adelanta acciones en terreno, especialmente en Córdoba, donde se han ejecutado más de 15.000 horas de maquinaria amarilla y 1.000 horas de volquetas para la recuperación de vías y limpieza de canales. También se han distribuido más de un millón de litros de agua potable y se mantienen operativas motobombas para mitigar inundaciones.

Adicionalmente, fueron asignados tres puentes para restablecer la conectividad en zonas críticas, mientras equipos técnicos continúan trabajando con autoridades locales para focalizar las intervenciones y agilizar la atención en los territorios más afectados.

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño lanzó una nueva alerta sobre la seguridad de los investigadores del asesinato de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el año pasado.

A través de una carta pública dirigida a la ciudadanía y divulgada el 28 de marzo, Uribe Londoño denunció la existencia de un presunto plan para atentar contra la vida de los fiscales que adelantan el proceso, y pidió acciones urgentes para garantizar su protección.

En el documento, calificó el hecho como un “crimen atroz” y un “magnicidio”, que incluso podría considerarse un delito de lesa humanidad. Sin embargo, advirtió que la situación se agrava con las amenazas directas contra quienes lideran la investigación. Según indicó, la propia Fiscalía General de la Nación habría alertado sobre un plan para asesinar a los fiscales del caso, al que se sumarían versiones sobre ofrecimientos económicos para ejecutar esos ataques.

En ese contexto, el dirigente responsabilizó a la disidencia de las Farc conocida como Segunda Marquetalia, a la que señaló de intentar “silenciar la justicia” y obstaculizar el esclarecimiento de los hechos.

Ante este panorama, hizo un llamado urgente a la Fiscalía para reforzar de manera inmediata las medidas de seguridad, no solo para los funcionarios judiciales, sino también para sus familias, frente a los riesgos que enfrentan.

Finalmente, la carta advierte que lo que está en juego trasciende el caso puntual. “No solo se investiga un crimen, se defiende la democracia y sus instituciones”, señala el documento. Además, confirmó que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares que protejan la vida e integridad de los investigadores y permitan avanzar en el proceso sin presiones ni amenazas.

En su segunda visita a Medellín en lo corrido del año, el candidato presidencial Iván Cepeda se reunió con cientos de simpatizantes en el Parque de San Antonio, donde fue esperado durante varias horas. En medio de la expectativa, el aspirante del Pacto Histórico lanzó nuevas críticas contra figuras políticas de Antioquia, entre ellas Álvaro Uribe Vélez, Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez.

La visita se dio en un contexto de controversia, tras las declaraciones que Cepeda hizo semanas atrás en las que señaló a Antioquia como cuna de fenómenos como el paramilitarismo, lo que generó rechazo en distintos sectores del departamento e incluso su declaratoria como persona no grata.

Lejos de retractarse, Cepeda reiteró sus críticas y arremetió directamente contra Uribe. Aseguró que la trayectoria política del exmandatario en las décadas de 1980 y 1990 estuvo vinculada a clanes familiares relacionados con el Cartel de Medellín. Además, en compañía de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, afirmó que la familia Uribe Vélez tuvo vínculos con estructuras paramilitares y del narcotráfico.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata de Uribe, quien, a través de su cuenta en X, lanzó duros cuestionamientos contra Cepeda, acusándolo de servir a intereses criminales y de poner en riesgo su vida con esos señalamientos. A estas críticas se sumaron líderes regionales como el gobernador Rendón, quien defendió el papel de Antioquia y la calificó como “muro de contención contra el comunismo”.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez rechazó las afirmaciones del candidato presidencial y destacó la resiliencia de Medellín y Antioquia frente a las adversidades, asegurando que la región seguirá avanzando pese a los ataques.

Pese al ambiente de confrontación, desde el Pacto Histórico calificaron la jornada como “inolvidable”. Durante el evento, Cepeda recibió un “pasaporte simbólico” que lo declara persona grata, en contraste con la decisión previa de la Asamblea Departamental.

En medio de la visita oficial de organismos internacionales a Colombia, la Procuraduría General de la Nación participó en una mesa de trabajo con un grupo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargado de analizar el uso de mercenarios y su impacto en los derechos humanos.

Durante el encuentro, el ente de control abordó este fenómeno desde una perspectiva transnacional, destacando que no se trata de una problemática exclusiva del país, sino de una dinámica global que requiere acciones coordinadas entre los Estados y la comunidad internacional.

La Procuraduría advirtió que el uso de mercenarios no solo representa un desafío en materia de seguridad, sino que también conlleva graves vulneraciones a los derechos humanos, especialmente cuando está vinculado a redes ilegales que operan más allá de las fronteras.

En ese sentido, insistió en la necesidad de analizar cada caso de forma individual, con el fin de identificar posibles conexiones con delitos como la trata de personas, lo que permitiría fortalecer las estrategias de prevención, investigación y protección a las víctimas.

Uno de los puntos centrales fue el llamado a garantizar una atención integral a los colombianos afectados en el exterior, bajo principios de dignidad y solidaridad, sin ningún tipo de discriminación.

Finalmente, la entidad reiteró la urgencia de avanzar en una estrategia interinstitucional enfocada en la prevención, que incluya alertas a la ciudadanía sobre los riesgos de ofertas laborales engañosas en el extranjero, así como la posible creación de una instancia especializada para abordar esta problemática a nivel nacional.

Colombia se prepara para una de las semanas más exigentes del año en materia de movilidad. Durante la temporada de Semana Santa, se proyecta el desplazamiento de más de 15 millones de viajeros por carreteras, terminales terrestres y transporte aéreo, en medio de un panorama marcado por alta demanda, restricciones y condiciones climáticas adversas.

Según estimaciones del Ministerio de Transporte, más de 10 millones de vehículos circularán por las vías del país, mientras que cerca de 4 millones de pasajeros se movilizarán desde terminales terrestres y alrededor de 1,8 millones lo harán por vía aérea. En los días de mayor flujo, se podrían registrar picos de hasta 190 mil vehículos diarios, lo que pondrá a prueba la infraestructura y la capacidad operativa del Estado.

Frente a este escenario, el Gobierno activó un plan nacional que incluye restricciones a vehículos de carga pesada en corredores estratégicos durante los días de mayor tráfico, con el fin de reducir la congestión y facilitar la movilidad. Además, se desplegarán cerca de 15.000 funcionarios, entre la Policía de Tránsito y entidades del sector, en carreteras, aeropuertos y terminales.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que las medidas serán dinámicas y se ajustarán según el comportamiento del tráfico. “Las decisiones se tomarán en tiempo real de acuerdo con los picos de movilidad, con el objetivo de garantizar desplazamientos seguros”, señaló.

El panorama se complica por el estado de la red vial. La temporada inicia con cinco cierres totales y 22 parciales en al menos diez departamentos, debido a afectaciones por lluvias como deslizamientos, caída de rocas, pérdida de banca y daños en puentes, lo que incrementa el riesgo de congestión y prolonga los tiempos de viaje.

En el transporte aéreo, especialmente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, se espera una alta demanda. Por ello, las autoridades recomiendan a los viajeros llegar con al menos dos horas de anticipación, incluso para vuelos nacionales, ante posibles congestiones en los controles de seguridad.

Más allá del reto logístico, la principal preocupación es la seguridad vial. Durante la Semana Santa de 2025 se registraron 246 muertes por siniestros viales, una cifra que el Gobierno busca reducir este año mediante controles, monitoreo en tiempo real y presencia en puntos críticos del país.

El plan contempla vigilancia en 41 corredores concesionados que suman 7.499 kilómetros, el despliegue de más de 6.450 personas en vía, 700 equipos de emergencia y seguimiento permanente desde centros de control, con el objetivo de garantizar una movilidad segura durante la temporada.

La Asociación Colombiana de Epidemiología emitió una alerta preventiva a nivel nacional ante el comportamiento de diversos eventos de interés en salud pública durante el primer trimestre de 2026, en un contexto marcado por el incremento de desplazamientos y la interacción social durante la Semana Santa.

El pronunciamiento, sustentado en reportes del Instituto Nacional de Salud, así como de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, advierte que Colombia enfrenta simultáneamente múltiples enfermedades transmisibles con brotes activos o alertas vigentes tanto en el ámbito nacional como internacional. Entre los eventos priorizados se encuentran la fiebre amarilla, el dengue y la tosferina en el país, y el sarampión y la influenza en el contexto regional.

De acuerdo con el análisis, esta confluencia epidemiológica, sumada al alto flujo de viajeros, aumenta el riesgo de propagación de contagios, la importación de casos, la presión sobre los servicios de salud y la aparición de complicaciones graves.

En cuanto a la fiebre amarilla, se evidencia una expansión hacia zonas sin antecedentes recientes de transmisión, junto con una alta proporción de población no vacunada. En el caso del sarampión, las autoridades advierten sobre su reemergencia en las Américas, principalmente en personas con esquemas de vacunación incompletos.

El dengue mantiene comportamiento de brote en varias regiones del país, con incremento de casos con signos de alarma y dengue grave, mientras que la tosferina presenta un aumento significativo, especialmente en menores de un año. A esto se suma el alza estacional de infecciones respiratorias agudas, como la influenza y el COVID-19, favorecida por las aglomeraciones y los viajes.

La alerta también advierte sobre riesgos asociados a enfermedades transmitidas por alimentos, debido al consumo en espacios públicos, y el incremento de lesiones por siniestros viales en periodos de alta movilidad.

Ante este panorama, la Asociación reiteró la importancia de la vacunación, el uso de medidas de protección personal, la consulta oportuna ante síntomas y la adopción de prácticas seguras durante los desplazamientos. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a fortalecer la vigilancia epidemiológica, garantizar la capacidad de los servicios de salud y reforzar las estrategias de prevención en todo el territorio nacional.

El Gobierno nacional decidió aumentar el monto de los dividendos de Ecopetrol y, haciendo uso de su mayoría accionaria, aprobó un pago de 121 pesos por acción, por encima de los 110 pesos inicialmente propuestos por la administración de la compañía.

Con esta decisión, la petrolera distribuirá más del 55 % de sus utilidades, lo que equivale aproximadamente a 4,9 billones de pesos en dividendos.

Según lo establecido, el Ejecutivo recibirá cerca de 4 billones de pesos a más tardar el 30 de abril, fecha que coincide con la antesala de la primera vuelta electoral.

Por su parte, los accionistas minoritarios obtendrán sus pagos el mismo 30 de abril, mientras que el Gobierno percibirá el restante de sus ganancias antes del 30 de junio.

Pese al incremento aprobado, la distribución de dividendos de Ecopetrol continúa siendo la más baja registrada desde 2020.

Ante la alta demanda de trámites consulares el mundial de fútbol, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció la implementación de “FIFA Aprobar”, un sistema de citas prioritarias para colombianos que ya cuentan con entradas oficiales.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la visa de turismo para los aficionados que asistirán al evento. Sin embargo, la entidad aclaró que poseer un boleto no reemplaza el requisito obligatorio de contar con visa para ingresar a territorio estadounidense.

Desde la sección consular se explicó que los interesados deberán cumplir con varios pasos: adquirir las entradas a través de la plataforma oficial de la FIFA, registrarse en el programa dentro de ese mismo sistema y realizar la solicitud de visa en el portal del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Las autoridades advirtieron que es fundamental que los datos personales —como nombre, apellido y fecha de nacimiento— coincidan exactamente en todos los registros para evitar inconvenientes en el proceso.

Aunque este mecanismo permite agilizar la asignación de citas, el costo de la visa de turismo B1/B2 se mantiene en 180 dólares. Además, recordaron que, una vez aprobada, la visa puede tener una vigencia de hasta 10 años.

La embajada también indicó que el beneficio podría extenderse a familiares directos, como cónyuges e hijos menores, quienes podrán presentarse a la entrevista incluso si no asistirán a los partidos.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a iniciar el trámite con anticipación, teniendo en cuenta que ya hay disponibilidad de citas para quienes planean viajar al evento deportivo.

Charles Dupont, portavoz y representante legal de Frisby España, se refirió al reciente fallo judicial que le permitió a la compañía utilizar la marca en territorio europeo, tras un litigio con Frisby Colombia.

Según explicó, el proceso fue extenso y se centró en determinar la existencia de derechos marcarios en España. “No se puede infringir una marca que no existe en ese mercado”, afirmó, al señalar que los argumentos sobre notoriedad presentados por la contraparte no lograron demostrar reconocimiento general en el público español.

Dupont también indicó que, durante el tiempo en que el proyecto estuvo detenido, la empresa registró pérdidas económicas asociadas a la operación y a los costos legales asumidos en el proceso.

En ese contexto, anunció que la compañía solicitará una indemnización que incluiría cerca de 500.000 euros por el tiempo sin operación, 200.000 euros por ganancias proyectadas en cuatro meses y el reconocimiento de ingresos dejados de percibir entre mayo y diciembre de 2025.

El vocero aseguró que la decisión judicial respalda la legitimidad del proyecto en Europa y descartó que se trate de un caso de competencia desleal. Además, señaló que en su momento se plantearon alternativas de acuerdo con Frisby Colombia, las cuales no fueron aceptadas.

Frente al respaldo que recibió la marca colombiana en el país, Dupont consideró que se basó en información imprecisa sobre el caso. Asimismo, reiteró que el proceso de registro de la marca en Europa se adelantó conforme a la normativa vigente.

En cuanto al modelo de negocio, explicó que Frisby España tendrá una propuesta gastronómica propia, que incluirá influencias internacionales, aunque basada en productos conocidos como el pollo apanado.

Finalmente, anunció que la compañía avanza en la apertura de sus primeros restaurantes, con infraestructura y recetas definidas, y con la expectativa de generar cerca de 50 empleos en esta primera etapa.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación enfrenta una fuerte controversia en el sistema científico luego de frenar la financiación de proyectos que ya contaban con evaluaciones técnicas, en medio de la aplicación de un concepto del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que ha sido cuestionado por actores del sector.

La decisión generó pronunciamientos de 136 integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Sistema Universitario Estatal, quienes advirtieron que varias iniciativas del bienio 2023–2024 quedaron en el limbo, comprometiendo cerca de 2,7 billones de pesos provenientes del sistema de regalías.

El origen del conflicto radica en la interpretación del DNP, según la cual los proyectos no aprobados en un periodo no podrían financiarse con recursos de otro. MinCiencias acogió este criterio en su rol como Secretaría Técnica del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, pese a que diversos actores señalan que dicho concepto no es vinculante.

De acuerdo con los pronunciamientos, esta decisión afectó directamente proyectos que ya habían superado etapas de evaluación, revisión y ajustes, generando incertidumbre sobre su continuidad y posibles impactos financieros. Además, advierten que cambios en cronogramas, adendas y requisitos alteraron las condiciones iniciales de las convocatorias.

Los firmantes también alertaron sobre presuntas fallas estructurales y un escenario de inseguridad jurídica, señalando falta de articulación entre las entidades involucradas y decisiones adoptadas sin claridad normativa. Incluso, calificaron como desproporcionado el bloqueo y la terminación abrupta de los procesos.

Finalmente, coincidieron en que la situación pone en riesgo la continuidad del sistema científico, al estimar que se habrían perdido cerca de tres años de trabajo técnico e institucional. Por ello, pidieron correctivos urgentes, mayor claridad en las decisiones y la intervención de los órganos de control, mientras el Gobierno defiende la medida como un ajuste a interpretaciones jurídicas del sistema.

La Superintendencia Nacional de Salud aseguró que no se han presentado cambios en la situación administrativa de la Nueva EPS, especialmente en lo relacionado con un eventual levantamiento de la intervención o el nombramiento de un nuevo interventor.

A través de un comunicado, la entidad precisó que “a la fecha, no se ha ordenado el levantamiento de la intervención de la Nueva EPS”, con el objetivo de evitar confusión o preocupación entre los usuarios del sistema de salud.

En ese sentido, la Superintendencia reiteró que cualquier decisión oficial será informada únicamente por medio de sus canales institucionales, garantizando así la transparencia y evitando la circulación de información no verificada.

Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a corroborar cualquier información relacionada con el sistema de salud a través de fuentes oficiales, para prevenir la desinformación en temas sensibles del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que concluyó el proceso de abordaje de los 69 cuerpos recuperados tras el accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo.

De acuerdo con la entidad, hasta el momento han sido identificadas 54 víctimas del siniestro, correspondiente a la aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que se precipitó a tierra en la mañana del lunes festivo 23 de marzo.

Los 15 cuerpos restantes se encuentran en proceso de identificación genética, mediante la toma y análisis de muestras con sus familiares.

El Instituto indicó que espera culminar este procedimiento en un plazo estimado de entre 48 y 72 horas, una vez finalice la recolección y estudio de las muestras pendientes.

Para atender la emergencia, Medicina Legal dispuso de 12 equipos forenses interdisciplinarios integrados por 57 funcionarios, entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas y personal de apoyo. Su director, Ariel Emilio Cortés Martínez, aseguró que la entidad continuará con las labores garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad de las víctimas y acompañamiento a sus familias.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, informó que seis integrantes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ murieron en medio de un operativo conjunto desarrollado en el departamento de Vaupés.

A través de su cuenta en X, el alto oficial detalló que la acción fue ejecutada de manera coordinada entre el Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía, como parte de las ofensivas contra este grupo armado ilegal en el sur del país.

Según explicó, el balance preliminar de la operación deja seis personas muertas en desarrollo de las acciones militares. Además, se logró la incautación de material de guerra, equipos de comunicación, elementos de intendencia y explosivos.

“El resultado afecta de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país”, señaló el general López Barreto.

De acuerdo con fuentes militares, en la zona permanecen equipos forenses que adelantan labores de identificación para establecer si entre los abatidos se encuentra alias ‘Iván Mordisco’, señalado como máximo cabecilla de las disidencias de las Farc.

Redacción Económica

La empresa estatal de hidrocarburos Ecopetrol enfrenta una de las crisis financieras más graves en los últimos años actualmente bajo la gerencia del gobierno de Gustavo Petro y volvió a ser debate la presión que existe para que renuncie Ricardo Roa como gerente de la entidad.

El presidente de la USO Martín Ravelo, planteó un escenario en el que la estabilidad de la empresa estaría en riesgo, incluso por su nivel de endeudamiento, que actualmente supera los 30.000 millones de dólares.

El dirigente sostuvo que la permanencia de Ricardo Roa está generando un deterioro reputacional que, según dijo, podría escalar a consecuencias financieras.

“La permanencia del doctor Ricardo Roa (…) está ocasionando un impacto crítico a la reputación de nuestra empresa, que se puede convertir en un impacto catastrófico”, afirmó Ravelo.

En ese contexto, el sindicato considera que un agravamiento del frente reputacional podría activar presiones externas sobre la empresa y afectar su capacidad de respuesta financiera. “El mayor porcentaje de las acreencias financieras (…) son de capital norteamericano, son 30.000 millones de dólares”, señaló.

Tras el accidente del avión Hércules C-130H en Puerto Leguízamo (Putumayo) el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó nuevos detalles sobre las posibles causas del siniestro y las líneas de investigación en curso y en donde reconoció que ya existen hipótesis preliminares.

Una de las principales líneas apunta a un posible impacto con vegetación durante el despegue. Según explicó, se analiza un video en el que se observa que la aeronave habría rozado o “podado” un árbol en los primeros segundos de vuelo, lo que pudo afectar su capacidad para ganar altura. Las autoridades buscan establecer por qué el avión no logró superar los obstáculos cercanos a la pista, pese a los cálculos técnicos que normalmente garantizan un ascenso seguro.

El peso de la aeronave también hace parte del debate. Sánchez indicó que se trataba de un vuelo militar con personal armado y equipado, pero defendió los protocolos de seguridad, asegurando que cada pasajero y su carga son pesados individualmente antes del despegue para evitar sobrecargas.

Otro de los puntos en discusión ha sido la antigüedad del avión. Mientras el presidente Gustavo Petro ha cuestionado el estado de estas aeronaves, calificándolas de “viejas”, el ministro subrayó que el Hércules, fabricado en 1983, aún tenía cerca de 20.000 horas de vuelo disponibles y cumplía con rigurosos procesos de mantenimiento. De hecho, la aeronave había salido de un mantenimiento mayor en julio de 2023, en el que se revisaron todos sus componentes.

Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa descartó que el accidente esté relacionado con un ataque terrorista y aseguró que la tripulación contaba con la preparación y certificaciones requeridas para este tipo de operaciones.