El Gobierno nacional tiene en preparación un borrador de decreto que plantea eliminar los concursos públicos de méritos utilizados para conformar las ternas de candidatos a las direcciones regionales de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otras instituciones del Estado.
La propuesta, elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, establece que la selección dejaría de depender de un concurso público y pasaría a estar a cargo del representante legal de cada entidad, de acuerdo con la selección realizada por el gobernador o los gobernadores correspondientes. Además, contempla la posibilidad de dar por terminados los procesos de selección que ya se encuentren en curso.
El argumento del Gobierno de Abelardo De La Espriella para impulsar este cambio es que la exigencia de concursos públicos para cargos de libre nombramiento y remoción constituye una rigidez administrativa innecesaria. Según el planteamiento expuesto en el documento, estos empleos requieren condiciones de dirección y confianza que, a juicio del Ejecutivo, justifican un mecanismo de selección diferente al concurso abierto de méritos.
El borrador señala que el nombramiento y la remoción de los directores o gerentes regionales y seccionales de los establecimientos públicos corresponderían al representante legal de cada institución, conforme a la selección efectuada por los gobernadores, según el caso. Para las vacantes temporales, el texto contempla que el representante legal pueda proveer el cargo mediante la figura del encargo, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
La iniciativa no plantea suprimir los requisitos de formación académica y experiencia exigidos para ocupar estas posiciones. El cambio se concentraría en el procedimiento de selección, pues eliminaría la obligación de realizar concursos abiertos con etapas de evaluación de antecedentes y otras pruebas, para trasladar la responsabilidad de conformar las ternas al mecanismo previsto en el proyecto de decreto.