La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Procuraduría General de la Nación dar prioridad a las investigaciones sobre las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro. La joven aseguró que presuntamente habría recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales. “La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”, manifestó Marín, quien instó a las autoridades a actuar con autonomía e independencia, garantizar la protección de las posibles víctimas y esclarecer los hechos para determinar si hay lugar a sanciones.
Las declaraciones de la defensora se conocieron después de que Jiménez relatara en una entrevista con la revista Semana que habría obtenido contratos en diferentes entidades públicas por recomendación de Petro, durante su etapa como presidente. Según su versión, tuvo vinculaciones en el Senado, con la congresista María José Pizarro, y en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como en el Ministerio del Interior. La denunciante afirmó que estas relaciones laborales se habrían prolongado durante aproximadamente cinco años y sostuvo que algunos funcionarios supuestamente conocían que sus vinculaciones obedecían a recomendaciones del entonces mandatario.
Jiménez aseguró que los contratos presuntamente estaban relacionados con favores sexuales y calificó estas conductas como un posible abuso de poder. Además, afirmó que no habría sido la única mujer involucrada y calculó que podrían existir entre 30 y 40 casos similares. Según su testimonio, algunas de las mujeres que habrían obtenido contratos durante la anterior administración continuarían vinculadas a entidades públicas, entre ellas la Presidencia, la Superintendencia de Salud y el Congreso. También sostuvo que varias de ellas habrían recibido amenazas para evitar que hablaran sobre los hechos denunciados.
En la entrevista, la joven agregó que, presuntamente, los recursos utilizados para pagar los encuentros no habrían provenido del patrimonio personal de Petro, sino de fondos estatales. Asimismo, afirmó que durante los encuentros habría existido consumo de sustancias psicoactivas, particularmente cocaína. Jiménez también relató que, cuando Petro era senador, supuestamente le habría entregado tres millones de pesos en efectivo para comprar drogas, que, según su versión, transportó a través de un aeropuerto. Estas afirmaciones corresponden al testimonio de la denunciante y deberán ser objeto de verificación por parte de las autoridades competentes.
Por otra parte, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección (UNP) activaron una ruta de atención para evaluar las necesidades de seguridad de Jiménez, luego de que solicitara protección al Gobierno por temor a posibles represalias tras sus declaraciones. Ambas entidades informaron el domingo 25 de octubre que las medidas buscan salvaguardar su vida y su integridad. La solicitud de la defensora del pueblo se suma a las actuaciones que deberán adelantar los organismos competentes para esclarecer las acusaciones, establecer si existen responsabilidades y determinar las eventuales consecuencias judiciales o disciplinarias.