La Procuraduría General de la Nación alertó sobre las dificultades que persisten en la atención de las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. A través de la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, el Ministerio Público visitó Risaralda, Quindío y Caldas para conocer de primera mano, junto con alcaldes y gobernadores, los avances y principales obstáculos en la atención de los damnificados.
Durante las visitas se evidenció que el cierre del Registro Único de Damnificados (RUD) dejó por fuera a familias afectadas, especialmente en zonas rurales dispersas y territorios étnicos. Además, las plataformas oficiales presentan dificultades para actualizar el estado de las viviendas después de las evaluaciones técnicas y para incorporar los nuevos daños ocasionados por las réplicas.
Las autoridades territoriales también advirtieron que los auxilios económicos asignados no han llegado a todas las familias y que su distribución entre los municipios afectados no ha sido homogénea. A esto se suma la falta de ingenieros estructurales y maquinaria amarilla para realizar evaluaciones, demoliciones y retirar escombros. Según los mandatarios, el cierre del registro el pasado 4 de septiembre obligó a reportar información antes de que finalizaran las evaluaciones técnicas, mientras que los más de 1.300 sismos asociados han generado nuevas afectaciones en las viviendas.
Ante este panorama, la Procuraduría hizo un llamado al Gobierno nacional, especialmente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para garantizar los derechos de las personas damnificadas en todos los municipios afectados. El Ministerio Público pidió abrir de manera extraordinaria y condicionada el RUD y el proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el propósito de incorporar a las familias que quedaron por fuera y actualizar la clasificación de las viviendas.
La Procuraduría también solicitó agilizar la entrega de los auxilios económicos, establecer reglas claras para la asignación de las ayudas, coordinar el envío de ingenieros estructurales y maquinaria amarilla y garantizar un enfoque diferencial para los territorios étnicos. Las medidas buscan responder a las nuevas afectaciones registradas tras las réplicas y avanzar en la atención de las familias que continúan enfrentando las consecuencias del terremoto.