La nueva intervención forzosa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud a la Nueva EPS dejó en evidencia el agravamiento de su crisis estructural desde la primera medida aplicada en abril de 2024. Lejos de mejorar, los indicadores financieros muestran un deterioro progresivo que pone en duda la viabilidad de la entidad, que atiende a cerca de 11,5 millones de afiliados.
Al inicio de la intervención, la EPS ya registraba un déficit de $1,25 billones en capital mínimo y de $2,43 billones en patrimonio adecuado, además de un faltante de $2,97 billones en reservas técnicas. A esto se sumaron problemas de transparencia en la información financiera, como la no aprobación de los estados de 2023 y la ausencia de reportes oficiales desde marzo de 2024, lo que dificultó dimensionar la magnitud real de la crisis.
Uno de los puntos más críticos ha sido el colapso en el procesamiento de cuentas médicas. Mientras al inicio se acumulaban facturas por $5,7 billones, a finales de 2025 la cifra ascendió a $14,9 billones, con más de 14,2 millones de cuentas represadas.
Este rezago impactó directamente a la red de salud. Las deudas con clínicas, hospitales y proveedores crecieron un 24% en menos de un año, pasando de $18,38 billones en diciembre de 2024 a $26,09 billones en noviembre de 2025. Según la Superintendencia, esto obedece a fallas en el procesamiento oportuno de cuentas, debilidades en los mecanismos de pago y falta de control en la ejecución de contratos.
Como consecuencia, aumentaron las restricciones en la atención a los afiliados, con suspensión de servicios no urgentes en varias instituciones y un incremento del 37% en las quejas por falta de pago.
La resolución también evidenció que la EPS recurrió masivamente a anticipos para sostener el flujo de recursos, los cuales crecieron 115% hasta alcanzar $17,1 billones, sin lograr solucionar los problemas de fondo relacionados con la legalización de pagos y conciliación de deudas.
El deterioro financiero se trasladó a la calidad del servicio, con fallas en la red de atención, demoras en citas especializadas, dificultades en la entrega de medicamentos y resultados deficientes en programas de vacunación, control de enfermedades crónicas y detección temprana de cáncer.
Además, la Superintendencia advirtió un aumento sostenido en las reclamaciones de los usuarios, con un crecimiento anual del 14,25% y una tasa de quejas superior al promedio nacional, lo que refleja problemas persistentes en la oportunidad y acceso a los servicios.
Ante este panorama, el interventor designado, Jorge Iván Ospina, deberá liderar un plan para recuperar la solvencia de la entidad, que incluye estrategias de capitalización, cumplimiento de reservas técnicas y acuerdos con acreedores bajo el marco legal vigente.